Categoría: Sociedad-cárcel

Hablamos con gente del Grup de Suport a Presxs de Lleida sobre sus más recientes actividades, sobre su VI marcha de antorchas contra la cárcel de Ponent, convocada para el 24 de noviembre, y sobre cómo se ve con su perspectiva la lucha social antipunitiva. Después hablamos con las madres de dos presos y la compañera de otro, todos los cuales han sufrido torturas recientemente a manos de los carceleros. Comentamos el cinismo de los sindicatos de boqueras y de los falsimedios que les apoyan, al basar el sucio marketing victimista que usan en su huelga en acusar a lxs presxs de agredirles, cuando quienes lo vivimos de cerca sabemos que son ellos los torturadores y son, precisamente, las condiciones de su impunidad en esa práctica lo que están defendiendo principalmente con su huelga. Leemos varios artículos sobre el tema y hablamos con Vicent de lo mismo y de la jornada anticarcelaria que ha habido hoy en Barcelona.

Cárcel=Tortura Huelga de hambre diciembre 2018 Radio: Tokata Y Fuga Sociedad-cárcel

La huelga de los carceleros españoles ha durado, de momento, hasta ayer, 20 de noviembre. Nos consta que, como suelen hacer los de su gremio, su principal medio de presión ha consisistido en perjudicar lo más que han podido a las personas presas y a sus familias y amistades. Se han perdido visitas médicas, citas hospitalarias, medicaciones, curas, comidas, entrevistas con abogados, comparecencias judiciales… y, sobre todo, comunicaciones. Los jichos han bloqueado las entradas a las cárceles y coaccionado a las personas que venían de visita, impidiéndoles entrar siquiera a los recintos, donde quizá habrían podido ser atendidas por los servicios mínimos. Imaginaos que, después de un largo viaje, con el correspondiente gasto, deseando abrazarr a un ser querido preso, que está esperando con ansiedad vuestra llegada, os encontráis con una banda de carceleros que, con su prepotencia habitual, aunque estén en huelga y no de servicio, os impiden el paso e incluso os amenazan, bajo la mirada de la guardia civil o de la policía, que asisten pasivamente a esos comportamientos tipificados como delitos, cometidos ante sus narices por los boqueras. Eso les ha pasado, por ejemplo, a la madre y al padre de nuestro compañero Toni Chavero Mejías que, con 76 y 82 años respectivamente y una salud precaria, han viajado desde Madrid a Albocàsser, alrededor de 500 kilómetros. Les ha llevado un compañero que ha tenido que pedir permiso en el trabajo para ello. Pero, al llegar, no les han dejado pasar de la garita de entrada al aparcamiento y les han faltado al respeto. Con un gran disgusto, han tenido que ir hasta Castellón, a más de 50 kilómetros, a denunciar el hecho en el juzgado de guardia. Considerando, ente otras razones, que son de esperar nuevas jornadas de huelga, provocaciones y abusos, denunciarlos es lo que, como mínimo, deberían hacer todas las personas afectadas, dentro y fuera, mientras dure esta campaña donde se reivindica una mayor impunidad en la práctica de la tortura, que se aplauda a sus perpretadores y que se les pague más por ello. Lo que ha sucedido en Albocàsser, donde no han dejado comunicar a nadie durante la huelga, ha sucedido en todas las cárceles del Estado español. También nos consta que, al menos en la prisión castellonense, pero seguramente en muchas más, han arreciado durante el mes de noviembre las provocaciones, palizas y denuncias falsas de los carceleros contra las personas que están en sus manos. Evidentemente, para justificar la patraña principal de la propaganda corportivista de los boqueras: que las personas presas les agreden a ellos, cuando sabemos que son ellos quienes abusan a sus anchas. Al menos, en el trato que están dando a los familiares salta a la vista de todo el mundo la catadura moral de estos supuestos “trabajadores”. Los verdaderos trabajadores conscientes, cuando luchan por sus reivindicaciones, no olvidan nunca la solidaridad y el respeto por el resto de la población oprimida. Los “funcionarios de prisiones” no son obreros, son carceleros. Ni siquiera merecen el nombre de humanos, ya que su comportamiento no lo es. Ponemos aquí debajo unos cuantos comentarios escritos sobre todo eso. En los enlaces que van al final del todo se pueden encontrar algunas expresiones más de la misma indignación publicadas anteriormente.

TORTURADORES EN HUELGA

Menos mal que se levantan voces para desmentir la repugnante falacia de los sindicatos de carceleros, reforzada por todos los falsimedios, que difunden servilmente sus tergiversaciones. Llevan meses –en esta última campaña, porque en realidad son años– haciéndose las víctimas, queriendo dignificar su inhumana “profesión”, presentándose como “arrojados” y “abnegados” servidores públicos. Y todo ello reivindicando –aparte de más dinero, claro, y más plantilla para trabajar todavía menos, si fuera posible– manos libres en el uso de los “medios coercitivos” de los que hipócritamente habla la ley penitenciaria. Es decir, en la práctica de la violencia y de la tortura.

Quienes lo vivimos de cerca lo sabemos bien: palizas de diez contra uno, con porras, cascos, escudos, gases lacrimógenos, esposas, etc.; “sujecciones mecánicas”, muchas y largas horas, días enteros de tener a una persona atada en una cama, a veces desnuda, sin desatarla siquiera para hace sus necesidades, haciéndoselas encima; cruel aislamiento con acoso constante; arbitrariedad en las “limitaciones regimentales”, traslados, “partes” y sanciones; amenazas y provocaciones cotidianas, humillantes bofetadas, destrozo o privación de pertenencias personales, abusos sexuales; abandono médico-sanitario, criminal negligencia en la administración de psicofármacos, ensañamiento en lugar de cuidados para los enfermos mentales; indefensión jurídica…

También quieren que se les considere “agentes de la autoridad”, con la consiguiente “presunción de veracidad” en sus mentirosos expedientes y aumento de las condenas para quienes son acusados en sus contradenuncias. Ya sabéis, quizá, cómo funciona: te dan una paliza, cogen la baja para reponerse de las torceduras de muñeca por manejar la porra con demasiado entusiasmo, los dedos rotos de dar puñetazos, las contusiones que se producen unos a otros cuando chocan entre ellos al abalanzarse ocho, diez o quince para golpear a una persona indefensa. Nos consta que, por ejemplo, en Albocàsser, llevan todo el mes provocando a las personas presas, dándoles palizas y contando en los medios serviles que han salido varios carceleros heridos y, además, denunciando en los juzgados a sus víctimas, como si fueran ellas las agresoras. Estos son sus argumentos.

Los torturadores están en huelga, aunque eso no quiere decir que dejen de torturar. Al contrario, lo que hacen es apretar todavía un poco más el torniquete. Todo lo que dejan de hacer por la huelga, repercute en perjuicio de las personas presas y sus allegados: pédida de comunicaciones, a menudo después de un largo viaje; pérdida de horas de paseo para los aislados; pérdida de citas médicas, turnos quirúrgicos, tomas de medicación y curas, desasistencia médico-sanitaria aún mayor; imposibilidad de entrevistarse con abogados; suspensión de juicios, permisos y  actividades… ¿A quién quieren presionar con su huelga? Hay muchos antecedentes hasta de provocación de motines en los conflictos laborales del personal penitenciario. No sólo en los de principios de este año de los carceleros franceses, a quienes los españoles parecen querer emular, sino en todos los que ha habido aquí, desde tiempo inmemorial. Este ha sido siempre su modo de presión: provocan a las personas presas dejándoles encerradas, muchas veces sin comer o sin agua, con casi todas sus necesidades básicas desatendidas, a ver si les hacen saltar, para que quede justificada la represión y la tortura y volver a aparecer como héroes y mártires del orden público en desigual enfrentamiento con gente violenta y sin escrúpulos, nuestros hijos e hijas, padres y madres, hermanos y hermanas, compañeros y compañeras, amigos y amigas.

Afortunadamente, no estamos completamente solas las personas presas, sus familas y gente allegada. Afortunadamente, podemos reproducir aquí una serie de expresiones que desenmascaran a los torturadores, poniendo en entredicho el asqueroso marketing de los sindicatos corporativistas de carceleros y señalando varias veces que la única huelga justa es la de lxs presxs en lucha, contra la tortura y no a favor de ella como la de los boqueras. Parece que algo está empezando a moverse en algunas conciencias.

Familias Frente a la Crueldad Carcelaria

 

NO HAY HUELGAS EN LA GUERRA

Hoy, sábado 17 de noviembre de 2018, lxs funcionarixs de prisiones han convocado una huelga que durará por lo menos cuatro días.

Las personas presas en la macrocárcel de Zuera no han podido bajar a desayunar. Han estado encerradsx en sus celdas durante horas, sin posibilidad de acudir a comunicar en los locutorios con sus familiares y allegadxs. Gran parte de ellxs vienen desde muy lejos (costeándose el viaje y organizándolo, quizá, desde hace semanas), para apenas 40 minutos de visita. Otrxs, esperando ver a su hijo que acaba de entrar en prisión por primera vez hace solo unos días y que estará, seguramente, en estado de shock. Hoy, ninguno de ellxs ha podido entrar a comunicar, no han podido entrar paquetes, no han podido entrar dinero. Nada.

Tampoco se ha permitido la entrada de abogadxs para realizar las visitas acordadas (y, en ocasiones, vitales para las personas presas). ¿Qué pasa si una persona presa tiene un juicio el lunes? ¿Y si la familia no puede volver a costearse un viaje hasta dentro de dos meses? Las personas presas viven en un vacío de derechos y de cuidados y, en estos momentos, se les está negando uno de ellos y, quizá, de los más importantes: la comunicación con el exterior y el contacto con sus redes de apoyo.

¿Parece exagerado pensar que la visita de un familiar puede suponer la diferencia entre aguantar o suicidarse? Pues no lo es. Esa es la realidad cuando uno de los pilares que sostienen la propia vida y la propia humanidad (el contacto, la comunicación) allí dentro, se te niega.
¿Dónde están los servicios mínimos para algo tan fundamental como los derechos de las personas presas? Esta situación se ha dado sin informar a nadie de la cancelación de las comunicaciones (ni a las visitas, ni a los medios) obviando, así, la lógica humana de intentar provocar el menor perjuicio posible precisamente a personas que, cada día que pasan allí, están un poco más muertas. Si esto se ha hecho así, es porque para ellxs, y para el Estado, las personas presas no son personas.
Más de cien coches han estado aparcados frente a los muros de la cárcel de Zuera tras largas retenciones para el acceso. Las personas que iban a comunicar, se han encontrado con una larga fila de coches en la carretera, custodiados por la Guardia Civil (no teniendo su presencia más sentido que el de infundir miedo y abusar de su poder).

Las puertas de entrada a la cárcel han permanecido durante horas cerradas a cal y canto. Hasta el punto de haberle negado la entrada a una señora de 80 años que solicitaba, atemorizada por la situación, ir al lavabo. Un grupo de familiares ha requerido al piquete de funcionarixs, apelando a la cordura que, por favor, abrieran las puertas para permitirle utilizar el baño. Ni siquiera con algo así han sido capaces de mostrar un mínimo de humanidad y de sentido común. La señora, entre lloros, ha tenido que hacer sus necesidades como ha podido cerca de un arbusto mientras otros familiares le tapaban para que, al menos, no tuviera que sufrir más humillación desnudándose y orinando a la vista de visitantes, funcionarixs y cuerpos de seguridad allí presentes.

Todo esto ha sucedido en el contexto de una huelga de funcionarixs de prisiones y ante la presencia de la Guardia Civil. Es alarmante pensar en lo que pueden hacer cuando nadie lxs ve allí dentro ―en la “intimidad” de la prisión― si son capaces de comportarse así públicamente y ante la imperturbabilidad del “Cuerpo de Seguridad Pública”.

Desde nuestro máximo respeto al derecho a huelga, creemos que es absolutamente intolerable que las personas presas, sus familias y amigxs estén sufriendo este maltrato institucional. Ellxs son lxs perjudicadxs por un sistema que los utiliza como chivo expiatorio para ocultar su mala praxis y su propia inutilidad (y cuyo precio a pagar son sus propias vidas). ¿Cómo se puede estar apelando y reivindicando derechos laborales mientras, para ello, se están pisando los derechos de miles de personas a las que ya se les ha quitado todo?

Esto no hace sino poner de manifiesto, una vez más, la crueldad y la perversión intrínsecas al sistema penitenciario. Con la diferencia de que esta vez se ha podido constatar de manera pública y explícita. Fuera del silencio y el ocultamiento que configuran, como norma, la idiosincrasia carcelaria.

Nada puede resumir mejor lo ocurrido hoy (y, en general, lo que supone el sistema penitenciario en sí) que las palabras de una funcionaria cuando, tras las quejas y la petición de explicaciones por parte de las personas que iban a comunicar, ha desvelado la única verdad de la cárcel: “en una guerra siempre tiene que haber heridos”.

Pues bien, señora, sepa usted que, en esta guerra, nosotras no estamos dispuestas a seguir soportando que lxs muertxs lxs ponga siempre el mismo bando.

CAMPA

 

¿LOS DERECHOS DE QUIÉN?

Hoy la foto es lo de menos. No vengo a compartir una imagen sino algo que está pasando. No sé si lo dije en algún momento por aquí pero llevo unos meses dando clases de baile de forma voluntaria en la prisión de Pereiro de Aguiar. Y una vez más no me han dejado ir.

La cuestión es que los carceleros, a nivel estatal, han convocado huelga (este fin de semana ya es la segunda y por lo visto se prevén más a lo largo de lo poco que queda de año). No es casualidad que las huelgas que convocan sean los fines de semana ya que esto provoca que los presos y las presas no puedan tener ningún tipo de comunicaciones con sus familiares, amigos, abogados, y por lo tanto, tampoco pueden realizar actividades dentro de prisión con gente que venga de fuera. Hoy los presos y las presas del Estado se han quedado SIN NADA, encerrados en sus celdas por falta de servicios mínimos. Todas las huelgas son legítimas, pero, como bien decían desde Salhaketa Nafarroa –en su comunicado que, por cierto, recomiendo, “Las dos huelgas de las prisiones”– hay mensajes y actos que son más éticos que otros. No vengo a denunciar que los funcionarios de prisión estén en huelga, vengo a denunciar que las PERSONAS presas tienen unos derechos y que una vez más se los están pisoteando.

¿Qué pasa con los servicios mínimos? Hoy cientos de personas se han quedado en las puertas de las prisiones esperando una respuesta por parte de los funcionarios. Nadie había avisado a los familiares y amigos de los presos y las presas. Lo que se han encontrado después de recorrer 10, 100, 200, 300, 400 km para ir a visitar a su hijo/a, marido/esposa, pareja, madre/padre, han sido muros de cemento y barreras cerradas sin dar explicaciones de por qué no podían entrar en prisión.

Mientras los funcionarios alzan la voz y reivindican unos derechos laborales, los de los presos, las presas y los familiares están siendo saboteados.

Ana Sagredo

Huelga De Carceleros: Personas Presas Denuncian Que No Están Recibiendo La Medicación

Cárcel=Tortura Sociedad-cárcel

Encontramos el siguiente texto el blog del Grup de Suport a Presxs de Lleida. Dicen que se lo han enviado desde Murcia, “donde se ha estado gestando y por fin ha aparecido un nuevo grupo de apoyo contra la privación de libertad” de nombre Colectivo Pronoia. El cual, según deseo de lxs compas de Lleida que nosotrxs compartimos, “esperamos que a partir de este momento siga y aumente la coordinación con ellxs y con todxs lxs demás grupxs de apoyo”. Saludamos la aparición de este nuevo grupo murciano, de la que nos entermos justo ahora, y les felicitamos por su escrito, con el que nos sentimos completamente de acuerdo. La footo de arriba, difundido por las BAF de Castellón parece también acorde con el contenido del texto ¿no?

Sobre las reivindicaciones de los carceleros…

Desde hace tiempo los carceleros del estado español mantienen un pulso con la administración para que se cubran todas las plazas vacantes que a día de hoy existen en las cárceles, con la excusa de que con tan pocxs trabajadorxs no se puede garantizar ni alcanzar los fines de la institución, que son la reeducación y la reinserción… ¡Esta afirmación es VERGONZOSA!

Para empezar, con las movilizaciones de octubre y las que tienen programadas para noviembre han conseguido bastante difusión gracias a los medios de comunicación de masas. Los cuales les han dado voz y la oportunidad de llegar a todos los rincones. Algo que jamás pasará con la lucha que están llevando nuestrxs compas presxs desde hace años, ésta siempre será invisibilizada.

Incluso, estas movilizaciones están siendo respaldadas por grandes sindicatos (como CCOO y UGT) que nunca moverán un solo dedo por las penosas condiciones y los ridículos salarios que reciben las personas privadas de libertad mientras trabajan durante su condena.

Utilizar la excusa de que, con las condiciones que tienen actualmente lxs carcelerxs (seguramente con una subida de sueldo se callarían), no es posible la reinserción… es lamentable. No es posible la reinserción de las personas presas porque la cárcel estigmatiza, porque la cárcel aísla, porque en la cárcel se tortura y se asesina. La reinserción no se encuentra dentro de las funciones de lxs carcelerxs, no existe ningún trabajo ni ningún taller que estas personas puedan realizar que realmente tengan unos objetivos tangibles y prácticos a la hora de su puesta en libertad. Además, se generan unas dinámicas y unas relaciones que para nada mejoran las que estas personas tenían en la calle antes de entrar en prisión.

Exigen un reconocimiento por su trabajo, ¿por qué no reconocen que hay carcelerxs que torturan, violan y vejan a personas encarceladas? Porque son cómplices con su silencio y su permisividad.

Quieren que se les reconozca como agentes de la autoridad, ¿para qué? ¿para continuar con los abusos de poder pero aún con más legitimidad? Son capaces de afirmar que “por no cubrir las vacantes no pueden asegurar la integridad de los internos ni de los propios funcionarios”… ¿Desde cuándo les importa la integridad de las personas presas? Si lo que ocurre diariamente dentro de las cárceles es todo lo contrario, estas personas son ridiculizadas, infantilizadas, amenazadas, etc. Exigen un protocolo de agresiones adecuado a la institución, amparadxs por una supuesta “alta siniestralidad laboral por las agresiones que sufren”. ¿Por qué no exigen el esclarecimiento de todas las muertes de presxs que son inducidas o enmascaradas?

Ningunx de lxs carcelerxs que están saliendo a las calles estos días responderán a estas preguntas, porque estamos de nuevo ante un juego del estado de bienestar en el que se pinta con buena cara a la gente trabajadora y responsable, que simplemente quiere una estabilidad para poder desempeñar las funciones correctamente, y, en este caso en particular, continuar con el buen desarrollo de uno de sus pilares más importantes: la seguridad. Mientras lo que realmente ocurre tras esos muros sigue estando oculto y olvidado en nuestra sociedad.

Este texto simplemente es un desahogo y un ataque a la institución penitenciaria y a sus esbirrxs.

Que continúe el apoyo a nuestrxs compas encarceladxs, que se sepa que no están solxs.

Colectivo Pronoia

Actividad en la calle Sociedad-cárcel

Tal como anuncian lxs compañerxs de la Agencia Para La Libertad y el cartel de ahí arriba: Contra el Gatillo fácil y toda represión estatal marcharemos en Caba, Rosario, Mar del Plata, Bariloche,Córdoba, San Juan, Mendoza, Santiago Del Estero, Misiones, Chubut y Tucumán. En la Caba: Lunes 27 de agosto, a las 16 horas, concentramos en Congreso y luego marchamos hacia la Plaza de Mayo. ¡¡Venite, te esperamos!! Aquí debajo, copiamos un artículo de Oscar Castelnovo, publicado igualmente en la página de APL, donde se explica bien el tema.

GATILLO FÁCIL, EL GENOCIDIO ENCUBIERTO

¿Qué dolor puede ser más brutal para una madre, para una familia, que la muerte de su hijx? ¿Y si no fue exactamente “muerte” sino asesinato? ¿Y si el crimen lo cometió un agente estatal que percibe un salario dizque para garantizar la vida y la integridad del que fusiló? ¿Y si los jueces protegen al matador? ¿Y si el poder político lo asciende? ¿Y si los legisladores le hacen leyes a medida? ¿Y si los medios hegemónicos manipulan con alevosía desde el mismo instante en que ese homicidio va a la sección “Policiales” en lugar de ubicarse en el primer lugar de “Política Nacional”? ¿Y si la matanza es sistemática y lleva décadas pero nadie habla de Genocidio? Si se dan todas estas variables, tal como sucede en la Argentina, entonces esa madre enloquece, enferma, muere de tristeza o se lanza a la lucha. Así, cuando ellas marchan su rostro se desfigura en aullidos. La remera que cubre su torso lleva sobre sus senos la cara sonriente del hijx que amamantaron y que sucumbió a balazos por las fuerzas de Seguridad en las calles o la tortura en los sitios de encierro. Este lunes 27 lo harán desde Congreso a Plaza de Mayo en la CABA y también en Rosario, Mar Del Plata, Bariloche, Córdoba, San Juan, Mendoza, Santiago del Estero, Misiones, Chubut y Tucumán, en la 4° Marcha Nacional contra el Gatillo Fácil. ¿Por qué genocidio?¿Por qué encubierto? Más abajo, las respuestas a esta política de estado que lleva décadas en la etapa reclamada como constitucional.

El Gatillo Fácil constituye un verdadero genocidio, tal como lo nombra la Convención de las Naciones Unidas que lo tipificó en 1948. Allí, en su artículo II, el texto afirma que se entiende por genocidio los actos “perpetrados con la intención de destruir, total o parcialmente, a un grupo nacional, étnico, racial o religioso, tales como: a) Matanza de miembros del grupo; b) Lesión grave a la integridad física o mental de los miembros del grupo; c) Sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física, total o parcial…”. La definición es contundente y no deja dudas. Nuestro empeño por llamar a las hechos por su nombre no nace de un interés jurídico, la sola palabra “genocidio” es una herramienta para la pelea, esenciamente política, contra la muerte de los más vulnerables. ¿Qué pasaría en la Argetina si organismos, colectivos de luchadores, partidos populares, sindicatos, organizaciones femimistas, estudiantiles, entre muchos más, denunciaran como genocidio a asesinato de lxs nuestrxs?

Walsh

Resulta singular que aquello que la casta política pretende desconocer, el periodista Rodolfo Walsh lo anticipara el 25 de marzo de 1977 en su “Carta abierta de un escritor a la Junta Militar”, según el Premio Nobel Gabriel García Márquez, esta fue la pieza periodística más brillante que se haya escrito jamás. En su misiva a los uniformados, Walsh va afirmar algo que pensó mucho y le generó contradicciones antes de plasmarlo blanco sobre negro. Finalmente se decidió a decir que las desapariciones, los asesinatos, las torturas no eran los hechos más graves perpetrados por los tiranos: “Estos hechos, que sacuden la conciencia del mundo civilizado, no son sin embargo los que mayores sufrimientos han traído al pueblo argentino ni las peores violaciones de los derechos humanos en que ustedes incurren. En la política económica de ese gobierno debe buscarse no sólo la explicación de sus crímenes sino una atrocidad mayor que castiga a millones de seres humanos con la miseria planificada”, aseguró. Y esa miseria planificada para millones, acompañada ineludiblemente con la masacre dilatada en el tiempo, es lo que está viviendo el pueblo argentino, de modo creciente según pasan los años.

Por qué

Es decir que a la desaparición por la dictadura cívico militar de 30 mil revolucionarios, le continuó el exterminio sistemático por parte del estado de lxs pibxs excluidos y/o rebeldes, los más vulnerables, quienes “no encajan” en el ordenamiento neoliberal y, claro está, que converge con la masacre de lxs jóvenes de los pueblos originarios cuya matanza nunca se detuvo desde la misma llegada de la corona española a América, con distinta intensificación según odio y necesidad.

Por otra parte, aunque hubo casos de gatillo fácil en toda la etapa constitucional, podría ubicarse una fecha de clave de sistematicidad en los años ’90, cuando millones de personas fueron arrojadas al desamparo absoluto, según lo había planeado la tiranía al fundar el modelo neoliberal que desplegó el menemismo. Entonces resultó forzoso acudir a una política represiva específica para asegurar los beneficios de la nueva tasa de ganancia requerida por el capital.

A la vez, este genocidio incluyó a las mujeres secuestradas para la trata con fines de prostitución, luego desaparecidas, liquidadas o destruidas con su subjetividad devastada, especialmente en el segmento adolescentes. Si bien se menciona la cifra de cinco mil de ellas, ésta sería solo la punta de un iceberg gigantesco cuya cantidad permanece en la noche y niebla de los genocidios.

Recordemos, por si hiciera falta, la tipificación: “a) Matanza de miembros del grupo; b) Lesión grave a la integridad física o mental de los miembros del grupo; c) Sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física, total o parcial…”

Como se ha dicho, los genocidios son “reorganizadores”. Es decir rediseñan la sociedad en beneficios de algunos y para ello es necesario el exterminio de muchos. De ese modo, Julio Argentino Roca masacró a los pueblos originarios, para quitarles sus territorios y dar nacimiento a oligarcas que se adueñaron de éste sustento del nuevo poder. En ese diseño “no encajaban” los aborígenes. De la misma manera, la tiranía cívico militar no hubiese podido sentar las bases del neoliberalismo y aniquiló a los militantes que “no encajaban”, dirigiendo los sindicatos, universidades, fábricas o alzados en armas por otra sociedad.

Ya en la etapa, dizque constitucional, el genocidio de lxs pibxs del pobrerío y/o rebeldes tiene distintas características, pero la misma esencia. Se trata de un genocidio ya no para “reorganizar” sino para “mantener” la inequidad lograda: Ellxs “no encajan”, son población sobrante y perturbadora. Entonces hubo que elaborar una política represiva “ad hoc” para evitar su rebelión y su organización. Es un genocidio de “mantenimiento del nuevo orden”. La batería represiva incluyó desde el plomo hasta el “paco”, para expandir el terror y así extinguir a algunos y disciplinar o neutralizar a los otros.

EL Estado terrorista

Resulta claro que el estado terrorista no terminó en diciembre de 1983. Si bien allí comenzaron a funcionar las instituciones de la llamada “democracia”, la ferocidad implacable, legal e ilegal, continuó focalizada en la pobreza y los sitios de encierro serían Campos de Concentración Siglo XXI. Sin embargo, el centro de exterminio no está, necesariamente, tras las muros y las rejas. Todo un barrio del pobrerío puede contener las torturas y los homicidios en sus veredas y sus calles, a plena luz del día. Y lo peor del caso, es que buena parte del pueblo prestó y presta consenso a este accionar.

Se sabe, que la coronación de una derrota popular, eso fue la instaración del modelo neoliberal, siempre comporta una sustitución de valores. Es decir la clase subyugada asume como propios los valores de la clase hegemónica a la cual brinda su aplauso. Así, el valor vida fue sustituido en la escala por el llamado, recortadamente, valor “seguridad”. De este modo, resulta más importante la cartera de la dama, el bolsillo del caballero o el celular de ambos, que la vida de un joven.

Un claro ejemplo fue el de David Moreira, 18 años, quien –según se afirmó– robó desde una moto la cartera de una señora en la ciudad de Rosario, en marzo de 2014. Allí, unos 50 vecinos del barrio Azcuénaga lo cazaron, lo lincharon y expandieron a patadas, literalmente, su masa encefálica sobre el asfalto. El joven que lo acompañaba en la moto se entregó a la policía y dijo: “yo estaba con él” y fue condenado. Sin embargo, ni uno solo de los 50 vecinos que asesinaron a David, confesó su crimen. Según el propio Código Penal que se aplica a los más pobres, robar una cartera tiene una pena de uno a seis años de prisión. Y, al asesinato alevoso, por caso 50 a 1, comporta una condena a reclusión perpetua.

Es en estas circunstancias donde se advierte, con creces, la derrota moral, axiológica, cultural que se expandió en los ’90. Ningún fiscal o juez investigó a los matadores, ningún miembro de los partidos mayoritarios alzó su voz tal y como debe hacerse, y el mundo siguió andando porque la vida de los más vulnerables carece de importancia para quienes timonean el despojo.

Meta bala

Como se recordará, sobre finales de los ’90, Carlos Ruckauf, ministro de Isabel Perón, vicepresidente de Carlos Menem y luego gobernador bonaerense, proclamó que había que “meter bala” a los delincuentes. Así, el estímulo fue bien recibido por los efectivos que pusieron más empeño a la tarea. Las balas continuaron para los pibes desfavorecidos por el régimen y también para los rebeldes que enfrentaron las circunstancias. El caso emblemático de aquellos años, ya en 2002, fue el asesinato de Maximiliano Kosteki y Darío Santillán ambos militantes políticos y sociales, quienes sucumbieron en la “Masacre de Avellaneda”, durante un reclamo popular.

Luego de que el entonces jefe de Gabinete, Alfredo Atanasoff dijera: “Si cruzan el Puente Pueyrredón será una declaración de guerra”, la cacería tuvo por un lado a piqueteros con palos y, por el otro, a las fuerzas represivas con balas de plomo. La “Guerra”, fue comandada, entre otros, por el presidente Eduardo Duhalde; el gobernador Felipe Solá; el ex secretario general de la Presidencia, Aníbal Fernández; y el ex secretario de Seguridad Interior, Juan José Álvarez.

En este caso, la lucha popular que entre otros encabezaron Alberto Santillán y Vanina Kosteki envió a prisión a los asesinos materiales: el comisario Alfredo Fanchiotti y el cabo Alejandro Acosta. Sin embargo, todos los responsables políticos permanecen impunes y reciclados. Nadie relacionó estos dos crímenes como parte del genocidio en marcha.

Alianza para matar

Antes del gobierno del “piloto de tormentas”, Eduardo Duhalde, asumió el Gobierno Fernando de la Rúa en la Alianza que llevó como vice presidente a Carlos “Chacho” Álvarez, proclamado de la “izquierda peronista”, “progresista”. A los 7 días del comienzo de su gestión,el 17 de diciembre de 1999, la Alianza reprimió al pueblo correntino que llevaba 7 meses de “aguante” en las plazas y varios sin percibir haberes. Tras el desalojo violento del Puente General Manuel Belgrano que une Chacho y Corrientes, la Gendarmería asesinó a Mauro Ojeda y a Francisco Escobar –dos jóvenes humildes– y dejó decenas de heridos de bala. Corrientes anticipó el “Argentinazo” del 2001 que puso en cuestión la gobernabilidad.

A su vez, el genocida de la dictadura Domingo Cavallo regresó al ministerio de Economía generando una de las peores crisis económica y social, sobre finales de 2001. De ese modo, ente el 19 y 20 de diciembre 39 personas fueron acribilladas por las fuerzas de Seguridad en diversas provincias argentinas.

El mismo De la Rúa, revelaría por Canal Encuentro que si Cavallo fue su ministro obedeció a una solicitud de su vice, quien nunca desmintió a su jefe. También trascendió que ante la multitud que protestaba en la Plaza de Mayo, el peronismo le exigió a De la Rúa el “desalojo” del centro político del país para hacerse cargo del nuevo gobierno. Y De la Rúa cumplió, concretando así un pésimo debut y una peor despedida.

¿Pena de muerte u homicidios policiales?

En la Argentina no existe la pena de muerte legal. En los países donde sí se aplica este engendro, siempre hay una tribunal, un juez, una instancia del estado que firma y ordena las ejecuciones y la historia habrá de juzgarlos. El hecho, aberrante de por sí, puede ser más taimado en la Argentina. Porque lo que ocurre en nuestro país son lisa y llanamente ejecuciones sumarias, sin legalidad burguesa alguna, son claros homicidios policiales que por su masividad, permanencia y alcances constituyen parte sustantiva del genocidio encubierto.

Todos los jueces del fuero penal son delincuentes

Salvo, puntuales excepciones, los magistrados que conforman del fuero penal infringen la ley en cada uno de sus fallos, delinquen sin que nadie los asocie con el delito. Ninguna de las cárceles del país está en condiciones de albergar a seres humanos según lo manda la Ley, que sostiene que serán sanas y limpias, no para castigo sino para resguardo, reinserción y otros cuentos chinos, del apresado. Sin embargo, a sabiendas, cada juez envía a seres humanos a estos campos de devastación humana donde la tortura se perpetra cotidianamente sobre lxs detenidxs y sus familiares, donde se mata un presx a palos, picana, facazos, hambre, suicidios inducidos o fraguados, las llamadas “muertes en contexto de incendio” o por enfermedades desatendidas. Es decir que, con nitidez, la pata judicial forma parte necesaria del genocidio en cuestión. Por su parte, fue el propio juez del Corte Suprema de Justicia de la Nación, Eugenio Zaffaroni, quien afirmó: “El mayor asesino serial es el Estado”.

Campeón verbal de la defensa de los derechos humanos

Precisamente en la etapa gestionada por el kirchnerimo, la razón le asistió con creces al magistrado: 3070 asesinados por gatillo fácil o tortura en los sitios de encierro, 70 desapariciones –datos de Correpi–, y varios cientos de presos por luchar –datos de la Gremial de Abogadas y Abogados de la Argentina–, crecimiento exponencial de pobres en el encierro –dato Agencia Rodolfo Walsh–, convirtieron a este gobierno en el que mayor cantidad de casos tuvo. No solo superó a cada uno de los gobiernos anteriores, sino a todos en conjunto con 3070, al menos, vidas sesgadas hasta diciembre de 2015. Recuérdese que los datos de Correpi son recolectados, con esfuerzo, de los medios de todo el país y a través de la denuncia de los familiares. Como se sabe, los medios no publican todos los crímenes y, por distintas razones, no todos lo familiares denuncian. O sea que la cifra fue aún mucho mayor durante el gobierno campeón verbal de la defensa de los derechos humanos. Los casos emblemáticos de Luciano Arruga, Daniel Solano y Julio López, son solo algunos de los que la lucha familiar y popular rompió el cerco informático.

Cabe destacar que mientras la entonces presidenta Cristina Fernández aseguró en 2012 “tenemos un Servicio Penitenciario ejemplar” –en referencia al Federal, en ese año estos grises ejemplares asesinaron a Florencia “La China” Cuellar, novena chica liquidada en la cárcel de Ezeiza entre 2009 y 2012. Por esos años, un ser privado de libertad moría cada 37 horas según una medición del boletín Para la Libertad, de la Agencia Rodolfo Walsh, nunca desmentida.

Asimismo, en 2004 se sancionaron las mal llamadas y represivas “Leyes Blumberg”, ya que el ex ingeniero no era legislador y ambas cámaras del Congreso –que también votaron la Ley Antiterrorista a libro cerrado por exigencia de Estados Unidos, tenían mayoría kirchnerista entre sus miembros.

Por si quedara dudas, por entonces, el fiscal Abel Córdoba –hombre del proyecto kirchnerista–, expresó luego de una de sus inspecciones a las cárceles que los detenidos vivían en condiciones “infrazoológicas”. A la vez, Córdoba enfatizó a esta agencia que era imposible que un juez de clase media acomodada, le diera entidad humana a unx joven morochx y pobre.

Como puede apreciarse, sin esfuerzos, la matanza continuó ascendiendo con cada gobierno “democrático”. Y solo basta escuchar a los partidos con posibilidades de ganar la elección, en las campañas, que compiten a ver quién va a aplicar la mano más dura. En sí, la promesa de más muertos y más presos garantiza votos, pero al mismo tiempo provee mayores delitos toda vez que son, precisamente, las fuerzas de Seguridad quienes los regentean en todo el país.

También fue mérito de la gestión K, entre otras, haber desplegado la Gendarmería y la Prefectura a cumplir funciones policiales o sea de control social en el territorio. Con lo cual, la Argentina pasó en 2015 a ser principalísimo país con mayor tasa de policiación (policías por habitantes) en el planeta, de acuerdo a la destacada socióloga Alcira Daroqui quien brindó el dato a esta agencia basado en un informe de la ONU.

EL fascismo al desnudo

Con la llegada del Cambiemos, el fascismo al desnudo arribó al gobierno del país, encabezado por el empresario y conspicuo ladrón de los dineros públicos –a través del Grupo Socma–, Mauricio Macri. En la continuidad del genocidio encubierto lo secunda la ministra de Seguridad Patricia Bullrich Luro Pueyrredón. Ambos establecieron variantes significativas: los fusilamientos –documentados– pasaron de 28 a 23 horas y, contrariamente a sus predecesores que se desligaban del tema, por caso acudiendo al dudoso concepto de “violencia institucional”, pasaron a celebrar las muertes y condecorar a los matadores, recibiéndolos en la Rosada.

Eso sucedió luego de que el policía de Avellaneda matara por la espalda al joven Pablo Kukoc, quien huía a la carrera sin representar un peligro para nadie. El aliento que el gesto brindó a lxs miembrxs de las fuerzas de Seguridad se vio incrementado copiosamente. Y desde el inicio mismo de la gestión, el dolor fue aún mayor en las barriadas y, singularmente, buena parte del pueblo respaldó esta política, derrota axiológica mediante, incluso las represiones a las manifestaciones de reclamos populares.

La construcción del enemigo interno, siguió teniendo rostro moreno y pobre, aunque públicamente también se definiría al pueblo mapuche como principalísimo blanco elegido. Es esa dinámica de la lucha de clases en la Argentina, que Gendarmería asesinó al anarquista Santiago Maldonado y al mapuche Rafael Nahuel, en una “guerra” de piedras contra balas de plomo.

También durante la Era Macri, la tierna gobernadora María Eugenia Vidal sería junto a Cristian Ritondo, su ministro de Seguridad, responsable de la peor masacre en toda la historia de la policía bonaerense. El 2 de marzo de 2017 en la ex comisaría 1º de Pergamino, fueron asesinados 7 jóvenes que se hallaban detenidos bajo custodia del estado que debió garantizar su vida y su integridad. Una parte de ellos tenía problemas de adicciones, pero el estado no respondió con contención psicológica u otras formas de salud. Acudió al fuego y al monóxido de carbono para su exterminio.

A la vez, recientemente, Macri decretó la intervención de las Fuerzas Armadas en temas de Seguridad interior que, traducido al criollo o al mapundungun (lengua mapuche), significa licencia para matar.

En el decreto del mandatario argentino se establecen “normas de comportamiento” que deberán observar los efectivos militares en todos los operativos en los que tomen parte. A la vez declara secretas esas normas de comportamiento, justificado por “secreto militar”. Además, en la redacción de estas “normas de comportamiento” se ha atendido en forma muy especial a cubrir las eventuales responsabilidades judiciales que puedan involucrar a un efectivo militar por obrar con un supuesto “exceso en el cumplimiento del deber” pero atendiendo asimismo a la necesidad del militar de no ver limitado su derecho a la “legítima defensa”. O sea, lisa y llanamente la impunidad anticipada.

Como puede verse, desde el poder hay una voluntad de exterminio a los vulnerables, una guerra desigual que se libra en las calles, los tribunales y esencialmente en los medios formadores de pensamiento y acción.

¿Cuántos pobres tienen que morir?

Una discusión en la llamada “brecha” afirma que serán muchos más los muertos en la gestión macrista que en la kirchnerista. Y es cierto. Tan cierto como que los luchadores no vinimos a este mundo a decir a cuantos pobres hay que matar: Nadie debe morir asesinado por el estado. Y es tarea de los militantes luchar por este concepto-bandera y no hacer ecuaciones aritméticas de una supuesta “mortalidad inevitable”.

Si estas líneas despertaran la reacción de quienes no las comparten, cabe recordar que si lxs chicxs vivieran, que si el estado no los hubiese asesinado, entonces jamás las hubiésemos escrito.

A la lucha

Las mujeres, las familias, que marcharán este lunes son la cara visible y desencajada del genocidio encubierto. En ellas reside un valor infinito por el que vencieron la locura y la impotencia, no así el dolor. Aunque saben de sobra que no puede haber justicia completa para su caso. Porque esto sería regresar a la vida al hijx masacrado. Y ya “su caso” pasó a ser colectivo, cada uno de los crímenes es tomado por todas. Algo cercano a la justicia, sí sería detener la matanza. Poco a poco, desgarradas, van aprehendiendo que no puede lograrse el objetivo en este sistema, quedó harto demostrado que cada gobierno superó en atrocidad al anterior. Así, ellas están luchando por otros hijos, incluso por aquellos cuyos padres apoyan o ignoran el genocidio encubierto. Su grandeza es gigantesca. Lo sepan o no, están batallando por otra sociedad. En cada diálogo con el hijo lo traen a este presente. En cada mural pintado, en cada reunión y en cada acción sienten que el hijo vive y las acompaña. Aún después de partir, ellxs están para que otrxs pibxs vivan. En esta iniciativa no se dirigen solo a la Casa de Gobierno o hacia otras sedes del poder, aunque así lo parezca. Sus pasos marchan, firmes, hacia un futuro tan digno como el rugido de sus gargantas y el sudor que emanan sus cuerpos en rebeldía. Que así sea.

 

Internacional Sociedad-cárcel

La demanda por parte de la mayoría de la población de un endurecimiento de las leyes, que se resume en más control y más cárcel, no surge casualmente como exigencia espontanea fruto de un mundo supuestamente más inseguro. Tampoco es por azar que la idea que genera ese desplazamiento del pensamiento general hacia el miedo, el populismo punitivo, ya no solo cuaje en los sectores más conservadores. Ahora el “vivan las caenas” cuaja por fin a todos los niveles sociales, izquierdismo incluido, en virtud principalmente de la aprobación de una serie de leyes de carácter “progre”, que se abrazan como males menores necesarios, y a una cierta sensación de derrota e incapacidad para elaborar crítica. Es un tema complejo, que nos enfrenta a contradicciones, por lo que sería conveniente hacer un poquito de historia.

El denominado por el pensamiento crítico criminológico como populismo punitivo es un término acuñado a mediados de los 90 y se concretaba como: “la utilización del Derecho penal por parte de los políticos para aumentar sus réditos electorales”. A día de hoy podemos afirmar que esta corriente de pensamiento reaccionario actúa, impulsada por dinámicas generadas durante décadas, como un cuerpo social con vida propia siendo finalmente ella quien rige las agendas de la política.

Pero las razones estructurales de la actual deriva autoritaria de las autodenominadas “democracias occidentales”, así como su interrelación con los massmedia, arranca en los 70 en plena recesión económica. Es entonces cuando se empieza a abandonar los discursos garantistas a nivel penal junto al asistencialismo de los años de prosperidad*, acentuando la criminalización de la pobreza como retórica que justifique el “auge de la delincuencia” y por tanto el aumento de la represión. A su vez la violencia política que surge en este contexto es utilizada para aprobar un arsenal de leyes de excepción bajo el manto de la lucha contra el terrorismo y la seguridad nacional.

En estos años el papel de los massmedia será fundamental en la construcción del populismo punitivo. La introducción en las “agendas-setting” (la selección previa de las noticias que se deciden que deben ser las más importantes) de los temas como la inseguridad y la delincuencia se convierten en claves para ganar las elecciones. La mano dura transmite la sensación de estar haciendo algo y sacia la furia cobarde entre los de abajo. A su vez, o como consecuencia, comenzarán a construir la figura de “la víctima” como eje entorno al que enderezar la idea de una justicia vengativa, así como a desarrollar el concepto de “alarma social” como forma de naturalizar esa sensación de inseguridad construida artificialmente. Paulatinamente el miedo inoculado de manera individual al fin será colectivo, dando pie a lo que se vino a denominar “pánico moral”. Pero más allá de los noticieros y la prensa, justo cuando la policía era más impopular, arranca el género televisivo por excelencia, las series policíacas,  llegando hasta hoy desarrollado a unos niveles delirantes. La justificación y la simpatía hacia los esbirros es algo único de nuestros días, pues tanto en la literatura como en la tradición oral nunca salieron bien parados. Hoy utilizando como espejos desde los roles de mujeres fuertes en un mundo de hombres hasta los de polis machotes de los de toda la vida, empujan a admirar al verdugo y despreciar al ajusticiado.

Los cambios legislativos que se derivarán de este clima de miedo se concretarán en dos tendencias, no excluyentes e interrelacionadas entre sí:

La desarrollada en EE.UU. más liberal desde el punto de vista económico que resolverá con la transformación del antiguo sistema penal deficitario, y en teoría de vocación reinsertora, en una mera industria con la progresiva privatización de las cárceles. Nace así el denominado “complejo industrial penitenciario” como lo define Angela Y. Davis (feminista afroamericana y teórica del abolicionismo de las cárceles) alimentado por más de 2 millones de personas en distinto grado de encierro y explotación. Si bien, como apunta Davis, se trataría del resurgir de un esclavismo nunca abolido en la práctica. Siempre hubo trabajo forzado y el porcentaje de negros fue el más elevado.

La otra tendencia, la de marca Europa, a remolque de la lucha contra la insurgencia armada en los ´70, desarrollará las leyes de excepción que vulnerarán su sistema de garantías procesales. Sistema del que antaño alardeaba como seña  demócrata frente a los regímenes fascistas derrotados tras la Segunda Guerra Mundial, evidentemente la península ibérica no contaba. Se doblan las condenas en los delitos “políticos”, se amplía la represión a lo que se considere entorno social de estas organizaciones armadas y se reconoce veladamente la tortura como una herramienta más.  La necesaria complicidad de toda la socialdemocracia europea está fuera de toda duda. La lucha contra ETA, en todas sus etapas, es emblemática de este proceso.

Sin embargo el hecho de que  del populismo punitivo haya adquirido una dinámica propia como forma de juzgar la sociedad, lo lleva inexorablemente con los años a extenderse a otros ámbitos más allá del “terrorismo” y búsqueda de la rentabilidad económica del sistema penal.

 Más cercano en el tiempo, y en esta misma ciudad, el caso de Marta del Castillo, junto con otros previos y posteriores debidamente publicitados,  marcaría estos nuevos horizontes. Curiosamente lo que hoy sería denominado, sin duda, como asesinato machista pasó a ser bandera de la extrema derecha sevillana a favor de la pena de muerte. Coincidiendo en el tiempo  y jaleados por casi toda la prensa, la familia de una niña de Huelva, Mari Luz, junto a la de Marta llevarían a cabo una exitosa campaña a favor de la cadena perpetua. Sin embargo ahora ya no son solo los fachas, o lo que con suficiencia solemos denominar la masa, la que pide más cárcel.

La lucha contra la corrupción

La lucha contra la corrupción, la violencia machista o las leyes para proteger minorías son algunas de las nuevas vías por las que el discurso del control y el miedo está pasando de hegemónico a ser ya prácticamente incuestionable. En la batalla de las ideas parece que también vamos perdiendo.

La izquierda del capital ya abandonó hace unos años la crítica anticapitalista al considerarla casposa, señalando solo al capital financiero como culpable y soñando con un desarrollismo sostenible vigilado de cerca por las instituciones. Ahora ya ni eso: unas hipotecas bien regladas, unos gastos de gestión más austeros, su poquita de regeneración democrática y pa´casa. Que la lucha contra la corrupción es un caramelo que nos dan para dulcificar el amargor de las recientes derrotas no es ningún secreto. Que jueces estrella, periodistas tenaces o policías cargando ordenadores le están lavando la cara al sistema penitenciario tampoco. Regocijarse con la imagen de un pez gordo entrando al talego es lo que tiene, o esa manita en el cogote de Rato, y es que nuestros cerebros son esponjas.

La violencia machista

La violencia machista es tema más delicado y complejo,  y es justo por ello que no debiera obviarse. Que una mujer en una situación extrema, que no tiene porque ser que peligre su vida, utilice todos los recursos que tenga a su alcance no es algo que aquí vayamos a cuestionar. No van por ahí los tiros. No es que precisamente esta vez las “agendas-sitting” hayan sido las que sacaron el feminicidio a la luz, pero ya lo absorbieron. De nuevo el endurecimiento de las condenas, el autobombo policial y el tratamiento sensacionalista de los medios ahogan en este caso las ideas y propuestas más críticas contra el patriarcado como origen de esta violencia y opresión. Esa gran capacidad de fagocitación de la idea del miedo y el control al final siempre ofrecerá la misma receta. Que en nuestro fuero interno quizás nos sea comprensible que haya colectivos feministas que pidan mano dura al Estado debe llevarnos al menos a alguna reflexión. En este sentido el artículo de opinión publicado por SALHAKETA-NAFARROA, a raíz de los casos “Yllanez” y “La Manada”, abre una vía de debate necesario. Parte del hecho de que la justicia del Estado es patriarcal por definición al estar construida “en y desde el patriarcado” y no tanto porque, además, en su práctica tienda a perjudicar a las mujeres como fiel reflejo de la sociedad que nos envuelve a todas, jueces y fiscales incluidas.

Y es que la violación en San Fermín por parte de cinco tíos del grupo denominado La Manada de una chavala, y el posterior circo mediático del juicio, resulta revelador. Imposible no empatizar con la víctima y aborrecer a los agresores, pero de golpe todo el casco viejo de una ciudad  monotorizado por más de 200 cámaras (paradójicamente con alcaldía de EH-BILDU) nos parece un mal menor y 20 años de prisión lo mínimo. No es cuestión de tenerles pena o no que eso tiene que ver más con la percepción que cada cual tenga de la prisión, es que esas cámaras y esas cárceles también nos aguardan a todas, pero a su vez queriendo o no las afianzamos echando leña a la hoguera. En cuanto a la defensa de los acusados de una violación que no reconocen es normal que nos resulte repugnante. Los juzgados son lo que son, que nadie busque ahí templos de la verdad y la justicia.

Los denominados delitos de odio.

Los denominados delitos de odio surgen como respuesta a las reivindicaciones de mayor protección por parte de asociaciones de minorías vulnerables a la violencia fascista callejera. Fue principalmente el chiringuito de la órbita del PSOE “Movimiento contra la intolerancia” del señor Esteban Ibarra, quien mediáticamente se erigió como voz de dichas minorías pidiendo leña también. Nada bueno se estaba cociendo. Los motivos de raza, religión, orientación sexual, pero también  los ideológicos surgen como agravantes. Así en virtud de esta carambola, por ejemplo, cada vez más antifascistas detenidos en acciones se enfrentan a  mayores condenas, la figura del radical se construye como la del nuevo terrorista, antisistema como antisocial. A esta categoría de delitos le debe bastante lo peligroso que se ha vuelto volcar un poquito de guasa y mala leche en internet, aunque para este espacio en concreto ya andan en marcha nuevas reformas penales que sin duda estrecharán a un más el cerco.

Sí, definitivamente Orwell y Foucault pasaron de moda. Justo por eso no es mal momento para revisitar la crítica de la sociedad del control, en vez de desprendernos de ella como de un equipaje incómodo que no sabemos dónde colocar.

* Más que discutible axioma de la progresía que utilizaremos para iniciar el relato.

Pablo de Ronda

Fuentes consultadas en el artículo:

Democracia de la Abolición. Prisiones, racismo y violencia.  Angela Davis. Editorial Trotta.

La Sociedad ImplosivaCorsino Vela. Muturreko Burutazoiak.

Medios de comunicación y populismo punitivo en España: estado de la cuestión. VV. AA. Revista Crítica Penal y Poder, nº 9 (marzo, 2015)

El Populismo Punitivo. Análisis de las reformas y contrareformas del Sistema Penal en España. VV. AA. OSPDH, Universitat de Barcelona

El abordaje de los casos “Yllanes” y “La Manada” como reto. www.salhaketa-nafarroa.com

Ilustración: Belén Moreno Núñez

Fuente del artículo: El Topo. El periódico tabernario más leído de Sevilla

Política criminal Sociedad-cárcel

La Directa informa de que quince personas de las que fueron identificados por los gossos d´esquadra el 9 de mayo durante la acción de solidaridad con lxs presxs en huelga de hambre, que consistió en cortar el tráfico en la avenida Meridiana mostrando una pancarta alusiva mientras dos personas se colgaban de un  puente con útiles de escalada, han sido procesadas por un juez de instrucción en un procedimiento penal que les puede reportar condenas de cárcel. He aquí el artículo traducido al castellano.

El juzgado de instrucción número 31 de Barcelona inicia diligencias previas para investigar los presuntos delitos en los cuales habrían incurrido un grupo de activistas a raíz del corte de tránsito a la Avenida Meridiana y de que dos de ellas se colgaran del puente de Sarajevo. Un periodista de la Directa también ha sido denunciado a pesar de encontrarse en el lugar de los hechos informando sobre la protesta en el ejercicio de su actividad profesional

El pasado primero de mayo empezó la huelga de hambre de una veintena de presos para reclamar mejoras en sus condiciones de reclusión en los centros penitenciarios del Estado español. El objetivo era iniciar una primera acción coordinada entre todos los presos que participan de la propuesta y los grupos de apoyo para visibilitar los doce puntos de la tabla de reivindicaciones.

El atestado de denuncia elaborado por los Mossos ha permitido al juzgado abrir un procedimiento penal por los cargos de atentado y resistencia a la autoridad, lesiones, desobediencia y riesgo para la circulación

La huelga de hambre de los presos –que tuvo una duración de entre cinco y quince días– concitó el apoyo de una cuarentena de personas que el 9 de mayo cortaron la avenida Meridiana de Barcelona durante unos minutos para desplegar una pancarta solidaria con las huelguistas. Posteriormente, dos de ellas se colgaron del puente de Sarajevo mientras el resto intentaba desplegar una pancarta desde el puente. La rápida llegada de numerosas dotaciones de Mossos d’Esquadra, incluidas unidades de antidisturbios, desactivaron con mano dura la protesta, deteniendo a dos manifestantes y encapsulando e identificando al resto.

El atestado de denuncia elaborado aquel día por los Mossos d’Esquadra ha permitido al juzgado de instrucción número 31 abrir un procedimiento penal contra quince de ellas por los cargos de atentado y resistencia a la autoridad, lesiones, desobediencia y riesgo para la circulación. Mediante la ley de seguridad ciudadana 4/2015 (popularmente conocida como ley mordaza), también se ha abierto una denuncia administrativa por manifestación no comunicada, desobediencia, resistencia y faltas de respeto y consideración hacia los agentes de los Mossos d’Esquadra. Entre las personas denunciadas está el periodista de la Directa Guille Larios, que se encontraba al lugar de los hechos cubriendo la protesta en el ejercicio de su actividad profesional. Todas ellas han sido citadas a declarar los días 20, 21 y 22 de junio en la Ciutat de la Justicia.

Desde Dentro: Propuesta De Lucha Colectiva Para Ser Difundida Y Debatida Dentro Y Fuera

Más Información En Tokata Sobre Luchas Actuales Dentro De Las Cárceles Del Estado Español

Motivos, Condiciones Y Posibilidades Para Una Lucha Social Anticarcelaria

Noticias Sobre La Huelga De Hambre De Mayo

¡No Olvidéis A Lxs Presxs En Lucha! [Lista Actualizada, 13-VI-2018]

Actividad en la calle Huelga de hambre 1 de mayo 2018 Presxs en lucha Sociedad-cárcel

Ayer salió publicado en la página web de La Directa el siguiente artículo donde se denuncia que, de 35 ejemplares enviados a personas presas del número se esa revista donde se hablaba de la convocatoria de la huelga de hambre colectiva del pasado mayo, no se tiene noticia de que haya llegado a su destinatario ni una sola. Lo único que se sabe, de momento, es que en una ocasión el envío ha sido retenido por los carceleros con la “motivación” comodín habitual de que su contenido “tiene como objetivo la desestabilización de los centros penitenciarios”. No sólo esa limitación arbitraria de la “libertad de información” de las personas presas, sino también el hecho de que unas actividades perfectamente pacíficas y legales como los ayunos y huelgas de hambre, dirigidas a reivindicar que al menos se cumpla la legalidad vigente, se considere que ponen en peligro el “orden penitenciario”, demuestran que ese orden, con la “relación  de sujeción especial” de las personas presas con respecto al Estado que implica, no tiene por finalidad la “rehabilitación” de quienes lo padecen, sino su degradación más o menos progresiva, la devaluación de sus derechos, “la construcción jurídica de un ciudadano de segunda categoría”, como dice Iñaki Rivera Beiras, consultado al respecto en el artículo que va a continuación, y el sometimiento, más o menos permanente, más o menos revisable, de las personas presas a unas condiciones de vida infrahumanas.

Una notificación recibida por uno de los presos informa que la publicación ha sido retenida porque su contenido “tiene como objetivo la desestabilización del sistema penitenciario” y por lo tanto, la dirección del centro “considera no conveniente la suya entrega”

El número 451 de la Directa -publicado el pasado 4 de abril- incluía el reportaje “Se reaviva la lucha dentro de los muros”, que explicaba la propuesta de lucha colectiva que un grupo de presos y presas en diferentes centros penitenciarios del Estado español habían emprendido, con el objetivo de visibilitzar y denunciar las constantes vulneraciones que sufren diariamente a las prisiones. Para elaborarlo, la Directa contactó por carta con una cuarentena de reclusos que participaban en la propuesta de lucha y que colaboraron explicando sus experiencias y aportando testimonios de primera mano. Una vez publicado el reportaje, y como hacemosl habitualmente, desde el colectivo se decidió enviar la publicación a todas las personas que habían colaborado -entre ellas, los 35 presos que nos habían hecho llegar sus testimonios. Hasta hoy, no teníamos constancia de que nadie hubiera recibido la publicación, a pesar de que hace más de dos meses que se envió, ni tampoco se nos había devuelto ningún ejemplar o enviado ninguna notificación por parte de Instituciones Penitenciarias. Gracias a un documento de intervención de correspondencia que nos hace llegar el abogado de uno de los presos, ahora ya sabemos los motivos por los cuales la Directa ha sido “intervenida”.

Según la notificación, firmada por el subdirector de seguridad del centro, el contenido de la publicación “tiene como objetivo la desestabilización del sistema penitenciario”, y por lo tanto la dirección del centro “considera no conveniente su entrega”. Para justificar esta acción se ampara con los artículos 51.5 de la Ley Orgánica Penitenciaria y el 128.2 del vigente Reglamento Penitenciario. Según las normativas, las únicas publicaciones que pueden ser vetadas son las que “no cuentan con depósito legal o pie de imprenta” -que no es el caso de la Directa-, o aquellas que “atentan contra la seguridad y el buen orden del centro”. En este caso, la responsabilidad recae sobre la dirección del centro en cuestión, y se tiene que notificar resolución tanto al interno como al juez de vigilancia. De todas las publicaciones enviadas a un total de 35 reclusos encerrados en once centros penitenciarios diferentes de todo el Estado español, sólo tenemos constancia de esta notificación, a pesar de que ningún otro interno haya recibido la Directa. Algunos de ellos, incluso nos han contactado por carta para pedirnos explicaciones sobre por qué no habíamos enviado el número.

Una censura encubierta

A pesar de que el derecho a la libertad de prensa es un derecho constitucional para todo el mundo y que, por lo tanto, tendría que ser respetado también dentro de los centros penitenciarios, la realidad se muy diferente. Según Iñaki Rivera, director del Observatorio del Sistema Penal y los Derechos Humanos de la Universitat de Barcelona, “hace mucho tiempo que se aplica la censura de publicaciones dentro de las prisiones y para justificarlo siempre se utilizan conceptos muy poco claros, normalmente bajo la excusa de que atentan contra la seguridad del centro”. El de la Directa -explica- es un caso muy claro “de atentado contra la libertad de expresión e información del preso porque no podrá recibir una publicación, que es completamente legal, por su situación de interno”.

Para Rivera, toda esta relación entre el recluso y las Instituciones Penitenciarias entra dentro de la teoría de sujeción especial, en la que el interno tiene una posición de inferioridad y subordinación a la institución que le obliga a acatar una serie de normas y reglamentos y a someterse a un régimen disciplinario: “esta situación perpetúa la desigualdad y la devaluación de los derechos de las personas privadas de libertad, y en el caso de la libertad de prensa, se trata de una vulneración más de todas las que ya sufren los presos diariamente”.

A última hora de la tarde del lunes, el senador de Euskal Herria Bildu Jon Iñarritu presentó una pregunta escrita a la cámara alta solicitando información sobre este veto. El miembro del grupo mixto en el Senado ha formulado un total de tres peguntas –que también tendrán que ser contestadas por escrito– dónde en primer lugar demanda la razón por la cual Instituciones Penitenciarias considera que la Directa tiene como objetivo “desestabilizar el sistema penitenciario”, requiriendo los artículos que justificarían la medida. En segundo término, Iñarritu pregunta en qué centros penitenciarios se ha retenido la publicación y para acabar reclama un listado de las ocasiones en las cuales se han llevado a cabo la misma práctica durante la última década.

Huelga de hambre 1 de mayo 2018 Presxs en lucha Sociedad-cárcel

Reproducimos un pequeño audioreportaje de la concentración del 22 de mayo en los juzgados de Castellón por la excarcelación del preso gravemente enfermo Francisco Chamorro. Entrevistamos a una compañera de Italia que nos habla de la situación actual en las cárceles de allí. Y también a unxs compas del CSOA La Insumisa sobre el desalojo de ese centro social y la posterior represión de las manifestaciones de protesta.

Internacional La cárcel mata Radio: Tokata Y Fuga Sociedad-cárcel

En 2016 en el Estado español se registraron 9571 casos de broncas o enfrentamientos con policías o guardia civiles en el Estado español… Solamente sobre los jóvenes de Altsasu se alza la acusación de terrorismo a partir de la intervención maliciosa de COVITE. En esta edición de Tokata Y Fuga recogemos las intervenciones de las dos plataformas de apoyo y solidaridad con los jóvenes de Altsasu encausados en la Audiencia Nacional, cuyo juicio ha comenzado esta semana con sesiones largas e intensas. Recogemos todo el apoyo de esta manifestación en Iruña y charlamos con Aritz, persona solidaria con los jovénes de Altsasu, desplazado a Madrid a mostrar su apoyo y reclamar lo que todos pedimos, JUSTICIA. Hablamos también de la situación de Mohamed Achraf, que lleva 45 días en huelga de hambre para defenderse del acoso “antiyihadista” al que le someten los carceleros. Repasamos las últimas muertes (suicidios, sobredosis, abandono médico…) habidas últimamente en prisión, en una cantidad alarmante de poco tiempo a esta parte. Leemos un comunicado de Peque donde habla de su reciente intento de fuga y recapitula el debate sobre la propuesta de huelga de hambre colectiva para la primera quincena de mayo.

Actividad en la calle La cárcel mata Presxs en lucha Radio: Tokata Y Fuga Sociedad-cárcel

Hablamos con un compañero de la acampada “Murcia sin muros” y con otro de la Coordinadora Antirrepresión de Murcia sobre la lucha popular contra el muro con que quieren dividir la ciudad para que pase el TAV, sobre la represión contra ella y de cómo se está planteando la autodefensa. Repasamos después las luchas que se están produciendo ahora mismo dentro de las cárceles, con las huelgas de hambre de Carmen Badía, Adrián Poblete, Abel Rebaque y Ruyman Armas Santana.

Presxs en lucha Radio: Tokata Y Fuga Sociedad-cárcel