El estado de salud de las personas que llenan las prisiones está muy deteriorado. En los centros penitenciarios encontramos enfermedades prácticamente erradicadas en el exterior, como por ejemplo la tuberculosis, padecida en un 5% (100 veces más que la población general según la Organización Mundial de la Salud) y los niveles de incidencia de otras enfermedades graves multiplican varias veces los niveles normales. El VIH-SIDA está extendido en prisión entre el 10% de la población, mientras que en el resto de la población afecta a un 0,3%. Los datos recogidos por la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) sitúan la tasa de infectados por hepatitis C en el mundo occidental entre el 1,5% y el 3% de la población, mientras que según los datos que maneja la Sociedad Española de Sanidad Penitenciaria entre la población reclusa la tasa es superior al 25%. Teniendo en cuenta que en Andalucía hay 14.890 internos, la situación es claramente preocupante.
La asistencia médica es deficitaria y de peor calidad que la del resto de la sociedad. No existe asistencia integral y las consultas de especialistas en el interior de las prisiones son muy escasas. Sí se presta asistencia médica de carácter primario (dependiente de IIPP) con una desorbitada ratio médico por paciente que actualmente está en torno a un médico por cada 200 personas presas, mientras que sin embargo existe un funcionario de seguridad por cada cinco personas reclusas.



