La evolución del Código Penal desde 1995 ha sido en la línea de endurecimiento: más delitos, más penas. L a sociedad ha tomado caminos vindicativos y sólo ve la cárcel como solución al delito. Y se equivocan: más delitos y más penas, no se traduce en más seguridad, sino, sólo, en más presos. Al final, la coartada política es el cuidado y el respeto a la víctima; y en la realidad, se la maltrata y desoye. Y, con ello, algo más grave, se queda sin saber la verdad de lo ocurrido, ni es reparada en muchas ocasiones y, en cambio, es maltratada institucionalmente a lo largo del proceso penal.
Categoría: <span>Política criminal</span>
Seis años después de que la inventara el Estado español -paradójicamente en un momento en que su gobierno conocía que se avecinaba un alto el fuego de ETA y que iba a aflorar un proceso de negociación con meses de recorrido-, en marzo llega la hora decisiva para la «doctrina Parot». La Gran Sala del Tribunal Europeo de Derechos Humanos analizará el día 20 si ratifica la sentencia de julio que no solo declaró ilegal la extensión de la condena a Inés del Río, sino que tumbó toda esa doctrina que ha sido aplicada a casi un centenar de presos en estos años. Y con ello, Estrasburgo puede marcar un punto de inflexión en la política penitenciaria estatal. Pero Didier Rouget, que dirige la demanda de la presa tafallesa en colaboración con Amaia Izko, saben que no será fácil. Sobre todo porque, consciente de su debilidad argumental tras el fallo unánime de julio, el Estado español ha decidido jugar esta partida a grande y cuestionar la jerarquía de la decisión europea, argumentando que no tiene competencias sobre el caso, para lo que puede contar con el apoyo de otros estados reticentes al pronunciamiento del Tribunal Europeo. Así están las cosas a 80 días vista de esa cita que marcará, para bien o para mal, este 2013.
Que la cárcel es un buen terreno para hacer negocios puede verse AQUÍ (solo es un ejemplo de como ofertan el negocio de la cárcel a las empresas, como este otro), pero el siguiente paso que dan es el de la entrada de empresas privadas de seguridad en las prisiones, algo que ya pasaba en otros centros de custodia como lo son los centros de menores.
Ahora de lo que se trata según Interviú es de que el Gobierno quiere dar cobertura legal a una mayor presencia de la seguridad privada en ámbitos que hasta ahora eran coto de la seguridad del Estado. El PP trabaja en una nueva Ley de Seguridad Privada, mientras el sector privado toma posiciones en la vigilancia de recintos que antes no eran de su competencia, como las cárceles, sustituyendo a funcionarios en el control exterior de las prisiones, en barreras o ante los monitores de los centros penitenciarios.
El código penal de Gallardón. Un resumen rápido, conciso y claro de la actualidad. Por si alguien no está enterado. Como sabéis, el gobierno de España prepara una reforma de código penal. Os explicamos algunas de esas reformas en 6 puntos:
1. Que un antidisturbios te pegue una paliza de muerte no es delito. Que alguien lo grabe y lo difunda sí que lo es.
2. Que un banco te desahucie no es delito. Ocupar una sucursal bancaria para protestar por haberte desahuciado: Hasta seis meses de prisión.
3. Cargarse la sanidad y la educación públicas no es delito. Interrumpir el transporte público: Hasta dos años de prisión.
4. Que la policía abuse de su autoridad y emplee la violencia no es delito. Resistirse a la autoridad: Hasta cuatro años de prisión.
5. Que los políticos agredan con sus reformas a millones de personas no es delito. Que una persona agreda a un político: Hasta seis años de prisión.
6. Incumplir el programa electoral, hacer lo contrario y mentir no es delito. Convocar manifestaciones para protestar por ello: Hasta un año de prisión.
Principales propuestas de modificacion que afectan al derecho penitenciario en el anteproyecto de ley orgánica por la que se pretende modificar la ley organica 10/1995, de 23 de novuiembre, del codigo penal:
La normativa penal ―y más aún la que está por llegar mediante el archicriticado anteproyecto de reforma del código penal― otorga el protagonismo simbólico absoluto a la pena de cárcel. Sin duda ésta es un mal necesario (una amarga necesidad en una sociedad de seres imperfectos, decía el Proyecto alternativo de CP alemán de 1962 ―aunque hoy día no parezca que a algunos les suponga ninguna amargura―), pero que genera graves consecuencias en las personas y en la sociedad. A veces se establece una relación rutinaria con esta pena, que impide apreciar las gravísimas consecuencias que el paso por la cárcel tiene para las personas (de hecho creo que la gran mayoría de jueces y fiscales que la aplican diariamente, a veces con más que ligereza, nunca han visitado una prisión). Por eso, para situaciones excepcionales, que necesitan que la pena de cárcel no se ejecute, total o parcialmente, el indulto es un instrumento útil y necesario.
El Anteproyecto de Ley Orgánica por la que se modifica el Código penal, en su línea de un mayor incremento de la severidad en la reacción penal, tampoco deja al margen de esta orientación político-criminal la cancelación de los antecedentes penales, sin perjuicio, no obstante, de facilitar el procedimiento y reducir los requisitos que se vienen exigiendo para la anulación de las inscripciones en el Registro Central de Penados. Efectivamente, la reforma propuesta en la modificación que se introduce en el art. 136 CP suprime la exigencia del informe previo del Juez o Tribunal sentenciador y el requisito de la constancia del pago de la responsabilidad civil o la insolvencia del penado poniendo así término a la confusión que se venía produciendo entre la responsabilidad penal y la responsabilidad civil derivada del delito. En consecuencia, para la cancelación de los antecedentes penales solo se exige el transcurso del plazo correspondiente sin delinquir de nuevo por parte del penado.
Advertía Marvin Harris en un ensayo ya clásico de los años 70 de que el resultado principal del sistema de caza de brujas instaurado a partir del siglo XV consistió básicamente en que los pobres llegaron a creer que sus miserias provenían de la actuación de brujas y diablos en vez de príncipes y papas. De esta forma se logró desviar la atención de la mayoría de la población hacia otros asuntos, por ejemplo, delatar a tu vecino, dejando a los poderosos que ejercieran libremente su dominio. Es más, gracias a ellos se estaba persiguiendo y controlando la brujería para bien de ese pueblo, que a cambio debía sentirse agradecido y someterse tranquilamente a las demandas de la Iglesia y de su señor que tan eficientemente los protegían.
Surge la reflexión a propósito del anteproyecto de reforma de Código Penal promovido por el ministro de Justicia, señor Ruiz Gallardón, y aprobado por el Consejo de Ministros del jueves 11 de octubre de 2012. Hay que advertir de que no se trata de una reforma más de las veintiocho sufridas por el Código Penal desde su aprobación en 1995, sino que en este caso tiene la particularidad de que derrumba las bases de un Derecho Penal propio del modelo de Estado social y democrático de derecho que consagra nuestra Constitución.
En poco más de 30 años el Estado ha pasado de tener una población reclusa de 18.583 personas en 1980 a 70.695 en junio de 2012, según fuentes del Ministerio del Interior. El Estado español es el segundo de la UE con la proporciónmás alta de población reclusa. Aunque 2011 ha sido el año con la tasa de criminalidad más baja de la última década, el número de personas encarceladas no ha parado de aumentar en el Estado.
Se ha conocido el texto del Anteproyecto de Código Penal que el gobierno prepara para modificar el actual.
De una lectura rápida da la impresión de que muchos de los nuevos tipos delictivos, o las modificaciones de los existentes, se hacen para penalizar algunas de las acciones de protesta que se vienen realizando en los últimos meses.
Vamos a comprobar si esta impresión tiene algo, o no, de cierto: