Sistema De Registro Y Comunicación De La Violencia Institucional (SIRECOVI)

A 31 años de la aprobación de la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, los actos de violencia en los espacios de privación de libertad, continúan existiendo de manera persistente. La permanencia de situaciones de tortura en 3/4 partes del mundo (Amnistía Internacional, 2014 ), requiere de propuestas creativas que representen soluciones reales para la prevención, reacción y sistematización de los casos. La definición de tortura universalmente aceptada es aquella contenida en la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas crueles, Inhumanos o Degradantes, aprobada en el año 1984 por la Asamblea General de Naciones Unidas, estableciendo en su artículo primero:

“se entenderá por el término “tortura” todo acto por el cual se inflija intencionadamente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o una confesión, de castigarla por un acto que haya cometido, o se sospeche que ha cometido, o de intimidar o coaccionar a esa persona o a otras, o por cualquier razón basada en cualquier tipo de discriminación, cuando dichos dolores o sufrimientos sean infligidos por un funcionario público u otra persona en el ejercicio de funciones públicas, a instigación suya, o con su consentimiento o aquiescencia. No se considerarán torturas los dolores o sufrimientos que sean consecuencia únicamente de sanciones legítimas, o que sean inherentes o incidentales a éstas”

Pero más allá de la noción ontológica del término, procuramos avanzar en el abordaje de la tortura, entendiéndola como un fenómeno social de carácter multidimensional. Las diversas instituciones que trabajan en el campo han demostrado que, a pesar de los numerosos instrumentos internacionales vigentes, la tortura y los tratos inhumanos y degradantes, lejos de ser fenómenos excepcionales continúan presentes en la gestión de los espacios de privación de libertad, aún en contextos democráticos en Estados de derecho. Sin embargo, la actual dimensión del fenómeno es aún desconocida, especialmente en lo que refiere a documentación de casos concretos, las circunstancias y frecuencias en los que éstos se desarrollan y el cauce que los mismos toman al ser comunicados y/o denunciados.

El Observatorio del Sistema Penal y los Derechos Humanos (OSPDH) de la Universidad de Barcelona, a lo largo de sus 15 años de trabajo en la investigación del funcionamiento de las instituciones del sistema penal y en la promoción de los derechos humanos, ha identificado graves ineficiencias en las respuestas concretas e inmediatas ante casos de violencia institucional y de tortura. Se suman a ello las dificultades para obtener información completa y actualizada sobre las dimensiones reales del fenómeno, representando los datos existentes únicamente la punta del iceberg. En aras a sufragar dichas deficiencias la Unidad de Proyectos e Innovación del Área de Privación de libertad y derechos humanos del OSPDH, ha diseñado un Sistema de Registro y Comunicación de la Violencia Institucional (SIRECOVI), que de forma integrada pretende incidir sobre los puntos críticos identificados para, a través de la sistematización, seguimiento y comunicación de las situaciones detectadas, prevenir revictimizaciones de las personas afectadas y la comisión de nuevos casos.

Desde el SIRECOVI nos acogemos a la definición de Violencia Institucional aportada por la Secretaria Regional de América Latina para el estudio sobre la violencia contra niñas, niños y adolescentes (2006:54), entendiendo por ella las diferentes formas de violencia practicadas por las instituciones del Estado -sus órganos y agentes- en función del mantenimiento de la ley y el orden. De este modo se consideran manifestaciones de Violencia Institucional tanto acciones directas ejercidas por los funcionarios del Estado o de quienes se encuentran en ejercicio de funciones o por mandatos de éstos, como aspectos de tipo estructural o situacional que, pese a no suponer un dolo específico, son el resultado de la pasividad de las autoridades del poder político e institucional.

El sistema aquí presentado plantea los siguientes objetivos-metas:

• Fortalecer los esfuerzos institucionales encaminados a la protección y rehabilitación de las víctimas de la violencia institucional.
• Mejorar la cooperación y articulación entre organizaciones de derechos humanos en relación a la prevención de la tortura, incrementando su potencial.
• Formular recomendaciones para la toma de decisiones de políticas públicas y promover reformas democráticas basadas en información actualizada, confiable y sistematizada sobre las situaciones de riesgo que generan mayor vulnerabilidad en personas detenidas.
• Construir conocimiento comparado sobre la conceptualización y extensión de la tortura y los tratos crueles, inhumanos y degradantes.

Funcionamiento del sistema y desarrollo de las herramientas

El SIRECOVI se estructura en tres herramientas diferenciadas que en su conjunto permitirán (i) obtener un diagnóstico de la situación de la violencia institucional en el contexto en el que se apliquen, (ii) desarrollar un sistema comunicacional con organismos nacionales e internacionales según sus mandatos y competencias (iii) cartografiar las situaciones detectadas a través de un mapeo de libre consulta y (iv) desarrollar una base documental multi-fuentes para la mejora continua del propio sistema así como insumo para otros beneficiarios.

Es importante señalar que el sistema presentado no constituye ningún mecanismo procesal relativo a los hechos que detecte sino que se trata de un dispositivo comunicacional especialmente centrado en la protección de las víctimas de violencia institucional que pretende, entre otros aspectos, potenciar un uso rápido y ágil de los organismos internacionales de protección de derechos humanos.

Las tres herramientas diseñadas conforman un sistema articulado e integrado orientado de manera conjunta a cumplir los objetivos señalados. Se estructura en: 1) Sistema de alerta y comunicación; 2) Cartografía y 3) Centro Abierto de Documentación. En su totalidad, el sistema funcionará a través de procedimientos estandarizados que garantizarán la eficiencia en la respuesta inicial ante la recepción de la denuncia, así como la uniformidad en la gestión de los casos y la sistematización de los mismos.

1- Sistema Internacional de Alerta y Comunicación (ICAS, por su acrónimo en inglés)

La primera herramienta consiste en una aplicación de gestión que permite articular la activación, notificación y seguimiento a través de un software de manejo exclusivo. La herramienta permite desde la recepción de una situación violenta a la notificación institucional a las diversas instancias con competencia en la materia; pasando por un registro exhaustivo de la situación presentada y seguido de un seguimiento posterior y multidireccional del caso (de recepción y transmisión de información entre los distintos actores comprometidos).

La herramienta del ICAS permite intervenir en una doble dimensión, tanto preventiva como reactiva; estrategia que responde a la existencia de dos posibles situaciones:

1. Peligro potencial de sometimiento de una persona a malos tratos o torturas (dimensión preventiva, ante una situación de riesgo detectada)
2. Acto de violencia institucional consumado o en marcha (dimensión reactiva)

1. 1. Activación

El ICAS se activa cuando el OSPDH recibe una denuncia por torturas o tratos inhumanos o degradantes ocurridos en espacios de privación de la libertad. La comunicación o el aviso puede provenir de la propia víctima, sus familiares, abogado y/u ONGs, ya sea por medios físicos o electrónicos.

Para proceder a la activación de la herramienta, el OSPDH “pulsará un botón rojo” de alerta previo a lo cual se deberá contar siempre con el consentimiento otorgado (y debidamente informado) de quien comunica el hecho, respetando tanto los principios éticos y legales, como el derecho a la presunción de inocencia del victimario.

1.2 Ficha de caso

Una vez obtenida suficiente información del caso, se cumplimentará una ficha en la que se desglosarán las características de la situación por la que el sistema se activó. Este instrumento, junto con el seguimiento de las respuestas de los organismos receptores de la comunicación, generará un banco de datos de carácter interno. Los datos serán tratados únicamente por el OSPDH, conforme a las normativas de protección de datos personales regionales y nacionales aplicables y manteniendo la confidencialidad de la información protegida por ley. Es decir, dependiendo de la sensibilidad del dato, serán aplicadas diferentes medidas organizativas y técnicas destinadas a garantizar la seguridad de los mismos.

1.3 Notificación Institucional

En simultáneo con la tarea de alimentación de la “ficha de caso”, se da inicio al procedimiento de comunicación inmediata a las instituciones competentes que deben responder al caso; así como a organizaciones públicas y de defensa de los derechos humanos. Los comunicados se harán llegar por vías formales y escritas; mediante un documento estandarizado (bi o tri-lingüe), previamente diseñado y ajustado a las respectivas facultades y competencias de los destinatarios.

A modo de ejemplo en el ámbito español, los posibles receptores de las comunicaciones se subdividen en tres ámbitos diferenciados: regional o autonómico, nacional e internacional. En el ámbito regional constituirían posibles receptores los Ombudsman autonómicos, organizaciones locales de derechos humanos, colegios de abogados, administraciones propias de los cuerpos policiales autonómicos y municipales, Juez de Vigilancia Penitenciaria; autoridades parlamentarias competentes, la Dirección General de Instituciones Penitenciarias en el caso de Cataluña, etc.

En el ámbito nacional, encontraríamos la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, la Coordinadora para la Prevención y Denuncia de la Tortura, entre otras organizaciones nacionales de defensa de los Derechos Humanos. Por último, en el ámbito Internacional, los organismos comunicados serán el Sistema Universal (NN.UU), regional (Inter Americano y Europeo) y las Organizaciones Internacionales de Derechos Humanos (ej: Red Euro- latinoamericana de Prevención de la Tortura y la Violencia Institucional, Amnistía Internacional, Rights International Spain, European Prison Observatory, Asociación para la Prevención de la Tortura, etc.

2.- Cartografía

Una segunda herramienta, que se desprenderá de la anterior, consistirá en un mapa digital que permita identificar la distribución geográfica de los casos detectados por el ICAS; acompañado de una descripción adjunta de las circunstancias y el lugar donde se registró el caso (respetando siempre la confidencialidad que cada situación demande), para intervenir de este modo sobre la “cifra negra” que habita en la dimensión real de la tortura. Esta herramienta será de consulta pública a través de una página web cuya estética puede ejemplificarse en la siguiente imagen:

3.-Centro Abierto de Documentación

La tercera herramienta del sistema está especialmente enfocada a resolver la problemática de la carencia de información sistematizada en base a criterios unificados y metodológicamente rigurosos, que constituye en la actualidad un recurrente obstáculo para la labor de ONGs, instituciones públicas y para los mismos Mecanismos de Prevención de la Tortura. Obstáculos que, consecuentemente inciden en las instancias de decisión política, producto del desconocimiento de la dimensión real del fenómeno de la Violencia Institucional.

El Centro Abierto de Documentación (ODC, por sus siglas en inglés) contendrá los informes de labor analítica elaborados con los insumos del ICAS, así como una recopilación y sistematización de información en la materia, proveniente de fuentes externas y normativa específica de carácter nacional e internacional; informes elaborados por organismos públicos y de la sociedad civil desde sus experiencias prácticas y de monitoreo y registros parciales y locales de casos disponibles al momento.

Esta herramienta admite, a su vez, la elaboración de un Thesaurus; es decir un manual de terminología, que delimite las unidades de análisis con el objetivo de contribuir al debate conceptual en el campo de los derechos humanos.

Beneficiarios de las herramientas

Por la complejidad del fenómeno que se aborda, la implementación de las herramientas que componen el sistema aquí presentado, tendrá efectos a diferentes niveles. En un nivel inmediato, el impacto recaerá sobre las víctimas de la violencia institucional, asumiendo, a través de la activación del ICAS, la tarea de mitigar las situaciones de riesgo de comisión de tratos crueles y degradantes, al igual que haciendo efectivo el derecho de acceso a la justicia.

En un nivel más general, la posibilidad de contar con información rigurosa y sistematizada en una base de datos de acceso público, generada por insumos externos – pero principalmente producida por un relevamiento propio- impactará en los operadores del sistema penal y en la comunidad académica, quienes encuentran recurrentemente un vacío en las fuentes de información a través de las cuales acceder a cifras concretas y conocer las características de los casos.

Trabajo en Red

El carácter social y político del fenómeno en cuestión requiere que el sistema se ejecute en interacción y cooperación con instituciones públicas y organizaciones sociales que trabajan en la materia. En este sentido, se procura una doble dirección de interlocución.

De un lado, el sistema se nutrirá de la documentación, investigación y reflexiones en el campo de los derechos humanos, tomándolos como antecedentes a los que se accederá mediante un trabajo de revisión bibliográfica. Por otro, los resultados de la puesta en práctica de estos elementos ayudarán a canalizar, aprovechar y aunar esfuerzos hacia la prevención de la violencia institucional.

Las siguientes son algunas de las organizaciones y/u organismos que podrán asociarse a la presente propuesta:

• Coordinadora para la Prevención y Denuncia de la Tortura: plataforma integrada por organizaciones sociales, colegios profesionales y universidades que desde hace más de diez años dedican sus esfuerzos a la lucha contra la tortura en España, a través de innumerables iniciativas (personales, colectivas, asistenciales, de denuncia, de reflexión y estudio, de relevamiento y registro de casos, de interlocución con instituciones nacionales e internacionales).
• Amnistía Internacional: universalmente reconocida como una de las principales organizaciones internacionales que ha desarrollado sistemas comunicacionales de situaciones de violencia institucional asociadas al presente sistema, cuya cooperación resulta indispensable para la buena ejecución del mismo.
• Red Euro Latinoamericana para la Prevención de la Tortura y la Violencia Institucional (RELAPT): estructura internacional de trabajo, acción y difusión en torno a la realidad de los sistemas de privación de libertad y de la violencia institucional de América Latina y España, a través de las actividades planteadas por cada uno de sus mandatos político, académico, preventivo y de comunicación y difusión. Integrada por instituciones públicas, académicas y organismos de la sociedad civil de ocho países en América Latina en articulación con España, conforma un espacio propicio para el uso y el seguimiento de las herramientas aquí propuestas.
• Rights International Spain: organización de acreditada trayectoria, tanto a nivel nacional como internacional, en su constante interlocución con el Estado Español acerca de los derechos fundamentales reconocidos en el Estado.
• Consell de Col.legis d’Advocats de Catalunya y Consejo General de la Abogacía Española: especialmente, a través de sus respectivos turnos de oficio penal y penitenciario y de sus Servicios de Orientación y Asistencia Jurídico-Penitenciaria.

Avances y escenarios

El Sistema de Registro y Comunicación presentado en este documento, fue diseñado por el OSPDH, en el marco del proyecto Horizon 2020 de la Comisión Europea, encontrándose actualmente en una etapa inicial de desarrollo, con avances en el plan de implementación y difusión entre entidades e instituciones que trabajan en la materia.

En primer lugar, el Área de Privación de libertad y Derechos Humanos del Observatorio (a través de la Unidad de Proyectos e Innovación), asume actualmente la tarea de recibir casos manifiestos de violencia institucional, realizando derivaciones según las particularidades que presente, con un posterior seguimiento del caso.

A nivel local, se presentó el proyecto del sistema de herramientas al Ajuntament de Barcelona, a cargo de Mónica Aranda. A nivel internacional, se han realizado proyectos de implementación de las herramientas, hasta el momento en dos contextos particulares: Costa Rica y Argentina, en un trabajo conjunto con las instituciones de las Defensas Públicas y profesionales del Observatorio, a cargo de María Celeste Tortosa. Asimismo, ha sido presentado en la Defensa Pública de Costa Rica, en la Universidad de José C. Paz (Argentina), con Raúl Eugenio Zaffaroni y será presentado en Febrero del 2016 en el III Encuentro Internacional de la RELAPT por Alejandro Forero, María Celeste Tortosa e Iñaki Rivera en San José (Costa Rica).

Se han llevado a cabo, también, un significativo número de presentaciones a lo largo del año, no sólo en materia de difusión sino además, y principalmente, de sondeo de las posibilidades de acción en cada contexto. A nivel local, Iñaki Rivera Beiras ha hecho presentaciones ante la Coordinadora Catalana per a la Prevenció de la Tortura, el Ajuntament de Barcelona, el Consejo General de la Abogacía Española; la Coordinadora para la Prevención y Denuncia de la Tortura, Amnistía Internacional y ante la Sección Derecho Penitenciario del CGAE. Asimismo, está prevista su exposición en las Jornadas de los Servicios de Orientación y Asistencia Jurídica Penitenciaria, por Carlos García Castaño, en Pamplona y en las Jornadas sobre 25 años de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, en la ciudad de Sevilla.

Evaluación y transparencia

Pensando en la proyección de las herramientas a largo plazo, será fundamental que el diseño del sistema, su funcionamiento e impacto estén sujetos a una contaste evaluación de carácter interno y externo, respecto a su objetivo central de prevenir y actuar sobre las situaciones de violencia institucional. A tal efecto, se planificarán jornadas de expertos y seminarios de intercambio, para pensar de manera crítica las fortalezas y ajustes que el sistema requiera.

A su vez, será imprescindible una tarea de difusión de los avances, hallazgos y acciones concretas realizadas en el marco general de desenvolvimiento del sistema. Con este propósito se prevé la elaboración de Informes Anuales que den registro y valoración de las situaciones detectadas y comunicadas; así como de las respuestas y decisiones institucionales adoptadas. Las herramientas de la cartografía y el Centro de Documentación, por su parte, estarán en permanente actualización y serán publicadas en la página web, destinada especialmente a tal fin.

Cabe destacar que el Sistema de Registro y Comunicación de la Violencia Institucional, cuenta con un comité de validación, integrado por reconocidos expertos en la protección de derechos humanos de países de Europa y América Latina: Pat Carlen (UK), Stella Maris Martinez (Argentina), Marta Iris Muñoz Cascante (Costa Rica), Lola Aniyar de Castro (Venezuela), Mauro Palma (Consejo de Europa), Raúl E. Zaffaroni (Corte Interamericana de Derechos Humanos), Luigi Ferrajoli (Italia).

Observatorio del Sistema Penal y los Derechos Humanos Universidad de Barcelona