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En doce cárceles españolas empezaron a imponerse el martes, 10 de marzo un conjunto de medidas que el jueves, 12 de marzo, se extendieron a todas las demás. Un poco antes que en la calle, se iniciaba así al otro lado de los muros el úl timo experimento de estado de excepción propiciado por el régimen totalitario de dominación y explotación imperante, a cuenta, en esta ocasión, de un simulacro de epidemia, la del coronavirus: un paso más en la fastiscización aparentemente imparable  del sistema capitalista mundial que constituye uno de los aspectos fundamentales de su desarrollo actual. Apenas tenemos más información sobre esta tema, el cual parece abrir perspectivas imprevistas, que la publicada en los falsimedios de manipulación de masas –a varias de cuyas «noticias» se puede acceder a través de algunos de los enlaces intercalados en letra coloreada en este texto– así que pondremos unas cuantas aportaciones de gente más o menos afín que ha hecho un esfuerzo para situarse con los ojos abiertos enmedio de la que se nos viene encima. La primera es del «filósofo» italiano Giorgio Agamben, cuyos trabajos, iniciados hace muchos años, sobre el estado de excepción viene a dar por buenos la presente situación. Después, ponemos una encontrada en una red social, en un sitio llamado Presxs en lucha. Y, por último, otra que han publicado en la prensa algunas asociaciones de la “sociedad civil” sobre una queja que le han enviado al defensor de nadie. Arriba ponemos los carteles de varias concentraciones convocadas siguiendo el impulso de hacer algo en defensa de las personas que, como privadas institucionalmente de derechos, están más cerca de la privación generalizada que las medidas de «emergencia» que se están tomando y el «estado de alarma» que supuestamente las justifica están anunciando. En Barcelona y Madrid ya han tenido lugar ayer, 12 de marzo, frente al consulado y la embajada de Italia respectivamente, en solidaridad con lxs presxs amotinadxs allí, y en Valladolid se había convocado para el domingo, 15 de marzo, pero ha sido aplazada por orden gubernativa, según parece.

LA INVENCIÓN DE UNA EPIDEMIA

Frente a las medidas de emergencia frenéticas, irracionales y completamente injustificadas para una supuesta epidemia debida al coronavirus, es necesario partir de las declaraciones de la CNR*, según las cuales no sólo “no hay ninguna epidemia de SARS-CoV2 en Italia”, sino que de todos modos “la infección, según los datos epidemiológicos disponibles hoy en día sobre decenas de miles de casos, provoca síntomas leves/moderados (una especie de gripe) en el 80-90% de los casos”. En el 10-15% de los casos, puede desarrollarse una neumonía, cuyo curso es, sin embargo, benigno en la mayoría de los casos. Se estima que sólo el 4% de los pacientes requieren hospitalización en cuidados intensivos”.

Si esta es la situación real, ¿por qué los medios de comunicación y las autoridades se esfuerzan por difundir un clima de pánico, provocando un verdadero estado de excepción, con graves limitaciones de los movimientos y una suspensión del funcionamiento normal de las condiciones de vida y de trabajo en regiones enteras?

Dos factores pueden ayudar a explicar este comportamiento desproporcionado. En primer lugar, hay una tendencia creciente a utilizar el estado de excepción como paradigma normal de gobierno. El decreto-ley aprobado inmediatamente por el gobierno “por razones de salud y seguridad pública” da lugar a una verdadera militarización “de los municipios y zonas en que se desconoce la fuente de transmisión de al menos una persona o en que hay un caso no atribuible a una persona de una zona ya infectada por el virus”. Una fórmula tan vaga e indeterminada permitirá extender rápidamente el estado de excepción a todas las regiones, ya que es casi imposible que otros casos no se produzcan en otras partes. Consideremos las graves restricciones a la libertad previstas en el decreto: a) prohibición de salida del municipio o zona en cuestión por parte de todos los individuos presentes en cualquier caso en el municipio o zona; b) prohibición de acceso al municipio o zona en cuestión; c) suspensión de eventos o iniciativas de cualquier tipo, actos y toda forma de reunión en un lugar público o privado, incluidos los de carácter cultural, recreativo, deportivo y religioso, aunque se celebren en lugares cerrados y abiertos al público; d) suspensión de los servicios de educación para niños y escuelas de todos los niveles y grados, así como de la asistencia a actividades escolares y de educación superior, excepto las actividades de educación a distancia; e) suspensión de los servicios de apertura al público de museos y otras instituciones y lugares culturales a que se refiere el artículo 101 del Código del Patrimonio Cultural y del Paisaje, según lo dispuesto en el Decreto Legislativo 22 de enero de 2004, n. 42, así como la eficacia de las disposiciones reglamentarias sobre el acceso libre e irrestricto a esas instituciones y lugares; f) suspensión de todos los viajes educativos, tanto en Italia como al extranjero; g) suspensión de los procedimientos de quiebra y de las actividades de las oficinas públicas, sin perjuicio de la prestación de los servicios esenciales y de los servicios públicos; h) aplicación de la medida de cuarentena con vigilancia activa a las personas que hayan estado en estrecho contacto con casos confirmados de enfermedades infecciosas generalizadas.

La desproporción frente a lo que según la CNR es una gripe normal, no muy diferente de las que se repiten cada año, es sorprendente. Parecería que, habiendo agotado el terrorismo como causa de las medidas excepcionales, la invención de una epidemia puede ofrecer el pretexto ideal para extenderlas más allá de todos los límites.

El otro factor, no menos inquietante, es el estado de miedo que evidentemente se ha extendido en los últimos años en las conciencias de los individuos y que se traduce en una necesidad real de estados de pánico colectivo, a los que la epidemia vuelve a ofrecer el pretexto ideal. Así, en un círculo vicioso perverso, la limitación de la libertad impuesta por los gobiernos es aceptada en nombre de un deseo de seguridad que ha sido inducido por los mismos gobiernos que ahora intervienen para satisfacerla.

Giorgio Agamben, 26 de febrero de 2020

* CNR es la sigla de El Consiglio Nazionale delle Ricerche [Consejo Nacional de Investigación].

NOTICIAS DE PORTUGAL E ITALIA

Según hemos podido saber por Gabriel, a través de una conversación telefónica, en la prisión de Oporto, en la que se encuentra confinado, ha habido un motín que se ha saldado con varias personas presas heridas en la cabeza por los guardias, después de que el director se haya negado a dar de comer a lxs presxs en las zonas comunes e impedido las visitas a familiares y abogados, a pesar de la propuesta que éstos le hicieron para que tomara las medidas oportunas de prevención y, de esta forma, evitar la “medida” de incomunicarlos de sus seres queridos. Las reivindicaciones han dado su pequeño fruto hasta el punto de que el director ha acabado cediendo en cuanto a no mantenerlos aislados en su celda, a que hayan podido acceder a poder comprar comida y a poder hablar por teléfono. No podemos saber mas, hasta que nuestro compañero pueda comunicarse de nuevo con el exterior.

El control social que ejercen los estados y las empresas se convierte en una malla tan fina que atrapa y sujeta todas las manifestaciones de la vida cotidiana. Es entonces cuando el poder, sin importar quién gobierne, recoge los frutos que le aporta dicha malla. Nos venden su miedo para que, de esta manera, el individuo alienado sucumba a tan perversas sugerencias. De hecho, el Gobierno de Portugal anunció la noche del 6 de marzo, la suspensión de visitas a hospitales, residencias de mayores y prisiones en la región norte del país, donde (hasta entonces) estaban 15 de los 21 enfermos de coronavirus detectados en territorio luso.

En Italia, también debido a la «medida» de no dejar pasar a las familias a comunicar, hay revueltas en 27 prisiones con un saldo de seis muertos, sólo en la prisión de Módena, en circunstancias muy poco claras. Los massmedia argumentan que por sobredosis, causa recurrente y muy común con la que los estados intentan justificar la absoluta dejadez y abandono sanitario en el que se ven sumidas las personas privadas de libertad. La cárcel mata de mil maneras diferentes y cabe esperar una respuesta similar por parte de los carceleros españoles.

En España, una carcelera que “trabaja” en el módulo de jardín de infancia de la prisión Madrid IV, en Aranjuez, ha dado positivo en las pruebas por coronavirus, el primer caso conocido en la cárcel española.

El Estado mediante el monopolio de la sanidad nos hace más dependientes y nos controla. La medicina es utilizada como un instrumento mas de control social al igual que la policía, la religión, los medios de comunicación para perpetuar el poder de dominación y explotación. El control social es la autoridad ejercida por la sociedad sobre las personas que la componen. Como dice Foucault: «El control de la sociedad sobre los individuos no se efectúa solamente a través de la conciencia o de la ideología, sino también en el cuerpo y con el cuerpo. Para la sociedad capitalista, es la biopolítica lo que más cuenta: lo biológico, lo somático, lo corporal.»

Y como parte del engranaje, los carceleros, militares y policías, pero también las personas trabajadoras, que seguirán produciendo (unxs, dolor y destrucción y otrxs, como esclavos del sistema). No veremos jamás cerrar fábricas, pero asistimos impasibles como sociedad “democrática” –una vez más- a vulneraciones de derechos de gente pobre y, dentro de la “categoría” de pobre, a los derechos de lxs presxs.

¿Seguiremos pagando las crisis económicas, humanitarias, sanitarias, las transiciones energéticas, mientras los ricos y poderosos siguen siendo excluidos de la cárcel, pero también de la “lista de exclusiones”? ¿Hasta cuándo estaremos dispuestos a permitir que se nos pisotee de esta manera?

¡¡¡FUEGO A LA CÁRCEL Y A LA SOCIEDAD QUE LA NECESITA!!! ¡¡¡POMBO LIBERTAD!!!

RAZONES PARA UNA QUEJA POR LAS MEDIDAS CONTRA EL CORONAVIRUS EN PRISIÓN

Hace unos días, el Gobierno italiano anunció la aprobación de un paquete de medidas para prevenir el contagio del ‘Covid-19’ o coronavirus. Y, por supuesto, los centros penitenciarios no se libraron. Entre otras, el Ejecutivo de Conte suspendió hasta el 22 de marzo las visitas de amigos y familiares a las que tienen derecho los presos con carácter semanal (que en muchos casos suponen su único contacto con el exterior), así como la concesión de permisos penitenciarios durante 15 días. También acordó la restricción al máximo de los movimientos de los presos en el interior de las prisiones italianas.

El 3 de marzo, el Mecanismo Nacional para la Prevención de la Tortura italiano advirtió, en relación a las medidas adoptadas en el interior de sus prisiones, que «son preocupantes ciertas decisiones que van más allá de las indicaciones emitidas y que tienden a configurar un concepto de prevención absoluta que, superando los criterios de adecuación y proporcionalidad, acaba configurando el mundo penitenciario como separado del mundo exterior y portador de un factor intrínseco de morbilidad. […] El resultado es que se han notificado restricciones injustificadas de los derechos de las personas privadas de libertad y que parecen ser el fruto de un alarmismo que, a su vez, causa una alarma cada vez mayor que no encuentra base o justificación en cuanto a la eficacia de las medidas adoptadas».

Parece que sus preocupaciones se encontraban justificadas. El pasado domingo, hartos de las restricciones acordadas en un contexto de hacinamiento (téngase en cuenta que Italia cuenta con una población penitenciaria de 61.230 presos, aunque solo tiene capacidad de albergar a 50.950), varios internos iniciaron motines en una decena cárceles italianas. Y el lunes las protestas se extendieron a otros diez penales, como el de San Vittore de Milán, uno de los más grandes de Italia, donde un grupo de presos consiguió subir a la azotea del centro; o a las prisiones de Palermo y Bari. Las mismas se han saldado con la muerte de seis reos en Módena, la fuga de trescientos de ellos y la quema de diez cárceles.

El pasado 6 de marzo, tres días después de las advertencias públicas realizadas por el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura italiano, la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias española acordó, entre otras, las siguientes medidas de prevención del coronavirus:

«se suspenderán las visitas, comunicaciones y cualquier otro tipo de actividad que implique el contacto con internos o funcionarios de personas procedentes de zonas con transmisión comunitaria, de acuerdo a la actualización permanente determinada por las autoridades sanitarias».

«se prohibirán las salidas a diligencias judiciales de reclusos que hayan dado positivo en coronavirus o sean sospechosos. En ambas situaciones los presos tampoco podrán ser trasladados a otras cárceles salvo por razones estrictamente sanitarias».

se suspenderán las «reuniones o acción formativa dirigida a trabajadores o internos que impliquen el acceso al centro de profesionales sanitarios extrapenitenciarios» y se aplaza también «los congresos, jornadas, seminarios o cursos de formación de los profesionales sanitarios fuera de los habituales de su centro».

En otras palabras, al igual que en Italia, se ha acordado la restricción absoluta de derechos y libertades de las personas presas. Quizás esto se explique mejor si atendemos al contexto de nuestro sistema penitenciario, en el que contamos con una población penitenciaria de 58.369 personas (excluyendo a Catalunya, que tiene las competencias transferidas) y tan solo 285 médicos y 6 psiquiatras para todo su sistema de salud. Y es que resulta mucho más sencillo y barato restringir injustificadamente los derechos de las personas presas (pese a que, en virtud de sus sentencias condenatorias, el único derecho que han perdido temporalmente es la libertad de movimiento) que invertir en un modelo sanitario eficiente y humano. Una ratio absolutamente insuficiente.

Preocupada por la repercusión que estas restricciones pudieran tener en la población reclusa, desde la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) se ha presentado en el día de hoy una queja ante el Defensor del Pueblo (el mecanismo de prevención de la tortura en el Estado español) con la esperanza de que revise el protocolo de Instituciones Penitenciarias y realice recomendaciones, como así lo hizo su homólogo italiano. A la misma se han adherido Irídia, Red Jurídica, Salhaketa Nafarroa (Asociación de apoyo a personas presas y sus familiares), Colectivo de Apoyo a Mujeres Presas en Aragón (C.A.M.P.A), Asociación Libre de Abogadas de Zaragoza, Oteando (Observatorio para la defensa de los derechos y libertades), Federación Andaluza Enlace, Federación Provincial de Drogodependencias Liberación, Salhaketa Bizkaia, Salhaketa Araba y Osabideak. Esperemos que la petición sea oída y que, en cumplimiento de las funciones que tiene encomendadas, la Defensoría salvaguarde los derechos de quienes se encuentran privados de libertad.

 Francisco Fernández, de APDHA y Daniel Amelang, de Red Jurídica

Actividad en la calle covid19 Presxs en lucha Sociedad-cárcel ¿Salud carcelaria?

Actividad en la calle Cárceles racistas Sociedad-cárcel

Con la participación de Gonzalo Tejerina, hablamos de las actividades de apoyo a la huelga de hambre rotativa de lxs presxs en lucha que ha habido o está a punto de haber en 11 o 12 diferentes ciudades; de la catástrofe médico-sanitaria en la cárceles del Estado español y del genocidio por abandono que se está ejecutando en ellas, incluidas la reciente muerte, por aplicación de un «protocolo de contención» por sujección mecánica, de Iliass Tahiri, en una cárcel de niños y el archivo de la denuncia por la juez competente (?). Hablamos de la situación de Gabriel Pombo Da Silva, detenido en Portugal, en espera de extradición a manos del Estado español y necesitado de apoyo económico para su defensa jurídica. Convocamos a la próxima presentación en Valencia, por sus autoras, del libro «La radicalización del racismo», el próximo sábado, 7 de marzo. Leemos la carta de un preso en lucha sobre abandono médico y otros abusos en la cárcel de Murcia II.

Actividad en la calle Cárceles racistas La cárcel mata Radio: Tokata Y Fuga Sociedad-cárcel ¿Salud carcelaria?

Nos ha llegado un correo con este cartel, que sutituye a otro con distinta fecha que habíamos publicado anteriormente, convocando a una concentración frente al consulado de Portugal en Barcelona contra la entrega al Estado español de Gabriel Pombo Da Silva, actualmente en manos del Estado portugúes, y exigiendo su libertad. La anterior convoctoria fue anulada porque podía resultar contraporducente en aquel momento, cuando la máquina punitiva portuguesa aún no había decididio la entrega. Ahora ya lo ha hecho. Reproducimos abajo las explicaciones que dan en el mensaje recibido sobre la situación del compañero. En el siguiente enlace se puede encontrar un número de cuenta bancaria donde hacer aportaciones económicas para su defensa: Peticion De Apoyo Económico Para La Defensa Jurídica De Gabriel Pombo Da Silva

Tras la detención de nuestro compañero anarquista el pasado 25 de Enero, en territorio portugués, Gabriel se encuentra en prisión con petición de extradición al Estado español.
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Con la resolución del tribunal portugués de Relaciones Exteriores de Guimeraes, el procedimiento de extradición continúa adelante, teniendo plazo de 5 días para recurrir al Tribunal Supremo de Lisboa.
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Gabriel se encuentra fuerte y preparado para librar esta nueva batalla por su libertad, y por ello os convocamos a la concentración en el Consulado de Portugal de Barcelona este MARTES, 3 de MARZO, a las 12h en Ronda de Sant Pere 7 (metro Urquinaona), para reclamar su inmediata libertad y manifestar nuestro unánime rechazo a su extradición
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¡LIBERTAD PARA GABRIEL POMBO!
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¡LIBERTAD ANARQUISTAS PRESXS!

Actividad en la calle Sociedad-cárcel

Después de que fuera desconvocada una concentración frente al consulado portugúes en Barcelona contra la extradición de Gabriel, que aún no estaba decidida, por considerarla quizá contraproducente con su objetivo, la entrega del compañero al Estado español ha sido finalemente decretada por la autoridad judicial portuguesa en cuyas manos estaba el caso. Hemos recibido por correo electrónico la actualización que insertamos más abajo y la convocatoria a una nueva concentración por la libertad de gabriel Pombo Da Silva, esta vez en Madrid, el próximo martes, 3 de marzo, a las 20h, en la plaza de Tirso de Molina. La ayuda económica para abogados resulta ahora más necesaria todavía. Para averiguar cómo hacerla llegar: Peticion De Apoyo Económico Para La Defensa Jurídica De Gabriel Pombo Da Silva.

Un mes después de la detención de nuestro compañero Gabriel, arrestado el pasado 25 de Enero en Portugal, el tribunal de Guimaraes ha resuelto a favor de la extradición al estado español.

Esta noticia no nos asombra, teniendo en cuenta la venganza activa de la Juez Mercedes Navarro del tribunal número 2 de Girona en contra de Gabriel. Esta Juez es la misma que, en Mayo del 2016, ordenó al entonces director de la prisión de Dueñas (Palencia) ocultar la orden de liberación inmediata de Gabriel que, después de 3 semanas de «secuestro», saboreó finalmente la libertad el 16 de Junio (por esto la Navarro fue denunciada por «prevaricación»).

Durante este último mes, la tal Navarro, no ha parado de presionar a Portugal con la finalidad de que le fuera consignado «este peligrosísimo individuo».

Recordamos que el objetivo principal de la defensa es obtener la libertad de Gabriel en virtud del «principio de especialidad» (gracias al cual fue liberado hace cuatro años sin haber perdido validez jurídica) y, en todo caso, evitar la extradición, dada la nacionalidad portuguesa que Gabriel ha obtenido recientemente (Portugal no debe extraditar a un nacionalizado propio).

Ni el principio de especialidad, ni la nacionalidad portuguesa han sido tenidas en consideración por el tribunal de Guimaraes, que se ha limitado a darnos la razón para después concluir que debe proceder a la extradición (o sea, que no puede resistir indiferente a la presión de la señora Navarro).

El abogado está presentando el recurso al tribunal supremo de Lisboa y hasta que este no se pronuncie (en torno a alguna semana) Gabriel permanecerá detenido en la policía judicial de Oporto.

Continuamos expresándole toda nuestra solidaridad… ¡Y que no quede como palabra vacía!

¡¡¡GABRIEL LIBRE!!!

¡¡¡TODOS LIBRES!!!

¡¡¡VIVA LA ANARQUÍA!!!

 

Actividad en la calle Sociedad-cárcel

Traducimos del catalán  la siguiente entrevista, publicada por Vicent Almela y Guille Larios en el nº 494 de La Directa. Hablan largo y tendido con Ainhoa Nadia Douhaibi, una de las autoras, junto a Salma Amazian, del libro, recientemente editado por el proyecto autogestionario Cambalache, de Oviedo, «La radicalización del racismo. Islamofobia de estado y prevención antiterrorista», una investigación valiente y radical sobre las raíces históricas, culturales y sociales del racismo antimoro y cómo se reproduce y utiliza desde el Estado en ámbitos como la escuela, la cárcel, los falsimedios o las políticas policiales de «prevención antiterrorista» para construir un enemigo ficticio que justifique maniobras criminalizadoras y mermas de libertad al servicio del régimen totalitario de dominación y explotación imperante y de los intereses de sus beneficiarios. El libro, que describe detalladamente, entre otras situaciones, la del compañero Mohamed Achraf, preso a causa de tales maniobras, que terminó ayer sus diez días de participación en la huelga de hambre rotativa por la excarcelación de lxs presxs enfermxs, se puede pedir a la editorial y descargarlo en pdf siguiendo el enlace del título. Las imágenes de arriba, que son las de su portada, contraportada y solapas informativas, se pueden ampliar picando sobre ellas para ver mejor su contenido.

«LO QUE SE CONSIDERA O NO TERRORISMO ES UNA CONSTRUCCIÓN POLÍTICA»

Según Ainhoa ​​Nadia Douhaibi, educadora social y centrada en la investigación sobre racismo institucional y de estado, las políticas preventivas contra el radicalismo que se están aplicando hoy en Cataluña y en en el Estado español están construidas a partir de coordenadas raciales, culturales y religiosas, y no existe un «problema de radicalización» en los términos en que se está formulando. Junto con Salma Amazian, que forma parte del espacio de reflexión y militancia descolonial 1492, acaban de publicar el libro «La radicalización del racismo. Islamofobia de Estado y Prevención antiterrorista» (Cambalache, 2019), donde hacen un repaso sobre cómo se ha construido históricamente el racismo antimoro y como han evolucionado las políticas antiterroristas que afectan a las comunidades musulmanas según los intereses económicos y estratégicos de Occidente.

¿Qué estigma se esconde hoy en día en la palabra moro?

Pues depende de quién y en qué contexto la utiliza. Entre nosotros, por ejemplo, a menudo hablamos de moros y moras y no conlleva ningún estigma ni tiene una connotación negativa. Sin embargo, sabemos que esta palabra lleva implícita una gran carga histórica, política, económica, religiosa y cultural que se ha ido forjando desde antes de la expulsión definitiva de las comunidades árabes de los territorios que hoy controla el Estado español. En la época moderna, los agravios que se ocultan tras la palabra moro van en torno a una construcción bárbara sobre el otro, sobre todo en términos de género masculino. Es una construcción asociada a una cuestión machista, a formas de vida no contemporáneas, generalmente violentas… Hoy, a través de la islamofobia de estado y el racismo institucional, se presenta como una idea asociada al terrorismo y a la de potencial terrorista.

¿En esta construcción del estigma, qué relación histórica existente entre España y Marruecos?

En el Estado español, la palabra moro tiene una connotación muy particular por la relación histórica con el Magreb, pero también por lo que pasó en estos territorios antes de que fueran llamados España. La constitución del siglo XIX fue posible por la negación, la muerte y la invisibilización del moro. España es España porque ha conseguido eliminar el rastro y la huella del moro de su identidad y de su construcción nacional y de estado.

¿Por qué algunos moros están bien considerados socialmente y otros no?

Yo diría que en general no hay una buena imagen de los moros. Pero es cierto que últimamente hay una especie de campaña en torno del moro bueno y el moro malo, que yo creo que tiene que ver con qué grado de moderación tiene su expresión religiosa; qué importancia y qué espacio le otorga a la religión en el espacio público, institucional, administrativo… Si reivindica que la religión va con él a todas partes y vive en relación con esto, es más rechazado que el moro moderado, el integrado, el que acepta que debe modificar su práctica religiosa u ocultarse para encajar bien socialmente. Y esto se hace en beneficio del supremacismo occidental, blanco y laico.

¿Cuándo y cómo se empieza a relacionar el moro con el terrorismo yihadista?

Desde la era colonial moderna hasta hoy ha habido muchos conflictos sociales y bélicos, como la guerra de Bosnia o el conflicto Palestina-Israel, que han apuntalado esta construcción del musulmán como el enemigo del estado y como objetivo a vencer y eliminar. Aunque la cuestión del terrorismo tiene un antes y un después con el 11-S, estos relatos de conflicto bélico estatal han construido o reforzado una idea ya existente del moro musulmán como peligro. Pero como un peligro para los intereses del estado nación capitalista; un orden social, económico, cultural y de género blanco, determinado por la idea de la razón y la ciencia como forma de entender la vida, de unos únicos valores legítimos que determinan el orden ético.

¿A qué intereses responde la construcción de este relato?

En su día esto cumplió unos intereses muy concretos, que eran los intereses de la empresa colonial del momento, con la expansión en el Atlántico, que vendría a construir al otro como explotable. No habría sido posible el desarrollo capitalista e industrial ni nada de lo que hoy en día tenemos si no hubiera habido un sujeto al que podíamos racializar y, por tanto, explotar. Y que nos era igual que muriera en el trabajo, porque detrás teníamos a otro que le podía sustituir. El objetivo de esto era la acumulación de la riqueza y la perpetuación del sistema de clases, y es la base por la que hoy tenemos gas, petróleo y un determinado nivel de vida en las sociedades occidentales. Es también gracias a este relato como los estados pueden justificar su presencia y extracción de recursos en lo que ellos llaman Oriente Medio. No se puede entender que los estados defiendan que existen unos peligros asociados al yihadismo salafista mientras mantienen conversaciones con el máximo mandatario de Arabia Saudí, que es el principal propagador de la ideología wahabí en todos los territorios del planeta. Esta es la ideología que, según ellos, sería la base de los procesos de radicalización.

¿Qué papel tienen los medios de comunicación como maquinaria de alimentación de este relato?

Las instancias políticas y del poder siempre han utilizado los medios de comunicación como un mecanismo que les permite construir una agenda política y priorizar riesgos y importancias según sus intereses. Los medios incluyen, por tanto, dentro del aparato del estado. Asimismo, la misma población que no cuestiona o colabora con el aparato también está contribuyendo, legitimando y creyéndose la amenaza del terrorista y entendiendo la seguridad como una cuestión prioritaria en la vida de las personas. Y, por tanto, no terminan cuestionando o colindante de manera contundente determinadas políticas que a ellos no les afectan de forma directa, pero en el resto sí. La sensación de miedo o de pérdida de poder es tan grande que acaban permitiéndolo y legitimándolo.

Según apuntáis en el libro, «no hay un problema de inmigración ni de ‘terrorismo yihadista’, o ‘crisis de refugiadas’, al menos en los términos en que este debate se está planteando». ¿Qué queréis decir con esto?

Que la construcción de los problemas sociales se basa en construcciones políticas que responden a los intereses de las facciones de poder que deciden cuál es un problema prioritario y qué no. La agenda política del estado no aborda de la misma manera el problema de la vivienda, que ha causado más muertes, desamparo, precariedad y malestar social que este tipo de terrorismo que ellos llaman yihadismo. Pero el despliegue presupuestario, los efectivos, el relato del poder sobre el problema… Todas estas acciones terminan construyendo una narrativa que la gente de la calle se acaba creyendo. Lo que es considerado terrorismo y lo que no es una construcción política que responde a unos intereses concretos.

¿Qué estrategias han construido los estados para defenderse de este supuesto terrorismo yihadista?

La cuestión principal es que la política antiterrorista global es de carácter preventivo. Esto quiere decir que no viene a juzgar hechos, sino que viene a prevenir que pasen. Por lo tanto, se genera una fase precriminal, donde esta política preventiva debe decidir dónde cree que se generará este problema o donde cree que hay potenciales terroristas. Y esta decisión, en España, se toma a partir de coordenadas raciales, culturales y religiosas en relación con la población árabe-musulmana, paquistaní o del sudeste asiático. Y esto es sumamente peligroso. Lo que sucede es que a la hora de juzgar, como no hay actos delictivos cometidos, esta gente va a juicio sin pruebas, sólo con indicios. A menudo estos indicios son insuficientes o poco concluyentes para poder condenar, y entonces lo que hace el Estado es utilizar el marco legal de la ley de extranjería, que permite la expulsión sumaria con base en razones de «seguridad nacional». Así, esta aplicación permite que no sea necesario pasar por todas las garantías procesales ordinarias. Por tanto, la ley de extranjería es una punta de lanza para terminar de cumplir lo que el Código Penal no termina o no puede hacer.

En escuelas, centros escolares y comisarías de Cataluña se están empezando a aplicar protocolos de prevención de la radicalización. ¿Cómo funcionan?

Desde que empecé la investigación he tenido mucho interés en saber cuáles eran estos indicadores concretos y por qué son importantes, porque nos dicen lo que la policía y el Estado consideran como señales de alerta en un proceso de radicalización. Pero soy reacia a compartirlos, ya que pueden generar miedos entre las comunidades musulmanas. Básicamente estos indicadores son expresiones de la práctica religiosa, que si no eres musulmán no significa nada, pero si eres musulmán significa un elemento de sospecha. Y aunque podamos estar sensibilizadas, hay personas que cuando se les detallan estos indicadores no paran de verlos en todas partes, porque se les activa la maquinaria psicosocial. Se trata de una criminalización de la práctica religiosa, lo que convierte a todo un sector poblacional en potenciales terroristas hasta que se demuestre lo contrario.

¿Estos protocolos en sí mismos pueden ser agentes de radicalización dentro de las comunidades musulmanas?

Las técnicas y los métodos policiales para detectar la radicalización implican el uso de testigos protegidos que buscan incitar o provocar algún tipo de radicalización oculta. En este tipo de procesos, yo creo que sí se puede dar este supuesto. En Estados Unidos, en el Reino Unido o en el Estado español es un método ampliamente utilizado por los cuerpos policiales. Con el imán de Ripoll quizá pasó algo similar. Cuando salieron las informaciones de que era colaborador del CNI y que había pasado por la cárcel, no puedes evitar preguntarte si se le había aplicado algún protocolo de radicalización, si era una persona idónea para colaborar con la policía y ser introducida en una comunidad para ver si los jóvenes se estaban radicalizando. Creo que no podemos dejar de sospecharlo.

¿Qué peligros conlleva la aplicación de estos protocolos dentro de las comunidades musulmanas?

No puedo hablar por ellas porque no vivo dentro de ellas. Pero en algunas conversaciones que he tenido me cuentan que, cuando hay conciencia sobre la persecución que sufre tu forma de vida y expresión, las personas comienzan a modificar su expresión religiosa externa; a tener miedo de qué conversaciones podrán establecer, de cuáles son las posturas que pueden defender públicamente; qué pueden decir públicamente sobre el conflicto palestino-israelí, sobre la memoria histórica española sobre Al-Andalus. Se provoca que las conversaciones políticas emancipadoras sean coartadas y criminalizadas. Por otra parte, cuando recae sobre ti la sospecha de terrorismo por parte del Estado, te conviertes en paria dentro de tu propia comunidad. Las comunidades de tradición musulmana en una sociedad profundamente racista son un lugar de seguridad para muchas personas. Por tanto, lo que también se está generando son rupturas de lazos sociales que protegen y generan ideas de pertenencia.

En el libro comentáis que la fuerte relación entre la izquierda y el laicismo puede provocar la justificación de discursos islamófobos dentro de estos sectores sociales.

Esta idea de la sociedad avanzada y democrática viene dada por un giro secular. Occidente y el norte global se entienden a sí mismos como una sociedad más democrática porque ha sido capaz de secularizarse, de distinguir religión y estado. Partiendo de esta idea, en en el Estado español, esta relación entre estado y religión en su historia más cercana viene dada por el nacionalcatolicismo franquista. Por lo tanto, hay muchas resistencias a hablar sobre el lugar que debería ocupar la religión musulmana en instituciones públicas o administraciones. Es muy difícil separar estas dos cosas a la hora de tener esta conversación. Constantemente se reproduce esta narrativa sobre «lo que nos costó sacar la iglesia de la escuela, de la universidad y del aparato administrativo del Estado» para argumentar que el Islam tampoco debería tener un lugar. La relación entre el Estado español y la iglesia sigue muy viva y no se dedican tantos esfuerzos a combatir eso como se dedican a combatir al Islam. Cuando decimos que estas narrativas ocultan un velo islamófobo es porque pensamos que en realidad se utilizan para no dejar salir una postura abiertamente islamófoba que en realidad piensa: «Yo no quiero eso cerca de mí». Y como no es políticamente correcto, utiliza el relato del laicismo para justificarse.

Reflexionáis sobre cómo situarse para hacer una investigación transformadora y crítica sin ser informadoras desde dentro y estar al servicio de la empresa colonial. ¿Qué queréis decir con eso?

Hay una diferencia muy grande entre investigar al estado y su política antiterrorista o estudiar las comunidades musulmanas, sus relaciones, como les afecta, cómo se relacionan las mezquitas y las diferentes corrientes dentro del Islam… Son dos cosas muy diferentes porque son objetos de estudio diferentes. Las grandes investigaciones académicas actuales tienen mucho dinero detrás y obedecen a unos intereses concretos. Nosotros las criticamos porque la producción científica que valida postulados de radicalización, nefasta incluso metodológicamente, es en la que se amparan los estados. Por lo tanto, cualquier persona que colabore con este tipo de producción científica debe saber que colabora con la legitimación del despliegue de políticas públicas del estado. Las instancias de poder no son idiotas, y utilizan población árabe o musulmana que participa en estos estudios para poder decir que han hecho investigación participativa. En nuestro caso hay personas que se han expuesto enormemente para que pudiéramos llevar a cabo nuestra investigación, como es el caso de Mohamed Achraf, con quien hemos mantenido conversaciones vía carta y comunicaciones desde dentro de la prisión. A raíz de estas conversaciones, la institución penitenciaria ha decidido cortarle todas las comunicaciones con el exterior como castigo. Hay gente que pone la vida para que estas conversaciones salgan a la luz.

¿Cuál es vuestra posición respecto a la prevención? ¿Creís que se debería tomar alguna medida que pueda prevenir un atentado como el de las Ramblas?

Esta es una pregunta trampa, porque las coordenadas que me planteas ya incluyen suposiciones que validan la radicalización, la política preventiva antiterrorista, que validan que es un mal menor a asumir porque el mal mayor a evitar es el daño a la integridad y la vida de las personas. Desde aquí no me interesa contestarte, porque estaría validando la reproducción y el desarrollo del racismo en todas sus formas. Lo que creo es que hay que tener estas conversaciones críticas y empezar a plantear modelos de sociedad radicalmente diferentes. Romper el pacto económico racial, pensar la política transformadora desde otro lugar. Las políticas actuales, incluso las críticas o alternativas, no salen de estos paradigmas de prevención sobre los radicalismos y terminan siendo funcionales al orden establecido. No salen de los postulados de prevención clásica, no salen de las teorías de radicalización, no cuestionan, no cambian, asumen las coordenadas y quieren plantear cambios dentro de estas mismas coordenadas. Y eso no es posible.

¿Aparte de iniciar un debate y empezar a cuestionar este relato, veis alguna experiencia de referencia articulada desde las comunidades musulmanas?

En el libro decimos que planteamos muchas preguntas y no tenemos respuestas. Vemos una necesidad urgente de cambiar las coordenadas del relato sobre el terrorismo y su relación con las comunidades musulmanas. Las posibilidades de emancipación de muchas personas atravesadas por la construcción social de la raza y de las opresiones ligadas a ella pasan por cambiar radicalmente los esquemas mentales que tenemos en relación con raza, género, economía, clase… No sé si estamos preparadas como sociedad, a mí al menos no me lo parece. Como propuesta concreta, en relación con las políticas antiterroristas, lo primero que hay que hacer es eliminar y hacer desaparecer los protocolos. Y no nos sirven los protocolos reformistas planteados desde ciertos sectores. No sirven los programas de interculturalidad dentro de la idea de prevención de los extremismos violentos. Es un arma de doble filo muy peligrosa. O se cambia todo el marco o estaremos simplemente sofisticando lo que ya hay, haciéndolo más oculto e invisible, y por tanto más permeable y peligroso.

 

Cárceles racistas Sociedad-cárcel

Parece que el Estado español quiere someter también al compañero Gabriel Pombo Da Silva a una cadena perpetua, al parecer con una base jurídica precaria que puede ser removida por los abogados, a pesar de la colaboración represiva internacional de los Estados europeos. Hemos recibido un mail con el mensaje que va a continuación, donde se explica con bastante claridad la situación y se pide apoyo económico para poder hacer frente a los gastos de la necesaria defensa. Sin solidaridad no somos nada. Contribuyamos a sacar al compañero Gabriel de la cárcel. Como símbolo de ello nos ha gustado bastante la ilustración que insertamos arriba, tomada de http://alasbarricadas.org, donde también se hacen eco de la misma llamada.

Nuestro compañero Gabriel, detenido el pasado 25 de Enero en Portugal, sigue encerrado en las celdas de la judicatura de Oporto en espera de posible extradición. La segunda parte del juicio iniciado el 27 de Enero todavia no ha empezado, tendrá lugar en los proximos dias. Hasta que no lo notifiquemos, la dirección del contacto para escribirle sigue siendo la misma:

Gabriel Pombo Da Silva

EPPJ Porto

Rua Assis Vaz, 109

4200-096 Porto (Portugal)

En espera de más novedades, su abogado, que es solidario con Gabriel, nos ha adelantado que la cantidad de dinero necesaria para la defensa va a ser considerable. Necesita apoyarse y pagar puntualmente a los profesionales con los que está obligado a trabajar; no puede actuar sin el concurso de abogados de Portugal y muy probablemente de Alemania. Por lo tanto, se necesita desde ya una cantidad de dinero constante para hacerse cargo de toda la burocracia que implica el concurso de administraciones de justicia de tres países diferentes (España, Alemania y Portugal). Actualmente la situacion juridica es la siguiente:

La fiscalía de Girona pretende que Gabriel cumpla 16 años más por una interpretación de una refundición de penas inexistente. Niega el principio de especialidad (una de las razones juridicas por la que fue posible la liberacion de Gabriel en el junio del 2016), que ha de ser reclamado por Alemania a petición de Portugal, si opcionalmente lo estiman oportuno.

La extradición queda congelada mientras Portugal analiza la situación, pregunta a Alemania sobre el principio de especialidad y determina la situación para extraditarlo o no.

El objetivo de la defensa es la liberación inmediata por reconocimiento del mismo principio de especialidad. Si eso no se consiguiera, el objetivo sería evitar la extradición y que cumpliera la supuesta pena residual en Portugal, evitando el acoso que le esperaría en las cárceles españolas.

En caso de extradición se lucharía para que no se cumpliera esa pena aplicando redenciones y refundiciones que hasta hoy no han sido computadas, acción que también se plantearía realizar si cumpliese esa pena en Portugal.

En todo caso, hay que trabajar legalmente para que ninguna fiscalía pueda reabrir ninguna causa anterior y acabar con toda posible orden de arresto.

Se ha abierto una cuenta, a nombre de su compañera Elisa, para recibir las aportaciones solidarias de forma más rápida, directa y organizada posible:

TITULAR: Elisa Di Bernardo
BANKINTER
IBAN: ES06-0128-0180-3601-0009-8696
BIC/SWIFT: BKBKESMMXXX

¡GABRIEL LIBRE!
¡TODXS LIBRES!
¡VIVA LA ANARQUIA!

Cadena perpetua Sociedad-cárcel

Nuestro compañero Rafa habla con Ainhoa Nadia Douhaibi, una de las autoras de «La radicalización del racismo. Islamofobia de Estado y prevención antiterrorista», sobre la situación de Mohamed Achraf, compañero preso, víctima de un montaje «antiyihadista», que está haciendo en este momento sus diez días en la huelga de hambre rotativa por la excarcelación de las personas presas gravemente enfermas. Nos hacemos eco de la concentración en apoyo de dicha huelga celebrada el viernes 14 en Iruñea. Emitimos una grabación de Ernesto Yanes, de Presos Tenerife, haciendo frente a las tergiversaciones, mentiras y fanfarronadas de los boqueras corporativistas defensores de la tortura. Hablamos finalmente de la situación de Antonio Nieto Galindo, a punto de ser entregado al Estado Francés en cumplimiento de una Orden Europea de Detención y Entrega a todas luces ilegal, para que pague en sus manos cadena perpetua después de haber pasado más de 40 de sus 67 años en cárceles españolas y a pesar de que está enfermo de cáncer.

Huelga de Hambre Rotativa 2019-2020 Presxs en lucha Radio: Tokata Y Fuga Sociedad-cárcel

La XIII marcha a la cárcel de Teixeiro, que se realizó el 12 de enero de 2013, tuvo como consecuencia el procesamiento de la persona que había dado la cara ante la delegación del gobierno, con una petición fiscal de tres años y una fuerte multa, y de otras dos, a las que el fiscal pide un año y nueve meses y un año y ocho meses y multas. Cuando los guardia civil intentó identificar a quienes habían lanzado los habituales cohetes para hacer saber a lxs presxs que está allí la gente solidaria, hubo un pequeño rifirrafe pra evitar detenciones. Pero no se pudo evitar que dos de las personas identificadas y la que había puesto el DNI y figuraba como organizadora fueran acusadas cuatro años después de diferentes delitos por los cuales aún no se les ha juzgado siete años después, pero parece que se les va a juzgar pronto. Durante la marcha de este año, la número XX, y los actos que se celebraron luego, se repartió un panfleto con el texto que viene a continuación, tomado de La Rebelión de las Palabras, y que contiene un llamamiento a la solidaridad con esas personas represaliadas al que nos sumamos.

LAS CÁRCELES ESCONDEN LAS PRUEBAS DEL FALLO DE ESTE SISTEMA. Son un pozo sin fondo donde ocultar los desajustes de la desigualdad social. Una gigantesca alfombra bajo la que barremos a aquellxs que no supieron adaptarse a las exigencias de un sistema clasista e injusto. Por eso se hacen en lugares cada vez más alejados y apartados de la civilización: para que no las veamos.

Algunxs solidarixs llevamos años intentando visibilizar este hecho a través de todo tipo de protestas. No lo podían permitir y por eso ahora amenazan con encarcelarnos. A una compañera le piden tres años de cárcel por el simple hecho de ser la convocante de la XIII Marcha a la prisión de Teixeiro.

Ya hace casi veinte años que solidarixs de toda Galiza venimos convocando marchas anuales a la cárcel de Teixeiro con el fin de protestar contra el sistema penitenciario. También pretendemos acercarles un poco de calor y apoyo a las personas allí encerradas, mostrarles que no todxs olvidamos su sufrimiento.

¿Dar visibilidad a aquello que debe estar escondido? Tamaña infamia no podía permitirla el aparato represivo, así que pronto comenzaron a intimidar a lxs asistentes. Primero plantaron árboles frente al lugar de las protestas, para evitar que lxs presxs viesen a lxs manifestantes. Continuaron sancionando a aquellxs que llevaban petardos para que tampoco pudiesen oírnos. Más adelante, pincharon las ruedas de todos los coches, para demostrar que no les importa ni su propia legalidad en la guerra sucia contra la solidaridad. Luego sancionaron a lxs conductorxs de los vehículos por supuestamente estar mal aparcados. Como al año siguiente fuímos en autobús, multaron a todxs lxs asistentes, pues no se había convocado legalmente. Hasta que en el año 2013, tras unos leves forcejeos entre guardias civiles y manifestantes que tiraban petardos, imputaron penalmente a la persona que había solicitado el permiso con petición fiscal de tres años de cárcel. Para otros dos de los asistentes piden penas inferiores a dos años en relación a los forcejeos. Las marchas, por supuesto, continúan realizándose hasta el día de hoy.

Siete años más tarde, el aparato represivo al que eufemísticamente llaman «justicia» sienta en el banquillo a nuestrxs compañerxs. La desproporción de las acusaciones muestra que para este sistema no hay peor crimen que la solidaridad y la disidencia. Llega el momento de enfrentar la represión y el castigo. Llega el momento de demostrarles que en la lucha por la libertad todxs estamos comprometidxs. ¡Solidaridad con lxs solidarixs! Ahora y siempre: ¡¡Si nos tocan a unx, nos tocan a todxs!!

¡Abajo los muros de las prisiones!

Actividad en la calle Sociedad-cárcel

Lxs compañerxs del Colectivo Anticarcelario Pronoia, de Murcia proponen, para el día 20 de enero, una campaña de «envío masivo de faxes» y llamadas teléfonicas exigiendo la libertad de Antuan a las siguientes instituciones:

INSTITUCIONES PENITENCIARIAS. fax: 913 35 40 52; teléfono: 913 35 47 00
DEFENSOR DEL PUEBLO. fax: 913 08 11 58; teléfono: 900 10 10 25
CENTRO PENITENCIARIO MURCIA II. fax: 968 65 79 59; teléfono: 968 65 78 01

Con el siguiente modelo de texto:

MODELO DE TEXTO PARA EL FAX

A la atención de la persona responsable de esta institución.

Por el presente escrito quisiera hacerle llegar mi preocupación por la situación de Antonio Nieto Galindo, preso actualmente en el centro penitenciario de Murcia II.

Antonio Nieto Galindo, pese a no tener delitos de sangre, ha cumplido 50 años de condena en las cárceles del estado español. El código penal español estipula que el tiempo máximo que una persona condenada cumplirá en prisión es de 40 años, pena imputable por delitos de terrorismo, por los que Antonio Nieto Galindo no ha sido condenado.

El pasado 3 de enero de 2020 Antoine debía haber sido puesto en libertad al haber cumplido de sobra la condena que se le había impuesto, pero no ha sido así. Antonio Nieto Galindo continúa privado de libertad en el centro penitenciario de Murcia II a disposición de la Audiencia Nacional sección tercera a la espera de ser entregado a las autoridades francesas las cuales solicitaron una OEDE (Orden Europea de Detención y Entrega) aceptada por el estado español. Las autoridades francesas pretenden hacerle cumplir una condena perpetua impuesta con total fraude de ley, en rebeldía, pese a tener total constancia de su situación de preso en el estado español.

Exigimos a las autoridades competentes del estado español que revisen la OEDE interpuesta a Antonio Nieto Galindo de acuerdo a la reforma de la ley 23/2014 de noviembre, de reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la Unión Europea, transposición normativa española de la decisión marco 299/JAI/2006 y otras publicadas en el BOE el 21 de noviembre de 2014 y su inmediata puesta en libertad.

Antonio Nieto Galindo no es moneda de cambio en las relaciones entre ambos estados.

Gracias por su atención. Un saludo.

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