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Entrevista realizada por AFAPREMA

Desde 1988 Salhaketa Nafarroa viene trabajando en Navarra por la defensa de los derechos de los presos y sus familiares. Grandes hitos de los que nos hemos beneficiado todos, marcan su historia más reciente: la consecución de la primera sentencia en España que obligaba a una prisión a realizar intercambio de jeringuillas para prevenir el contagio del VIH, por ejemplo. O la ubicación en el mapa de los módulos FIES (Ficheros de Internos de Especial Seguimiento) dando a conocer lo que hasta ese momento era una parte oscura de las cárceles españolas… De ellos queremos aprender el resto de asociaciones de familiares de presos, y de su dedicación por hacer llegar a la sociedad la realidad de nuestras cárceles, de las personas que trabajan y viven en ella, y de los sentimientos y dificultades que produce en sus familiares y amigos. Sus recientes jornadas sobre la nueva macro cárcel que se abrirá en Pamplona, reunieron a numerosas organizaciones que acudieron a esta interesante convocatoria. Quisimos saber qué conclusiones se extrajeron durante estos días.

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Según El País, «Con la obra ya casi terminada, el Tribunal Supremo ha dado la razón al Gobierno central al desestimar el recurso de la Diputación de Álava que buscaba paralizar la construcción de la futura cárcel de Zaballa en el término municipal de Iruña de Oca.

La institución foral había interpuesto un recurso contencioso-administrativo contra el acuerdo del Consejo de Ministros del 28 de noviembre de 2008, que eximió al proyecto del trámite de evaluación de impacto ambiental. El Supremo dictamina que, a pesar de que el procedimiento no fue el «más adecuado», sí se ha cumplido «con la exigencia comunitaria de una adecuada evaluación ambiental».

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Aproximación crítica al concepto de marginación social

La marginación social, o como se considera políticamente correcto de unos años a ahora, exclusión social (ya que así nos ahorramos términos mas incómodos como pobreza, explotación, desigualdad social, etc.). La definición de exclusión social, la cual cuenta con un amplio consenso político, mediático, sociológico y de los profesionales del campo social, encuadra la pobreza fundamentalmente en una historia personal, antepone las experiencias vitales que conducen a situaciones de exclusión a las explicaciones que, por el contrario, observan claramente que la misma es consecuencia de un modelo económico (capitalismo) que genera, por su propia naturaleza, pobreza y desigualdad.

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El Constitucional ha dicho basta. La corte ha abierto un conflicto institucional nada menos que con el magistrado central de Vigilancia Penitenciaria de la Audiencia Nacional, el juez que supervisa el cumplimiento de penas de todos los terroristas, grandes narcotraficantes y menores de todo el país. La situación es tan tensa que el Constitucional, sin paños calientes, acusa por escrito de insumisión al magistrado José Luis Castro Antonio, quien desde hace cinco años -asegura el tribunal- se niega por sistema a seguir sus órdenes para que razone y argumente sus respuestas a las quejas de los reclusos terroristas, que invocan la vulneración de su derecho a la tutela judicial efectiva.

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Se trata al menos del quinto preso que ha fallecido en poco más de un año en Puerto 3 en extrañas circunstancias. La cuenta se abrió en febrero de 2010 cuando un interno murió al parecer aplastado por la puerta de su celda, al fallar el mecanismo y aprisionarle el tórax. En mayo, otro apareció ahorcado y con las venas cortadas en el interior de su celda. En julio, otro presidiario era hallado cadáver, según los primeros indicios, por una sobredosis de droga. Y en diciembre, otro apareció ahorcado en su celda.

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