La Tortura En El Estado Español: Informe De 2014

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CPDT-Informe-2014_portada1-724x1024 [Picar en la imagen para ver informe completo]

Por undécimo año consecutivo, la Coordinadora para la Prevención y Denuncia de la Tortura (CPDT) presenta su informe sobre anual sobre los casos de tortura, malos tratos y muertes bajo custodia conocidos en el Estado español. En este nuevo informe se han mantenido los mismos criterios que en los informes anteriores con el objeto de facilitar una perspectiva sobre la evolución de la práctica de la tortura en el Estado español. En este trabajo presentamos las denuncias que entran dentro de la definición de la Convención de la ONU:

“Se entenderá por tortura todo acto por el cual se inflija intencionadamente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o una confesión, de castigarla por un acto que haya cometido o se sospeche que ha cometido, o de intimidar o coaccionar a esa persona o a otras, por cualquier razón basada en cualquier tipo de discriminación, cuando dichos dolores sean infligidos por un funcionario público u otra persona en el ejercicio de funciones públicas, a instancia suya o con su consentimiento”.

Convención de la ONU contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes. Aprobada por el Plenario de la ONU el 10 de diciembre de 1984. Ratificada por el Estado español, entró en vigor en España en octubre de 1987

En el informe de este año recogemos 194 situaciones en que se produjeron agresiones, torturas y/o malos tratos a un total de 961 personas.

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Estas agresiones se produjeron sobre personas bajo custodia de los funcionarios (comisarías, cuarteles, prisiones u otros centros de privación de libertad) y/o en el transcurso de intervenciones policiales (represión de manifestaciones, etc.). Estas cifras no coincidirán con el número de causas penales abiertas por tortura y/o malos tratos, dado que un mismo caso o situación puede dar lugar a una o a varias causas judiciales. Como en años anteriores, no se han tenido en cuenta todas las denuncias de torturas y/o malos tratos de las que se tuvo conocimiento durante el año 2014: algunas han sido excluidas del informe por petición expresa de las personas afectadas, otras porque la información recibida era insuficiente o no estaba totalmente contrastada. También hay que tener en cuenta que un importante número de casos de tortura y/o agresiones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FCSE) o Funcionarios de Instituciones Penitenciarias (FIIPP), no se denuncian nunca, ni ante los tribunales de justicia ni ante ninguna otra instancia, pública o privada, especialmente por parte de colectivos como el de las personas migrantes y/o presas, u otros de especial vulnerabilidad social como las personas sin hogar, etc.

En los 11 informes presentados por la CPDT entre los años 2004 y 2014 hemos conocido 2.931 situaciones en las que 7.582 personas se vieron afectadas.

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El cuadro anterior muestra como las denuncias aumentan y disminuyen sin que pueda observarse ninguna tendencia reseñable. Lo mismo ocurre con las situaciones de tortura y/o malos tratos, si bien con una menor variabilidad. Esto obliga a reflexionar sobre las distintas coyunturas que se ocultan en estos datos y que habrá que valorar en un análisis más pormenorizado. Respecto a los últimos 4 años, podemos avanzar que aquellos en los que ha habido más movilizaciones sociales (el 2011 y el 2012 en torno al 15M y el 2014 en torno a las movilizaciones de protesta y solidaridad por Gamonal y el desalojo de Can Vies), han supuesto los de mayor número de personas afectadas en toda la serie de datos recogida por los informes de la CPDT.

Como desarrollamos en el informe completo, la distribución territorial de las personas y entidades que configuramos la CPDT es desigual y esto implica que los datos recabados son superiores en aquellos territorios donde sí tenemos una implantación, en detrimento de aquellos otros territorios en los que no. Es por ello que insistimos tanto en recordar que las situaciones aquí presentadas son sólo una parte de la realidad, una parte limitada por varios aspectos que comentamos en el propio informe.

1°.- Distribución territorial de los datos

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Esta distribución territorial que hemos presentado puede resultar poco esclarecedora para conocer la incidencia real de la práctica de la tortura, al no tener en cuenta el número de habitantes de cada nación y, por lo tanto, la incidencia real de esta práctica en cada una de ellas según el número de casos por habitante. Estos otros análisis, así como el desglose por provincias de las situaciones y denuncias conocidas pueden consultarse en el informe completo. Además, dada la importancia de las denuncias recibidas desde la Frontera Sur (especialmente Ceuta y Melilla), en el informe se incorporan un análisis de la situación específica de esta área geográfica.

2.- Distribución según las circunstancias de la persona agredida:

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Por cuarto año consecutivo se produce una importante disminución en el número de denuncias por tortura en situaciones de detención Incomunicada. Sin embargo, pese a la disminución en número absoluto, siguen existiendo este tipo de denuncias por malos tratos y vejaciones en esta situación de detención incomunicada,3 lo que nos lleva, una vez más, a exigir su abolición. En este informe, además, incluimos un resumen del estudio Incomunicación y tortura, publicado precisamente en 2014.4 En segundo lugar observamos que se triplica el número de personas migrantes que sufren este tipo de agresiones respecto al informe del año anterior (la preocupación por este incremento nos lleva también a publicar un análisis sobre los vuelos de deportación). En tercer y último lugar, queremos señalar el importante incremento de las denuncias por agresiones en el transcurso o con motivo de movilizaciones sociales respecto al año anterior: en número totales, las 450 denuncias de 2014 suponen un incremento frente a las 251 del 2013 y una disminución frente a los 591 del 2012.

Pero en el 2014 el incremento en el número de personas afectadas se produce al mismo tiempo que se reducen el número de situaciones conocidas: de las 66 situaciones y 251 personas afectadas de 2013, pasamos a los 53 casos y 450 personas de 2014. Esto nos lleva a pensar que la gente sigue denunciando las agresiones sufridas durante grandes movilizaciones, pero cada vez menos denuncia aquellas otras sufridas en otras protestas de menor calado.

3° Denuncias según funcionarios denunciados en 2014

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Este cuadro confirma la situación vista al hablar de las movilizaciones sociales y las personas migrantes: la reducción de situaciones va acompañada de un incremento de las personas afectadas. La única excepción a estas dinámicas se da en el caso de las personas presas, puesto que el incremento del número de denuncias no se acompaña de un incremento de las denuncias contra los funcionarios de prisiones. Esto responde al importante incremento de las agresiones sufridas por las personas presas durante los traslados, cuando están bajo custodia de la Guardia Civil.

En el informe completo, además de éste, se presentan otros cuadros con el reparto territorial de las denuncias según el cuerpo denunciado que permite visibilizar la incidencia real de las denuncias recibidas por las policías autonómicas en cada territorio, así como evaluar mejor la incidencia que tienen las denuncias según las competencias correspondientes que tiene cada policía.

Muertes bajo custodia del Estado español:

En el año 2014, tuvimos noticia del fallecimiento de 50 personas mientras se encontraban bajo custodia de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FCSE) o del personal de algún otro espacio de custodia público, o por su actuación directa durante intervenciones policiales (por ejemplo, por efecto de sus disparos). A estos datos habría que añadir una persona a la que algunas fuentes dan por muerta, pero cuyo cuerpo no ha sido hallado, por lo que preferimos considerarla “desaparecida” (así consta en nuestras estadísticas).

Según los datos que nos constan en la Coordinadora para la Prevención y Denuncia de la Tortura (CPDT), desde el 1 de enero de 2001 hasta el 31 de diciembre de 2014, hemos tenido constancia directa de 586 fallecimientos en estas circunstancias y si bien somos conscientes de que muchas de ellas no merecen reproche penal e incluso que algunas de ellas responden a accidentes “inevitables”, creemos que otras responden a negligencias, a fallos en la salvaguarda del derecho a la salud y la integridad física de las personas bajo custodia o a las propias condiciones higiénico sanitarias de la misma, motivos que nos llevan a preguntarnos cuándo y cómo se pondrá fin a esta situación.

En nuestro informe distinguimos dos grupos principales de muertes: las ocurridas en privación de libertad (24 personas) y las ocurridas en la vía pública (un total de 26 personas), incluyendo en este último apartado tanto las vallas de Ceuta y Melilla como el mar, cuando las muertes son el resultado de una intervención de las FCSE españolas.

Respecto al cuerpo custodio a la hora del fallecimiento, los datos del 2014 se desglosan de la siguiente forma:

Fallecimientos bajo custodia en 2014

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Somos conscientes de que muchas de estas muertes no merecen reproche penal e incluso que algunas de ellas responden a accidentes “inevitables”, pero también creemos que otras responden a negligencias, a fallos en la salvaguarda del derecho a la salud y la integridad física de las personas bajo custodia o a las propias condiciones higiénico sanitarias de la misma, motivos que nos llevan a preguntarnos cuándo y cómo se pondrá fin a esta situación.

Además de lo resumido hasta aquí, el informe completo también incluye una reflexión sobre la incidencia que las reformas legales puede haber tenido sobre la denuncia de violaciones de Derechos Humanos, un resumen de las recomendaciones internacionales sobre esta materia publicadas en los últimos años y una crítica sobre la aplicación del Plan Nacional de Derechos Humanos en este ámbito concreto. Como todos los demás informes, el del año 2014 estará disponible en nuestra web (http://www.prevenciontortura.org/) a partir del día de su presentación…

en Sevilla, a 4 de diciembre de 2015.-

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