Una cosa es que una norma penal sea constitucional y otra muy otra es que además sea buena: que sus previsiones y su aplicación vayan a tener más efectos positivos que negativos y que en ese sentido vayan a mejorar el mundo. Sin embargo, el debate prelegislativo sobre la introducción en nuestro Derecho de la cadena perpetua no solo se ha centrado en su tolerabilidad para nuestros valores básicos de convivencia, sino que tiende a identificar la respuesta positiva a esta cuestión con su justicia: si la nueva pena es constitucional, es buena. Y ahí termina la reflexión; donde normalmente debería comenzar.
Lo peor es que no se trata de una reflexión cualquiera. La que ahora se proyecta es la reforma penal más agresiva de la etapa democrática. Afortunadamente no tenemos pena de muerte, pero se propone que tengamos prisión de por vida: ciertos delitos muy graves comportarán una pena permanente de prisión, cuya prosecución a partir de un periodo mínimo de 25, 28, 30 o 35 años podrá ser suspendida si existe un pronóstico favorable de reinserción social.

