Según Gara: «La oficina del Defensor del Pueblo español, dirigida por María Luisa Cava de Llano, ha hecho público el primer informe desde que a finales de 2009 asumió la tarea de actuar como Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP), entonces con Enrique Múgica al frente. El documento se ha elaborado tras realizar cerca de 300 visitas «preventivas y sin previo aviso» a centros penitenciarios, centros de menores, comisarías, cuarteles y otras instalaciones policiales, entre ellos algunas ubicadas en Hego Euskal Herria, destinadas a «detectar problemas, tranto estructurales como procedimentales, que pudieran favorecer la impunidad de la práctica de la tortura o malos tratos».
En sus conclusiones, el informe no refiere ningún caso de tortura y se limita a dar cuenta de «las debilidades detectadas que deben ser corregidas por las estructuras administrativas encargadas de gestionar la privación de libertad».
