Categoría: <span>La cárcel mata</span>
Arantza Díaz Villar, presa política enferma. Gasteiztarra de 44 años de edad. Detenida el 9 de junio de 2006, por militancia en el PCE(r), lleva 9 años presa. Presentó denuncia por torturas durante el periodo de incomunicación. Condenada a 11 años de prisión. Y a otro año más por “desacato al tribunal”. Ha pasado por las cárceles de Brieva, Estremera, Soto del Real, Zaballa, y se encuentra ahora en la de Villena (Alicante). En agosto de 2012 fue agredida y lesionada por otra presa en la cárcel de Brieva.
El 26 de mayo de 2014 se le detecta cáncer de colon. El 29 de mayo es trasladada de urgencia al hospital y el 30 es operada en Alicante de oclusión intestinal. El 9 de junio es operada por segunda vez en 10 días, esta vez del cáncer de colon. En los 15 días de hospital, estuvo incomunicada de visitas y llamadas telefónicas.
En junio 2014 su abogado presenta auto de libertad condicional por enfermedad grave, para que en la calle pueda ser tratada correctamente de su cáncer.
El 18 de julio le informa el hospital que va a ser sometida a 6 meses de quimioterapia (8 sesiones en el hospital). En este tiempo, además, tratamiento intravenoso cada 3 semanas y oral de forma semanal en la cárcel. El tratamiento dura de agosto 2014 a principios de febrero de 2015. Se le informa que en marzo se le harán las pruebas de comprobación del tratamiento.
En diciembre 2014 se le notifica el auto denegatorio de la libertad condicional. Recurso de apelación el 15 de diciembre. 20 de mayo 2015: Interpuesto el recurso de apelación y traslado a la fiscalía y posterior remisión a la Sala de lo Penal de la A.N.
En junio le dicen que las pruebas del TAC serán definitivamente en julio. El 28 de julio fallece su madre. El 30 de julio le dicen que las pruebas serán en septiembre. El 4 de septiembre los médicos penitenciarios le informan que ni siquiera tienen fecha de salida al hospital de Alicante.
El caso es puesto en manos de su abogado el 5 de septiembre. Ha informado a la cárcel de la fecha del 15 de septiembre como máxima espera antes de tomar otras medidas de protesta contra este retraso en las pruebas del TAC determinantes para saber si ha superado el cáncer. El 10 de septiembre los médicos de Villena tras hablar con el hospital le indican que será sacada en la segunda quincena de Septiembre. Estamos atentxs y a la espera de ver si se cumple dicha salida hospitalaria.
CONVOCATORIA
Los integrantes de La Coordinadora de Afectados por Hepatitis C vamos a llevar a cabo, los próximos días 25 y 26 de Septiembre de 2015, una acción informativa-reivindicativa. “Exigiremos” el derecho de la población reclusa afectada por hepatitis C a ser tratada en igualdad de condiciones que el resto de afectados.
El día 25 haremos llegar sendos documentos al Ministerio De Sanidad e Instituciones Penitenciarias pidiendo que se nos proporcionen datos reales. En el primer caso pediremos número de afectados por hepatitis C y número de pacientes tratados con los nuevos medicamentos libres de Interferón; en el segundo caso, número de afectados por esta enfermedad en los centros penitenciarios y número de reclusos tratados con los medicamentos de última generación; en ambos documentos solicitaremos también conocer el coste de los nuevos fármacos aprobados en España para tratar esta enfermedad.
La tasa mundial de afectados por hepatitis C oscila entre el 1,5 y el 3 % de la población. En el caso de la población reclusa, según la Sociedad Española de Sanidad Penitenciaria, el porcentaje es superior al 22%.
El día 26 las diferentes plataformas que formamos parte de La Coordinadora efectuaremos concentraciones en las puertas de las prisiones, Subdelegaciones Del Gobierno, Oficina del Defensor del Pueblo, etc.
Las dificultades que la totalidad de afectados por esta enfermedad estamos encontrando para ser tratados con los nuevos medicamentos, libres de Interferón, que curan nuestra enfermedad en más del 90% de los casos, es un caso insólito en la Sanidad Pública Española. Los diferentes organismos competentes en materia sanitaria “exigen” como condición para tratarnos que nos pongamos “lo suficientemente enfermos”, que estemos en un estadio de la enfermedad grave o muy grave. Esta condición, con ser intolerable, es aún peor para la población reclusa; en los centros penitenciarios el estar gravemente enfermo no te garantiza que vayas a ser tratado.
Por eso vemos más necesario que nunca realizar estas acciones y pedir al resto de Plataformas de afectados por hepatitis C, movimientos sociales, colectivos, agentes políticos y ciudadanos en general que acudan a estas acciones y nos ayuden a acabar con esta situación. Como sociedad no podemos tolerar que dentro de las cárceles españolas sigan muriendo personas afectadas por una enfermedad para la que existe cura.
Los artículos 15 y 43 de la Constitución española garantizan el derecho a la vida e integridad física, así como el derecho a la protección de la salud. Encontrándose los primeros en el Catálogo de derechos fundamentales. Estos derechos tienen un carácter absoluto y están entre aquellos que no pueden verse limitados por pronunciamiento judicial alguno, ni por ninguna pena.
Artículo 208 del reglamento penitenciario: A todos los internos, sin excepción, se les garantizará una atención médico-sanitaria equivalente a la dispensada al conjunto de la población.
Todo aquel que quiera sumarse a esta acción puede dirigirse a lourdes_lsv_25@hotmail.com,os haremos llegar el cartel y en el caso de las Plataformas, también los documentos para pedir datos tanto al Ministerio de Sanidad como a IIPP.
[Picar en imagen para descargar panfleto]
Sabemos por experiencia que los gobiernos y administraciones, especialmente la penitenciaria, no reconocerán en la práctica nuestros derechos a no ser que, de algún modo, les obliguemos. Para empezar, recordamos a las personas presas, a sus familiares y amistades, y a las asociaciones y grupos de apoyo, la urgencia de iniciar los trámites legales para exigir los mismos tratamientos que se están dando o reivindicando en la calle. Para lo cual, quizá sean útiles las siguientes indicaciones:
Diagnóstico y prescripción:
Si tienes hepatitis C, estás en la cárcel y quieres luchar por que se te trate con los medicamentos de última generación, lo primero que tienes que conseguir es que el tratamiento te sea prescrito por el médico especialista, sin lo cual no hay nada que hacer. El que te tiene que derivar al especialista es el médico de la cárcel. En algunas cárceles, sabemos que se está disponiendo (prestado por el sistema nacional de salud) del instrumental necesario para efectuar el “FibroScan” por el que se determina el grado de fibrosis hepática.
Según la “Estrategia terapeútica” publicada en abril del 2015 por el ministerio de sanidad, tienen prioridad para recibir los nuevos tratamientos, los pacientes, tanto monoinfectados como coinfectados con VIH, que sufran fibrosis hepática en grados de F2 a F4 (según biopsia hepática o FibroScan en los 6-12 meses previos al inicio del tratamiento); los pacientes en lista de espera para trasplante hepático; los trasplantados a los que se les haya reproducido (“recidiva”) la infección después del trasplante; los pacientes que no hayan respondido a triple terapia con inhibidores de la proteasa de primera generación; los trasplantados no hepáticos con hepatitis C, independientemente del estadio de fibrosis hepática; los pacientes con hepatitis C y manifestaciones extrahepáticas del VHC clínicamente relevantes (crioglobulinemia, alteraciones renales, porfiria cutánea y alteraciones hematológicas), independientemente del grado de fibrosis hepática. También está indicado el tratamiento, independientemente del grado de fibrosis, en personas con alto riesgo de transmisión en función de su situación social-profesional y en mujeres en edad fértil con intención de quedarse embarazadas.
Si estás dentro de estos criterios médicos, tienes derecho a exigir a tu médico que te solicite el tratamiento. Pídele una copia de la solicitud donde conste la fecha y el tratamiento solicitado. En el plazo de unos días deberían comunicarte la resolución de la solicitud. Si no estás conforme con el diagnóstico o el tratamiento prescrito por tu médico, tienes derecho a pedir una segunda opinión médica en el centro hospitalario que te corresponda.
Según los últimos datos proporcionados en 2013 por la propia Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, el 21,3% de las personas presas en las cárceles del Estado español, unas 14.000 personas, tenían el virus de la hepatitis C (VHC) y una de cada tres estaba también infectada por el VIH. Ocho de ellas fallecieron ese año a causa de la hepatitis C, dos más que el año anterior, a pesar de que la población reclusa había disminuido. La secretaría general de prisiones admitía que, de la totalidad de personas afectadas, sólo se estaba tratando al 2,8%, es decir, a 209. El gasto en tratamientos de hepatitis C bajó un 26,04% entre 2012 y 2013 y un 48% desde 2006. Y cómo podía ser de otra manera cuando la autoridad carcelera ha estado restringiendo esos gastos con artimañas como prohibir a los médicos bajo sus órdenes que prescribieran, ya no los fármacos de última generación, sino los tratamientos que en la calle estaban siendo rechazados por las asociaciones de afectados al ser menos eficaces que aquéllos, no dando otra opción a las personas presas que conformarse con medicaciones obsoletas, de terribles efectos secundarios y mucho menos eficaces, o someterse a larguísimas listas de espera que les permitieran entrar en los “cupos” establecidos con criterios de ahorro presupuestario. Otro mecanismo encubierto de control y recorte de gastos: sin ninguna razón terapeútica, los tratamientos se centralizaron en la Unidad de Custodiados del Hospital Gregorio Marañón de Madrid, con muy pocas plazas disponibles. Y, encima, cuando las personas enfermas llegaban allí, después de años de espera, el problema podía seguir siendo el mismo, que las administraciones no se pusieran de acuerdo sobre cuál de ellas debía pagar el tratamiento, y al final, como siempre, los perjudicados los pacientes. Para más inri, una orden de las altas instancias de la administración carcelera, excluía del tratamiento a las personas coinfectadas de VHC y VIH, por tergiversación de los criterios al respecto de la Agencia española del Medicamento, según los cuales, en realidad, la coinfección lo hace más urgente.
El abandono médico-sanitario es generalizado en toda la geografía penitenciaria. Nuevamente nos llega una denuncia desde dentro de las prisiones, en este caso desde el módulo de aislamiento de Madrid V-Soto del Real. La situación de José Antonio Ramos Quesada es alarmante: preso durante 13 años, le quedan 6 años para alcanzar la libertad total (2021), está enfermo de hepatitis C, tuberculosis y SIDA con las defensas en los mínimos (53 defensas en el último análisis clínico), aún así, es mantenido en prisión, celda de aislamiento, y no en enfermería. Solamente es llevado rutinariamente al hospital Gregorio Marañón de Madrid, no para tratarle debidamente hospitalizándolo, como exige la gravedad de sus enfermedades y más teniendo una enfermedad altamente infecciosa como la tuberculosis, sino protocolariamente, para hacerle seguimiento analítico cada dos meses y llevarloo inmediatamente a la cárcel. Tiene el traslado solicitado en segundo grado (vida normal) a su tierra. En las condiciones que se encuentra, el traslado no puede realizarse con las suficientes garantías sanitarias para él, por lo que debiera ser tratado de manera efectiva en el hospital y, si no hay garantías de que esto suceda, se le debe de dar la libertad por enfermedad incurable sin posibilidad de tratamiento.
Al no tener recursos depende de la dieta de prisión y ésta es inadecuada a su situación además de que se le niegan suplementos alimenticios así como otros alimentos más básicos (zumos, leche, yogur…) con la argumentación de la escasez presupuestaria…
Se han hecho escritos de denuncia ante el juzgado de vigilancia penitenciaria de Madrid, al defensor del pueblo y a la Audiencia Provincial de Madrid Sección 5ª y todavía no hay respuestas… Además de las denuncias de su abandono sanitario se ha solicitado con urgencia la excarcelación.
Extractamos algunas líneas de una carta suya y adjuntamos un escrito para enviar a las direcciones propuestas por lo que pedimos tu apoyo y solidaridad ante otro caso de abandono médico.
La Plataforma de Afectados de Hepatitis C en La Rioja denuncia la falta de atención humanitaria en la prisión asturiana de Villabona. Según explican a través de un comunicado, «hemos tenido conocimiento de los informes médicos que indican la situación límite en la que se encuentra J.A.C.A., en prisión preventiva en la cárcel de Villabona (Asturias)».
José Antonio Casasola está enfermo de hepatitis C con cirrosis muy avanzada, es portador de VIH y lleva cinco meses en prisión preventiva sin haber recibido en todo ese tiempo ningún tratamiento médico para sus graves problemas de salud. Por lo que denuncian que desde Instituciones Penitenciarias se está dejando morir en su celda a J.A.C.A. enfermo de Hepatitis C y VIH ya que, a pesar de su gravedad, no recibe la medicación ni asistencia hospitalaria adecuada.
Ya se ha solicitado que se atiendan los casos más urgentes de forma inmediata y que se vigile por la vida y la integridad física y moral de esta persona.
Desde aquí solicitamos que te dirijas al Subdirector General de Coordinación de Sanidad Penitenciaria, como responsable de la planificación, organización y dirección de las actividades dirigidas al cuidado de la salud en el medio penitenciario, enviando el siguiente escrito:
Dirigido a: Don José Manuel Arroyo Cobo
Subdirector General de Coordinación de Sanidad Penitenciaria
C/ Alcalá, 38-40 28014 – Madrid
Fax 913354992
Email sgsp@dgip.mir.es
Las técnicas de guerra sucia que, Instituciones Penitenciarias, viene utilizando contra los presos políticos desde siempre, se han vuelto más sutiles y silenciosas en los últimos años de la «democracia» bobónica. “Todo vale para rendir y exterminar a los «terroristas»”, es la consigna que imparten los jerarcas fascistas desde las cloacas de su Estado Mayor. Y a esto dicen amén todos los partidos institucionales mantenidos por la oligarquía financiera.
L
Con esta «licencia para matar», los carceleros, con o sin uniforme, se prestan sumisos al machaque físico y psíquico de los revolucionarios y de los presos sociales más rebeldes. Las torturas, los malos tratos, las humillaciones, las vejaciones y los atropellos leGALes, que se cometen en galerías y módulos, amparados en la impunidad que les otorgan «sus señorías», se han convertido en la «pedagogía educacional» de la política de «reinserción».
L
En este reparto de funciones de «pacificación de terroristas», los médicos-carceleros se están situando en la avanzadilla de las técnicas de presión y chantaje de ese engranaje de guerra sucia. Estos médicos, junto a enfermeros y demás personal sanitario dependientes del Ministerio del Interior, son los que con su participación activa la mayoría de las veces, y con su silencio cómplice otras, están colaborando y participando en el «lento» aniquilamiento de los presos, minando su salud con la desatención y desidia sanitaria más canalla.
José Antonio Casasola Astorga, enfermo de hepatitis C con cirrosis muy avanzada y sufriendo VIH con las defensas extremadamente bajas, lleva cinco meses en prisión preventiva en el Centro Penitenciario de Villabona (Asturias) sin haber recibido en todo ese tiempo ningún tratamiento médico. Sufre vómitos, diarrea y fiebre permanente, se encuentra en los huesos y a menudo está tan débil que no puede ni levantarse de la cama para acercarse hasta el teléfono y hablar con su compañera. Ha solicitado su ingreso en el hospital al juzgado responsable de su situación, el cual se niega a actuar porque los informes médicos, solicitados ya hace tiempo, nunca terminan de llegar. La administración carcelera, que según la propia ley penitenciaria debe garantizar el derecho a la vida y a la protección de la salud de las personas presas, el Juzgado de vigilancia penitenciaria que debería ejercer la “tutela judicial efectiva” de esos derechos, y el juzgado que le mantiene preso en condiciones infrahumanas y sin ninguna justificación, además de la administración sanitaria, que debería proporcionar su historia clínica y no lo hace, son responsables de un verdadero asesinato.
El de José Antonio es un caso extremo, pero no una excepción, en unas cárceles donde al menos un 21 % de los internos tienen hepatitis C y cuyos responsables políticos lograron reducir los gastos de tratamiento en un 26,04% entre 2012 y 2013 y en un 48% desde 2006, impidiendo que las personas presas enfermas de VHC pudieran recibir como ordena la ley el mismo tratamiento que todo el mundo. Lo hicieron poniendo obstáculos como prohibir a los médicos bajo sus órdenes que prescribieran, no los nuevos fármacos, sino los anteriores, rechazados en la calle por las asociaciones de afectados por ser mucho menos eficaces que los de última generación, no dando otra opción a las personas presas que conformarse con medicaciones obsoletas, de terribles efectos secundarios y aún mucho menos eficaces, o someterse a larguísimas listas de espera para entrar en los “cupos” establecidos, centralizando además injustificadamente los tratamientos en la Unidad de Custodiados del Hospital Gregorio Marañón de Madrid, con muy pocas plazas, para un tratamiento de 48 semanas. Sin embargo, al llegar allí, después de años de espera, el problema seguía siendo el mismo: las administraciones autónomicas y la carcelaria no se ponían de acuerdo sobre cuál de ellas debía pagar el tratamiento y, mientras pleiteaban, los enfermos seguían sin él. Además, por una orden de la autoridad carcelera que tergiversaba malintencionadamente los criterios al respecto de la Agencia Española del Medicamento, quedaban excluidas las personas coinfectadas de VHC y VIH. De manera que la misma secretaría general de prisiones tenía que admitir que sólo estaban recibiendo tratamiento el 2,8%, de las personas presas afectadas. A pesar del nuevo plan estratégico contra la hepatitis C del ministerio de sanidad, la situación no ha variado, ya que son apenas 24 las personas presas enfermas que están recibiendo los nuevos tratamientos.
Desde luego, hay que exigir que se le proporcione a José Antonio el mejor tratamiento médico disponible, al que tiene derecho en igualdad de condiciones con el resto de la población enferma, como cabe exigirlo para el resto de los más de 14.000 enfermos encarcelados por el Estado español. Pero lo que corresponde a la situación de José Antonio es su puesta en libertad, ya que las condiciones en que se le tiene no sólo no son las adecuadas para un enfermo tan grave, sino que, literalmente, le están matando.
¡La cárcel mata!
¡Tratamiento para todo el mundo sin discriminación!
¡José Antonio Casasola a la calle!
COMUNICADO DE CNT-JAÉN
Desde CNT-Jaén, enterados de la noticia de la muerte de un preso en huelga de hambre en la cárcel de Jaén (1), queremos comunicar lo siguiente:
-Condenamos la muerte en prisión de este vecino de Úbeda y ofrecemos nuestras más sinceras condolencias a su familia. Queremos recordar que esta persona había sido condenada por resistencia a la autoridad y que su huelga de hambre tenía como objetivo demostrar su repulsa a la condena injusta a la que se le había sometido.
-Recordamos a la sociedad civil que esta no es la primera muerte en este centro penitenciario (2) y denunciamos las condiciones de vida lamentables que, más allá de la propaganda mediática que dice lo contrario, han de soportar los presos de esta cárcel y del resto de cárceles del Estado español, donde solo en 2012 murieron 39 personas (3).