El Fiscal pide 3,5 años a un banquero por darse una pensión de 11 millones. El Fiscal pide 5 años por robar un bolso y sacar dinero con la tarjeta. El Fiscal pide un año de prisión para un hombre que robó comida para sus hijos. Condenan a un año de cárcel por robar una gallina. El Fiscal pide dos años y tres meses para un hombre acusado de vender heroína a pequeña escala. El Fiscal pide tres años y medio por tener diez gramos de cocaína. Y suma y sigue.
Estos son algunos titulares, desgraciadamente no excepcionales, que vislumbran cómo son las leyes y cómo está la justicia en España, y posiblemente en el resto del mundo. La justicia así como está montada siempre perjudica a los mismos, a los que menos tienen, a los que no se pueden pagar un buen abogado, y ahora tampoco pueden sufragarse un recurso contra una sentencia que consideren injusta. Penalizan a los que la sociedad ya ha marginado, y ahora a los que están padeciendo más la crisis.
Toda esta reflexión me ha venido a la cabeza después de leer que este lunes se está celebrando un juicio contra la cúpula de la Caixa Penedés por autoadjudicarse 31,6 millones de euros en pensiones. El Fiscal pide penas de hasta tres años y medio para los cuatro implicados, entre ellos el exdirector general que se autoasignó y cobró 11 millones de euros. Cobró 11 millones de euros de una caja que después fue absorbida por otra, Mare Nostrum que a su vez se ha beneficiado del dinero de todos. He oído comentarios por la radio del estilo de que la justica es lenta, pero al final se aplica. Mentira. La justicia es lenta, y además es injusta.


