Tokata | Boletín de difusión, debate y lucha social Entradas

El Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria de la Audiencia Nacional ha accedido a la propuesta formulada por Prisiones de conceder la libertad condicional para el ex general de la Guardia Civil, Enrique Rodríguez Galindo, condenado por el secuestro y asesinato a manos de los GAL de los etarras José Antonio Lasa y José Ignacio Zabala, según el auto del magistrado José Luis Castro al que ha tenido acceso Europa Press.

Los cadáveres de Lasa y Zabala, secuestrados en Bayona por los GAL en 1983, fueron encontrados años después en una localidad de Alicante donde habían sido asesinados y enterrados usando cal viva para descomponer los cuerpos y dificultar así su identificación. Por estos hechos el Tribunal Supremo condenó a Galindo a 75 años de cárcel en julio de 2001 al igual que al entonces gobernador civil de Guipúzcoa, Julen Elgorriaga. También fueron condenados otros tres guardias civiles a penas comprendidas entre los 73 y los 71 años y ocho meses.

Tres carceleros de Pensylvania ( EEUU ) fueron suspendidos esta semana por oblighar  que presos luchasan  uno contra otro y haciéndolo a cambio de bocadillos.

Los presos dicen que además de enfrentamientos el uno contra el otro para el entretenimiento de las guardias, los los obligaban a participar en una especie de juegos olímpicos talegueros, que compiten en acontecimientos que incluyeron:

• Enfrentamientos uno contra el otro en un armario
• Beber un galón (aprox. 4 l.)de leche en una hora
• Dar un puñetazo en el brazo sin caer
• Esnifar un caramelo triturado
• Beber una botella de agua con gas pimienta
• Comer fruta con las cáscaras
• Comer una cucharada de canela
• Ser rociado con gas pimienta en la cara

Los presos dicen que a cambio de su participación les prometieron comida y  café, que raramente se materializó.

Elaborado por Tokata de diversas fuentes en inglés

Vivimos en un país que aún conserva calles, plazas y avenidas dedicadas a Francisco Franco, responsable de un pavoroso genocidio, pero que obstaculiza la exhumación de sus víctimas. Los restos de 113.000 personas aún permanecen en fosas clandestinas. La justicia no pone ninguna objeción a los homenajes o a las fundaciones que exaltan la figura del general Franco, pero envía a prisión, con durísimas condenas, a los que se atreven a manifestar su apoyo a los presos políticos vascos. Indudablemente, es una buena noticia que la jueza argentina María Servini de Cubría haya solicitado a la Interpol la extradición del ex guardia civil Jesús Muñecas Aguilar y los policías Celso Galván Abascal (ya fallecido), José Ignacio Giralte González y José Antonio González Pacheco, alias “Billy el Niño”. Se les acusa de crímenes contra la humanidad cometidos en la mayor parte de las ocasiones en la antigua Dirección General de Seguridad, que funcionó como un centro de tortura y detención ilegal en Madrid hasta 1978. Espero que la orden de extradición prospere, pero me gustaría que se extendiera a los actuales torturadores, como los agentes que en marzo de 2011 violaron anal y vaginalmente a Beatriz Extebarria en la Dirección General de la Guardia Civil. El Comité Europeo para la Prevención de la Tortura consideró que el relato de Beatriz Etxebarria, denunciando los hechos, era “creíble y consistente”. ¿Necesitaremos otras cuatro décadas para que los torturadores de nuestros días –encubiertos por políticos, jueces, fiscales y forenses– sean reclamados por algún magistrado extranjero comprometido con la defensa de los derechos humanos?