Categoría: <span>Política criminal</span>

(Muy poco que celebrar: la misma pestilencia a un lado y a otro del banquillo)

De repente, España se llena de juicios que llevan a las cárceles a gentes ricas, poderosas. Y se encausa a políticos, a empresas, a famosos…

¿Debemos matar la crítica aplaudiendo todo esto?

No está pasando nada que sirva a los verdaderamente explotados y oprimidos. El Estado de Derecho debe “relucir”, esplender, cada día más, en todas partes. El Capital y las oligarquías se mueven mejor en ese entorno. España, que quería ser “europea”, era como un África en el Norte, el África del Centro Capitalista, la euro-áfrica. Democracia fallida, Estado fallido, Fallo fallido.

El nuevo orden democrato-cínico mundial va a empezar a pasar la escoba por todos los rincones, pues las inmundicias en las que antes se basaba ya no le sirven.

Va a ser todo más “higiénico”, más “panhigiénico”, decía Illich, pero se va a reforzar de un modo inusitado la explotación y la opresión.

A más ricachones, dirigentes, pederastas, artistas, deportistas, princesas, princesados y demás vómitos de la sociedad, en los tribunales, más se seguirá apretando la tuerca a la masa expoliada, que ya, contenta de ver a sus adversos en las cárceles, cada día sentirá menos su expoliación.

No, no me ilusiona que adornen la cárcel, que le saquen brillo a los barrotes, que conviertan a los carceleros en emisarios del Estado de Derecho y del Estado del Bienestar, que la llenen de cerdos barrigudos y calvorotas para que los lloren, no tanto, los amores que compraron. Me da cierto gusto que el Sistema, para engañarme, en esta partida de ajedrez que juega y gana contra lo poco de humano que queda en el ser humano y también contra lo poco de planetario que queda en el planeta, encierre a sus peones débiles, sacrifique a algunas de sus piezas en posiciones complicadas. Pero yo lo que quiero es llevar a todo el Sistema a la cárcel, y, luego, como ansían los “otros” encarcelados, hacer estallar la cárcel misma. Y que ardan, en un mismo fuego, los presos de lujo y los jueces enlujados. ¡Oh, sí, qué emoción, tanto galardón y tantas propietarios abrazándose como siempre, pero por última vez!

Si alguien piensa que esto es incitación al odio, a la discordia, al conflicto, le diré que no estoy tan seguro, pero que es lo que pretendo cada vez que hablo la boca.

¡Nada que celebrar, mercaderes del espectáculo!
¡Juez estrella, te estrello contra tu mierda!

Me he quedado más tranquilo. Parece que respiro.

Pedro Gª Olivo.

La lógica dice que sí, la legislación penitenciaria es interpretable y la jurisprudencia confusa, pero la respuesta al final es: lo que Instituciones Penitenciarias decida.

Si ponemos en  relación el artículo 25.2 de la de la Constitución que dice: “La penas privativas de libertad y las medidas de seguridad estarán orientadas a la reeducación y reinserción social”, con el artículo 1 de la LOGP: “ Las instituciones penitenciarias reguladas en la presente Ley tienen como fin primordial la reeducación y reinserción social de los sentenciados a penas y medidas penales privativas de libertad” y cerramos el círculo con el artículo 12.1 de la misma LOGP: “La ubicación de los establecimientos penitenciarios será fijada por la administración penitenciaria dentro de las áreas territoriales que se designen. En todo caso se procurará que cada una cuente con el número suficiente de aquellos para satisfacer las necesidades penitenciarias y evitar el desarraigo social de los penados”, da la sensación de que lo que nos están intentando transmitir estos tres artículos es que los presos deben cumplir su pena en el lugar más próximo adonde tengan su arraigo familiar y social. Sin embargo, en muchas ocasiones esto choca con la realidad.

Endika Zulueta (abogado) habla del Código Penal, Ley de Seguridad Ciudadana, Ley de Seguridad Privada, Ley de Justicia Gratuita, etc. con los que el Estado lucha por la adhesión de la sociedad al nuevo proyecto a través del miedo: miedo a perder el trabajo, miedo a no encontrarlo, miedo a perder la casa, miedo a protestar por la posibilidad de ser multado, golpeado o detenido. La adhesión de la ciudadanía al Estado a través del miedo no es una característica de un Estado democrático sino de uno autoritario. Es una batería represiva y su afectación a la lucha de la disidencia política, por pacífica que esta sea explica en uno de sus numerosos artículos publicados. Pero no se debe perder de vista la otra importante finalidad que tiene: la criminalización de la pobreza. El Estado pretende transformar los problemas sociales en problemas de orden público, con la finalidad de que la sociedad asuma con miedo el “alarmante aumento de la inseguridad ciudadana”, reclamando más policía en los barrios, criminalizándose, no solo al pobre como delincuente potencial, sino a la pobreza en general, eliminándose la solidaridad, legitimando la represión policial, aumentando el apego al poder y ocultando el problema original (la causa de la pobreza) haciendo emerger un problema nuevo que antes no existía (la inseguridad ciudadana), ofreciendo la solución (siempre represiva), consiguiendo que no se hable del problema de la pobreza, sino de la inseguridad que generan los pobres. Ser pobre es símbolo de sospecha policial, suficiente para ser identificado y un indicio para ser detenido, proponiéndose la cárcel, el auténtico símbolo del desamparo, como solución totémica a todos los problemas.

La reforma del Código Penal nos ha traído, entre otras muchas cosas, una nueva redacción del art. 89, es decir la disposición que regula las expulsiones judiciales: la sustitución de las penas privativas de libertad por expulsión. Hasta ahora la línea divisoria la teníamos en los seis años de condena: para condenas inferiores a seis años, estaba prevista la expulsión directa, aunque rara vez se producía sin cumplir al menos el denominado periodo de seguridad; y para penas superiores a seis años se preveía la expulsión cumplidas las tres cuartas partes de condena, o cuando el penado accediera al tercer grado de tratamiento penitenciario. Y siempre que habláramos de extranjeros en situación de irregularidad.

La nueva redacción – que ya no distingue entre situaciones de regularidad o irregularidad, o incluso ciudadanos de la Unión Europea -marca la línea divisoria en los cinco años de condena, y con suelo en condenas superiores a un año: éstas se sustituirán de forma directa, salvo circunstancias excepcionales, en las que el reo podrá cumplir hasta un límite de tres cuartas partes de condena, o cuando acceda a tercer grado o libertad condicional, se sustituirá el resto de condena por la expulsión.