El sistema penal es de alguna manera la primera línea de la amenaza, pronta a convertirse en violencia, que el régimen de dominación hace pesar permanentemente sobre los oprimidos para imponerles sumisión. Y, por tanto, también en cierto modo, la primera línea de la resistencia frente a ella. Sería lógico, pues, que los autodenominados “anarquistas” —para ellos mismos al menos, los principales enemigos de dicho régimen— prestaran gran atención a los conflictos concretos que pudieran producirse en esa primera línea. La autodefensa contra el sistema penal es parte fundamental de la tradición anarquista. Por ejemplo, en las primeras décadas del siglo XX, la solidaridad con los presos, junto a las expropiaciones y la lucha abierta con la policía y con los pistoleros de la patronal, era el centro de la actividad de muchos grupos de afinidad. En el 36, como una de las primeras medidas tomadas desde abajo en la revolución que hizo frente al alzamiento militar, los anarquistas abrieron las cárceles. Sin embargo, los que ocuparon posiciones de poder en el Estado republicano, entre otras muchas opciones netamente contrarrevolucionarias, contribuyeron a volver a llenarlas o lo consintieron, incluso cuando eran los mismos anarquistas quienes iban presos. García Oliver fue ministro de justicia, máxima autoridad carcelera y, según se dice, uno de los inventores de los campos de concentración. Además de que, como muchas otras organizaciones del bando republicano, la CNT tuvo también sus “checas”, cárceles informales donde se encerraba, se interrogaba y se juzgaba sumarísimamente a los sospechosos de connivencia con el enemigo, que muchas veces eran ejecutados, y hubo participación de anarquistas en las “sacas” de presos “facciosos” para ser fusilados.
Tokata | Boletín de difusión, debate y lucha social Entradas
Hablamos de la jornada de lucha de este sábado por que los nuevos tratamientos contra la hepatitis C se proporcionen a las personas presas enfermas con gente tanto libertaria como de las plataformas de afectados que ha participado en ella desde Valladolid, Salamanca, León, Madrid, Valencia, Asturias, Barcelona…
Pope nos habla de su experiencia de lucha de varios años exigiendo atención médica adecuada en medio de la situación de catástrofe provocada de la sanidad penitenciaria y el abandono de las personas presas enfermas que él denuncia como una forma de tortura. La charla sirve de preparación para la jornada de lucha del día siguiente por un tratamiento sin discriminación para las personas presas enfermas de hepatitis C.
En el día de la patrona de instituciones penitenciarias, Nuestra Señora de la Merced, se realizarán actos de puesta en valor del trabajo realizado por la Administración. Frente a estos actos, es preciso resaltar la hipocresía de estas políticas de imagen, a la vez que las personas empeoran de forma irreversible, llegando en ocasiones al fallecimiento por la inacción de esas mismas administraciones.
La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) constata y denuncia que donde proporcionalmente existe un mayor número de enfermos de hepatitis C es en las prisiones y, sin embargo, es el lugar donde menos llega el medicamento adecuado para la curación de esta enfermedad. Un 20% de la población presa tiene Hepatitis C y sin embargo sólo entre un 2,6% y 3% está siendo tratada con los medicamentos apropiados. La APDHA inició una campaña específica sobre el tema en 2013. Asimismo, un grupo de médicos de la prisión de Albolote en Granada ha denunciado, recientemente, esta grave vulneración de derechos.
Según los últimos datos proporcionados por la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias el 21,3% de las personas presas en las cárceles del Estado, unas 14.000 personas, padecen el virus de la hepatitis C, frente a la tasa de prevalencia del resto de la población que se sitúa en el 1,6%. A pesar de ello, según datos facilitados por la SESP, Sociedad española de Sanidad Penitenciaria, sólo alrededor del 2,8% de las personas presas en el Estado están siendo tratadas con los nuevos medicamentos.
Así la Administración penitenciaria ideó diversas estrategias para abaratar costes: se prohibió a los médicos penitenciarios prescribir los medicamentos de última generación, condenando a las personas presas a recibir medicaciones obsoletas, de terribles efectos secundarios y menor eficacia y los tratamientos se centralizaron en el Hospital Gregorio Marañón de Madrid, con pocas plazas disponibles. Además se produjo una pugna por ver quién debía pagar el tratamiento de la enfermedad: Instituciones Penitenciarias o las diversas comunidades autónomas. Es decir, a pesar de que la legislación establece que las personas presas deben gozar de una atención médica similar a la del resto de la población, se abordó el tratamiento de las personas infectadas por la hepatitis C con un criterio puramente economicista.
Esta escandalosa situación de discriminación y vulneración de los derechos fundamentales de las personas presas ha sido denunciada por numerosos colectivos de apoyo a personas presas, así como por la Plataforma de Afectados por la Hepatitis C.
Debido a la presión ejercida, la Administración penitenciaria ha propuesto a las comunidades autónomas que se hagan cargo del tratamiento hasta que se dirima judicialmente quién tiene que pagarlos. Ante esta tesitura muchas personas presas son víctimas de una visión que prima el aspecto económico sobre el terapéutico en la atención sanitaria.
Las dificultades que la totalidad de afectados por esta enfermedad están encontrando para ser tratados con los nuevos medicamentos, libres de Interferón, que curan la enfermedad en más del 90% de los casos, es un caso insólito en la Sanidad Pública estatal. Los diferentes organismos competentes en materia sanitaria “exigen” como condición para tratar la enfermedad que los pacientes se pongan “lo suficientemente enfermos”, que estén en un estadio de la enfermedad grave o muy grave. Esta condición, con ser intolerable, es aún peor para la población reclusa; en los centros penitenciarios el estar gravemente enfermo no te garantiza que vayas a ser tratado.
Por eso vemos más necesario que nunca realizar estas acciones. Este testimonio de solidaridad y de apoyo por parte de la gente de la calle puede ayudar a romper las condiciones de incomunicación y aislamiento de las personas presas ya que no podemos tolerar que dentro de las cárceles españolas sigan muriendo personas afectadas por una enfermedad para la que existe cura. Desde Salhaketa-Araba también queremos unirnos a la convocatoria realizada por la Plataforma de afectados por la Hepatitis C para exigir el derecho de la población reclusa afectada por Hepatitis C a ser tratada en igualdad de condiciones que el resto de afectados.
Concentración
25 de septiembre – 11:00
Frente a la sede del Ararteko
(C/Prado – Vitoria-Gasteiz)
Salhaketa-Araba
Arantza Díaz Villar, presa política enferma. Gasteiztarra de 44 años de edad. Detenida el 9 de junio de 2006, por militancia en el PCE(r), lleva 9 años presa. Presentó denuncia por torturas durante el periodo de incomunicación. Condenada a 11 años de prisión. Y a otro año más por “desacato al tribunal”. Ha pasado por las cárceles de Brieva, Estremera, Soto del Real, Zaballa, y se encuentra ahora en la de Villena (Alicante). En agosto de 2012 fue agredida y lesionada por otra presa en la cárcel de Brieva.
El 26 de mayo de 2014 se le detecta cáncer de colon. El 29 de mayo es trasladada de urgencia al hospital y el 30 es operada en Alicante de oclusión intestinal. El 9 de junio es operada por segunda vez en 10 días, esta vez del cáncer de colon. En los 15 días de hospital, estuvo incomunicada de visitas y llamadas telefónicas.
En junio 2014 su abogado presenta auto de libertad condicional por enfermedad grave, para que en la calle pueda ser tratada correctamente de su cáncer.
El 18 de julio le informa el hospital que va a ser sometida a 6 meses de quimioterapia (8 sesiones en el hospital). En este tiempo, además, tratamiento intravenoso cada 3 semanas y oral de forma semanal en la cárcel. El tratamiento dura de agosto 2014 a principios de febrero de 2015. Se le informa que en marzo se le harán las pruebas de comprobación del tratamiento.
En diciembre 2014 se le notifica el auto denegatorio de la libertad condicional. Recurso de apelación el 15 de diciembre. 20 de mayo 2015: Interpuesto el recurso de apelación y traslado a la fiscalía y posterior remisión a la Sala de lo Penal de la A.N.
En junio le dicen que las pruebas del TAC serán definitivamente en julio. El 28 de julio fallece su madre. El 30 de julio le dicen que las pruebas serán en septiembre. El 4 de septiembre los médicos penitenciarios le informan que ni siquiera tienen fecha de salida al hospital de Alicante.
El caso es puesto en manos de su abogado el 5 de septiembre. Ha informado a la cárcel de la fecha del 15 de septiembre como máxima espera antes de tomar otras medidas de protesta contra este retraso en las pruebas del TAC determinantes para saber si ha superado el cáncer. El 10 de septiembre los médicos de Villena tras hablar con el hospital le indican que será sacada en la segunda quincena de Septiembre. Estamos atentxs y a la espera de ver si se cumple dicha salida hospitalaria.