Quinto día: Declaraciones tras un biombo
En la lluviosa mañana del viernes 10 de noviembre a las 10:45 horas ha dado comienzo la quinta sesión del juicio.
En esta sesión han declarado como testigos dos policías, una apoderada de Caja 3 y un testigo de la defensa.
El primer testigo en declarar ha sido el Jefe de la Brigada Provincial de Información de Burgos de la Policía Nacional, con identificación 14081 (declara detrás de un biombo). Este agente tenía funciones de instructor del atestado. Como instructor del atestado reconoce que su tarea es la de reunirse con los jefes de TIZONA y RENO para que lo informen de los hechos acontecidos. Además declara que como miembro de la Brigada de Información entre sus principales tareas esta la de recabar información sobre grupos radicales, políticos y sociales. Teniendo esta información declara también que ninguno de los encausados pertenece a estos grupos.
A continuación ha declarado el agente 66210, también miembro de la brigada de información y declarando oculto tras un biombo. La función que realizaba esos días era la de secretario del instructor. Sus funciones esos días eran la de transcribir lo que le indicaba el jefe instructor (testigo anterior).
La siguiente testigo en declarar es una apoderada de Caja 3, actualmente Ibercaja. Declara que el banco sufrió destrozos la noche del viernes y del sábado, rectificando ante las preguntas de la defensa no poder hacer una valoración de los daños por días aislados sino en su conjunto. Llegando incluso a reconocer que no puede confirmar que la noche del sábado hubiera destrozos. Esta personas desconoce si han indemnizado a la identidad que representa.
El siguiente testigo en declarar a petición de la defensa, ha sido un trabajador de una empresa de comida a domicilio. Esté relato como el día de los hechos, volviendo de un reparto, se encuentra con una de las personas encausadas. Informa que en la zona en la que se encuentran no hay disturbios y que la persona detenida se dirigía a su domicilio en esos momentos y venia de estar con unas amigas.
La sesión que suspendida hasta el lunes 13 de noviembre a las 10 horas. Como todos los días, ese día a las 11 horas hay convocada concentración en la puerta en apoyo de los encausados.
José Ángel Serrano apareció muerto en una celda de aislamiento en la prisión de Zuera, Zaragoza, el 14 de octubre de 2016. Su compañera lo había visitado 24 horas antes. El preso social, natural de Bilbo, cumplía aquel día 40 años. Seguía un tratamiento siquiátrico de antiguo. En ese momento padecía una severa infección bucal. Al día siguiente, funcionarios de la prisión le encontraron muerto, desnudo junto a la puerta de su celda.
Los hechos fueron denunciados públicamente por Salhaketa y la compañera sentimental del preso y letrada Silvia Encina el pasado enero. Expuso ya entonces que había circunstancias que rodeaban la muerte que necesitaban ser aclaradas. Ayer compareció de nuevo ante los medios en Gasteiz, acompañada también de representantes de Salhaketa para denunciar que el juez ha decidido archivar el caso «sin practicar toda la prueba admitida» en un procedimiento plagado de «incumplimientos».
En ese contexto recordó que la primera autopsia solo tomó muestras de analíticas de consumo de tóxicos. Arrojó como resultado parada cardiopulmonar por edema agudo de pulmón, y se realizó «sin consultar el expediente médico». Ya entonces se les negó el derecho a ver el cuerpo si no firmaban el enterramiento, lo cual impedía una segunda autopsia. «Tuvimos que insistir para personarnos como acusación en el procedimiento, el juzgado siguió negando sistemáticamente todas las pruebas solicitadas», según rememoró Encina.
La Audiencia de Zaragoza autorizó la práctica de una autopsia tres meses después de la muerte y solicitó las declaraciones de funcionarios y médico de guardia que estaban la noche de la muerte con la coletilla «por el momento», una «triquiñuela procesal» que se ha utilizado, según denunció, para señalar que no se recurrió a tiempo. La familia había pedido ya entonces que declararan las personas presas que estaban en la galería esa noche.
Una «extraña sustancia»
Explicó la letrada que declararon cuatro funcionarios, no todos, y el médico, pero no el que estaba de guardia durante la noche sino el que se incorporó por la mañana. Agregó que las declaraciones no dejan claro por qué el funcionario de guardia no acudió al timbre de auxilio, ya que negaba que hubiera sido pulsado. La familia volvió a solicitar las declaraciones de los presos, la respuesta fue que debieran haber recurrido. Su testimonio es fundamental, porque son las únicas personas que no trabajan para la prisión, según aclaró, y hay cuestiones como el que esa noche no hubiera el preceptivo recuento o el hecho de que el preso estuviese junto a la puerta de la celda, fuera del campo de visión, que arrojan dudas sobre qué pasó y cómo se produjo la petición de auxilio.
Además, la segunda autopsia, seis meses después, realizada según las pautas establecidas en casos de muerte súbita o bajo custodia, reveló que José Ángel murió atragantado por una sustancia extraña que ocupaba el tramo desde la garganta hasta un tercio de la traquea y descartaba el edema agudo de pulmón. Al no haberse ordenado conservar el cuerpo debidamente, el estado que presentaba el cadáver seis meses después condicionó muchos aspectos, entre ellos la verificación de malos tratos. «José Ángel tenía muchísimas cicatrices», reveló Encina.
Con esta información, la familia volvió al juzgado un viernes y el lunes el juez dictó el sobreseimiento y archivo de diligencias «sin haber practicado toda la prueba», denunció. Según agregó, «toda la prueba se nos ha denegado por providencia en lugar de un auto razonado».
