Antonia y Luisa, la madre y la tía de Manuel Fernández Giménez, nos cuentan en este vídeo por qué están convencidas de que su muchacho fue asesinado, por acción y omisión, a manos de miembros del personal de la cárcel de Albocàsser (Castellón II); expresan sus sentimientos al respecto, y explican lo que han hecho en busca de justicia y lo mal que les han respondido el Estado y su aparato judicial.
El 22 de octubre de 2017, domingo, llamaron por teléfono a su madre, diciéndole que Manuel había fallecido a la una de la madrugada, que había faltado al recuento y que habían ido a la celda que ocupaba y lo habían encontrado muerto. No le dieron ninguna otra información más que el teléfono de la funeraria. La madre habló con algún empleado de la misma que le preguntó si quería que trasladaran el cuerpo de Manuel a Murcia y ella le dijo que sí. Al principio, le dijeron que no sabían cuándo iba a llegar, pero a última hora avisaron de que ya estaba en camino y llegó a Murcia por la tarde, a las 18:30.
Cuando llegó el cuerpo, los empleados de la funeraria no les querían dejar verlo. Después de insistir, consintieron en que lo vieran los padres, pero sólo ellos. Estaba tapado hasta el cuello, de manera que sólo se le veía la cara. Pero pudieron ver que tenía heridas en ella y marcas de dientes en la frente. Exigieron que lo destaparan y pudieron ver que estaba rígido, con las rodillas dobladas como si estuviera sentado, y que tenía lesiones y cardenales por todo el cuerpo: la nariz rota; marcas en la barbilla que alguien cercano identificó como muy parecidas a las que deja un “taser” (aparato para aplicar descargas eléctricas); marcas de esposas y ataduras en muñecas y brazos, y también en los tobillos; tenia los dedos amoratados y algunas uñas rotas, como si hubiera estado forcejeando para defenderse; el pecho lleno de heridas y cardenales; marcas en el cuello… Hicieron fotos de todo y llamaron a la policía nacional para que vieran aquello. Vinieron cuatro agentes, pero se negaron a mirar siquiera el cuerpo, diciendo que no era cosa suya al haberse producido la muerte en Castellón.
Los empleados de la funeraria no trajeron ningún papel, ni certificado de defunción, ni informe de la autopsia, ni nada. Les tuvieron que exigir algún documento que certificara la situación, a través de una abogada, ya que se negaban a entregarlo, y les dieron un acta de enterramiento. Fueron con la abogada al juzgado de guardia con ese papel, allí lo denunciaron todo y pidieron una segunda autopsia. Nombraron una procuradora para pedir los documentos en el juzgado de instrucción de Castellón, que llevaba el caso. Llegó un papel que solamente decía que autorizaban a enterrar el cuerpo y que había muerto en Albocàsser de “muerte súbita a estudio”. Tuvieron que oponerse a la orden del juzgado de Castellón para evitar que enterraran el cuerpo sin tener en cuenta los signos evidentes de violencia que presentaba. Piensan ir hasta el fondo del asunto y ya han presentado denuncia en el juzgado de guardia de Murcia, aportando las fotos de las lesiones que presentaba el cuerpo y exigiendo una segunda autopsia.
El juez denegó la segunda autopsia, porque aún no se conocían los resultados de la primera. Éstos se demoraron casi casi un año y, cuando llegaron, el forense había pasado por alto las lesiones del cuerpo, mientras el análisis toxicológico encontraba en él una dosis muy alta de metadona. La cárcel reconoció que se le había suministrado a Manuel por error la dosis de otro preso, muy superior a la que tomaba él. La enfermera responsable se dio cuenta y avisó a tiempo de lo que había pasado. La médica carcelera de guardia hubiera debido ordenar que le administraran una medicamento antagonista cada dos horas durante veinticuatro, ya que la metadona tiene ese tiempo de efecto mientras el del antagonista sólo dura dos horas. Pero lo administró una única dosis, dejándolo abandonado en la celda, cuando deberían haberlo trasladado a un hospital.
Seis años y medio después, el juicio aún no se ha celebrado. El forense judicial, en su informe definitivo, además de ignorar las lesiones, afirmó que no se podía asegurar que la metadona fuera la causa de la muerte. El fiscal se inhibió entonces del caso, no presentando acusación ni siquiera contra la médica criminalmente negligente. El procedimiento continúa porque la familia mantiene la acusación particular, apoyada por la asociación Familias frente a la crueldad carcelaria y asistida por dos abogadas y por un perito forense contratado, cuyo informe demuestra que Manuel murió por una sobredosis de metadona, no pudiendo demostrar las lesiones al haber sido enterrado el cadáver hace mucho tiempo.
Si queréis contribuir a afrontar los gastos, apoyad el proyecto de goteo de Familias Frente A La Crueldad Carcelaria: https://www.goteo.org/project/ffacc-familias-frente-a-la-crueldad-carcelaria
Sé el primero en comentar