«Me llamo Manuel (…), soy interno en el Centro Penitenciario de Sevilla y me encuentro infectado por dos enfermedades crónicas, VIH y VHC (más conocida como Hepatitis C)», explica este preso en una carta al Defensor del Pueblo Andaluz en julio de 2012. Ese mismo mes, presentó una denuncia contra la administración de Instituciones Penitenciarias, dependiente del Ministerio del Interior, por vulnerar su derecho a la Salud. Un año después Manuel sigue esperando.
Su reclamación no es otra que la de que se le administre un tratamiento novedoso y más eficiente contra su enfermedad que ya se utiliza en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla. Quiere evitar su deterioro y una previsible cirrosis hepática. Mientras, su madre, Trinidad Barrera, mueve cielo y tierra para mejorar la salud de su hijo: «Yo entiendo que está en prisión porque hay cosas que no ha hecho bien. Pero eso no es una razón para que lo dejen morir en la cárcel».
«Si estuviera fuera de prisión, con la Sanidad Pública, mi cliente estaría ya con el tratamiento», asegura Maribel Mora, la abogada que se ha hecho cargo de su caso. «Un caso de coinfección de Hepatitis C y VIH con características similares estaría siendo tratado con telaprevir (medicamento nuevo aprobado por la Sanidad Pública) en el SAS», confirma el doctor Manuel Leal de la unidad de infecciosos del Hospital Virgen del Rocío. Casi un año después, Instituciones Penitenciarias, responsable de la atención médica y el gasto farmacéutico en prisión, aún no se lo ha administrado por falta de recursos económicos.
Instituciones Penitenciarias ha contestado a eldiario.es/andalucia con una única declaración en la que asegura «que a los presos se les trata igual que a las demás personas». Sin embargo, no es lo que se desprende de la respuesta que en enero de 2013 el Ministerio del Interior remitió a la Oficina del Defensor Andaluz: «Se ha confeccionado un registro de este tipo de enfermos en todo el sistema penitenciario, entre los que está el paciente al que se refiere la queja». «Se irán tomando medidas para irles facilitando el tratamiento a todos los enfermos, con la periodicidad que permitan los recursos ante la imposibilidad presupuestaria de atender de forma inmediata y concurrente a todos los casos en los que se prescribe el tratamiento para la Hepatitis C».
«Estamos ante un problema económico para un tratamiento necesario», argumentan desde la Oficina del Defensor del Pueblo. El tratamiento con telaprevir (que está teniendo, a falta de más estudios, un 75% de eficacia en estos enfermos) suma unos 30.000 euros más al tratamiento habitual sólo con interferón y ribabirina. De hecho, el presupuesto para Instituciones Penitenciarias en 2013 para gastos farmacéuticos y sanitarios es de 70 millones de euros, un 6,90 por ciento menos que en el año 2012, según los datos que ofrece la web de la institución. Esto sucede el mismo año en el que el convenio entre la Consejería de Salud y Bienestar Social y el Ministerio del Interior para la atención sanitaria de los cerca de 16.000 reclusos que hay en Andalucía ha permanecido en el aire. Las razones, un desacuerdo por parte del Ministerio sobre el modo de pago. Exigía pagos justificados y detallados de la atención a cada recluso en vez de un pago único por servicios prestados como se venía haciendo.
Pese a que las puertas de la negociación entre el Ministerio y la Junta se han vuelto a abrir, el convenio aún no se ha firmado y Manuel sigue esperando a que le autoricen el tratamiento en prisión, una combinación de fármacos (entre ellos el telaprevir) que se puede «administrar de forma ambulatoria porque además los médicos penitenciarios son de primera línea y están plenamente capacitados», asegura el doctor Leal. Pero Manuel sigue esperando.
El tratamiento
Manuel tiene 43 años y lleva en la cárcel cinco por delitos de robo. Ha pasado por Málaga y ahora en el Centro Penitenciario de Sevilla I. Manuel empeora por días debido a la virulencia de su tipo de Hepatitis C, genotipo 1, que tiene desde 1988, en combinación con el VIH. Está al borde de desarrollar una cirrosis lo que sólo se solucionaría con un trasplante de hígado en el mejor de los casos, una solución más cara a largo plazo para las cuentas públicas.
Hasta ahora, enfermos como Manuel, cuya coinfección afecta a cerca de un 50% de la población penitenciaria, según fuentes médicas, recibían un tratamiento a base de interferón y ribabirina. A este tratamiento «que ya es caro», explica el doctor Manuel Leal, «responden 1 de cada 4 pacientes del genotipo 1», los casos más frecuentes. El caso de Manuel.
Pero la industria farmacéutica desarrolló hace dos años un nuevo medicamento «inhibidor de la proteasa y que desciende la carga viral de una manera hasta ahora desconocida», el telaprevir. Está probada su eficacia con pacientes infectados sólo con hepatitis C pero no hay suficientes estudios para los pacientes coinfectados, es decir, enfermos de VIH y hepatitis, con lo que prima la prudencia. El Servicio Andaluz de Salud ya lo está administrando a enfermos con las características de Manuel, «con los criterios que ha recomendado el Ministerio de forma razonable» y «está resultando eficaz en un 75% de los casos», asegura el doctor Leal.
A principios de junio, las autoridades de la prisión han dejado salir a Manuel para que pueda ser sometido a un nuevo examen médico. Y en breve, a la espera de un último informe, su abogada va a presentar ante el juzgado la solicitud de ingreso en el hospital, en cuyo caso Manuel sería tratado y los gastos correrían a cargo del Servicio Andaluz de Salud, como han confirmado fuentes de la Consejería. La historia de Manuel es, para la Oficina del Defensor, «motivo de alarma social, no sólo para la vida de este interno, sino para el extenso grupo de personas en prisión que presentan ambas patologías». Y mientras, las infecciones de Manuel siguen avanzando. Y Manuel sigue esperando.
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