La muerte de Rafael Sánchez Milla, de sobrenombre el Habichuela , en la prisión Modelo de Barcelona, el 19 de octubre del 1975, encendió el primer gran motín de la Transición. Según el médico de la prisión, Sánchez tenía hemorragias y hematomas en la cabeza y en la cara. Murió, según el comunicado médico, de un colapso cardiovascular. Un preso explicó a sus compañeros que el funcionario implicado en su muerte, en el patio, se partía de risa y contaba chistes. La indignación se convirtió en protesta. Hubo gritos, amenazas y agresiones con palos; se lanzaron objetos de toda clase, y se exhibió una pancarta hecha con una sábana: «Que venga el gobernador y la prensa «.
La respuesta de la policía fue contundente: numerosos presos acabaron en la enfermería y muchos en celdas de aislamiento. Algunos se declararon en huelga de hambre y de higiene -se orinaban en medio de la celda-. Este motín seria el primero de muchos. Entre el 1976 y el 1978, los primeros años de la Transición, hubo un centenar de motines en las prisiones españolas. Algunas galerías de presos fueron incendiadas y prácticamente arrasadas. Los presos se autolesionaban de manera colectiva con cortes en los brazos y en el abdomen, o hacían huelgas de hambre. hubo muertes y muchos heridos.
Los presos estaban desesperados. Lo explica con todo detalle, y tras ocho años de investigación, el historiador César Lorenzo Rubio en Cárceles en llamas. El movimiento de presos sociales en la Transición (Virus Editorial). Lorenzo está convencido de que la historia ha pasado de puntillas por este capítulo. «Es un tema incómodo. Nos hemos desentendido de las prisiones», dice.
Un agravio con los amnistiados
Con la muerte de Franco y la amnistía a los presos políticos, muchos de los que estaban presos por delitos comunes, perseguidos y juzgados por leyes y tribunales dictatoriales, reivindicaron también su libertad. Tenían un sentimiento de agravio: había un cambio de régimen, pero se habían olvidado de ellos. «empezaron de manera pacífica, con manifiestos y centenares de instancias, pero nadie los escuchó», explica Lorenzo. Para hacerse visibles subieron a los tejados y ocuparon los patios. «Los echaron a golpes de pelotas de goma, trasladaron a los más activos y a muchos los castigaron», resumen Lorenzo. La violencia fue en aumento. había mucha rabia acumulada.
«La situación a las prisiones era terrible. En Carabanchel debían sacar la basura con una pala excavadora porque los desechos se habían acumulado durante semanas», detalla Lorenzo. La descripción que hacía el senador socialista Rogelio Barrios, tras una visita al penal de Ocaña, en diciembre del 1977, era impactante: «Los presos viven como bestias». Y detallaba: «Si antes era inhabitable, ahora es lo más sucio, pestilente y desagradable que se puede imaginar». Barrios reproducía el texto de una lápida del penal: Si se visitasen los establecimientos penales de los distintos países y se comparasen sus sistemas y los nuestros, puedo aseguraros sin temor a equivocarme que no se encontraría régimen tan justo, católico y humano (Francisco Franco) «.
En enero del 1977 se creó la Coordinadora de Presos Españoles en Lucha (COPEL). «Nuestra lucha debe salir a la calle como una lucha social, contra la injusticia manifiesta de un régimen brutal, que ha creado las bases socioeconómicas de la desigualdad contra la cual nos rebelamos», decía uno de sus primeros manifiestos.
La devastación de la heroína
El movimiento tuvo una vida efímera. La heroína, que entró con fuerza y con sospechosa facilidad en las prisiones, devastó a la mayoría de sus miembros. Para acabar con la COPEL, se aplicó la política de aislar a los líderes más importantes y la represión física. Cuando en 18 de julio del 1977 los presos van amotinarse en Carabanchel en demanda de libertad y reformas profundas, la policía respondió con antidisturbios, un helicóptero y dinamita.
Sea cómo sea, las movilizaciones en las prisiones consiguieron que el tema penitenciario pasara a ser prioritario. Fue tanta la tensión y la violencia, que la primera ley orgánica que aprobó el nuevo gobierno democrático fue la ley penitenciaria. El cambio legislativo tardó años a notarse: «Los funcionarios de las prisiones se formaron bajo la dictadura. Había un sentimiento muy extendido que lo mejor era la mano dura, que a los presos se los debía responder con el garrote», lamenta Rodríguez. «El talante de la vieja guardia del funcionariado se demostró con la muerte a golpes de porra de Agustín Rueda, un joven anarquista de Sellent simpatizante de la COPEL, el 14 de marzo del 1978», añade Lorenzo.
La COPEL desapareció el 1979, pero continuaron los motines y las huelgas de hambre. «Decapitado el movimiento, era una violencia sin un propósito definido, a menudo liderada por los que controlaban el mercado de la droga», opina Lorenzo. El historiador cree que el objetivo de la ley penitenciaria, que debía reformar de arriba abajo las prisiones, más de 30 años después sólo se ha conseguido parcialmente. No cree que los presos vuelvan a subir a los tejados: «En aquel momento, muchos parlamentarios habían compartido galería con los que protestaban, y el cambio de régimen político facilitó la expresión pública de las quejas. Las condiciones también eran terribles», argumenta el historiador. «Con los años no se han escatimado recursos en mecanismos de seguridad y vigilancia, que hacen muy difícil una protesta que vaya más allá de la huelga de hambre o la autolesión», resume.
Silvia Marimon en el diario Ara el 25/11/2013
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