Que la cárcel es un buen terreno para hacer negocios puede verse AQUÍ (solo es un ejemplo de como ofertan el negocio de la cárcel a las empresas, como este otro), pero el siguiente paso que dan es el de la entrada de empresas privadas de seguridad en las prisiones, algo que ya pasaba en otros centros de custodia como lo son los centros de menores.
Ahora de lo que se trata según Interviú es de que el Gobierno quiere dar cobertura legal a una mayor presencia de la seguridad privada en ámbitos que hasta ahora eran coto de la seguridad del Estado. El PP trabaja en una nueva Ley de Seguridad Privada, mientras el sector privado toma posiciones en la vigilancia de recintos que antes no eran de su competencia, como las cárceles, sustituyendo a funcionarios en el control exterior de las prisiones, en barreras o ante los monitores de los centros penitenciarios.
La nueva ley está ya “muy avanzada”, según fuentes cercanas al ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, que señalan que la entrada del sector privado en una veintena de cárceles es un primer paso, entre otras cosas, para ahorrar costes. Medidas de este tipo no son ajenas a los recortes y el PP lo relaciona, además, con la creación de puestos de trabajo, aunque hay empleados públicos que dejarían paulatinamente de cumplir estas funciones. En esto, el Partido Popular y Convergència i Unió han estado unidos. La iniciativa que pide al Gobierno que estudie la posibilidad de que personal de empresas de seguridad privada se encargue de ámbitos como la vigilancia exterior de las cárceles españolas y su acceso ha partido de los nacionalistas catalanes. La proposición no de ley, debatida en la Comisión de Interior del Congreso, la apoyó el PP, que la ha incluido en el desarrollo de la reforma de la Ley de Seguridad Privada.
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