Hablamos de la campaña en favor de Antuan, preso enfermo de cáncer que sufre cadena perpetua encubierta. Como pensamos que la lucha tiene que ser colectiva, exigimos al mismo tiempo la libertad de cualquier persona presa que esté en uno de los dos casos. Leemos una carta de Toni Chavero sobre el asunto. Igualmente, leemos una carta de Carmen Badía, otra presa enferma de cáncer que también debe ser excarcelada. Y una carta de Antuan hablando de la propuseta de lucha colectiva, en la que participa. Entrevistamos al hermano de Enrique Del Valle, otro condenado a cadena perpetua efectiva por cuya libertad es necesario luchar. Finalmente, hablamos con la madre de un preso que ha sido castigada sin comunicar durante tres meses por unas palabras con una carcelera.
Categoría: <span>La cárcel mata</span>
Publicamos un comunicado y un par de fragmentos de cartas de Toni Chavero que ya leímos en la radio, junto con otro comunicado encontrado en la página de facebook Presxs en lucha. Tenemos unos cuantos más pendientes de publicación. El compañero anuncia que está apoyando la campaña por la libertad de Antuan, porque le parece que es «por derecho», y propone a lxs demás presxs en lucha que la apoyen también. Explica asimismo cómo piensa proceder durante la huelga de hambre convocada para mayo y, de aquí a entonces, en los ayunos que seguirá haciendo los días 1 y 15 de cada mes. Comenta las propuestas de nuevas reivindicaciones y de qué manera piensa que hay que resaltar o desarrollar algunas de las que ya figuran en la lista.
Albocàsser, 10 de febrero
(…) Recibí hace poco noticias de Antoine (el Francés) a través de una colega suya de CNT-AIT, que también forma parte de la campaña de Pro Presxs del Levante por la liberación de «Antoine» (en francés), Antuan, Antonio. Yo, por mi parte, he decidido ayudar solidariamente a este compañero, por derecho. He enviado al Defensor de Nadie y al «departamento de comunicación con los ciudadanos de la Presidencia del Gobierno», haciéndolo extensible a Cruz Roja y al Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, algunos escritos por su situación. En cuanto a la huelga de hambre de mayo, en hojas aparte, reivindicaré por él.
En el fondo, no estoy seguro de que sirva de algo positivo para él, pero quedarme de brazos cruzados sería peor para mí, así que quizá lo hago por mí en vez de por él, no estoy seguro ya ni de lo que hago. Solo sé que creo que debo hacerlo. (…).
12 de febrero
Salud, compañerxs, me dirijo a todxs vosotrxs, dentro y fuera, con el fin de expresar cómo realizaré la huelga de hambre del 1 de mayo de 2019. Los días 1, 5, 10 y 15 envío la tabla reivindicativa tal como quede después del debate de las propuestas que se hagan. Ya conocéis las mías: añadir un punto 13 exigiendo la supresión de la vieja cadena perpetua encubierta y de la nueva, llamada eufemísticamente, «prisión permanente revisable», y restaurar la «redención de penas por el trabajo» del artículo 100 del viejo código penal del 73; así como un punto 14 contra la indefensión jurídica que sufrimos lxs presxs. Y los diez puntos sobre salud y sanidad en los talegos del decálogo d el APDHA, que envío ya de forma constante, hasta que cambien las situaciones en este sentido.
En hoja aparte y en solidaridad con nuestro compañero Antonio Nieto Galindo, reivindico su liberación y denuncio su situación, tras 47 años preso, con cáncer de próstata, 66 años de edad y dos cadenas perpetuas pendientes en Francia. A este compañero he decidido, desde febrero de 2019, apoyarle solidariamente con escritos a todas las instituciones, gubernamentales y no gubernamentales, apoyando la campaña de Pro Presxs del Levante y de otros grupos de apoyo a presxs. Sé que no lo hemos hablado y que quizá habrá personas que no estarán de acuerdo en que se reivindique por un preso en particular –en este caso, por Antuan y en anteriores por algunxs otrxs enfermxs de cáncer– y comprendo que puede ser una forma de excluir a los demás, no es esa mi pretensión, pero lo veo. Lo de Antuan es para mí algo que me subleva bastante. Habrá quien piense que soy «maleable» o «manejable». Me da igual lo que piense todo el mundo, hago lo que creo y lucho por lo que creo. Como creo que es por derecho, lo he iniciado de forma individual, y aquí pido apoyo al resto de compañerxs dentro por la liberación de Antuan.
Creo que ya sabéis que ha habido un mogollón de muertes en lo que va de 2019 y finales de 2018. Hay que denunciarlo en voz alta, para contrarrestar las falacias de la huelga de carceleros y decir la verdad de lo que está pasando en las cárceles del estado policial español.
Mis escritos van dirigidos al consejo de ministros, al congreso de los diputados, al defensor de nadie, a la SGIP, a la Cruz Roja y al Tribunal de los Derechos Humanos de Estrasburgo. Esto lo comunico por la huelga de hambre del 1 al 15 de mayo 2019. Aunque en las reivindicaciones quincenales hago lo mismo el 1 y el 15 de cada mes, destacando la dispersión, la salud y sanidad en los talegos, la solidaridad con los grupos de apoyo a presxs y la criminalización de la humanidad entre ellxs y nosotrxs, en mi opinión un crimen contra la humanidad, las constantes intervenciones de comunicaciones, el régimen especial de castigo que sufrimos la mayoría por defender nuestrxs «derechos y libertades», según sus leyes, y, en definitiva, el tráfico con los sentimientos de nuestrxs seres queridxs como tortura continuada, con el fin de hacernos desistir de nuestros objetivos comunes.
Os deseo fueras, ánimo y constancia, por la abolición de las cárceles y de todo poder impuesto a base de su violencia «legalizada».
13 de febrero
(…) Yo, de manera individual, por el momento, he reivindicado aparte, en escritos a instituciones no gubernamentales o gubernamentales, por Carmen Badía y Francisco Chamorro, por el cáncer que padecen, también por la situación de Ruyman Armas Santana, ya en su tierra. Ahora estoy apoyando la campaña por «el Francés», Antonio Nieto Galindo, con cáncer de próstata, 66 años de edad, 47 de ellos preso, y con dos cadenas perpetuas pendientes en Francia. Está preso en Campos del Río (Murcia). No está de más que se pida la aplicación del 104.4 y 196 RP, dada su situación de salud, y también le afecta el punto 13, contra la cadena perpetua encubierta que sufre y la redención de penas por trabajos. Yo lo estoy haciendo, porque considero que es por derecho. estamos de acuerdo en no centrar nuestras fuerzas en unx solx presx, eso lo veo, pero hay excepciones, para romper las reglas, en casos extremos. Y, por tanto, creo que merece un fuerte empujón. Como digo, es mi opinión personal y la decisión es de cada quien. Yo sí decido apoyarle.
Me despido enviando saludos de Antonio Nieto Galindo a lxs que lucháis, lo cual me dijo en su última carta, ahí lo lleváis, con 66 años, luchando.
Os mando un fuerte abrazo, ánimo y fuerzas. Que no cese la lucha, que salga a la luz la muerte, la tortura, la injusticia, ¡Aúpa vosotrxs! Salud.
26 de Febrero
¡Salud, compañerxs!
En la próxima huelga de hambre del 1 de Mayo, aparte de de las reivindicaciones del grupo de presxs en lucha, estoy de acuerdo en añadir el artículo 100, lo de la redención de patio y contra las cadenas perpetuas (encubiertas y revisables) y en añadir también el decálogo de sanidad de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, como venimos hablando desde hace ya tiempo. También propongo poner énfasis en la cantidad de presxs muertxs que van desde que comenzó el año.
El pasado jueves 7 de Febrero, a través de una compañera, recibí carta de Antoine el «Francés», Antonio Nieto Galindo. Ante la vulneración de los derechos humanos y fundamentales que sufre nuestro compañero, el viernes 8, envié una carta reivindicativa al gabinete de la presidencia del gobierno (departamento de comunicación con los ciudadanos), reivindicando su liberación, tanto por padecer cáncer de próstata cómo por llevar mas de cuarenta años preso y tener pendientes -encima- dos cadenas perpetuas en Francia. Tiene ya sesenta y seis años y es un enfermo terminal, por eso decido de manera individual (en principio) emprender campaña de apoyo a Antoine. He decidido poner de relieve la situación en la que vive Antoine Nieto Galindo, apoyando así la campaña que ha emprendido el comité pro presos de Levante en favor de nuestro compañero. El lunes 11 de marzo, envié una carta a la compañera y a Antoine, explicándoles lo que he decidido iniciar, de manera individual, porque lo creo necesario y que los que deseen apoyar esta causa quedan invitadxs a protestar (al menos) por Antoine. Ya sé que no es lo habitual centrar las fuerzas en un solo preso (por eso lo inicio de forma individual) pero me subleva la situación que vivencia nuestro compañero. Y porque antes de nacer yo, él y muchos, ya estaban combatiendo en las cárceles, en regímenes de aislamiento y trabajos forzados muy duros. Sin las «comodidades» que existen hoy día en los talegos, como tener tele, ducha y miles de cosas que ellxs lucharon y ganaron por nosotrxs, de los que también disfrutan violadores, pederastas, políticos, banqueros, fuerzas de seguridad del estado, narcotraficantes corruptxs todxs, chivatos y colaboradores de las fuerzas de seguridad del estado y de instituciones penitenciarias, sin tener ningún tipo de conciencia, ni valores, ni principios, ni humanidad, ni conocimientos de estas luchas.
Pongo el grito en el silencio del régimen especial de castigo en el que muchxs vivimos por mantener una pequeña llama encendida, por no estar de acuerdo con sus leyes, con la finalidad de sus cárceles, con el engaño constante a una sociedad que piensa que en la cárcel vivimos como putxs reyes, tan malamente informada por los medios de comunicación-manipulación de las masas, como siempre ha sido y sigue siendo, la tónica habitual. Hace días, supe que habían muerto mogollón de presxs en las cárceles del estado español en lo que va de 2019. Nunca lo he sabido por los noticiarios, lo sé por compañerxs y amigxs. Si esto no es motivo suficiente para sublevarnos, no sé que mas tendrá que ocurrir para que se tome conciencia del medio en el que vivimos, si no nos preocupamos por el/la presa que tenemos al lado, si no nos preocupamos en aprender a defendernos en base a las teóricas leyes que nos otorgan algún «derecho», si no somos capaces de compartir lo que hacemos, lxs presxs que luchamos, con lxs presxs que desconocen nuestra lucha. Me pregunto como hostias podemos crecer como seres humanos y como grupo de lucha. Esto no es responsabilidad más que de lxs presxs (porque somos lxs que estamos con lxs presxs veinticuatro horas al día).
No culpemos a las personas de ahí fuera, ellxs no tienen ninguna responsabilidad más que la que decidan tomar (y no son pocas). Así que, nada de culpabilizarles ni hacerles responsables de nada. Tu y yo, como presxs, somos lxs responsables de que continúe el declive individualista o de que seamos uno. Nadie más que nosotrxs se debe a la problemática que sufrimos, por falta de interés, de comunicación, o dedicarnos a criticarnos unxs a otrxs en vez de unir fuerzas contra los que nos mantienen en estas circunstancias. Cada cual es libre de hacer lo que le parezca, aquí nadie está por encima de nadie, pero tampoco por debajo. Así que con vuestra libertad, decidir como queréis estar, vegetando en la «comodidad» o luchando con la incomodidad represiva.
Antuan el Francés, os manda un saludo y un abrazo, Yo os saludo también, aprecio a lxs que lucháis, alejándome del resto.
¡Salud!
Toni
Desde Dentro: Propuesta De Lucha Colectiva Para Ser Difundida Y Debatida Dentro Y Fuera
Más Información En Tokata Sobre Luchas Actuales Dentro De Las Cárceles Del Estado Español
Motivos, Condiciones Y Posibilidades Para Una Lucha Social Anticarcelaria
Noticias Sobre La Huelga De Hambre De Mayo 2019
¡No Olvidéis A Lxs Presxs En Lucha! [Lista Actualizada, 23-II-2019]
¡Carmen debe ser liberada! Y no sólo por humanidad y justicia, lo dicen las mismas leyes en defensa de las cuales, supuestamente, ha sido condenada a muchos años de cárcel. Quien haya leído lo que hemos ido publicando desde principios del año pasado –nosotrxs y otros grupos anticarcelarios cuyas publicaciones podéis ver en los enlaces que ponemos al final– ya sabrá que tiene cáncer y que está dispuesta a luchar por ella misma y por el resto de las personas presas. Pues, además de participar, solidariamente, en las luchas colectivas por las doce reivindicaciones, entre las que se encuentra la excarcelación de todas las personas que están en una situación parecida a la suya, ha estado haciendo huelgas de hambre denunciando su situación personal y para sostener diversas demandas, como su traslado –conseguido– o su excarcelación por enfermedad grave e incurable. Esto no se ha logrado y es necesario, urgente, seguir moviéndonos para conseguirlo. Como podéis ver en la última carta suya que hemos recibido, después de algún tiempo sin noticias suyas –pues se queja de que no le llegan las cartas ni salen las suyas–, la compañera sigue sin recibir una atención médica adecuada y no se encuentra nada bien, ni físicamente ni de ánimos. Es necesario seguir apoyándole, a ella y a todas las personas presas que sufren la cruel, inhumana y degradante política que desde hace tanto tiempo aplican en el territorio dominado por el Estado español tanto los gobiernos llamados de derechas como los que se dicen de izquierdas, interpretando la ley restrictivamente, con peores o mejores palabras, en el sentido de no liberar a las personas presas grave e incurablemente enfermas hasta que no sea seguro que van a morir en breve plazo. ¡Pero si la administración carcelera española es incapaz de proporcionar a lxs presxs enfermxs un tratamiento, ni siquiera un diagnóstico, mínimamente suficiente! ¡Carmen Badía Lachos debe ser excarcelada! Sin olvidar a Francisco Chamorro, Belén Vázquez Campillo, Antonio Nieto Galindo, Pedro Escudero Gallardo, Manuel Arango Riego, María José Baños Andújar, Manuel Pérez Martínez, Ibón Iparraguirre, Kepa Arronategi, Gorka Fraile, Txus Martin, Joseba Borde, por mencionar algunos nombres de personas presas gravemente enfermas. Hay que hacer una lista que las incluya a todas e iniciar una lucha colectiva por su liberación. Pero, de momento, acordémonos de Carmen. Aquí está su brevísima carta, que ha llegado, una vez más, con mucho retraso.
Cárcel de Zuera, 22 de febrero de 2019
Hola compañera:
Recibo tu carta, contesto para que sepas que la he recibido, el 20 de febrero, está echada a correos (sellada) en Valencia, el 15 de febrero.
Estoy mal, no me encuentro bien. Me sacaron al Hospital Miguel Servet, oncología, el 14 de febrero, después de nueve meses. Llevo seis meses sin analíticas. El médico oncólogo se extrañó de que no hubiera analíticas. Pidió que me las hicieran aquí, en el centro, pero… no se molestan.
Ya escribiré otro día.
Gracias por todo.
Carmen
Noticias de Carmen en páginas de otros grupos:
Grup de Suport a Presxs de Lleida
Familias Frente a la Crueldad Carcelaria
Colectivo de Apoyo a Mujeres Presas en Aragón
Para escribir a la compañera:
Carmen Badía Lachos
Centro Penitenciario de Zuera
Autovía A-23, km 328
50800 Zuera (Zaragoza)
Aquí tenéis un largo pero interesantísimo artículo, firmado por Osabideak, asociación vasca de profesionales de la medicina y juristas en defensa del derecho a la salud de las personas privadas de libertad, que hemos encontrado en la página web de Osalde, otra asociación vasca defensora de la salud. En él se ofrece una perspectiva analítica y mucha información sobre la catástrofe médico-sanitaria que se sufre en las cárceles del Estado español y sobre los tratos crueles, inhumanos y degradantes que, en esta aŕea, como en tantas otras, se infieren a las personas presas. Se hace especial hincapié en la situación de las persona encarceladas a pesar de sufrir enfermedades graves e incurables y de que la ley prescribe su excarcelación. La gente de Osabideak empezó una campaña por la derogación de la circular de SGIP donde se definía la política restrictiva de la aplicación de esa legislación ,consistente en no excarcelar a nadie cuya muerte no estuviera asegurada a muy corto plazo. Y, ahora que el actual gobierno, ha dictado una nueva circular que no cambia en nada la situación sino solamente el lenguaje que la sustenta, impregnado de cínica hipocresía en la forma y con un contenido muy similar, que las personas enfermas presas no deben salir hasta que su muerte en breve plazo no sea segura.
Los/las profesionales de la salud conocemos lo que supone enfermar gravemente de una enfermedad incurable.
Se trata de una experiencia personal y vital de gran impacto y sufrimiento (propio y de nuestro entorno), que nos obliga a vivir con diversos síntomas físicos y psicológicos que van agravándose con el tiempo como dolor, deterioro de funciones corporales e intelectuales, que producen diversas discapacidades y limitaciones, y el miedo-angustia a un fallecimiento precipitado. Sin olvidar que algunas enfermedades, además, mantienen aún un alto grado de estigma social. En estas situaciones de tan alta vulnerabilidad, si no existen las necesarias ayudas o apoyo sanitario y social para mantener mínimos de calidad de vida, así como la protección a la privacidad, la persona puede sentir fácilmente que se degrada su dignidad humana. La ley de autonomía del paciente, la ley de protección de datos, de confidencialidad médica, el código deontológico y las leyes de muerte digna y eutanasia van precisamente encaminadas a proteger la dignidad humana en estas vivencias.
En algunos casos, a esta situación vital de tan alta vulnerabilidad y sufrimiento se le añade la privación de libertad en los centros penitenciarios, que deniega la posibilidad de poder estar acompañado/a por los seres queridos, manteniéndoles en un entorno hostil donde, según todos los organismos de derechos humanos, se quiebran más derechos que el derecho a la libertad. Además, en el Estado Español la sanidad penitenciaria depende directamente del Ministerio de Interior y no del Sistema Nacional de Salud (excepto en la Comunidad Autónoma Vasca, Cataluña y próximamente se realizará la transferencia también a la sanidad pública de Navarra) y todo ello en contra de lo que recomiendan la ONU, la OMS y el Consejo de Europa como medida fundamental para propiciar la asistencia sanitaria en equidad y evitar la desasistencia y la discriminación. Y esta situación, nada menos que 15 años después de que se aprobara la ley 16/2003 de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud. Una sanidad penitenciaria que, según la propia Sociedad Española de Sanidad Penitenciaria y la Organización Médica Colegial de España, desasiste, discrimina y vulnera la deontología médica al priorizar intereses regimentales. Una sanidad donde el 30% de las plazas del personal sanitario están vacantes y donde la reducción presupuestaria de los conciertos de asistencia sanitaria entre las CCAA e IIPP en los últimos 8 años ha sido de un 73%.
Desgraciadamente el problema no acaba tampoco aquí, porque los/las médicos/as forenses –que son los/las responsables de peritar y realizar informes de las personas enfermas recluidas para valorar las medidas alternativas al encarcelamiento– son dependientes en este caso de la Administración de Justicia. El ejemplo más documentado e ilustrativo del desprestigio profesional en materia de Derechos Humanos que conlleva esta falta de independencia médica de estos médicos forenses se encuentra en el hecho de que sean ya más de 4000 personas, a las que, mediante el protocolo de Estambul, se les ha verificado que sufrieron torturas durante la detención gubernativa incomunicada. La revista Forensic Science International publicó dos artículos evidenciando la mala calidad de los informes forenses de las personas detenidas en España y la ineficacia en la prevención y denuncia de las torturas. En 2016 en la Convención del Consejo Internacional para la Rehabilitación de las víctimas de la Tortura también quedó en evidencia la labor de los médicos forenses, en concreto de la Audiencia Nacional. La revista The Lancet también publicó un artículo evidenciando la práctica de torturas en España, y las reiteradas condenas del Tribunal Europeo de Derechos Humanos por la ineficaz investigación completan todo este desprestigio en materia de derechos humanos. Estamos empezando a documentar también la mala calidad de algunos informes forenses que permiten y facilitan la permanencia en prisión de personas muy enfermas.
Finalmente, a esta falta de independencia y descrédito de la profesión médica forense, se le añade que no existen protocolos consensuados con estándares y criterios sanitarios indubitados, para que se adopten medidas flexibles y alternativas a la privación de libertad. Esta ausencia de protocolos y guías, sobrecarga en exceso el peso de estas decisiones a la formación-conocimiento e implicación del/de la médico/a penitenciario/a y del/ de la forense, que en este caso además no son administrativamente independientes. En toda praxis médica existen guías, protocolos y documentos de consenso, que son básicamente un conjunto de recomendaciones y directrices basados en evidencia científica y redactados por grupos de expertos/as cualificados que orientan la labor individual que realizamos los/las médicos/as, nos ofrecen un marco de actuación para que los apliquemos según nuestros conocimientos médicos con la flexibilidad que exige la individualidad y la variabilidad biológica de cada caso. Este marco nos protege de decisiones no fundamentadas científicamente y reduce la excesiva variabilidad y la arbitrariedad.
Pese a que la ley contempla la flexibilización de medidas privativas de libertad e incluso la excarcelación en estos 3 supuestos:
- Personas mayores de 70 años
- Personas con enfermedades graves e incurables
- Personas con peligro patente para la vida
Con todos los ingredientes descritos anteriormente y con un Estado que no entiende la enfermedad mental, que no evita la exclusión social, que discrimina a personas migrantes, que no invierte lo suficiente en educación, que no toma decisiones valientes y eficaces en temas como la gestión y la regulación de las drogas, el resultado no podía ser más que el panorama desolador que tenemos. En las cárceles de España fallecen aproximadamente 3 personas a la semana. Y no, no son muertes súbitas o inesperadas de personas aparentemente sanas o sin graves afecciones. La mayoría fallecen por enfermedades, así como por sobredosis y suicidios (la tasa de suicidios se multiplica por 5 en las cárceles). En ningún centro de ingresos de nuestro Sistema de Sanidad serían aceptables tales cifras. Se trata mayoritariamente de muertes previsibles, de personas enfermas graves, sin curación, con peligro patente para la vida, no atendidas debidamente, excluidas socialmente falleciendo olvidadas, con una sanidad penitenciaria y pericial dependiente de administraciones no sanitarias.
En este contexto de una medicina penitenciaria debilitada, no formada ni comprometida con los derechos humanos, no independiente ni incluida en un sistema de salud público consolidado y donde los criterios para suavizar las consecuencias de la prisión no gravitan sobre ejes sólidos consensuados sanitarios, técnicos, objetivos, rigurosos, de igualdad y de dignidad humana, seguirá la desasistencia y seguirán falleciendo y suicidándose las personas olvidadas e invisibilizadas.
Esta debilidad del sistema sanitario también queda al descubierto cuando en el caso de las personas no olvidadas, de personas visibles o expuestas (las de actualidad mediática) se aprecia que estos criterios sanitarios son demasiado sensibles y vulnerables a vaivenes políticos e ideológicos del momento. Así lo percibe la población cuando es testigo de las excarcelaciones de personas enfermas de alguna manera vinculadas a los gobiernos como políticos o miembros de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. La arbitrariedad es el ingrediente principal para que la desconfianza y el descrédito del sistema jurídico y de la sanidad penitenciaria y pericial crezcan. Desde otro ángulo, pero igual de revelador y explícito es observar como, dependiendo del viento político del momento, cuando un gobierno anuncia la aplicación de medidas de acercamiento o la flexibilización de medidas privativas de libertad a enfermos/as recluidos/as que están recogidas en la propia legislación española y recomendadas en el ámbito internacional (Reglas Mandela de la ONU, Informe Bergeron del Parlamento Europeo o jurisprudencia asentada del Tribunal Europeo de Derechos Humanos) afloran vehementemente las presiones políticas y mediáticas, polemizando las medidas con criterios no sanitarios. O del mismo modo, cuando se vuelve a tornar el viento político y los Gobiernos modifican lo establecido en el código penal vía instrucción, quebrantando el principio de jerarquía normativa y contraviniendo lo recomendado por todos los Organismos de DDHH. Desde una óptica sanitaria, jurídica y de Derechos Humanos resulta bochornoso contemplar cómo según el interés político del momento se aplican o restringen medidas humanitarias, sanitarias y de derechos humanos. A la vez resulta preocupante observar como existe una intención de normalizar y acostumbrarnos a estas prácticas.
Mientras las personas excluidas y olvidadas siguen falleciendo invisibilizadas, resulta llamativo observar como las personas conocidas, de actualidad o con las que se polemiza con cuestiones no sanitarias, ponen de manifiesto de forma muy explícita la pugna entre derechos humanos y disputas políticas. A menudo son instrumentos para construir argumentos y justificaciones para refrendar recortes en derechos y emprender sendas regresivas en materia sanitaria y de dignidad humana.
Creemos oportuno profundizar y desgranar 2 elementos con relevancia deontológica, legal y sanitaria, y alto precio en derechos sanitarios que por cercanía temporal y geográfica hemos contemplado y que no deben transitar inadvertidas:
1. La confidencialidad médica:
Hemos querido iniciar este artículo describiendo la situación vital de padecer una enfermedad grave e incurable, para exponer la situación de vulnerabilidad que supone. En este escenario los/las sanitarios/as somos los/las confidentes necesarios/as y, por tanto, estamos obligados a guardar el secreto profesional. El ámbito asistencial necesita ese espacio protegido de confidencialidad y seguridad para garantizar una correcta asistencia y preservar la dignidad de la persona enferma.
El tratamiento mediático que se viene realizando de las personas de actualidad mediática enfermas y encarceladas está quebrantando este derecho a nuestro entender de dos maneras:
- Por una parte, la sanidad penitenciaria, la administración penitenciaria o la administración de justicia incurren en una ilegalidad grave cuando violan el secreto médico y filtran las enfermedades, diagnósticos o valoraciones médicas de las personas enfermas recluidas a los que se les contempla aplicar medidas flexibles o traslados de centros penitenciarios. Al padecimiento de una enfermedad grave y a la privación de libertad se le suman la sobreexposición pública y la violación del derecho a la intimidad y al secreto médico. Muchos medios de comunicación los han filtrado y esto puede producir graves consecuencias, ya que las personas recluidas pueden dejar de consultar síntomas y afecciones con el fin de evitar la exposición mediática, privándoles de su pleno derecho a la asistencia sanitaria. La filtración y publicación de datos médicos interfiere además en el proceso de asimilación de la información de enfermedades que padecen las personas enfermas. Hacernos conscientes de que padecemos una enfermedad grave e incurable es una experiencia impactante que genera mucho miedo y sufrimiento, a menudo nuestra mente nos protege de tal shock y no podemos asimilar toda la información de golpe. En realidad informar o comunicar enfermedades, riesgos, y pronósticos es un proceso de acompañamiento informativo, en la que vamos informando a medida que la persona afectada nos va solicitando (durante la evolución de la enfermedad) aquella información que es capaz de ir asimilando. El pronóstico se basa en estadísticas (en porcentajes medios) pero existen muchos factores de variabilidad individual y la mayoría de las personas necesitamos afrontar los tratamientos y vivir este periodo con esperanza de poder mejorar, superar las complicaciones y sanarnos lo máximo posible, la publicación en prensa de características tiempos de vida, pronóstico y demás atenta contra este derecho. Esta práctica de filtraciones ha permitido avanzar en esta vulneración al punto de observar con perplejidad que una asociación (no sanitaria) ha solicitado públicamente a la administración penitenciaria el acceso detallado de los diagnósticos y enfermedades que padecen determinados reclusos a los que se ha filtrado en prensa que se plantea aplicarles medidas legales correspondientes o acercamientos a cárceles más cercanas a sus domicilios. Y en esta misma dirección se avanza cuando recientemente también determinados partidos políticos han solicitado a un Gobierno de una comunidad que se compartan datos sanitarios con la policía para facilitar la expulsión de personas migrantes. Urge que la sociedad sanitaria y jurídica recuerde que el derecho a la confidencialidad médica nos asiste independientemente de nuestra condición jurídica, nos ampara el derecho de que sólo sean conocedores de nuestras enfermedades y pronósticos aquellos que nosotros autorizamos, para poder facilitarnos la vivencia del proceso vital e íntimo que nos ha tocado vivir y garantizar el acceso a la óptima atención sin temor a que se difundan datos en nuestro perjuicio.
- En este contexto de una medicina penitenciaria debilitada y dependiente, se produce otra vulneración de la confidencialidad quizás de una forma más indirecta, pero a nuestro parecer igual de preocupante, cuando algunas personas privadas de libertad gravemente enfermas se han visto obligadas a renunciar a su derecho a la intimidad y confidencialidad para poder denunciar la vulneración de otros de sus derechos (sanitarios y penitenciarios). Esto es algo que en una sociedad sana no debe producirse. Cuando ha de realizarse, la forma de no atentar contra la dignidad de la persona enferma al hacer públicos datos médicos confidenciales es la de realizarlo siempre con su consentimiento, focalizando en la defensa de derechos humanos, como dato indicativo o exponente de la vulneración sanitaria que se denuncia, y con rigor y respeto. Abriendo así el debate sobre la Sanidad Penitenciaria, con el objetivo de construir una sanidad penitenciaria garantista que favorezca finalizar con la revelación pública de datos médicos como denuncia.
2. La temporalidad, terminalidad y los criterios temporales estrictos de esperanza de vida:
Si fallecen tantas personas por enfermedades, sobredosis y suicidios es porque de alguna manera, en el ámbito sanitario y jurídico penitenciario y en una parte de la sociedad palpita todavía con fuerza el derecho penal más punitivo del siglo XVIII y la idea, que prevalece el castigo de la pena de cárcel frente al derecho a la salud y a la vida con dignidad; así como la escasa comprensión de las consecuencias de la enfermedad mental y la exclusión social y la débil voluntad rehabilitadora. La ley no exige que un enfermo sea “terminal” para contemplar la excarcelación u otras medidas de flexibilización, pero en este sentido todavía persisten arraigados con fuerza los conceptos de temporalidad y terminalidad, y se hizo muy explícita la intencionalidad punitiva para que determinadas personas con enfermedades muy graves e incurables recluidas salgan únicamente de prisión para fallecer en libertad en el periodo más breve posible; cuando hace unos 5 años se originó una viva polémica por la excarcelación de un enfermo muy grave incurable y con claro y evidente peligro patente para la vida, concretamente un enfermo con cáncer metastásico. Se polemizó con elementos no sanitarios y una asociación no sanitaria llegó a calificar dicha excarcelación como una “traición del Gobierno”, posteriormente consideraron que dos años y medio fue demasiado tiempo para que falleciera en libertad. Esta polémica la avivaron medios de comunicación, persiguiendo, dando a conocer y juzgando la vida que esta persona llevó durante los meses anteriores al fallecimiento. Se interfirió hostilmente en el derecho a afrontar la muerte con dignidad y en la intimidad de un enfermo con cáncer metastásico y se alimentó un sustrato de fondo profundamente antidemocrático: que los criterios sanitarios y de dignidad humana no son los mismos para todas las personas. El caso que mencionamos abarcó tanto espacio en medios de comunicación que se convirtió en anómalo lo que debería ser normal y se naturalizó lo que es aberrante, hasta el punto de ver publicados una especie de escrutinio de los meses que han vivido en libertad determinados enfermos excarcelados por enfermedades graves e incurables alegando que algunos superaron la media de esperanza de vida que se les estimó.
Las personas que asistimos a seres humanos con enfermedades graves, avanzadas, incurables y evolutivas sabemos que, aparte de aliviar los síntomas, lo que otorga la dignidad a este periodo de vida es precisamente el poder realizar las actividades vitales que la enfermedad te permite. Pensar que una enfermedad no es grave, avanzada e incurable porque la persona que la sufre puede andar, pasear o comer es no tener conocimiento absoluto de la enfermedad ni de los fallecimientos. Es precisamente lo que pretende proteger la ley de muerte digna: mejorar los cuidados y la atención en una situación de enfermedad grave avanzada y evolutiva, y dar capacidad de decidir el límite personal de la dignidad y el sufrimiento en nuestro proceso vital final.
Y es cuatro años más tarde, en mitad de un proceso de excarcelación de otro enfermo grave, avanzado, incurable y evolutivo –concretamente un paciente con SIDA avanzado– cuando se materializa la interpretación de enfermedad muy grave e incurable como enfermedad terminal y agónico, y se aprueba la Instrucción 3/2017 de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, que, sin ninguna habilitación legal para ello, interpreta peligro patente para la vida como peligro inminente o periodo muy corto de vida (dos meses concretamente, según el Ministro de Interior de entonces), otorgando a los médicos penitenciarios la función de una especie de policía sanitaria. Función médicamente imposible de realizar y deontológicamente muy cuestionable. Peligro patente significa un riesgo de fallecimiento aumentado por enfermedades (por ejemplo enfermedades cardíacas o de los vasos sanguíneos que aumentan las probabilidades de infartos y hemorragias, trastornos mentales graves con elevado riesgo de suicidio, enfermedades que afectan a las defensas ante infecciones graves que pueden ser mortales…) y es un concepto independiente de la temporalidad estricta.
Y finalmente ha tenido que enfermar gravemente un alto cargo político del partido que defendía la salida de los enfermos únicamente para fallecer en un periodo muy corto de vida, han salido los miembros de su partido defendiendo que se le apliquen a él las medidas humanitarias que negaban a los demás para que se dé el contexto absurdo e incoherente que anule esta instrucción. Su partido lo ha convertido en rehén de su propia política. Hemos sido testigos nuevamente de un bochornoso tratamiento mediático, filtrándose informes médicos a la prensa y asistiendo a una especie de “juicio popular” catapultando toda la discordancia y el despropósito al debate público y social.
Y de nuevo los criterios sanitarios como una veleta al viento político y social vuelven a cambiar y se anuncia un cambio en la instrucción penitenciaria que se limita a una mera operación política de maquillaje. Derogan la Instrucción vigente pero introducen una nueva, la Instrucción 6/2018 que se limita a suprimir conceptos explícitos grotescos como “periodo muy corto de vida”, pero vuelve a identificar “peligro patente” con el concepto de “enfermedad terminal” manteniendo la temporalidad como principal criterio.
Es importante entender que, a día de hoy, no existen en medicina herramientas pronósticas fiables que predigan fehacientemente el pronóstico temporal de los/las pacientes con enfermedades graves e incurables ni de los que tienen peligro patente para la vida (y debemos añadir que vistas las orientaciones de nuestra sociedad, donde el dinero, las ideas y las prácticas políticas están demasiado a menudo por encima de los derechos humanos, nos debemos alegrar por ello). La terminalidad o el final de vida o la enfermedad avanzada e incurable son términos MÉDICOS que se asientan sobre el cuidado. Por lo tanto, no son términos temporales, jurídicos ni penitenciarios. De hecho, a día de hoy en medicina la palabra terminal está cada vez más en desuso y se utiliza paciente con enfermedad grave avanzada y evolutiva.
Además de que la ley no exige que una enfermedad sea terminal para la excarcelación y que no existen herramientas efectivas para medir los horizontes de vida con tanta exactitud; al introducir la temporalidad se excluyen muchísimas enfermedades graves incurables y con peligro patente para la vida, empezando por todas las enfermedades mentales graves, enfermedades que ocasionan mucho sufrimiento al paciente.
Queremos recalcar especialmente el papel y la responsabilidad de muchos medios de comunicación por el trato mediático que han impulsado, bajo el amparo de una falsa transparencia han filtrado detalles de las enfermedades, han puesto el foco en aspectos no sanitarios y al polemizar introduciendo elementos no sanitarios ni de derecho en estos relatos, han normalizado el condicionamiento de los derechos humanos a criterios políticos, ideológicos y de otras índoles. Se han realizado comparaciones “entre enfermos recluidos” que a juicio de unos y otros deberían aplicársele o no medidas de flexibilización, sin ningún argumento sanitario contrastado, riguroso, sin contar con expertos en sanidad penitenciaria ni pericial para ahondar y aportar información veraz y criterios para una salida a este debate y polémica que actualmente parece que está tocando techo. Todo este tratamiento mediático tiene consecuencias lamentables, empaña el respeto al rigor profesional sanitario, a los cuidados médicos y a los derechos humanos, socialmente lleva a la frivolización de enfermedades graves y a reflejar valores sociales impropios de una sociedad avanzada. La transparencia nada tiene que ver con una sobreexposición pública ni con la transgresión de la intimidad, que además, desvían el foco y no son buenos instrumentos para denunciar y combatir la arbitrariedad cuando ésta se produce (si es lo que se pretende denunciar). Resulta paradójico que en plena época de la ley de protección de datos existan estos tratamientos mediáticos y sociales. Parece que la actual sociedad, estimulada con cierta manera poco deontológica de desempeñar el periodismo y que sustenta una gran parte de su entretenimiento en el conocimiento, la verbalización y el juicio de cuestiones privadas de vidas ajenas, se ha extendido más allá, llegando a empañar el respeto a cuestiones sanitarias y de derechos humanos.
Sería impensable imaginar a los/las profesionales en el ámbito sanitario de nuestra salud pública decidir y polemizar sobre la idoneidad de medidas o tratamientos sanitarios y humanitarios en base a su condición jurídica, de los tipos y naturaleza del delito, en base a criterios o juicios morales, éticos o de cualquier otra índole, ni escucharles comentar públicamente, con nombre y apellidos, enfermedades y características de pacientes.
De todo este atolladero solo saldremos entendiendo que la salud penitenciaria y pericial son parte fundamental de la salud pública, que no puede estar separada de ella ni ser dependiente de otras administraciones. La medicina penitenciaria y la medicina legal y forense tienen que formar parte de la Sanidad Pública.
Hemos leído con mucho interés cómo la Sociedad Española de Hematología ha realizado una labor sanitaria y pericial ejerciendo de contrapeso de administraciones sanitarias no independientes para defender derechos sanitarios en el caso concreto del ex ministro enfermo y encarcelado. Para que las sociedades médicas científicas y la comunidad sanitaria no quedemos empañadas en este maremágnum de arbitrariedad, sobreexposición, juicios no sanitarios, discriminaciones, falta de independencia y descrédito profesional, nos toca demostrar que los criterios aplicables por enfermedad los defendemos por igual a todos las personas enfermas recluidas, nos toca vencer la arbitrariedad en el ámbito de la salud y la dignidad humana, nos toca comprometernos con la independencia profesional y de calidad hasta que la sanidad penitenciaria y pericial formen parte de nuestro sistema público de salud. Porque la independencia profesional y la formación en derechos humanos es la que otorga credibilidad, rigor, respeto y confianza a la población; es más difícil manipularla por los vientos ideológicos-políticos del momento; ya que gravita en su propio eje sanitario técnico objetivo y de igualdad. Es la única receta contra la desigualdad, la discriminación, la arbitrariedad o el descrédito profesional. Es la que nos convierte a los/las médicos/as en garantes de derechos humanos y no en avalistas, cómplices o colaboradores de sus vulneraciones.
El Comité para la Prevención de la Tortura y los tratos o penas inhumanos o degradantes del Consejo de Europa en su informe del 2011, considera que una inadecuada asistencia sanitaria en centros penitenciarios puede conducir rápidamente a situaciones que se consideran tratos inhumanos y degradantes. En este mes de febrero que escribimos esta reflexión, el Ararteko realiza una campaña a favor de la dignidad en la enfermedad; se trata precisamente de eso, de la dignidad humana en una situación de gran vulnerabilidad como es una enfermedad grave. Quienes conocemos, convivimos y asistimos a seres humanos con enfermedades graves, avanzadas, incurables, con discapacidades, con el riesgo y el miedo a un fallecimiento precipitado, tenemos la certeza de que la reclusión en un centro penitenciario y la negación del acompañamiento libre de restricciones de sus allegados/as y de actividades que agregan dignidad humana a estos procesos vitales, así como los propios fallecimientos previsibles en prisión, han de adquirir la categoría de trato inhumano y degradante.
No existen en medicina herramientas pronósticas fehacientes para determinar el pronóstico temporal, pero sí existen herramientas para elaborar protocolos, baremos y documentos de consenso para clasificar enfermedades avanzadas graves e incurables . Criterios que sean acordes con las declaraciones de DDHH, la ONU, la OMS, Consejo de Europa, reglas penitenciarias europeas etc. Estamos convencidos/as además, que en este camino nos encontraremos con quienes trabajan para construir un sistema penal, más garantista, de mayor eficacia rehabilitadora y preventiva que la actual.
Desde Osabideak nos hemos encomendado el empeño de aunar a profesionales sanitarios/as y juristas para apelar a nuestras sociedades científicas, legales y organismos de derechos humanos en esta tarea, estamos inmersos/as en la tarea de protocolizar y elaborar consensos, y queremos hacer un llamamiento a las sociedades médicas, jurídicas y de derechos humanos para que nos acompañen a impulsar este camino y a los profesionales médicos y juristas a ponerse en contacto con nuestra asociación para elaborar la red que necesitamos tejer para impulsar, difundir y aportar estos cambios.
Ya han tenido lugar las concentraciones por la libertad de Antuan convocadas en Barcelona, el 16 de febrero, Murcia, el 22, y Tarragona, el 27. De la de Barcelona no hemos sabido más que lo que nos contó un compañero que estuvo allí: se realizó sin incidentes dignos de mención y participaron unas 25 personas. De la de Murcia, convocada al parecer por el comité pro presxs de la regional de Levante de CNT-AIT, ponemos ahí unas fotos y una breve crónica que hemos encontrado en un blog llamado El Miliciano. De ésta son las dos primeras fotos. De la de Tarragona, lxs compis de La Corda han publicado las dos fotos siguientes y el pequeño relato que va en último lugar. Todas las imágenes se pueden ver ampliadas picando sobre ellas.
Murcia:
Esta mañana [la del 22 de febrero] nos hemos concentrado frente a la Delegación del Gobierno de Murcia para pedir la libertad de Antonio Nieto Galindo y reivindicar los 12 puntos de los presxs en lucha.
Nuestra concentración a tenido muy buena acogida, se a parado mucha gente para mostrarnos su interés, solidaridad y apoyo. Animamos a todos los colectivos de la Región de Murcia a que se sumen a esta lucha que no ha hecho más que empezar.
Anunciamos también que próximamente lanzaremos un documental que pondrá sobre la mesa el caso de Antonio y el de tantos presos tratados injustamente por el Estado español y el trato denigrante que sufren dentro de las cárceles.
Tarragona:
El pasado miércoles 27 de febrero se llevó a cabo la concentración en apoyo a Antonio Nieto Galindo, como también se ha ido haciendo en otros puntos del Estado Español. Unas 20 personas estuvimos a las puertas de la subdelegación del Gobierno en Tarragona durante una hora. Al llegar y al irse se leyó un manifiesto explicando la situación de Antonie, nuestro posicionamiento y haciendo un llamamiento a la solidaridad. También se repartieron 200 octavillas a las personas que pasaban por allí, y se pudo hablar con algunas de ellas que se interesaron por el caso.
¡No más cadenas perpetuas! ¡No más secuestros del Estado!
¡Libertad Antoine Nieto Galindo! ¡Libertad personas presas!
Más información sobre el caso de Antuan en Tokata
Documentos y noticias en Tokata sobre la cadena perpetua
Desde Dentro: Propuesta De Lucha Colectiva Para Ser Difundida Y Debatida Dentro Y Fuera
Más Información En Tokata Sobre Luchas Actuales Dentro De Las Cárceles Del Estado Español
¡No Olvidéis A Lxs Presxs En Lucha! [Lista Actualizada, 23-II-2019]
Reflexionamos sobre la convocatoria por lxs presxs en lucha de una de huelga de hambre colectiva para mayo, así como sobre la campaña en favor de Antonio Nieto Galindo, Antuan, que se ha propuesto recientemente, aún no se sabe muy bien por quién, leyendo algunos comunicados de compañerxs presxs. Hablamos con una persona que está participando en una marcha internacional de solidaridad con ella de la huelga de hambre de cientos de presxs kurdos en Turquía iniciada por Leyla Güben, que ya lleva más de 70 días ayunando y esta al borde de la muerte, por la salida de aislamiento de Abdullah Öcalam, líder del PKK que lleva más de 20 años preso, desde 2016 en aislamiento total.
En Tarragona nos sumamos a la campaña en apoyo a Antonio Nieto Galindo, preso en lucha en la cárcel de Murcia II.
La cadena perpetua no ha desaparecido en España, sino que ha sido camuflada en este circo que se conoce como democracia. Un claro ejemplo de ello es Antonio Nieto Galindo, una de las personas que más tiempo lleva presa -desde el año 1979- con una cadena perpetua encubierta. En enero de 2020, cuando termine esta condena, será extraditado al Estado francés para seguir entre rejas.
Antonio Nieto Galindo lleva 40 años preso, secuestrado entre los muros que el Estado le ha impuesto por vivienda fija. Cuando tuvo los juicios en Francia, no pudo asistir ni defenderse debido a que estaba preso en España, por lo que se le declaró en rebeldía y se le impusieron dos cadenas perpetuas más (se ve que toda una vida en prisión todavía no es suficiente).
Actualmente Antonio está enfermo de cáncer y tiene problemas de estómago. ¡Quieren dejarlo morir en la cárcel!
El horrible crimen cometido por nuestro compañero no se puede perdonar a ojos de cualquier Estado, y menos a una persona pobre: robar un banco. Los ataques al capitalismo efectuados en Francia y España le han llevado a la sentencia de encierro perpetuo, aunque sea de manera encubierta como en el caso de España. Es curiosa la diferencia entre las consecuencias de un robo cuando lo comete un millonario desde un cómodo sillón, o cuando una persona pobre que por necesidad o simplemente por odio a los que nos condicionan la vida y nos explotan (banca, Estado, empresarios …) decide recuperar parte de lo que nos han robado.
Nos negamos a cerrar los ojos ante estos casos, y sobre todo, nos negamos a mantener un modelo de tortura social como es la prisión. Por ello hacemos un llamamiento a la solidaridad para exigir la inmediata libertad del compañero.
No más secuestros en prisión. No más cadenas perpetuas encubiertas.
¡LIBERTAD PARA ANTUAN NIETO GALINDO! ¡LIBERTAD PARA TODAS LAS PERSONAS PRESAS!
Más información sobre el caso de Antuan en Tokata
Documentos y noticias en Tokata sobre la cadena perpetua
No estamos muy de acuerdo en este tipo de campañas centradas en una sola persona, improvisadas, con información confusa, más encaminada, al parecer, a crear un personaje del que se hace bandera que a afrontar prácticamente los problemas reales. Y aún menos, precisamente, cuando se está desarrollando un intento muy coherente de lucha colectiva, en la que, por cierto, está participando Antuan desde sus inicios. Desde luego, se trata de un caso claro de cadena perpetua encubierta, asunto muy grave, que afecta a mucha gente –como, por ejemplo, a Enrique Del Valle– y habría que intentar encarar colectivamente –una vez más, igual que, por ejemplo, en 2009– como lo que es, un hecho político, de opresión y amenaza contra los más débiles y extrema crueldad institucional. En la última convocatoria de huelga de hambre colectiva para mayo se propone añadir a la tabla reivindicativa la abolición de este tipo de cadena perpetua, vieja, pero todavía en vigor, y de la nueva, llamada hipócritamente «prisión permanente revisable», así como, precisamente a propuesta de Antuan, el restablecimiento de la redención de penas por el trabajo, eliminada en el código penal del 95, endureciendo considerablemente las penas. Antonio Nieto Galindo es también un enfermo grave e incurable que debería ser excarcelado para recibir en la calle una atención digna, lo mismo que, por ejemplo, Carmen Badía Lachos, Belén Vázquez Campillo, Francisco Chamorro Giménez, Pedro Escudero Gallardo, Manuel Arango Riego, María José Baños Andújar y otras muchas personas. De lo que tampoco estamos muy seguros es de que una campaña como esta vaya a servir en lo más mínimo para detener la OEDE del Estado francés contra el compañero, ni de que le vaya a beneficiar de ninguna manera. Aún así nos hacemos eco de la convocatoria, como hemos hecho y haremos, probablemente, muchas otras veces, sumándonos de alguna manera a la campaña, a pesar de nuestras reservas, ya que podría ser que nos equivocáramos y sucediera con esta lo que con la única campaña personalizada –si se le puede llamar así al apoyo de las huelgas de hambre de José Antúnez Becerra, otro miembro de la COPEL– que recordamos y mereció verdaderamente la pena. ¡Ojalá que así fuera! Que no se ofendan las personas y grupos convocantes por nuestras objeciones. Preferimos manifestar abierta y públicamente nuestras dudas desde el principio a vivir una vez más en silencio una situación de este tipo, después de tantas experiencias de creación de personajes, por una especie de marketing activista, que tan poco ha beneficiado a las personas utilizadas para soportarlos, resultando más contraproducente que otra cosa para la critica práctica del poder punitivo del Estado. No vemos en el debate nada que pueda hacer ningún mal a la comunidad anticarcelaria, sino una forma de fortalecerla día a día. Sustituimos el cartel de las concentraciones de Barcelona, en el que faltaba la hora de las convocatorias, por otro donde se ha subsanado este error. Añadimos el de la convocatoria murciana y ponemos esta vez el texto de ésta, que resulta quizá un poco más claro. El de la de Barcelona se puede leer en el cartel correspondiente, que se puede ampliar picando sobre la imagen.
El 9 de febrero de 2020, Antonio Nieto Galindo (preso en Murcia II) habrá cumplido 40 años de condena, siendo a día de hoy el preso mas antiguo de España. Antonio, a sus 67 años está enfermo de cáncer y en lugar de ponerlo en libertad, pretenden extraditarlo a Francia, para que cumpla la cadena perpetua por delitos cometidos en el año 1978, su delito fue expropiar a bancos, sin causar en ningún momento daños contra la integridad de ninguna persona.El Estado español, en el caso de Antonio ha sido implacable, aplicando sobre el, todo el peso de la Ley. Sin embargo las leyes son mas benévolas cuando se trata de ex-dirigentes de la banca o de casos de corrupción política, algunos ejemplos como Miguel Blesa (Cajamadrid), Rodrigo Rato (Bankia) Roberto López (CAM), Mario Conde (Banesto), directivos de Nova Caixa Galicia, Caixa Penedes, etc., los cuales han cometido delitos de apropiación indebida, falseamiento de cuentas, blanqueamiento de capitales, fraude fiscal, prejubilaciones multimillonarias, compra irregular de entidad bancaria, los cuales han supuesto la perdida de decenas de millones de euros, ya que este comportamiento generalizado ha sido el causante de la quiebra y posterior rescate de la banca con dinero público (77.000 de euros). La mayoría de ex banqueros condenados (poco mas de una docena) han evitado la cárcel y el resto disfruta de privilegios, con penas inferiores a los 2 años de prisión. Ninguno ha sido juzgado por el crimen social que han causado: Recortes en gasto social, empleo público, sanidad, educación y el dato mas sangrante 700.000 desahucios.
En España la corrupción se lleva 90.000.000 de euros, 2000 casos desde al año 2000, aunque solo un puñado son conocidos por su magnitud, como son Gürtel, Noos, Púnica, Brugal, Palau, ERE… todos ellos con condenas irrisorias.Está claro que el Estado español tiene una doble vara de medir, pues castiga duramente los delitos económicos de los pobres y es indulgente con quienes las consecuencias de sus robos afectan a las vida de millones de personas.
Por todo lo anteriormente dicho te pedimos, a ti que nos estás leyendo, que vengas con nosotrxs el viernes día 22 para apoyar a Antonio y a tantos presos que merecen un trato justo y su inmediata puesta en libertad.
Más información sobre el caso de Antuan en Tokata
Documentos y noticias en Tokata sobre la cadena perpetua
Más información sobre la lucha contra la cadena perpetua en 2009
Hablamos de muertes muy recientes en las cárceles del Estado español, cada dos días muere una persona presa, como mínimo. Emitimos una entrevista con Ignacio González Sánchez sobre la cárcel como gestión de la miseria, tema de una charla, organizada por el Grup de Suport a Persones Prese de Vlència, que ofreció en esa ciudad el sábado pasado.. Y otra con Libertad Francés sobre la campaña Salhatu 2018 de Salhaketa Nafarroa, que llama a denunciar la violencia institucional en todos los ámbitos. Hablamos también de enfermos graves en prisión y de las posibilidades legales de su excarcelación, frustrada por la política al respecto tanto de los gobiernos abiertamente fachas como de los que dicen ser «de izquierdas». Y de algunas cosas más que afectan a las personas presas del Estado español.
Hablamos con la madre y la ex compañera de Darío, que salió cadáver del centro de exterminio de Teixeiro el último diciembre, igual que otras dos personas de allí mismo, otra de A Lama y unas cuantas más de otras cárceles, como las de Aranjuez, Picassent, Las Palmas, El Dueso… Darío fue entregado muerto y ni siquiera eso, pues sus allegados apenas pudieron ver y tocar su cuerpo antes de que lo enterraran precipitadamente, sin avisar a su madre ni ofrecerle la posibilidad de preguntar de ningún modo qué le había pasado a su hijo ni ofrecer la más mínima garantía, ni las exigidas legalemente, de que la versión pficial de «sobredosis» haya sido realmente la causa de la muerte. Hablamos con unxs compñerxs de allí de cómo viven ellxs el ambiente anticarcelario en Galicia, de la XIX marcha a Teixeiro, que ha sido hoy, y de otros episodios, unos de resistencia y otros de represión. Nos cuentan que todavía hay gente amenazada con cárcel por anteriores marchas y por otras situaciones recientes de lucha social.