Según Qadura Fares, presidente del Club de Prisioneros Palestinos, el número de palestinos en cárceles israelíes que en las últimas semanas se ha ido poniendo en huelga de hambre supera ya los 500: «Alrededor de un centenar han dejado de alimentarse en solidaridad con el preso en detención administrativa Bilal Kayed y más de 400 se han puesto también en huelga de hambre para protestar contra las condiciones en prisión y los abusos que sufren» y «contra las políticas de las autoridades de prisión, las agresiones y humillaciones a las que son sometidos».
El preso que inició esta oleada de huelgas es Bilal Kayed, que tenía que haber sido liberado el pasado junio tras cumplir 14 años de condena pero el día de su liberación fue puesto bajo detención administrativa, ante lo que inició su protesta, que se prolonga ya desde hace 53 días.
«Su situación es muy peligrosa. Está en el Hospital de Barzalei, en Ashkelon (sur de Israel) y, según los médicos israelíes, podría morir en cualquier momento. Le han permitido ver a su abogado, pero no a su familia», ha indicado Fares.
Poco a poco, presos del Frente Popular de Liberación de Palestina (PLFP) se fueron poniendo en huelga en apoyo de Kayed y, semanas más tarde, decenas de presos comenzaron a unirse a la huelga para protestar contra lo que consideran un empeoramiento de sus condiciones en prisión.
Según la ONG palestina de ayuda a los prisioneros Adameer, Israel mantiene encarcelados en la actualidad a unos 7.000 palestinos, de los que más de 700 están en situación de detención administrativa, una controvertida figura legal que no hace necesario procesar al detenido y que puede ser renovada una y otra vez.
La «detención administrativa» contra la población palestina en Israel
La política de “detención administrativa”, que permite encarcelar a sospechosos sin juicio ni cargos por periodos de seis meses prorrogables, es anterior a la creación del estado judío.
La emplearon por primera vez los británicos durante el Mandato (1922-1948) para arrestar a los palestinos que luchaban contra su dominio sin tener que aportar ninguna prueba en su contra.
Desde la creación de Israel en 1948, las autoridades israelíes también han encontrado en esta política británica un medio útil para detener a quienes se oponen a la ocupación de la Palestina histórica.
En su forma actual, esta política permite a las autoridades israelíes detener a palestinos en base a las informaciones reunidas por los servicios de inteligencia, pero que son ocultadas al sospechoso y a sus abogados/as.
La detención administrativa se aplica generalmente a partir de órdenes emitidas por las autoridades militares israelíes de ocupación y se basan, como se ha señalado, en recomendaciones de los servicios de inteligencia judíos.
A pesar de la ausencia de pruebas públicas presentadas contra los detenidos administrativos, el encarcelamiento puede ser reiteradamente prorrogado por periodos de seis meses.
Israel ha utilizado la detención administrativa para mantener bajo su custodia a gran cantidad de palestinos sin presentar cargos contra ellos, incluyendo parlamentarios, prominentes profesores universitarios y otras conocidas personalidades políticas y sociales.
Israel ha empleado esta política con notable impunidad, a pesar de que hay tratados y convenciones internacionales —por no mencionar la tradición jurídica elemental— que prohíben el arresto de personas sin juicio.
Esta forma arbitraria de encarcelamiento es vista generalmente como una violación grave de los derechos individuales, que, en circunstancias normales, permitirían al preso exigir una reparación.
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