El protocolo suscrito el pasado mes de abril entre el Servizo Galego de Saúde (Sergas) e Instituciones Penitenciarias, dependiente del Gobierno central, para tratar “sin dilación” con los nuevos fármacos a los presos con hepatitis C en las cárceles gallegas queda en papel mojado. El convenio, fruto de una iniciativa presentada por AGE y aprobada en enero por unanimidad en el Parlamento gallego, pretendía poner fin a la obligación impuesta a los presos por Instituciones Penitenciarias de acudir al hospital Gregorio Marañón de Madrid si querían recibir el tratamiento, una restricción censurada por los tribunales que, según los colectivos de afectados, lleva a los enfermos a renunciar a los medicamentos, con el consiguiente riesgo para sus vidas. Pese al acuerdo entre Administraciones, el hospital madrileño se mantiene como centro de referencia para estos pacientes, según ha confirmado la Consellería de Sanidade.
La plataforma de afectados de hepatitis C asegura que desde que se firmó el convenio apenas están recibiendo el tratamiento ambulatorio media docena de los cerca de 164 reclusos a los que les fueron recetados los costosos fármacos. «Esto no es lo que se aprobó», sostiene el colectivo. El documento de colaboración apenas compromete a la coordinación del Sergas con el Ministerio del Interior, del que depende Instituciones Penitenciarias, que sigue manteniendo la decisión sobre si se receta o no la medicación ambulatoria. “Se trata de un procedimiento asistencial para el caso de los pacientes de los centros penitenciarios de Galicia que no se puedan desplazar al hospital Gregorio Marañón, que es donde Instituciones Penitenciarias tiene el centro de referencia”, explican fuentes oficiales de Sanidade, que precisan que “la decisión última” es de ese organismo.
