La Consejería De Justicia De La Junta de Andalucía Anuncia Por Segunda Vez La Reanudación de La Asistencia Jurídica En Prisión

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El nuevo servicio que pretende establecer sufrirá un recorte presupuestario del 66%, lo que mermará su calidad y eficacia.Dos años y medio después de que la Junta pusiera fin al servicio de atención a los presos, recortando un servicio para los más desfavorecidos

El consejero de Justicia de la Junta de Andalucía, Emilio de Llera, dispuso en Abril de 2012 el fin de un servicio público esencial para uno de los colectivos más desfavorecidos de la sociedad. Frente a las críticas que la sociedad civil organizada expusimos, el consejero utilizó excusas tanto formales (necesidad de un convenio tripartito con el Consejo Andaluz de Colegios de Abogados, con la participación del Ministerio del Interior, pese a que el SOAJP en Andalucía había ya funcionado sin éste durante siete años) como de contenido (innecesaridad del servicio, ya que los presos contaban para ser defendidos con el Fiscal, el Juez de Vigilancia y el Defensor del Pueblo, así como los juristas de prisión), incompatibles entre sí, pues o es necesario el servicio o no lo es.

La férrea presión parlamentaria (dos proposiciones no de ley y comparecencias parlamentarias), animada por las entidades sociales que conformaban la “plataforma reanudación soajp ya”, a la que se ha visto sometido el consejero por el resto de partidos políticos, PP e IU, hizo que este no tuviera más salida que reanudar este servicio.

El 12 febrero de 2014 el Consejero anunció la inminente reinstauración de los SOAJP. Ante la inacción, en verano de 2014 la APDHA volvió a presionar ante los Defensores del Pueblo. En el día de ayer, 14 de septiembre, afirmó en una nota de prensa haber alcanzado un acuerdo con los abogados para la reanudación. “Casualmente” el día anterior a la discusión en el Parlamento de una nueva proposición no de ley en la que se votaba, entre otras cosas, la “reprobación” del Consejero por su actitud en este tema.

Ahora señala textualmente que este acuerdo “permitirá dar cobertura y garantía legal a esta atención que beneficiará a los internos que cumplen condena en las cárceles andaluzas […] que ha obtenido muy buenos resultados desde su puesta en marcha y es además muy bien valorada por los internos y los profesionales de Instituciones penitenciarias, ya que, además de orientar de primera mano a los internos, supone un importante instrumento de mejora de la convivencia y pacificación de la población reclusa”. Como se dijo con anterioridad había negado su necesidad.

Aunque ahora afirma que se reanudará la atención jurídica penitenciaria, lo cierto y verdad es que del contenido de la nota se desprende que se pondrá en marcha otra orientación penitenciaria, que nada tiene que ver con la anterior:

Se reducirá el número de letrados que asistirán a las prisiones, antes uno diario en la mayoría de las provincias, lo que determinará a buen seguro que el tiempo de que dispondrán los abogados para cada uno de los presos se reducirá significativamente. Si antes se atendían en muchas prisiones a 7 presos en dos horas, ahora probablemente serán 10. La calidad se reducirá necesariamente.

A su vez, se abonará por asistencia la mitad de lo que se abonaba antes de su suspensión. ¿Cuántos letrados pueden estar dispuestos a desplazarse 130 kilómetros, estar una mañana y trabajar y seguir cada una de las encomiendas jurídicas que le hagan los presos por alrededor de 60 euros?

Por otra parte, desconocemos como ha quedado finalmente la pretensión del Consejero de eliminar la mayoría de competencias de este servicio. Este extremo tampoco era conocido hoy por los grupos parlamentarios, incluido el PSOE, por lo que la portavoz de IU ha anunciado que pedirá la comparecencia del Consejero para que informe al respecto. Según el borrador de previo -que rechazamos-, dejaba el servicio en meramente para informar al preso con objeto de que este se autodefienda en cuestiones tan sensibles como la privación de libertad. Este servicio desde sus inicios se establecía como contenido la orientación y asistencia jurídica, incluyendo expresamente la redacción de escritos y recursos. Si esto fuera así nos encontraríamos además ante un “vaciado” de funciones del servicio totalmente reprobable.

Ambas medidas necesariamente inciden en la calidad del servicio y aclaran tajantemente que el interés del Consejero era su supresión y ante su imposibilidad su reducción al mínimo. Los 396.000 euros anuales para la atención de las 13.000 personas presas se verán reducidos a una cantidad que parece que no llegará a la mitad. Inicialmente se han presupuestado 130.000 euros.

Es evidente ya lo que nunca se atrevió a confesar el Consejero: que se trataba de una mera cuestión de recorte presupuestario, que afectaría a uno de los colectivos más desfavorecidos sin voz, que encontró por sorpresa para el Consejero, una lucha organizada entre sociedad civil y fuerzas parlamentarias. La pregunta que cabe hacerse es (y aún más tratándose de un Gobierno que se autodenomina social y de izquierdas) si tiene sentido dejar durante dos años y medio sin orientación ni defensa jurídica a 13.000 personas encarceladas y sin recursos económicos, para que la Junta se ahorre aproximadamente un millón de euros.

Así pues, desde la APDHA nos felicitamos por el trabajo realizado entre todas aquellos ciudadanos y colectivos que hemos apoyado la campaña, así como por el enorme trabajo parlamentario realizado por los responsables de IU y PP en la Comisión de Justicia e Interior, y lamentamos la incapacidad del grupo parlamentario del PSOE para hacer entender al Consejero que no todo vale. Aunque nos alegramos de que, a pesar del “canto de sirena” de la nota de prensa del consejero, se le llame nuevamente la atención con la aprobación de la tercera Proposición No de Ley para que se reanude el servicio de manera inmediata real y efectiva.

APDHA

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