Huelga de hambre en Devoto y el Complejo Femenino de José León Suárez contra la «ley sepultura»
1700 presos de la Cárcel de Villa Devoto y decenas de mujeres del Complejo Femenino de José León Suárez iniciaron ayer una huelga de hambre contra la “ley sepultura” que reforma la Ley de Ejecución Penal quitando derechos como las libertades transitoria, asistida y condicional, entre otros. La medida se extenderá por distintos penales del país. El proyecto tiene media sanción en diputados y mañana se debatirá en el Senado. Las cárceles argentinas, verdaderos campos de concentración siglo XXI, por los asesinatos, torturas, enfermedades, superpoblación y verdugueo a los familiares que en ellos se perpetran, multiplicarán la devastación humana si se aprueba este engendro que impulsa el gobierno de los monopolios de Macri y sus aliados. El proyecto es del radical Luis Petri quien fue cuestionado hasta por militantes de la Unión Cívica Radical por su iniciativa fascista que busca el marketing y nada tiene que ver con la “seguridad”. Por el contrario, tal como pasó con las leyes del ex ingeniero Juan Carlos Blumberg, en 2004, solo aumentaron el escarnio, los crímenes de estado y también los delitos. La distribución equitativa de los bienes materiales y culturales es el principal mecanismo para bajar el delito. Las penas alternativas al encierro son beneficiosas para la sociedad toda. Que la Universidad vaya a la cárcel y que lxs detenidxs concurran a los centros de estudios dio resultados positivos en nuestro país. Por caso, quienes están en el espacio Centro Universitario Devoto (CUD) solo tienen un 7 por ciento de reincidencia. Y quienes no acceden a esa educación superan el 50 por ciento. Solo una casta política que piensa en los votos y sus fortunas off shore forjadas sobre el dolor y la sangre de los más vulnerables aprobaría este mamarracho legislativo. Hubo en la historia del radicalismo hombres que se preocuparon realmente por las libertades públicas y el derecho. Sin embargo, Luis Petri será recordado por su oportunismo y su fascismo contra los más humildes. A Petri, y todos los que la voten, la historia no los absolverá.
“El sistema de castigo del delito, selectivo y hoy más represivo aún con los que pueblan las cárceles, sumado a la impunidad de los poderosos y de los irresponsables, auguran un escenario más violento aún. Es responsabilidad de todos y cada uno de nosotros, concientizar, alertar, denunciar y actuar en consecuencia, para evitarlo”, nos dice la licenciada Elsa Saénz Sartor. Y junto a ella se expresan Voluntarios Talleristas de la Red Corrientes de Derechos Humanos e integrantes del Colectivo Cultural Yahá Porá , Hilda Presman, un condenado del Penal 1 del Taraguí y Mariana Méndez. Cada quién, desde su óptica, argumenta el rechazo a la reforma de la Ley 24660 y repudia “la ley sepultura”, al tiempo que anuncian el grave desastre que arrasará a los seres humanos privados de libertad de aprobarse este engendro. Estos compañerxs correntinos se caracterizan por una militancia sostenida y consecuente con quienes se hallan tras las rejas. Vale, y mucho, leer sus opiniones.
Gabriel Pombo Da Silva ha pasado por una cadena perpetua encubierta al enlazar una condena detrás de otra. La tecnificación y la modernización en el control de los presos han hecho inviable la resistencia colectiva a la prisión que años atrás era posible. La modernización de estos sistemas de control –aislamientos, FIES, dispersión…– ha puesto dificultades a la formación de una comunidad de lucha dentro de la cárcel.
Luis Alberto Fernández Da Silva, preso en la cárcel de Villabona, empezó ayer una huelga de hambre para protestar por el trato humillante recibido el lunes a manos de los carceleros de esa prisón y por el acoso y las provocaciones de que le vienen haciendo objeto hace ya tiempo. El compañero ha denunciado varias veces a los «funcionarios» de Villabona, entre otors motivos, por malos tratos, y denuncia haber sufrido represalias por ello y coacciones para que retirara las denuncias. El lunes fue sometido a aislamiento, situación en la que todavía continúa, en aplicación del artículo 75 del reglamento penitenciario, que legaliza con estudiada ambiguedad el aislamiento, y también el traslado, expeditivo y arbitrario de cualquier preso, a la menor alteración de «la seguridad y el buen orden del establecimiento». Fue atado de pies y manos durante varias horas y, después, no le permitían ejercer su derecho a presentar reclamaciones y denuncias por escrito, impidiéndole usar un bolígrafo por considerarlo «arma peligrosa». También ha sido amenazado de traslado inminente lejos de su entorno familiar y social. Amenaza que problemente se cumpla, ya que es una represalia empleada habitualmente en las cárcles del Estado español contra los presos que causen problemas casi de cualquier tipo.
El hermano de Luis, Eugenio Fernádez Da Silva, falleció en abril pasado, en la misma prisión de Villabona, por una supuesta «sobredosis de droga y pastillas». Aunque las circunstancias de la muerte todavía no se han aclarado y la familia espera desde entonces los resultados de la autopsia, que no llegan, y ser recibida por el director, que se hace el orejas. Por motivos desconocidos, al llegar a Villabona, se le había aumentado la dosis de la medicación psiquiátrica que estaba recibiendo, de dos pastillas que tomaba en la prisión de Lugo de la que procedía a quince pastillas. La suya es una de las familias que constituyeron en mayo la asociación de familiares y amigos de presos «Más allá del Muro» para afrontar el oscurantismo y desprecio por los familaires que muestra siempre la dirección carcelera de Villabona en casos como este, muy habituales en esa cárcel, y defender los derechos de las personas presas en ella.
El incidente que ha costado a Luis ser sometido a aislamiento y atado de pies y manos, lo provocó un médico carcelero de Villabona, responsable al parecer de ese aumento de medicación que pudo ser la causa de la muerte de su hermano. El compañero le pidió al médico que le apuntara para recibir asistencia psiquiátrica y él se negó, expulsándole de la consulta. El compañero insistió y el otro le provocó con alusiones malintencionadas a la muerte de su hermano y llamó a los carceleros, que se lanzaron violentamente sobre Luis, esposándole y encerrándole por la fuerza en una celda de aislamiento, donde le aplicaron «sujeción mecánica» en manos y pies durante varias horas.
La familia está preocupada por lo que pueda pasarle, ya que, además de que ya perdieron a Eugenio y aún no saben cómo ni por qué, temen que esta situación, causada precisamente por una mala gestión de su problemática psiquiátrica, perjudique todavía más el estado de Luis. La Asociación de Amigos y Familiares de Presos de Villabona «Más allá del Muro» respalda la iniciativa del compañero para denunciar tanto su situación como cualquier tipo de violación de los derechos de los internos y apoyará desde la calle cualquier medida de protesta. Para el 31 de diciembre han convocado una concentración ante la cárcel de Villabona en defensa de los derechos de las personas presas y exigiendo la destitución de toda la directiva de la prisión, incluido el equipo médico.
El próximo martes 29 tendremos en el ateneo del Cabanyal la oportunidad de escuchar al compañero Gabriel Pombo, en libertad desde hace pocos días. Hablaremos sobre métodos de resistencia en la cárcel, de cómo se ha modernizado dentro el control, y debatiremos sobre maneras de lucha coordinada dentro-fuera.
Habrá una picaeta y bebida para pagar los gastos de viaje.
Después de casi cuarenta años de silencio, un grupo de antiguos componentes de la COPEL hemos decidido contar su historia, la de la intervención autoorganizada en la “Transición española a la democracia” de los presos sociales, para que se respetara nuestra condición de personas incluyéndonos en la amnistía. Iniciamos hace unos días una campaña de «crowfundig» para finaciar el proyecto. Quien quiera hacer alguna aportación, encontrará la manera picando en el título del documental, que es el siguiente: COPEL: una historia de rebeldía y dignidad.
Contar una historia, la de la COPEL, es lo que queremos. O, más bien, que la COPEL cuente su propia historia, puesto que en el equipo que realiza el documental, a un lado y al otro de la cámara, hay gente que participó, y los criterios para hacerlo se han discutido en todo momento entre todos ellos. Uno de los rasgos esenciales de la manera de organizarse de los presos en lucha y de la COPEL fue la horizontalidad, el hecho de que nunca llegara a haber una sola voz o un pequeño conjunto de voces que hablaran y decidieran por los miles de presos que, de hecho, la constituían, sino que ellos actuaban espontáneamente, de común acuerdo, impulsados por deseos, expectativas y valores compartidos por todos sin apenas discusión previa ni supervisión de ninguna clase.
Hemos recurrido a personas que lo vivieron desde diferentes perspectivas: presos en lucha en diferentes prisiones (aunque predominan los de Carabanchel, sin que eso quiera decir que queramos ofrece una perspectiva centralista, sino que la cosa se ha dado de esa manera), participantes en grupos de apoyo, abogados, el historiador de la COPEL, el historiador del movimiento asambleario, un criminólogo crítico que ha analizado la LOGP teniendo en cuenta su condición de instrumento estratégico para la pacificación de aquel conflicto, un periodista radical que se ocupó del tema en su momento…
No tenemos, sin embargo, ninguna pretensión de objetividad. Nuestra perspectiva es desde abajo y horizontal, pero sesgada de diversas maneras: nos interesa la COPEL como lucha anticarcelaria porque nosotros seguimos estando en contra de que existan cárceles, como experiencia de autoorganización, porque no creemos en la sinceridad de ninguna lucha social que no se organice horizontalmente. Nuestro propósito es lograr una reflexión estratégica colectiva cuyas conclusiones sean útiles a las mismas luchas en la medida en que tengan continuidad en el momento presente.
Lo que queremos es, entonces, dar voz a los que vivieron aquella lucha en primera persona, contarnos unos a otros esa historia de forma horizontal, sin que ningún discurso predomine sobre otro, sino a través de un diálogo plural. Podemos hablar de varios protagonistas colectivos o de varios colectivos que tuvieron un papel importante en ella. En primer lugar, los presos, los miembros de la COPEL. Ellos rememoran frente a nosotros lo vivido, pero lo hacen desde el presente, con la vista puesta en lo que está sucediendo en las cárceles ahora mismo, con un criterio muy afilado, que consiste en calibrar en qué medida se han alcanzado las reivindicaciones de COPEL en el contexto penitenciario actual, cuyas líneas maestras proceden en gran medida de lo hecho por el Estado para neutralizar aquel “movimiento de los presos sociales durante la Transición”, de manera que se puede decir que la “transición penitenciaria” ha sido tan decisiva para la configuración del sistema penitenciario en vigor como lo fue la transición política para la del régimen partitocrático que subsiste todavía en el presente.
Además, los abogados, que tuvieron un papel decisivo en la elaboración del discurso de COPEL dirigido a la sociedad y una importante influencia en su estrategia. Y también las personas que participaron en grupos de apoyo (AFAPE, comités de apoyo a COPEL, grupos autónomos, grupos pro presos de CNT…) que compartieron desde la calle de diversas maneras la lucha de los presos, y otras personas que individualmente prestaron su apoyo, en ocasiones decisivo.
Es una mirada también hacia la transición, desmitificadora, que pretende revisar, incluso desmontar, el relato oficial, contar las cosas de otra manera, con una perspectiva desde abajo. Redescubriendo de forma prioritaria un movimiento, una cultura política popular como fue el movimiento asambleario, ignorado prácticamente por los historiadores. Un movimiento y una cultura de las que también formó parte la COPEL. Pero sería difícil contar una historia tan compleja de esta manera sin algún elemento que nos sirva para contextualizarla en el momento histórico de la Transición, en su relación con la lucha por la amnistía y con el movimiento asambleario. Para ello hemos recurrido a las voces de un historiador, de un agitador político, de un criminólogo crítico, de un periodista comprometido… no unas voces cualesquiera, sino las de unas personas que, por diversos motivos, se puede decir han participado también intensamente en la historia que estamos contando.
Para trazar aquel contexto, contamos, además de con los protagonistas, por ejemplo, con César Lorenzo, como historiador al que se puede llamar por ahora, y presumiblemente para mucho tiempo, “el historiador de la COPEL”. O con Miguel Amorós, una de las poquísimas personas que, habiendo levantado la voz ya en aquel momento en defensa del movimiento asambleario, sigue contribuyendo a su memoria aún hoy en día. O con Iñaki Ribera Beiras que como criminólogo crítico analizó la legislación penitenciaria y la relación directa de su contenido con las vicisitudes del conflicto que nos ocupa. O con Manolo Revuelta, que publicó un reportaje sobre la querella donde se denunciaban las torturas de Herrera de la Mancha que marcan el final de nuestra historia dando una visión clara y completa de toda ella y escrito con ánimo militante y solidario con la lucha de los presos.
El diálogo que se produce ante la cámara, ha ocurrido también en la vida cotidiana, como un penúltimo episodio de la historia que se cuenta. Las personas a las que recurrimos han contribuido decisivamente a al recuerdo y reflexión sobre aquella experiencia, a la posibilidad de la conciencia de la misma y, en ese sentido al menos, han participado también en la lucha. Y de eso se trata precisamente, de continuarla en el presente, de hacer servir las enseñanzas de ese rico y aún cercano pasado para las luchas actuales.
SINOPSIS
A la muerte de Franco, la democratización del régimen dictatorial no es otorgada graciosamente desde arriba, sino forzada desde abajo por multitud de movimientos reivindicativos que, empezando por las huelgas salvajes organizadas por asambleas, conciben la democracia a su manera. La amnistía, por ejemplo, no se consigue sino después de varios ciclos de movilizaciones callejeras, en enfrentamiento permanente con los antidisturbios y a costa de buen número de muertos. De la movilización espontánea y autoorganizada de los presos sociales reivindicando la amnistía también para ellos, surge la Coordinadora de Presos En Lucha (COPEL), organización horizontal y asambleraria por la que toman la palabra quienes nunca la habían tenido, consiguiendo poner en un brete al Estado durante más de dos años y sacando a la luz la injusticia e inhumanidad fundamental de la máquina social punitiva. Esta es su historia, contada a muchas voces por algunas personas que la vivieron, en diálogo con otras que se interesan por ella aquí y ahora. El relato surge de un debate y una reflexión estratégica, útiles para quienes se plantean en el presente la lucha contra la cárcel.
MEMORIA EXPLICATIVA
Contexto histórico y social
A la muerte de Franco, los hasta entonces pacientes súbditos de su dictadura quedaron a la expectativa. Algunos sintieron angustia, el temor de que sus intereses tan bien salvaguardados hasta entonces por el franquismo se vieran ahora desatendidos. Otros sintieron codicia, ansiosos por atrapar un buen pedazo en el nuevo reparto del pastel político que se avecinaba, se frotaban las manos ante la inminente modernización y ampliación del mercado, pensando en vender ventajosamente sus mercancías políticas e ideológicas. Lo que sentía un tercer grupo, con diferencia el más numeroso, además de una gran alegría por la muerte del dictador, era una loca esperanza de ser libres al fin, o de dejar de ser pobres, o de que la nueva situación les librara de las injusticias que hasta entonces habían padecido. Empeñados en creer fervorosamente en la “democracia”, estuvieron a punto de desbaratar los planes conjuntos de los dos primeros grupos mencionados. Proliferaron las asambleas, donde las personas se encontraban cara a cara, sin intermediarios, para discutir sobre sus problemas comunes y las maneras de solucionarlos y tomar decisiones que, al igual que las propias asambleas, se producían sobre el terreno mismo de acción: la fábrica, el tajo, el barrio… e inmediatamente se ejecutaban. Esta pasión popular hizo temer a los “representantes” profesionales el quedarse sin trabajo, y a los amos de la sociedad no disponer de bastantes “fuerzas del orden” para disuadir a la gente de sus reivindicaciones.
Dentro de las cárcelees
Los presos de las cárceles españolas, que teníamos mucho que esperar de una verdadera democracia y un gran anhelo de la justicia social, formamos mayoritariamente parte de ese gran grupo de magníficos ilusos. Como en otros sectores sociales, nuestra lucha había comenzado antes de la muerte de Franco: durante la primera mitad de los 70, en las cárceles españolas, habían sido frecuentes los motines y disturbios espontáneos, casi siempre en respuesta a manifiestos abusos y barbaridades de los funcionarios. Pero será a partir del motín de Carabanchel de julio de 1976, en protesta por la exclusión de los presos sociales del primer decreto de amnistía, cuando nuestra lucha contra empiece a extenderse, a coordinarse sus diferentes núcleos y a definir cada vez más claramente sus reivindicaciones, entre las cuales la principal: AMNISTÍA TOTAL. Los presos sociales habíamos visto salir amnistiados a algunos presos políticos y estimábamos de justicia que se se nos pusiera a nosotros también en libertad, pues nos considerábamos igualmente presos de la dictadura y de sus leyes.
Los presos sociales se organizan
La violenta represión no consiguió enfríar los ánimos. Por el contrario, los traslados subsiguientes a penales de primer grado contribuyeron a extender las propuestas reivindicativas, poniendo en comunicación a los presos luchadores de diferentes provincias. Por entonces, además, surge la idea de formar la Coordinadora de Presos En Lucha. Mientras se extiendeel movimiento, expresado en huelgas de hambre, autolesiones colectivas y motines en varias prisiones del Estado, la COPEL se va configurando. En Carabanchel, se celebran continuamente asambleas donde se elaboran, entre otros documentos, un “programa de reformas” y un completísimo “Manifiesto reivindicativo de los presos sociales de Carabanchel” con más de 100 reivindicaciones sobre todos los aspectos de la vida penitenciaria. En otro comunicado del 17 de abril de 1977, la COPEL resume sus reivindicaciones básicas:
«a) Amnistía general sin exclusiones para todas las minorías marginadas por los años pasados bajo el franquismo.
b) Reforma democrática de la justicia: depuración de fiscales, jueces y funcionarios franquistas. Desaparición de las jurisdicciones especiales. Reforma del Código Penal.
c) Reforma democrática del sistema penitenciario español: desaparición del principio básico del “castigo” por el que se rigen las prisiones. Depuración de fascistas de la DGIP y prisiones del Estado. Desaparición de grados de cumplimento de la condena, reforma de la aplicación de redención de penas y libertad condicional. Principios necesarios para que las prisiones cerradas vayan desapareciendo en el futuro de una más justa sociedad socialista.»
Los primeros motines de la COPEL
Esas siglas y ese programa serán espontáneamente asumidos por miles de presos en lucha contra la cárcel en el territorio del Estado español. Eso no quiere decir que aceptáramos la autoridad de ningún grupo concreto de personas, presas o libres, ni que nadie lo pretendiera. La COPEL fue, más que una organización, un símbolo, una actitud, una experiencia concreta, un nombre y una forma que dar a la organización de sus luchas para unificarlas, unas ideas y unas tácticas con las que se identificaron los presos por emulación. Pero nunca hubo una jerarquía, ni representantes permanentes.
La administración carcelaria pensó que podría acabar con ellaconsus medios habituales: palizas, torturas, intervención de cabos de vara, traslados imprevistos y violentos, todo tipo de coacciones, manipulaciones y maniobras de intoxicación informativa… Más leña al fuego, y prácticamente en todas las prisiones del Estado la misma respuesta: un torrente de acciones reivindicativas, huelgas de hambre, de talleres, peticiones masivas por escrito, autolesiones colectivas, motines, incendios, planes de fuga en los que participan galerías, incluso prisiones enteras… Parecía que los presos habíamos decidido destruir directa y personalmente las cárceles, por si el Estado tarda demasiado en decidirse a amnistiarnos. El mensaje se propaga como la pólvora, de prisión en prisión, al tiempo que empieza a tener eco en la calle. Hasta la nueva prensa habla de nuestras justas reivindicaciones y publica nuestros comunicados.
A la dirección de Carabanchel se le va la mano en la habitual dinámica de provocación y tortura y, en enero de 1977, después de una masiva huelga de hambre, estalla un nuevo motín en la prisión central madrileña. Y otro más en febrero, frente a las represalias por el anterior. El levantamiento fue brutalmente sofocado, pero, a contar desde ahí, nada volverá a ser en las prisiones como había sido antes. Los supuestos “cabecillas” de la COPEL, unos cuarenta, fueron aislados en “La Rotonda”, en unas celdas especiales incomunicadas del resto de la prisión. Pero eso no sirvió más que para unirles más todavía. Durante meses vivieron en comuna, compartiéndolo todo, iniciaron un túnel, más para mantener vivo su espíritu de lucha que por las posibilidades que ofrecía el plan de fuga, y se comunicaron con el resto de los presos salvando todas las dificultades a través de comunicados y panfletos que se reproducían en una imprenta artesanal cuyos moldes, e incluso la tinta, se hacían con la goma de las suelas de los zapatos. La llama continuó encendida.
Apoyos en la calle
A las acciones llevadas hasta entonces por una Asociación de Familiares y Amigos de Presos y Ex presos (AFAPE) y un pequeño grupo de abogados empieza a sumarse cada vez más gente. Por ejemplo, el día 3 de marzo de 1977, se organiza el primer acto público de solidaridad con los presos. Acuden más de 500 personas, entre ellas intelectuales, artistas, abogados… el sindicato CNT y algunas organizaciones políticas prestan su apoyo, manifestando su total acuerdo con la “plataforma reivindicativa de los presos”, formulan “la exigencia de una amnistía total que incluya a los denominados presos comunes” y señalan la necesidad “de que los partidos políticos democráticos se definan sobre la cuestión, pues de lo contrario estarían ocultando la institución opresora y antihumana que es de por sí la cárcel, y preparando por tanto el terreno para la perpetuación de la lógica de dominación”. Aunque, exceptuando algunos minoritarios grupúsculos de la extrema izquierda y la CNT, todos los partidos y sindicatos se alinearon finalmente en posiciones contrarias a la inclusión en la amnistía de los presos sociales, los gritos de “amnistía total” y presos a la calle, comunes también” no dejarán de oírse en todas las manifestaciones, y cientos de personas asistirán en cada ciudad a todos los actos de solidaridad, enfrentándose a menudo a la policía en defensa de los presos. Los comités de apoyo a COPEL llevarán la reflexión sobre lo que está sucediendo en las cárceles a los barrios y a todo acto público en que pudieran participar.
La batalla de Carabanchel
En marzo, se concede un indulto, considerado insuficiente, cuantitativa y cualitativamente, por los presos en lucha. Y ésta continúa. En los meses siguientes, algunos miembros de COPEL aprovechan los juicios contra ellos para autolesionarse ante el tribunal y reivindicar amnistía. En mayo, se celebra en Euskadi una semana pro amnistía, con cinco muertos y decenas de heridos a manos de la policía. A los pocos días, se inicia una huelga de hambre en la que participarán más de 400 presos en distintas cárceles y que durará hasta junio, coincidiendo con un motín en la cárcel de Tenerife y con la campaña electoral previa a las primeras elecciones generales de la democracia. La COPEL publica un comunicado exhortando a los presos a la abstención (sólo siete votaron en Carabanchel) y un llamamiento pidiendo apoyo para sus reivindicaciones “a las organizaciones revolucionarias, asociaciones democráticas y grupos antifascistas”, ignorado por la mayor parte de los partidos.
El 18 de julio empieza “la batalla de Carabanchel”. Unos 800 presos suben al tejado de la cárcel madrileña, donde aguantan las duras condiciones climáticas y los ataques de los antidisturbios casi cuatro días, durante los cuales se amotinan también los presos y presas de al menos otras dieciocho prisiones en todo el territorio del Estado español. En agosto, hay motines en las cárceles de Córdoba, Granada, Teruel, Cáceres y Zamora, y autolesiones en algunas otras. En septiembre, motines en La Modelo de Barcelona y en Málaga, además de autolesiones y huelgas de hambre en otras prisiones. En octubre, un nuevo motín en la cárcel de Málaga el día 12. El 14, las Cortes aprueban la última ley de amnistía, excluyendo de ella definitivamente a los presos sociales. El 15, se producen autolesiones de presos y otros incidentes en las cárceles de Martutene, Segovia, Lérida, Alicante, Sevilla, Murcia, Basauri, Valencia… El 22, el grupo parlamentario “Senadores Vascos” aprueba las bases para una proposición de ley de indulto a la que se sumarán poco más tarde los senadores de “Entesa dels catalans”. El 25, se firman los Pactos de La Moncloa. El 29, estalla un violento motín en La Modelo de Barcelona.
Durante el mes de noviembre, mientras se elabora en las Cortes el proyecto de nueva Constitución, en las cárceles de Castellón, Jaén, Huelva, Valladolid y Ocaña estallan otra vez los motines, algunos de ellos con incendios y heridos graves, y se producen autolesiones colectivas en Basauri. El día 18, Juan Mari Bandrés, con apoyo de otros 28 senadores vascos y catalanes, Lluis María Xirinachs entre ellos, presenta la proposición de ley de indulto para los presos sociales, rechazada reiteradamente por no cumplir determinados requisitos. En diciembre, dimite el director general de prisiones, siendo sustituido por el socialdemócrata Jesús Haddad que hace declaraciones aperturistas y tranquilizadoras y concede permisos de salida para Navidad. Pero el año termina sin que remita el conflicto social en las cárceles: los presos se amotinan en diciembre en las de Valencia, Basauri, Murcia, Almería y Alicante, se autolesionan en Segovia y, en Ocaña, inician una huelga de hambre colectiva. En los primeros meses de 1978, arrecia todavía el conflicto: en enero, hay motines y otros incidentes y acciones reivindicativas en Sevilla, Granada, Carabanchel, Jerez de la Frontera, Teruel, Barcelona, Las Palmas, Málaga, Oviedo, Zaragoza… El 18, es admitida a trámite la proposición de ley de indulto para los presos sociales. El 17 de febrero, se amotina una vez más La Modelo de Barcelona.
Después de la tormenta
Después de la oleada de motines, muchas prisiones habían quedado arrasadas. Los traslados a los penales de primer grado eran continuos; allí se desarrollaba la represión, mientras en muchas provinciales reinaba una especie de “autogobierno”, el caos desde el punto de vista de la autoridad. Casi todos los días se hablaba en la prensa de las prisiones: un nuevo motín, una huelga de hambre, una fuga… parecía que la Administración había perdido el control, los carceleros no sabían qué hacer y muchos de ellos adoptaron na actitud de cauta pasividad. Considerables unidades de antidisturbios hacían guardia en casi todas las prisiones, pero en las galerías no se hacía caso de esa permanente amenaza: no podían estar lanzando pelotas de goma y botes de humo y manejando las porras todos los minutos de todos los días. En cambio, los presos siempre teníamos ganas de luchar por nuestra libertad. La comunicación directa, casi libre, reinaba entre nosotros, cualquier motivo era bueno para una asamblea que decidía inmediatamente una acción reivindicativa. Los destinos habían sido proscritos, ningún preso tocaba una llave. Y lo mismo el chivateo y los abusos. Una nueva ética había desterrado el individualismo sin escrúpulos, la psicosis machista exacerbada. Ocupaban su lugar la solidaridad, el respeto y la dignidad: todos los presos eran compañeros. Mientras, los obsesos de la libertad excavaban túneles o urdían imposibles planes para escaparse, que a veces se materializaban a fuerza de perseverancia y audacia. Eran las buenas costumbres del tiempo de la COPEL.
Represión organizada
De pronto, comienza la contraofensiva del Estado, cuando el nuevo director general se decide por la represión organizada. Para empezar, a principios de febrero de 1978, quinientos presos seleccionados en las prisiones de todo el Estado por haberse destacado en las luchas, fueron conducidos violentamente y sin previo aviso (secuestrados) al penal de El Dueso. Por el camino, muchos sufrieron malos tratos y a algunos hasta se les afeitó la cabeza y se les dio un mono después de confiscarles la poca ropa propia que conservaban, ya que habían sido despertados en mitad de la noche para la conducción, y no se les permitió recoger sus pertenencias. Una vez en El Dueso, tuvieron que soportar condiciones de vida infrahumanas, con el penal tomado y gobernado por los antidisturbios. Allí estaban, aislados por la fuerza, los supuestos dirigentes que hasta entonces no habían querido ser voluntariamente separados de sus compañeros. Sólo salían al patio 20 minutos cada tres días. Aún así mantuvieron, en la medida de lo posible, la vida en comuna. Estando allí, se enteraron de que había sido rechazada en el Senado la proposición de ley de indulto. La represión aumenta en el resto de las prisiones, los funcionarios ven la hora de su revancha. A principios de marzo de 1978, Agustín Rueda muere a consecuencia de las torturas de los carceleros para que delatara a sus compañeros en un intento de fuga. Y, al poco, un comando de los GRAPO ejecuta al Director General, Jesús Haddad.
Cogestión y fugas
Carlos García Valdés llegó a la Dirección General con su prestigio de jurista progre y dispuesto a dividir para vencer. En todo momento intentó negociar separadamente con los supuestos dirigentes. pintándoles de color de rosa su futura reforma. Desde el Dueso, salió un comunicado de la COPEL donde se pedía “un voto de confianza” para él, “a la espera de que cumpla todas las promesas que nos hizo”, y se abandonaba momentáneamente la reivindicación del indulto general. Después, en las provinciales, a quienes se prestaron a participar en los proyectos de “cogestión” les premiaroncon permisos de salida o reducciones de condena. Mucha gente, sin embargo, se negó a colaborar y continuó fomentando motines o acciones reivindicativas o intentando fugarse. De hecho, los presos conscientes utilizaron la mascarada de la negociación como pantalla protectora para intentar recuperar la movilidad y el espacio perdidos y reorganizar la coordinación para la lucha. Y para encubrir los túneles y otros proyectos de fuga que se emprendieron en muchas cárceles. Muchas tuvieron éxito: en El Dueso, en Carabanchel, en Valladolid… y la fuga de junio en Barcelona, en la que se evadieron 45 personas. Fue entonces cuando García Valdés se decidió por reanudar la represión sistemática y violenta. Por una serie de circulares, instituyó un nuevo régimen especial de “observación de conducta”, para sufrir el cual todos los presos insumisos fuimos trasladados a los departamentos celulares de los penales de primer grado, preparados para recibirnos a palos, tomados por los antidisturbios y con los carceleros dispuestos a dar rienda suelta a su rencor. En los celulares de Ocaña, Burgos, el Puerto de Santa María, Cartagena, Huesca… durante todo el 78, se recibía, cuando menos, una paliza diaria.
Disolución
Con el debilitamiento de la lucha, se relajó también la nueva ética del compañerismo. Los usos de la solidaridad, de la comunicación y de la acción directas casi se olvidaron, ya no había asambleas, ni grupos de lucha, ni compañeros unidos para impedir los abusos y avergonzar a los chivatos. Los presos más decididos y conscientes quedaron recluidos, en régimen de aislamiento y tortura, en los departamentos celulares de los penales de primer grado. LA heroína, al igual que en la calle, comenzó a circular masivamente y volvieron las relaciones de dominio y explotación entre presos. La prensa “democrática” se prestó fácilmente a denigrar a los que antes había enaltecido. El movimiento de solidaridad en la calle prácticamente ya no existía. Había habido elecciones y la constitución estaba a punto de aprobarse, con la prohibición explícita de conceder indultos generales. La derrota del movimiento de los presos sociales estababa consumada, sólo falta consolidarla y legalizarla, institucionalizar sus resultados.
La Ley Orgánica General Penitenciaria
Sirvió para ello la primera ley orgánica de la democracia, la Ley General Penitenciaria de García Valdés, donde se incorporan a las directrices del Estado tanto los principios ideológicos de su proyecto de reforma como los resultados y enseñanzas de su victoria sobre la lucha de los presos. Esa perla jurídica no era más que un fraude. Desde luego, completamente inútil para su autoproclamada finalidad constitucional, el desarrollo del “principio de reinserción”. Otra cosa es su eficiencia como tecnología de control y dominación. En ese sentido, lo más moderno de esta ley es la habilidad literaria, producto de vanguardia de la ideología jurídica al servicio de la dominación, que consiste en quitar con una mano lo que se da con la otra, invalidar en la letra pequeña los derechos que se conceden en la grande. El meollo de esta herramienta legislativa, su piedra angular y contrapeso que equilibra todo el resto del “tratamiento”, es el contenido de su artículo 10: el “régimen especial”, de castigo, institucionalización de la represión recién ejercida, todavía en ejercicio, contra la rebelión de los presos; garantía legalizada de destrucción, y, en primer lugar, de aislamiento de los que no se sometan, en una cárcel dentro de la cárcel. Amenaza dentro de la amenaza, un infierno en la tierra dentro de un infierno en la tierra, para recordar a los sumisos lo que puede pasarles a los soberbios que prefieren creer en sí mismos y en su propia gente en lugar de en su destino social.
Herrera de la Mancha
Pero el medio material por excelencia de este intento, el prototipo de la praxis penitenciaria que García Valdés propone, paradigma y emblema de su reforma, es la cárcel de Herrera de la Mancha. Donde individuos minuciosamente elegidos por especialmente rebeldes, o demasiado lúcidos, o conocedores de acontecimientos que conviene caigan en el olvido… van a representar ante los demás presos, a sufrir en sus carnes, aceleradamente, de una manera concentrada, todas las etapas del tratamiento que para en adelante se propone, incluidas las torturas sistemáticas y la manipulación retorcida de las personas, con la humillación y envilecimiento graduales, disfrazados de “progresión en el tratamiento”, como finalidad primordial, y a quedar como testimonio viviente de sus resultados. A pesar de la querella por las torturas sistemáticas practicadas allí contra los presos, presentada por buen número de abogados solidarios, sostenida valientemente por las denuncias de treinta y tantos presos y apoyada en la calle por los restos del movimiento de solidaridad, la experiencia de Herrera servirá para mostrar a los presos rebeldes “lo que vale un peine”, y señalarles el camino de la sumisión conveniente.
Hoy [6 de noviembre], a la 13,30h del mediodía, una treintena de compañerxs se han presentado en las puertas del Circulo Ecuestre de la calle Balmes 169, con motivo del almuerzo-coloquio organizado por el Círculo de Directivos de Habla Alemana. Allí, Esperanza Aguirre, la portavoz del PP en el Ayuntamiento de Madrid, presentaba su último libro que tiene un título tan estúpido como revelador: “Yo no me callo”.
Se ha desplegado una pancarta, se han lanzado folletos en el interior y alrededor del inmueble y se han realizado cánticos en solidaridad con lxs tres compañerxs anarquistxs acusadxs de atracar bancos en Alemania y que actualmente se encuentran presxs.
El escrache ha durado solo unos veinte minutos, pero nuestra intervención y nuestos gritos solidarios han podido molestar a lxs rancixs y casposxs invitadxs y algunxs de lxs miembrxs de la elite político-económica que perpetua la explotación y siembra la miseria.
Recordamos que el juicio de una de lxs compañerxs empieza esta semana, el 4 de Noviembre, en la ciudad de Aachen.
El pasado miércoles, 2 de noviembre, tuvo lugar el juicio contra las 15 personas que fueron acusadas de «injurias a la guardia civil» y «obstrucción al culto» por concentrarse el 12 de octubre de 2010 ante la iglesia donde los picoletos del cuartel de Arteixo (A Coruña) celebraban el día de su patrona. Las Nais Contra a Impunidade ya llevaban entonces varios años pidiendo explicaciones sobre lo sucedido a Diego Viña en septiembre de 2004, cuando «apareció» ahorcado en uno de los calabozos del cuartel de los cigüeños de Arteixo, donde había sido detenido ilegalmente a instancias de su propio padre, perteneciente al «cuerpo».
Todos los intentos de obtener justicia o siquiera alguna explicación sobre lo sucedido habían sido infructuosos y a la madre de Diego y a sus compañeras ya no les quedaba otro recurso que las movilizaciones callejeras, repetidas año tras año. Fueron perseguidas por ello en varias ocasiones, hasta que se encontró un juez dispuesto a prestar oídos a las acusaciones en defensa de su «honor» de los representantes de una institución de tan siniestra fama como la guardia civil. El resultado fue un proceso penal con una petición fiscal de 54.000 euros en total de pena-multa, con nueve meses de cárcel para cada una en caso de impago, contra 15 personas, entre ellas una hermana, una prima y una tía del muchacho muerto en oscuras circunstancias. Oscuras y oscurecidas, ya que incluso fueron destruidos por la misma guardia civil los pantalones con los que, supuestamente, se había ahorcado Diego, mientras se encontraba «confiado» a la custodia de la «benemérita institución».
Se «celebró» por fin el juicio, que había sido convocado para el 6 de junio y fue suspendido por motivos burocráticos, y fue como suele suceder una farsa insultante donde el juez obstaculizó en todo momento con formalismos y arbitrariedades la labor de la defensa, dejando claro, tanto él como el fiscal, que su interés está centrado en defender la ficción ensangrentada que ellos llaman el «honor de la guardia civil» imponiendo por la fuerza esa ofensiva falsedad para obligarnos a inclinarnos ante ella como si fuera una verdad sagrada. A pesar de eso, se vieron frente a frente la coherente argumentación de los abogados defensores, en el sentido de la inocencia de las personas amenazadas judicialmente y de la legitimidad de sus actividades, y la endeblez de las pruebas acusatorias, las cuales se reducían a una corta grabación de vídeo obtenida ilegalmente con un móvil por un picoleto de paisano, donde apenas se reconoce a nadie ni se puede saber quién hizo o dijo qué, y a las confusas y contradictorias acusaciones de unos cuantos «números», de los que varios no asistieron porque estaban «de vacaciones», llegando el cinismo de la acusación a pretender que se suspendiera el juicio una vez más por ese motivo. Todo hubiera quedado muy claro para un «justicia» merecedora de ese nombre, pero conociendo el aparato estatal punitivo que abusa de él dentro del territorio dominado por el Estado español no se puede ser optimista.
Sobre lo que sí tenemos suficientes datos para formarnos una opinión es sobre nuestra propia solidaridad. Unas 50 personas, entre las que entraron en la sala del juicio y las que estuvieron concentradas en la puerta de los juzgados, durante las casi cuatro horas que duró, sosteniendo pancartas y gritando palabras de apoyo, lo demostraron en A Coruña. En el resto del territorio estatal, que sepamos, hubo cinco personas, con una pancarta, frente a la audiencia nazional en Madrid; veintiuna ante la ciudad de la (in)justicia en Valencia; un número intermedio en la concentración convocada en Sama de Langreo por una asociación de familiares y amigos de personas presas, así como en la propuesta frente, a los juzgados de Gijón, por un grupo feminista; cinco o seis en la que hubo en Cartagena; en Lleida se concentraron unas veinte personas con pancartas y se repartieron octavillas, como también se había hecho previamente en diferentes barrios; a la concentración en las puertas del juzgado de las Salesas en Santander acudieron once personas; y la convocada en Salamanca hubo de suspenderse por falta de gente. Con todo lo cual, sin desmerecer el compromiso de quienes han salido a la calle, tenemos elementos suficientes para constatar la extrema debilidad de la «comunidad anticarcelaria» y la casi total indiferencia tanto de la «sociedad civil» como de los «movimientos sociales», incluido el autodenominado «libertario», frente a los abusos del poder punitivo.
Dentro de las cárceles, nueve compañeros presos en lucha se han sumado que sepamos a la huelga de hambre convocada por algunos de ellos en apoyo de las Nais, que todavía dura en las cárceles de Palencia, Estremera y Soto del Real en Madrid, Albocásser (Castellón), Morón (Sevilla), el Acebuche (Almería), Topas (Salamanca), etc. A continuación, insertamos unas palabras de Pastora González, la madre de Xosé Tarrío y miembro de las Nais que resumen bien la situación.
Quiero dar las gracias desde lo mas profundo de mi ser a esas personas que estuvieron con su presencia apoyando el juicio contra las Nais, unos en Coruña y otros en otras partes de España y extranjero. A esas personas les mando todo mi amor y respeto y no puedo olvidarme también de muchos presos que han hecho huelga de hambre en apoyo a Nais: gracias, compañeras y compañeros por vuestra solidaridad. Pero me queda una espina muy pero que muy grande dentro de mi alma porque en este juicio de la vergüenza de un país, en este caso el mío, no salió a la calle toda la gente que debería haber salido. Esta madre debería de estar apoyada no solo por los que salimos a las calles, sino por toda Coruña y toda España, pues le arebataron al hijo de casa sin orden de detención y con una denuncia falsa y se lo entregaron con los pies por delante a la edad de veintidos años. Espero que no le pase a nadie una cosa como esta porque entonces sabrán lo que es el dolor, la rabia y la impotencia. Bueno, no continúo porque tendría muchas mas cosas que decir. Solo dar otra vez las gracias a aquellas personas que verdaderamente se concentraron, salieron a las calles y demostraron con hechos su verdadera solidaridad. Os quiero, peña, con personas como vosotras el mundo si se podría cambiar para mejor. Gracias, os kiere
Mañana, 2 de noviembre, ha de tener lugar el juicio oral contra lxs 15 de Arteixo, personas que participaron en octubre de 2010 en una concentración convocada por Nais Contra A Impunidade. Una más de las que se venían haciendo desde septiembre de 2004, fecha en que «apareció» ahorcado, en los calabozos del cuartel de la guardia civil de Arteixo (A Coruña), Diego Viña, un chaval de 22 años que había sido detenido en circunstancias aún no aclaradas, a instancias de su propio padre, también guardia civil. Le entregaron el cadáver a su madre, sin explicaciones, y la investigación sobre las causas de la muerte fue obstaculizada, hasta el extremo de hacer desaparecer las pruebas diciendo la guardia civil que las habían tirado a la basura. Los intentos por vía judicial de pedir luz sobre los hechos resultaron infructuosos.
Por entonces, se formó Nais Contra A Impunidade, una asociación integrada por familiares de personas fallecidas bajo custodia de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado o que habían sufrido abusos a sus manos. Su finalidad, denunciar esas situaciones, pedir justicia por ellas y asegurarse en lo posible de que no vuelvan a producirse. Desde su fundación, acudieron año tras año a Arteixo a expresar ante la propia guardia civil su dolor e indignación por la muerte de Diego Viña y exigir aclaración de las circunstancias en que tuvo lugar: «Queremos saber como murió Diego». Muy pronto empezaron también los intentos de criminalización de su actividad para disuadirles de su insistencia. El último de ellos tiene mañana su episodio culminante en la vista oral de un proceso abierto contra 15 personas que acudieron en octubre de 2010 a una concentración frente a la iglesia donde la guardia civil de Arteixo celebraba el día de su patrona, familiares de Diego, miembros de Nais Contra A Impunidade, abogados y otras personas solidarias, acusadas de calumnias e injurias contra la guardia civil, por gritar, supuestamente, «la guardia civil tortura y asesina», y a quienes se amenaza con condenas de un total de 54.000 euros de pena-multa, 3600 a cada una, con nueve meses de cárcel si no la pagaran.
El pasado 6 de junio se suspendió por causas burocráticas la primera convocatoria del juicio, ante el cual hubo bastantes muestras de solidaridad, sobre todo en A Coruña, donde unas 200 personas se concentraron ante la sede del tribunal. Y, al parecer, el aplazamiento no ha servido para que se relaje la tensión solidaria, sino todo lo contrario. Varios presos en lucha iniciaron, por ejemplo, ayer una huelga de hambre en apoyo de las Nais y del resto de las personas procesadas y se han convocado concentraciones, sobre todo ante los juzgados en diferentes ciudades del territorio dominado por el Estado español, como Lleida, Valencia, Sama de Langreo, Gijón, Madrid, Santander, Salamanca, Cartagena… y, por supuesto, en A Coruña. Con lo cual no se espera influir lo más mínimo en la opinión de los jueces, pero sí expresar la indignación popular ante el comportamiento injusto y abusivo de los agentes del poder punitivo estatal, y afirmarnos colectivamente en la resistencia frente su actividad criminal, dando pasos hacia la constitución de una comunidad de lucha contra la represión y el castigo.
¡POR LA ABSOLUCIÓN DE LXS 15 DE ARTEIXO!
¡SOLIDARIDAD CON LAS NAIS CONTRA A IMPUNIDADE!
¡DIGNIDAD, APOYO MUTUO Y AUTODEFENSA FRENTE A LA VIOLENCIA DEL RÉGIMEN DE DOMINACIÓN Y EXPLOTACIÓN!
