A pesar de la adhesión formal del Estado español a todas las convenciones, protocolos y pactos internacionales contra la tortura habidos y por haber, hay muchos signos de que no existe voluntad política de erradicar esa siniestra y repugnante práctica. Los gobernantes, legisladores, magistrados y administradores españoles participan fervorosamente en el ritual de la impunidad: han instaurado la cadena perpetua de hecho; han apuntalado legalmente el régimen FIES; mantienen y piensan mantener la detención incomunicada; defienden a los torturadores cuando son denunciados, los indultan cuando llega a condenárseles, y hasta los han ascendido o condecorado en muchas ocasiones.
Una ponencia de Iñaki Rivera Beiras en las jornadas «Repensar el presente para tejer el futuro», por el 10º aniversario de la CPDT.
Más material de las mismas jornadas:
10 años de lucha contra la tortura
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