Tokata | Boletín de difusión, debate y lucha social Entradas

El lunes 28 de febrero de 2011, el Colectivo «Ne laissons pas faire!» ha hecho público el siguiente comunicado:

El 16 de febrero, el tribunal de aplicación de penas de Paris admitió la demanda de de Jean-Marc Rouillan, concediéndole (por segunda vez desde 2007) un acondicionamiento de pena (“semilibertad”), como primera etapa hacia la libertad condicional.

La fiscalía apeló inmediatamente contra esta decisión: Jean-Marc Rouillan no podrá por tanto abandonar la prisión de Muret el 7 de marzo y tendrá que continuar esperando la decisión del tribunal de apelación.

Este ensañamiento judical contra Jean-Marc Rouillan ha tomado desde hace unos días una dimensión nueva y peligrosa con la aparición, muy aireada en los mass media, de una carta amenazando a la policía supuestamente firmada por Action directe. [Ver: (1); (2)]

Según el diario Información de Alicante, un juez de Alicante ha procesado a un celador del Hospital Psiquiátrico de Fontcalent por presunta agresión sexual a una interna del centro, a la que presuntamente llevaba a lugares aislados durante los días que salían del centro para cometer abusos sexuales. El titular del juzado de Instrucción número 5 de Alicante, Manrique Tejada, ha dictado el auto de procesamiento contra el funcionario, quien se expondría a una pena de prisión de 9 años por agresión sexual a una reclusa con las facultades mentales alteradas.

El día 18 de febrero de 2011 tuve la oportunidad de leer vuestro artículo… la verdad es que quedé alucinado.

En primer lugar mal lo lleváis si las fuentes de información de vuestro artículo son el sindicato de carceleros ACAIP (¿acaso  no conocéis la ideología fascista que profesa este sindicato? Deberíais conocerla, más que nada para ser un poco coherentes) y la versión «oficial» de Instituciones Carcelarias pues de la amalgama de estas dos fuentes «informativas» elaboráis un producto noticioso donde el contraste y, lo que es peor, la verdad sobre los hechos ocurridos el día 15 de enero de 2011 en el módulo 4 de la cárcel de Valdemoro, brillan por su ausencia.

El diario portugués Público divulgó este video en el que se ve como agentes del Grupo de Intervenção de Segurança Prisional (GISP), una especie de carceleros antidisturbios, agreden violentamente a un preso de la cárcel de Paços de Ferreira (Portugal).

Ponemos el eje central del programa en señalar qué empresas están sacando beneficio económico de las prisiones. La primera entrevista es a un compañero que ha escrito varios artículos de investigación sobre las prisiones y que nos desvela cómo son los trabajos que realizan los presos en los centros penitenciarios, en qué condiciones, qué empresas los ofrecen, etc. También hablamos con el colectivo antirrepresivo Autodefentsa (Gasteiz) sobre el lucro que obtienen las empresas implicadas en la construcción de las macrocárceles del estado y cómo son.

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El 16 de febrero, el tribunal de aplicación de penas de París consideró admisible la demanda de Jean-Marc Rouillan otorgándole a partir del próximo 7 de marzo un acondicionamiento de pena (régimen de semilibertad), primera etapa para la libertad condicional.

Era de esperar el ensañamiento nunca desmentido de la fiscalía, que apeló enseguida contra esta decisión, como hizo cuando se tomó por primera vez en 2007, o en todos los procedimientos similares que afectaron  a cada  uno de los militantes de Action Directe, Nathalie Ménigon –hoy en libertad condicional– y Georges Cipriani, actualmente en semilibertad.

Un preso de 32 años que se hallaba recluido en la cárcel de Topas (Salamanca) ha aparecido muerto en la celda que ocupaba sin que hasta el momento se conozcan las causas del fallecimiento, aunque las primeras investigaciones apuntan a una probable sobredosis de medicamentos.

Según Europa Press, Miguel Francisco Montes Neiro, considerado el preso común más antiguo de España al estar enlazando condenas desde hace 35 años, se encuentra estos días a la espera de que el Tribunal Supremo decida la admisión o no a trámite de su recurso sobre la contabilidad de sus más de treinta años de prisión con el fin de poder salir de la cárcel antes de la última fecha prevista por los tribunales ordinarios, que se cumple en 2021.