Tokata | Boletín de difusión, debate y lucha social Artículos

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Desde el Colectivo de Presxs Políticxs Vascxs (EPPK) de Puerto I, venimos a informar sobre la situación que vivimos tanto dentro como fuera de la cárcel. Este mes de junio estamos llevando a cabo una serie de protestas y denuncias ya que es continua la vulneración que se está haciendo de los derechos que nos corresponden tanto a nosotrxs como a nuestros familiares y amigxs.

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Una sentencia de la sección quinta de la sala de lo contencioso administrativo del Ttribunal Supremo dictada el 17 de marzo de 2009 declaró “nulo de pleno derecho” el apartado primero de la instrucción 21/96, de 16 de diciembre, de la DGIP titulado “Normas de seguridad, control y prevención relativas a internos muy conflictivos y/o inadaptados”, porque crea, no siendo más que una circular de carácter administrativo-organizativo, un régimen restrictivo de los derechos fundamentales de los presos no previsto en la LOGP y en el RP, las únicas disposiciones legales que podrían hacerlo. Esta decisión implica la ilegalidad de la misma existencia del fichero ya que en el apartado 1 están incluidos los criterios de clasificación de las personas incluidas en cada uno de la cinco categorías.

La lucha contra el FIES

La semana pasada estuvo marcada en las luchas contra los CIE por la huelga de hambre que protagonizaron un buen número de internos en el CIE de Zona Franca. Primero más de 100, luego debido a la represión quedaron en huelga de hambre unas 60 personas. Deportaciones, antidisturbios y más represión. El número fue bajando como un goteo. 10 personas. Ninguna. Una de las últimas personas que continuaba en huelga de hambre fue maltratada con rotundidad.

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Familias de personas que han fallecido bajo custodia y defensores de derechos humanos denuncian el largo período para que estos casos sean investigados y la presunción de veracidad de las declaraciones policiales.

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Normalmente, toda versión relatada sobre los hechos, vivencias o supuestos problemas que acontecen en el interior de una prisión se transmite a la sociedad bajo el prisma mediático y político de aquel que gestiona el poder. O directamente no se transmite, ya que la cárcel, como la incomunicación, a ambos lados del muro. No son muchas las oportunidades que tenemos para explicar de primera mano aquello  que ocurre tras los muros de la prisión.

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José María Benito Giménez, enfermo de SIDA, que denunció en enero pasado a 16 funcionarios de la prisión de Albocàsser por   hechos como los siguientes:  “Entre ocho funcionarios me llevan al cuartillo. Sin oponer yo resistencia, me abofetean, desnudan, humillan, me dan una patada que me revienta el bazo, y más y más golpes. Seguidamente, me llevan al módulo de aislamiento y entre 16 carceleros me vuelven a desnudar, burlar, me amenazan con ahorcarme y entre todos me dan un palizón, consecuencia del cual sufro la fractura de varios huesos de la mano y de la cabeza. Un fuerte derrame en el ojo, secuelas en la vista para el resto de mi vida, y me tendrán que extirpar el bazo” [ver noticia], se encuentra en huelga de hambre desde el 1 de junio, demandando ser trasladado a otra prisión, pues se encuentra todavía en la de Albocàsser donde ha sufrido acoso y amenazas por parte de algunos de los carceleros denunciados. Reivindica también se le abone la pensión no contributiva que tiene asignada por su enfermedad y que hace varios meses no cobra.

Más información: [1]; [2]; [3]

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Cárcel=Tortura

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Según El País, “Las cárceles están llenas. Hay casi 77.000 presos. Más que en Alemania, que dobla en población a España. No caben más. La razón es la dureza de la ley penal, el código de 1995, agravado en sucesivas reformas (25 en total) y convertido en uno de los más punitivos de toda Europa. El Parlamento acaba de endurecerlo aún más. El Senado aprobó ayer  [9 de junio] definitivamente la modificación de más de 150 artículos con los apoyos de los socialistas, CiU, Coalición Canaria y UPN, la abstención de PP y BNG y el voto en contra del PNV. Ni el Gobierno ni el Congreso de los Diputados ni el Senado se han enfrentado al evidente problema que supondría que la población penitenciaria siga aumentando al mismo ritmo de los últimos años. Nadie se atreve a defender ante la opinión pública que, quizá, sea necesario rebajar algunas penas para que el sistema no se colapse.”

Ver fuente

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Política criminal