A mediados de abril, tuvimos noticias de la muerte de un preso llamado Chiqui en la cárcel de Picassent, supuestamente, a causa un infarto de corazón, aunque era un hombre joven. Un testigo presencial nos ha contado que tardaron más de cuatro días en atenderle adecuadamente, a pesar de que se quejaba de un dolor agudo en el pecho y de que se le dormía el brazo izquierdo, síntomas típicos de lo que luego le pasó. A quienes estaban allí les parece que se tardó demasiado en atenderle y les ha quedado una duda muy fuerte sobre la actuación de los médicos responsables, porque el chaval murió 20 minutos después de que los servicios sanitarios carceleros le pusieran una inyección y le dieran una pastilla «para bajarle la tensión».
La cárcel de Villabona ha sido llamada demagógicamente “la cárcel de la esperanza” por los propagandistas de la UTE, experimento terapeútico-penitenciario que se inició allí y que ya ha sido desenmascarado totalmente como el prototipo de un régimen carcelario del que se ha podido decir con justicia que constituye “la otra cara del FIES”, por la vulneración de los derechos fundamentales de los presos y la merma su dignidad que supone. Pero allí no deja de morir gente, muy frecuentemente por “suicidio” o supuesta sobredosis. El último en morir, una vez más en la enfermería de esa cárcel, de siniestra fama, ha sido Eugenio Hernández Da Silva, de 33 años, por una supuesta sobredosis de heroína y pastillas, según las dudosas fuentes de que disponemos. Los partidarios de la UTE, que cuenta con apologistas tan “prestigiosos” como la “defensora del pueblo” o determinadas personalidades de la “izquierda” amarilla estatal y asturiana, también han aprovechado, como buitres, esta muerte, igual que otras muchas anteriores, para promocionar su “modelo de tratamiento”, haciendo ver que las muertes se producen porque no se lo potencia suficientemente, cuando la verdad es que las «Unidades Terapeúticas y Educativas» y el poder terapeútico de la autoridad carcelera que articulan no crean más que nuevas situaciones de dependencia y degradación que no benefician en nada a las personas presas ni contribuyen, por descontado, a que disminuyan el tráfico y consumo de drogas legales e ilegales en las cárceles.
