La Prisión de Córdoba Readmite A Un Preso Que Fue Despedido

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La Delegación de Córdoba de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) ha acompañado en los últimos años a presos, que trabajando en prisión, se les ha cesado de forma irregular. Al menos a seis presos cordobeses se les han estimado sus demandas en los Juzgados de lo Social, al no haber sido despedidos en legal forma. La última sentencia, que ha sido ejecutada provisionalmente, está pendiente de recurso de suplicación ante el Tribunal Superior de Justicia de Sevilla.

Según el último dato oficial (anuario 2014 del Ministerio del Interior), el Centro de Córdoba es el más poblado de Andalucía con 1.537 presos. Al día de hoy estas cifras se mantienen estables.  Los presos trabajadores lo hacen tanto prestando los servicios y necesidades de la propia prisión como a empresas externas. En Córdoba entre 250 y 300 presos trabajan en prisión. 100 presos lo hacen en actividades auxiliares como limpieza, lavandería, jardinería, reparto o comedor. Otras actividades que congregan un número similar de presos trabajadores son cocina, panadería, economatos y mantenimiento. Se dispone de talleres como confección industrial. El trabajo de los presos hace que ahorre la Administración. Así ésta afirmó en 2013 que en “La encomienda de alimentación se invierte 3,50 euros por interno/día en las prisiones dependientes del Ministerio del Interior, mientras que en la Comunidad de Cataluña asciende a 11 euros interno/día y la media de un catering se sitúa en 8 euros interno/día”.

APDHA mantiene abierta en la actualidad una campaña sobre lo que se considera “trabajo esclavo” reclamando la equiparación de los derechos laborales de las personas presas con los trabajadores libre. A tal fin, se elaboró un libro titulado Guía Práctica sobre los Derechos Laborales de las Personas Presas, contó con el aval y financiación del Consejo General de la Abogacía Española y de la Fundación Agape del que se han editado 5.500 ejemplares para los  presos. [Escuchar audio sobre el trabajo esclvo en prisión].

También en el mes de marzo se presentó una moción en el Senado reclamando que el acceso a la relación laboral y su extinción no sean a dedo (arbitrarias e injustas) y que la retribución que reciben las personas presas por su trabajo sea al menos del Salario Mínimo Interprofesional, tal como recoge la Ley Orgánica General Penitenciaria.

El salario de los más de 12.000 trabajadores que existen dentro de prisión en España (el 40% de los que pueden trabajar)  rara vez supera el 30% del SMI, llegando a cobrar menos de 1 euro/hora. Además, se da la circunstancia con frecuencia de que una misma actividad, en algunos casos es retribuida y en otros no. La realización de horas extraordinarias no remuneradas, falta de descanso y vacaciones y la discriminación laboral ejercida contra las mujeres por parte de la administración, son otras cuestiones preocupantes. Incluso el desempeño de la actividad laboral perjudica seriamente al trabajador, ya que cuando este concluye su condena la prestación por desempleo que en ocasiones se le reconoce ilegalmente es muy inferior en principio a la cuantía del subsidio de excarcelación –426€–, y además el trabajo realizado dentro de prisión queda reflejado en el informe de vida laboral, quedando estigmatizado ante posibles empleadores.

Éstas y las denuncias por malos tratos, son las más  complicadas  para los presos, pues el responsable del trabajo de la entidad en el centro penitenciario es el director de la prisión, por lo que, aseguran, temen represalias por el ejercicio de acciones judiciales laborales. Por ello es de vital importancia la presencia de los sindicatos en las cárceles, dado que su ausencia trae como consecuencia una indefensión en el terreno laboral.

APDHA-Córdoba

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