Suele decirse que nadie conoce cómo es una nación hasta haber estado en una de sus cárceles. «Una nación no debe ser juzgada por el modo en que trata a sus ciudadanos de más alto rango sino por la manera en la que trata a los de su más bajo rango». Son palabras de Nelson Mandela, recientemente fallecido y expresidiario, expresidente de la República de Sudafricana y premio Nobel de la Paz.
El Centro Internacional de Estudios Penitenciarios plantea que la gestión penitenciaria debe darse en un marco ético, porque fuera de ese contexto ético, la situación en la que a un grupo de personas se le otorga una considerable autoridad sobre otras puede fácilmente devenir en un abuso de poder. Abuso que una encuesta de Instituciones Penitenciarias sobre la calidad asistencial de las prisiones puso en evidencia, pues entre los problemas más destacados por los médicos se apuntaba a «la priorización de lo regimental frente a lo sanitario». En la misma encuesta las enfermeras planteaban «la imposición de programas sanitarios con criterios políticos, la dependencia jerárquica de personal no sanitario y la pérdida de consultas por dinámica regimental por falta de traslado». Está claro que la responsabilidad del cuidado de la salud física y mental de los internos corresponde al Ministerio del Interior, pero también hay que recordar que los principios de ética médica de las Naciones Unidas imponen a todo el personal sanitario y especialmente a los médicos la obligación de proteger la salud física y mental de los reclusos, afirmando que su prioridad «es la salud de los pacientes y no los intereses de la dirección de la prisión y que el personal médico que trabaja en las prisiones no es parte del personal disciplinario o administrativo de la prisión».