Tokata | Boletín de difusión, debate y lucha social Entradas

El Departamento de Justicia de la Generalitat catalana ha decidido rebajar los precios de los productos de los economatos de sus cárceles siguiendo la recomendación que le ha hecho el Síndic de Greuges después de una investigación abierta a raíz de la queja de 27 internos que consideraban excesivos los precios de los productos básicos. La aceptación ha sido acompañada de las primeras medidas por parte del Centro de Iniciativas para la Reinserción (CIRE) y desde enero han retirado 98 productos y han rebajado el precio a otros 97. Entre estos, la leche (un litro de leche semidesnatada ha pasado de 1,56 a 1 euro), el café soluble (se ha rebajado de 1,30 a 1,19 euros) o la crema dental (costaba 2 euros y ahora vale 1,89).

El CIRE también se ha comprometido a seguir trabajando en la línea recomendada por el Síndic y, desde un observatorio de productos y precios creado con este objetivo, está elaborando un estudio comparativo a partir de las datos del defensor del pueblo catalán. Éste ha recordado que «según la normativa, los productos ofrecidos a los economatos de los centros penitenciarios en ningún caso pueden ser superiores a los de los comercios externos situados en el entorno de los centros» y se ha mostrado satisfecho «con la buena disposición de Justicia para garantizar los derechos de los internos a disponer de productos básicos a precios razonables».

Antes de la rebaja, según el estudio comparado de precios elaborado por el Síndic, las tiendas de los centros penitenciarios gestionadas por el CIRE (Quatre Camins, Jóvenes de Quatre Camins, Brians 1, Brians 2, Lledoners y Mujeres de Barcelona) ofrecían productos un 35 % más caros que los comercios externos de referencia. El Síndic, ha recordado a la administración carcelera que «no puede dejar en manos de la empresa adjudicataria la fijación de precios» y que «es responsabilidad del CIRE controlar que los precios de los productos que se venden en las tiendas no sean superiores a los precios de los mismos productos en el exterior».

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Explotación en prisión

“Rehabilitación para Daniel”

Daniel Delgadillo, lleva dos meses y medio internado en el Hospital Santoyanni, y el “juzgado Nacional en lo Criminal Nº 20 le niega la posibilidad de una debida rehabilitación por ser un delincuente”. Así lo aseguró a la Agencia Para La Libertad una trabajadora del hospital. Daniel, de 27 años, tiene seis balazos en el cuerpo, con ambos pulmones perforados, fractura de fémur, diez clavos en el brazo derecho, rotura de un nervio… se halla completamente inmovilizado, y un gendarme que lo “cuida” le pegó tres sopapos cuando el joven le pidió que por favor no roncara toda la noche. Lo amenazan que irá al penal de Ezeiza, una de las prisiones con mayor mortalidad, por desatención médica y muertes violentas, “suicidios” y “ahorcamientos”, cuando necesita con urgencia un tratamiento de rehabilitación en un centro adecuado. Como dice la compañera, «no sobrevivirá en Ezeiza».

Carta de Javier Bonomo que lleva 125 días en huelga de hambre: «Me encuentro con mucho temor por mi vida»

Natalia Medina quien se halla en el acampe frente a los tribunales de Dolores, exigiendo la libertad de su esposo, Javier Bonomo, acudió hoy nuevamente a la Agencia Para La Libertad: “Los penitenciarios quisieron darle mil pesos y una “púa” a un interno para que lo lastimara a Javier. El pibe se les dio vuelta y pidió asistencia médica para mi marido. Y ahora está todo mal con el pibe, lo golpearon, está vomitando sangre, tiene las costillas rotas y hace materia fecal con sangre”. Javier, que lleva 125 días en huelga de hambre en un «buzón» de la U-6, reclamando la libertad que le corresponde según sus cuentas, ignoradas por los jueces, ha detallado en una carta las represalias que están tomando contra él los carceleros.

Internacional

La Cámara Federal de La Plata hizo lugar al habeas corpus colectivo presentado por Alejandro Gutiérrez, preso en Villa Devoto, en el que solicitó se deje sin efecto la resolución del Servicio Penitenciario Federal que trasladó a criminales de lesa humanidad, detenidos en Marcos Paz a la cárcel de Mujeres Madres. Recordemos que el pasado 23 de Mayo unas 30 cautivas en la U-31 fueron sacadas violentamente, para dejar sus lugares a 100 genocidas. Así su encierro se agravó copiosamente con la nefasta presencia. Desde ese día hasta entonces, una incesante movilización popular exigió la vuelta atrás de la medida: marchas al Servicio Penitenciario Federal, Petitorio impulsado por organizaciones populares, batucada de presos y cautivas, la denuncia incansable de las chicas y de los medios alternativos. Por su parte, desde el penal de Devoto, Alejandro “Mancu” Gutiérrez indicó a la APL que “me gratifica enormemente este fallo de la Cámara. Esperemos que lo cumplan con la misma rapidez que exigen los jueces, que respeten los derechos vulnerados de las compañeras, tanto de las que están como las que se fueron, y que no se vuelvan a meter con la población más vulnerable del ámbito federal que son las mujeres y madres de la unidad 31. Allí, existen todo tipo reclamos, como la asistencia médica de los chicos absolutamente deficitaria. Destaco la importancia de la participación de todos en esta lucha, los militantes de adentro y de afuera”.  El Tribunal resolvió que “en el plazo de 20 días se proceda a desalojar a los internos hombres y se reintegre a sus antiguos alojamientos a las internas desplazadas”. Para arribar a dicha resolución los magistrados han tenido en cuenta que “esa disposición agravo “las condiciones de detención de las internas”. Asimismo hicieron hincapié en que “los establecimientos de detención deben ser organizados separadamente para hombres y para mujeres”. Además, sostienen que “los talleres de la Unidad fueron destinados al alojamiento de los varones instalados en mayo de este año, razón por la cual, se han visto afectadas las actividades que en ellos se desarrollaban, menoscabando así el derecho a trabajar y educarse dentro del lugar de detención de sus antiguas ocupantes”.

Agencia Para La Libertad

Internacional Mujeres presas

En la plaza del Salón de Écija (Sevilla) se produjo la noche del lunes pasado una concentración exigiendo la puesta en libertad de Pablo Moreno García, vecino del pueblo, de 48 años, preso en la Cárcel de Sevilla II, que ha cumplido ya siete años de la condena de ocho y tres meses que pesa sobre él, sufre un cáncer de garganta en fase terminal, neumonía crónica, y es portador de anticuerpos del virus del SIDA. Amparo Moreno, su hermana, explicó que a la concentración, como a la que hubo hace pocos días en el Prado de San Sebastián de Sevilla capital, donde están los juzgados y la Audiencia Provincial, ha asistido bastante gente. La familia ha solicitado al tribunal sentenciador la libertad del preso sin que hasta ahora les haya hecho ni caso. Durante la concentración recogieron «unas 500 firmas» demandando su excarcelación por razones humanitarias para que pueda pasar sus últimos días con su hijo y su nieto. Dicen que la juez cree que «puede delinquir de nuevo», a pesar de que un escrito de la prisión refleja que «está rehabilitado por completo y tiene un comportamiento ejemplar» y de que, con la enfermedad que tiene, es imposible que lo haga, ya que se mueve con mucha dificultad.

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Actividad en la calle La cárcel mata

Las imágenes grabadas por la cámara de seguridad de la lavandería muestran cómo dos policías de paisano maniatan con cinta americana a un colombiano antes de que uno de ellos lo arroje contra la pared. Acto seguido, este policía agarra al inmigrante por el cuello, dificultándole la respiración, mientras su compañero trata de contenerle.

Las imágenes del vídeo corresponden al 2 de mayo de 2011 y habían quedado olvidadas en un cajón del juzgado, debido al archivo de la causa. Durante el proceso, de hecho, no se dio importancia al vídeo como prueba de las denuncias que había realizado el joven y el juez no llamó a declarar a testigos clave como pasajeros y azafatas del primer avión en el que se le trató de expulsar. De hecho, en las primeras vistas se da por supuesta una declaración del piloto que, a posteriori, se descubrió que no se había realizado. Durante el proceso judicial, los agentes negaron todas las agresiones descritas por el colombiano.

Cárceles racistas

Un total de 17 personas del Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Zapadores (Valencia) aprovecharon el turno de limpieza y visitas para escaparse, tal y como han confirmado tanto desde la Policía Nacional como desde colectivos que trabajan por el cierre de estos centros.

La Policía logró detener en las inmediaciones a nueve personas y otras ocho lograron escapar. Además, fuentes policiales han asegurado que en su fuga un agente y a una operadora de la limpieza sufrieron heridas leves. Esta misma mañana se han detenido a otros dos que  habían logrado salir de las instalaciones policiales.

Los fugados eran en su gran mayoría argelinos, muchos de ellos llegados en pateras a costas españolas en las últimas semanas y trasladados al CIE de Valencia para permanecer allí encerrados mientras esperan su repatriación.

Cárceles racistas

Dirigentes políticos y jueces estadounidenses tienen algo en claro: que la mano dura y la tolerancia cero son mucho más rentables que la prevención del delito. Gracias a eso, las empresas que operan las cárceles privadas del país del norte ganan cada año miles de millones de dólares por un negocio tan jugoso como perverso y en el que las principales víctimas son los inmigrantes pobres. La gran mayoría de ellos llega a los centros de detención privados por las duras leyes vigentes y por la complicidad que el Estado y el aparato judicial mantienen con las compañías del rubro. Su estadía en estas prisiones incluye abusos, vejaciones y condiciones de vida inhumanas.

El negocio comenzó en los años 80, bajo la presidencia del conservador Ronald Reagan. En 1983, Jack Massey creó la primera empresa de cárceles en Estados Unidos: Corrections Company of America (CCA). Al año siguiente surgiría Wackenhut Corrections Corporation, que más tarde sería comprada por el Geo Group, actualmente la segunda compañía más grande del negocio carcelario, por detrás de CCA.

Ambas empresas, que controlan el 80% de las prisiones privadas, fueron creciendo a la misma velocidad que aumentó la población carcelaria.

Explotación en prisión Internacional

El nuevo servicio que pretende establecer sufrirá un recorte presupuestario del 66%, lo que mermará su calidad y eficacia.Dos años y medio después de que la Junta pusiera fin al servicio de atención a los presos, recortando un servicio para los más desfavorecidos

El consejero de Justicia de la Junta de Andalucía, Emilio de Llera, dispuso en Abril de 2012 el fin de un servicio público esencial para uno de los colectivos más desfavorecidos de la sociedad. Frente a las críticas que la sociedad civil organizada expusimos, el consejero utilizó excusas tanto formales (necesidad de un convenio tripartito con el Consejo Andaluz de Colegios de Abogados, con la participación del Ministerio del Interior, pese a que el SOAJP en Andalucía había ya funcionado sin éste durante siete años) como de contenido (innecesaridad del servicio, ya que los presos contaban para ser defendidos con el Fiscal, el Juez de Vigilancia y el Defensor del Pueblo, así como los juristas de prisión), incompatibles entre sí, pues o es necesario el servicio o no lo es.

Sin categoría

Hablamos sobre la instrucción donde Instituciones Penitenciarias dicta una serie de medidas «para la prevención de la radicalización en los centros penitenciarios» que atentan contra los derechos de los presos supuestamente «islamistas». Más noticias sobre torturas y también sobre la supuesta sustitución de la pena por expulsión para presos extranjeros que se convierte en cárcel más expulsión incluso en casos de gente con arraigo. Informamos también sobre las actividades de explotación de las personas presas del CIRE de Cataluña.

Radio: Tokata Y Fuga

La Audiencia Provincial de Valencia ordena al Juzgado de Instrucción 4 de Valencia reabrir un caso, llamando a declarar como imputado a un agente de policía nacional y a otros cuatro como testigos por una denuncia de malos tratos interpuesta por unos menores argelinos en el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Zapadores en 2012. En el auto la Audiencia admite el recurso de apelación de las víctimas y reabre el caso al considerar que los hechos podrían constituir un delito de torturas del artículo 174 del Código Penal.

El tribunal apunta la necesidad de investigar los hechos dado que el Juzgado de Instrucción nº4, encargado en primera instancia de la investigación, decidió archivar el caso el 19 de septiembre de 2013, permitiendo la expulsión de las víctimas sin tomarles  declaración. Tampoco llamó a declarar a los policías que estaban de servicio.

La Campaña por el Cierre de los Centros de Internamiento para Extranjeros (CIEs NO) ha denunciado la falta de actuación jurídica que hasta el momento se ha dirigido a esclarecer los hechos, ya que en el juzgado que archivó inicialmente el caso, “nada se acordó para investigar la identidad del presunto agresor”. Asimismo la plataforma reclama la suspensión de las expulsiones de víctimas y testigos en los casos de graves violaciones a los derechos fundamentales, alertando sobre el reciente caso de tres personas de nacionalidad marroquí que tras denunciar agresiones por parte de miembros de la policía nacional claramente identificados, fueron deportados de manera express a su país de origen.

Campaña por el cierre d elos CIE

Cárceles racistas