Hablamos con Ana, de CIEs NO, entre otras cosas, de las represalias «en bloque» contra los presos árabes en la cárcel racista de Valencia, después de los suc esos de la semana pasada. Comentamos con varios compañeros la convocatoria de la coordianadora de afectados por la Hepatitis C a concentrarse ante las cárceles, delegaciones del gobierno, juzgados de vigilancia penitenciaria… el próximo sábado, 26 de septiembre, exigiendo tratamiento sin discriminación para las personas presas enfermas de hepatitis C.
Tokata | Boletín de difusión, debate y lucha social Entradas
AMIGAS/OS ESTAREMOS DE NUEVO EN LA SALA BULULU DE MADRID CON: LA ESCLUSA LOS DÍAS 26- 27 SEPTIEMBRE Y 3-4 DE OCTUBRE
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Una reflexión teatral sobre los encierros, los miedos, la libertad… L
Dieciséis años presa, mañana sale en libertad condicional.La última y larga noche de una mujer transitando entre el miedo y la esperanza es el escenario de La esclusa.
Es la hora de quererse y asomarse a la vida libre. ¿Está preparada?
Una puerta a la calle, un salto al vacío, un baile complicadísimo. Pero no será ella quien no cruce, no salte y no baile.Es la hora de bailar.
«Nos preocupa mucho que se esté haciendo un tratamiento en bloque a todas las personas de Zapadores que entren en un perfil», explica Ana Fornés, portavoz de la campaña Cies No en Valencia.
La madrugada del pasado lunes, vecinos del barrio alertaron a las organizaciones civiles ante los disparos que se oían dentro del Centro de Internamiento de Extranjeros de Zapadores.
Una unidad de policía antidisturbios entró en el recinto y, según afirman desde Delegación de Gobierno, dispararon salvas y cargas de proyección sin proyectil para «intimidar» frente un supuesto motín protagonizado por algunos internos de origen árabe.
Los vecinos y miembros de Cies No que acudieron al barrio de Monteolivete, donde se encuentra el centro, señalan los gritos de dolor que oyeron mientras veían cómo los policías bajaron a varias personas que se habían accedido al tejado del edificio.
CONVOCATORIA
Los integrantes de La Coordinadora de Afectados por Hepatitis C vamos a llevar a cabo, los próximos días 25 y 26 de Septiembre de 2015, una acción informativa-reivindicativa. “Exigiremos” el derecho de la población reclusa afectada por hepatitis C a ser tratada en igualdad de condiciones que el resto de afectados.
El día 25 haremos llegar sendos documentos al Ministerio De Sanidad e Instituciones Penitenciarias pidiendo que se nos proporcionen datos reales. En el primer caso pediremos número de afectados por hepatitis C y número de pacientes tratados con los nuevos medicamentos libres de Interferón; en el segundo caso, número de afectados por esta enfermedad en los centros penitenciarios y número de reclusos tratados con los medicamentos de última generación; en ambos documentos solicitaremos también conocer el coste de los nuevos fármacos aprobados en España para tratar esta enfermedad.
La tasa mundial de afectados por hepatitis C oscila entre el 1,5 y el 3 % de la población. En el caso de la población reclusa, según la Sociedad Española de Sanidad Penitenciaria, el porcentaje es superior al 22%.
El día 26 las diferentes plataformas que formamos parte de La Coordinadora efectuaremos concentraciones en las puertas de las prisiones, Subdelegaciones Del Gobierno, Oficina del Defensor del Pueblo, etc.
Las dificultades que la totalidad de afectados por esta enfermedad estamos encontrando para ser tratados con los nuevos medicamentos, libres de Interferón, que curan nuestra enfermedad en más del 90% de los casos, es un caso insólito en la Sanidad Pública Española. Los diferentes organismos competentes en materia sanitaria “exigen” como condición para tratarnos que nos pongamos “lo suficientemente enfermos”, que estemos en un estadio de la enfermedad grave o muy grave. Esta condición, con ser intolerable, es aún peor para la población reclusa; en los centros penitenciarios el estar gravemente enfermo no te garantiza que vayas a ser tratado.
Por eso vemos más necesario que nunca realizar estas acciones y pedir al resto de Plataformas de afectados por hepatitis C, movimientos sociales, colectivos, agentes políticos y ciudadanos en general que acudan a estas acciones y nos ayuden a acabar con esta situación. Como sociedad no podemos tolerar que dentro de las cárceles españolas sigan muriendo personas afectadas por una enfermedad para la que existe cura.
Los artículos 15 y 43 de la Constitución española garantizan el derecho a la vida e integridad física, así como el derecho a la protección de la salud. Encontrándose los primeros en el Catálogo de derechos fundamentales. Estos derechos tienen un carácter absoluto y están entre aquellos que no pueden verse limitados por pronunciamiento judicial alguno, ni por ninguna pena.
Artículo 208 del reglamento penitenciario: A todos los internos, sin excepción, se les garantizará una atención médico-sanitaria equivalente a la dispensada al conjunto de la población.
Todo aquel que quiera sumarse a esta acción puede dirigirse a lourdes_lsv_25@hotmail.com,os haremos llegar el cartel y en el caso de las Plataformas, también los documentos para pedir datos tanto al Ministerio de Sanidad como a IIPP.
El pasado 10 de septiembre de 2015 recibimos el siguiente mensaje:
Un ciudadano marroquí, que ha sufrido dos infartos cerebrales, permanece encerrado en el Centro de Internamiento para Extranjeros de Zapadores e incomunicado con el exterior sin que la dirección del centro facilite información sobre su estado. Sus familiares y las organizaciones sociales que les acompañan –Jo Sí Sanitat Universal y Red Acoge-Valencia Acoge– están profundamente preocupados por su salud y temen que su internamiento ponga en riesgo su vida. Ante esta situación solicitan su inmediata puesta en libertad y que se le otorgue la residencia temporal por cuestiones humanitarias para garantizar una asistencia sanitaria especializada y condiciones que garanticen su integridad física.
La historia de esta persona ejemplifica la situación de miles de inmigrantes que después de vivir y trabajar en España durante décadas se encuentran en el más absoluto desamparo como consecuencia de las políticas xenófobas que culpan de la crisis a quienes vinieron en busca de una vida digna.
Hablamos con Eugenia, de CIEs No Valencia, sobre los recientes acontecimientos en la cárcel racista de Zapadores presentados por la prensa como «motín», «intento de fuga» cuando, como dice una vecina en una llamada en directo, no son más que manifestaciones de inquietud ante las infrahumanas condiciones de vida que reinan allí. Hablamos también de diversos aspectos de la campaña por el cierre de los CIEs. Después comentamos la convocatoria de las plataformas de afectados por la hepatitis C a concentrarse el 26 de septiembre en las puertas de las cárceles o ante las delegaciones del gobierno o juzgados de vigilancia penitenciaria, reivindicando los nuevos tratamientos para las personas presas enfermas de VHC.
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Sabemos por experiencia que los gobiernos y administraciones, especialmente la penitenciaria, no reconocerán en la práctica nuestros derechos a no ser que, de algún modo, les obliguemos. Para empezar, recordamos a las personas presas, a sus familiares y amistades, y a las asociaciones y grupos de apoyo, la urgencia de iniciar los trámites legales para exigir los mismos tratamientos que se están dando o reivindicando en la calle. Para lo cual, quizá sean útiles las siguientes indicaciones:
Diagnóstico y prescripción:
Si tienes hepatitis C, estás en la cárcel y quieres luchar por que se te trate con los medicamentos de última generación, lo primero que tienes que conseguir es que el tratamiento te sea prescrito por el médico especialista, sin lo cual no hay nada que hacer. El que te tiene que derivar al especialista es el médico de la cárcel. En algunas cárceles, sabemos que se está disponiendo (prestado por el sistema nacional de salud) del instrumental necesario para efectuar el “FibroScan” por el que se determina el grado de fibrosis hepática.
Según la “Estrategia terapeútica” publicada en abril del 2015 por el ministerio de sanidad, tienen prioridad para recibir los nuevos tratamientos, los pacientes, tanto monoinfectados como coinfectados con VIH, que sufran fibrosis hepática en grados de F2 a F4 (según biopsia hepática o FibroScan en los 6-12 meses previos al inicio del tratamiento); los pacientes en lista de espera para trasplante hepático; los trasplantados a los que se les haya reproducido (“recidiva”) la infección después del trasplante; los pacientes que no hayan respondido a triple terapia con inhibidores de la proteasa de primera generación; los trasplantados no hepáticos con hepatitis C, independientemente del estadio de fibrosis hepática; los pacientes con hepatitis C y manifestaciones extrahepáticas del VHC clínicamente relevantes (crioglobulinemia, alteraciones renales, porfiria cutánea y alteraciones hematológicas), independientemente del grado de fibrosis hepática. También está indicado el tratamiento, independientemente del grado de fibrosis, en personas con alto riesgo de transmisión en función de su situación social-profesional y en mujeres en edad fértil con intención de quedarse embarazadas.
Si estás dentro de estos criterios médicos, tienes derecho a exigir a tu médico que te solicite el tratamiento. Pídele una copia de la solicitud donde conste la fecha y el tratamiento solicitado. En el plazo de unos días deberían comunicarte la resolución de la solicitud. Si no estás conforme con el diagnóstico o el tratamiento prescrito por tu médico, tienes derecho a pedir una segunda opinión médica en el centro hospitalario que te corresponda.
Según los últimos datos proporcionados en 2013 por la propia Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, el 21,3% de las personas presas en las cárceles del Estado español, unas 14.000 personas, tenían el virus de la hepatitis C (VHC) y una de cada tres estaba también infectada por el VIH. Ocho de ellas fallecieron ese año a causa de la hepatitis C, dos más que el año anterior, a pesar de que la población reclusa había disminuido. La secretaría general de prisiones admitía que, de la totalidad de personas afectadas, sólo se estaba tratando al 2,8%, es decir, a 209. El gasto en tratamientos de hepatitis C bajó un 26,04% entre 2012 y 2013 y un 48% desde 2006. Y cómo podía ser de otra manera cuando la autoridad carcelera ha estado restringiendo esos gastos con artimañas como prohibir a los médicos bajo sus órdenes que prescribieran, ya no los fármacos de última generación, sino los tratamientos que en la calle estaban siendo rechazados por las asociaciones de afectados al ser menos eficaces que aquéllos, no dando otra opción a las personas presas que conformarse con medicaciones obsoletas, de terribles efectos secundarios y mucho menos eficaces, o someterse a larguísimas listas de espera que les permitieran entrar en los “cupos” establecidos con criterios de ahorro presupuestario. Otro mecanismo encubierto de control y recorte de gastos: sin ninguna razón terapeútica, los tratamientos se centralizaron en la Unidad de Custodiados del Hospital Gregorio Marañón de Madrid, con muy pocas plazas disponibles. Y, encima, cuando las personas enfermas llegaban allí, después de años de espera, el problema podía seguir siendo el mismo, que las administraciones no se pusieran de acuerdo sobre cuál de ellas debía pagar el tratamiento, y al final, como siempre, los perjudicados los pacientes. Para más inri, una orden de las altas instancias de la administración carcelera, excluía del tratamiento a las personas coinfectadas de VHC y VIH, por tergiversación de los criterios al respecto de la Agencia española del Medicamento, según los cuales, en realidad, la coinfección lo hace más urgente.
Un policía nacional viola un domicilio, apuntando con la pistola a sus habitantes, entre ellos una mujer de 80 años. No contento con eso, pide refuerzos. Entre 8 y 10 policías nacionales vuelven a entrar en el domicilio sin orden judicial, agreden a la familia que allí vive, torturan a dos personas exigiéndoles un móvil con el que habían grabado parte de los hechos, efectúan un registro ilegal, echan de su casa a empujones a la señora de 80 años, agreden a un menor, detienen ilegalmente a tres hombres, torturan a uno de ellos en comisaría y les acusan finalmente de lesiones y atentado a la autoridad. Podéis escuchar con más detalle el relato de lo ocurrido en este video: