Categoría: <span>Política criminal</span>

El Tribunal Supremo, a petición del Parlamento catalán, el Gobierno de la Generalitat y el colectivo españolista Manos Limpias, acaba de condenar a tres años a ocho de los procesados por la protesta pacífica ante el Parlament del 15 de junio de 2011, revocando así el fallo anterior de la Audiencia Nacional. Como era de esperar, la sentencia ha concordado con el sentir mayoritario de la plutocracia catalana, que ha invitado a todos a respetar la decisión del Supremo. Según un tribunal del que cabe cuestionar su imparcialidad puesto que sus miembros son elegidos por las cúpulas de los partidos políticos, la libertad de expresión y de crítica de los electores había colisionado con “valores superiores” como el derecho de los diputados a representar la farsa parlamentaria y aprobar recortes de servicios públicos en nombre de todos los “ciudadanos catalanes”. Los procesados habían incurrido en una “errónea y traumática desjerarquización del derecho de participación política a través de los legítimos representantes en el órgano legislativo”, pero… ¿de verdad eran legítimos? ¿Representaban a algo más que a los intereses espurios de sus partidos? ¿Merecían sufrir esa “traumática desjerarquización” de sus derechos políticos, es decir, merecían que les increparan cuando se dirigían a sus escaños para cercenar con total impunidad los derechos sociales de los demás?

Hace unos años seguimos compungidos el caso de una joven ama de casa de 22 años que encontró una cartera con una tarjeta bancaria e hizo uso de ella para comprar pañales y productos alimentarios imperecederos para llevar a casa, donde sus dos hijas pasaban penurias. A la segunda intentona, un empleado del supermercado la denunció, no por un supuesto uso fraudulento de la tarjeta, sino porque dado su aspecto no parecía lógico que hiciera una compra de más de cien euros.

La desdichada mujer fue detenida y condenada a prisión. Fue indultada a las puertas del presidio, pero habría sido una más a engrosar una lista interminable de ese enorme universo concentracionario español que, en alguno de sus momentos más álgidos, llegó a contar con 80.000 presos. Hoy, España es el país número 13 del mundo en presos per cápita, 159 por cada 100.000 habitantes. El primero de la Unión Europa y al parecer el segundo de Europa, por detrás de Rusia y con el permiso de Polonia.

Casos como la mujer de los pañales u otros tan sangrantes se agolpan en la prensa diaria, reforzando la idea de un Estado represivo, acosado quizás, que, como si fuera un señor feudal, acota los límites de actividad política y social de una manera violenta. Aterrorizando. Escarmentando con energía, creando iconos de su dureza, para amedrentar al resto. El miedo es la señal humana más universal.

En los últimos meses, parte de la opinión pública asiste perpleja a las condenas y encarcelamientos por razones de opinión, trabajo político, respuesta laboral e incluso hurto menor. Una novedad que, en el caso vasco, no rompe tendencia, ya que hace años que la evidencia está ahí: el castigo a un «delito» político cometido por un militante vasco sobrepasa todos los límites europeos en la materia. 

El Grupo Parlamentario Popular en el Senado ha introducido una enmienda a la reforma del Código Penal en la que propone que se incrementen las penas a quienes participan en un motín en prisión: se enfrentarían a cuatro años de cárcel. Pretenden reforzar así la protección del funcionariado de prisiones, que en la reforma que salió del Congreso ya se equiparaba con los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y con los militares en los delitos de terrorismo.

El Grupo propone que en la modificación del artículo 551 del nuevo texto legal, que prevé el agravamiento de la pena en el delito de atentado, se introduzca un nuevo apartado que recoja «los motines, plantes o incidentes colectivos en el interior de un centro penitenciario».

Entiende que tiene que tratarse de un subtipo agravado por el «plus de peligrosidad» y por el mayor reproche que implica la comisión del delito en un contexto de estas características.

Aunque el artículo 550 castiga como autores de un delito de atentado a los que «agredieren con intimidación grave o violencia, opusieran resistencia a la autoridad, a sus agentes o funcionarios públicos», lo cierto es que en la práctica las agresiones a funcionarios de prisiones se estaban castigando como falta, lo que ha sido objeto de críticas en numerosas ocasiones por parte de este colectivo.

En el proyecto de ley de reforma que salió del Congreso, el artículo 551 preveía la imposición de penas superiores en grado a las previstas en el artículo anterior (prisión de uno a cuatro años en delito de atentado contra la autoridad y de uno a tres en los demás casos) en tres supuestos. El primero, cuando el delito se cometa haciendo uso de armas u otros objetos peligrosos; el segundo, cuando el acto de violencia ejecutado resulte potencialmente peligroso para la vida de las personas o pueda causar lesiones graves, lo que incluye el lanzamiento de objetos contundentes o líquidos inflamables y la utilización de explosivos; y el tercero, cuando se acometa a la autoridad, agente o funcionario público haciendo uso de un vehículo a motor. Si finalmente sale adelante la enmienda del Grupo Popular, lo que se da por sentado al contar con mayoría absoluta en la Cámara Alta, se introduciría un cuarto apartado que contemple de forma explícita el «motín, plante o incidente colectivo en el interior de un centro penitenciario».

Fuente

¿Qué diferencias hay entre la prisión permanente revisable y una cadena perpetua?

Los expertos en historia de la prisión sabemos que, en la práctica, 30 ó 40 años de prisión son casi imposibles de cumplir, la muerte del reo sobreviene antes, entre otras cosas porque el propio régimen prisional deteriora la salud física y psíquica de una forma letal. Quienes defienden ese tipo de pena, por más que puedan hacerlo en algunos casos desde el inmenso dolor de la víctima de un crimen atroz, han de ser conscientes de que lo que piden ni es humano ni es civilizado, su desproporción obedece al más puro instinto de venganza, ese que desde hace ya algunos siglos se ha considerado incompatible con una organización social civilizada.

¿Qué nos dice ahora el PP, qué nos descubre después de más de dos siglos de proyecto ilustrado?

El resumen del contenido formal que el PP –en solitario– ha querido darle a ese enunciado en su propuesta de nuevo Código Penal. Lo resumo aquí:

Se denomina «prisión permanente revisable». Es una pena grave y una pena privativa de libertad. Podrá ser impuesta únicamente en supuestos de excepcional gravedad: asesinatos especialmente graves, que son ahora definidos en el artículo 140 del Código Penal (asesinato de menores de 16 años o de personas especialmente vulnerables por razón de su edad, enfermedad, o discapacidad física o mental); asesinatos subsiguientes a un delito contra la libertad sexual; asesinatos cometidos en el seno de una organización criminal; asesinatos reiterados (dos o más personas) o cometidos en serie; homicidio del Rey o del Príncipe; del Jefe de un Estado extranjero u otra persona internacionalmente protegida por un Tratado que se halle en España; y en los supuestos más graves de genocidio o de crímenes de lesa humanidad. Dar muerte a un miembro de un grupo nacional, étnico, racial, religioso o determinado por la discapacidad de sus integrantes con propósito de destruir total o parcialmente dicho grupo; agredir sexualmente o producirle lesiones de determinado tipo a un miembro de dicho grupo con los fines antedichos; causar la muerte de una persona incurriendo en un delito de lesa humanidad.

Estamos en una época de regresión en materia de políticas penales porque en los partidos conservadores y de izquierda socialdemócrata se impone la pulsión autoritaria y la tentación del populismo punitivo

Duración indeterminada (prisión permanente), si bien sujeta a un régimen de revisión tras el cumplimiento íntegro de una parte relevante de la condena:

De 25 a 35 años de cárcel ininterrumpida. Después, revisión de oficio cada 2 años. También revisión cuando el penado lo solicite, pero ha de pasar 1 año para solicitarla de nuevo después de una desestimación.

El tribunal acordará la suspensión de la ejecución de la pena de prisión permanente revisable cuando se cumplan una serie de requisitos, entre los que está que el tribunal pueda fundar la existencia de un pronóstico favorable de reinserción social.

¿Pero qué es la prisión permanente revisable?

La noción de “prisión permanente revisable es escandalosamente eufemística. Estamos ante un eufemismo bien conocido por los penalistas en Europa y en la propia historia de España. En Francia la “cadena perpetua” se denomina formalmente “Reclusión criminal a perpetuidad” (art. 131.1 del CP). Para Rajoy en este momento esta iniciativa, aunque denostada por un sector cualificado de la opinión, es un mero ejercicio de cálculo en términos de rentabilidad política

En la práctica se prevé una duración del período de seguridad –cárcel ininterrumpida– de 18 años y a partir de ahí el juez puede decidir una reducción de 5 años por buena conducta o la libertad del reo por enfermedad terminal. En Alemania también se contempla como revisable a partir de 15 años de estancia ininterrumpida en prisión (art. 57 de la Parte General). La Sentencia 21.1977 dictada por el Tribunal Constitucional alemán ya enmendó la plana a quienes –como ahora en España- querían imponer la posibilidad de penas de hasta 30 y 40 años, por ser contrarias a la dignidad humana.

¿Hay algo parecido en Europa?

El PP es consciente de que su eventual clientela electoral así lo ha percibido: ¡Por fin el PP se ha atrevido a reinstaurar la cadena perpetua en España!

Lo más parecido a este Código Penal del PP es Italia en cuanto al período de seguridad antes de la revisión –en Italia a los 26 años– e Inglaterra y Gales en cuanto a que la idea de revisión en la práctica significa indeterminación, pudiendo estar el reo encarcelado de por vida. Esto último es lo que de facto acaba de llegar a la codificación penal española de la mano del PP: una reclusión de tiempo indefinido hasta el límite de la muerte. Cuando los políticos echan mano de los eufemismos son conscientes de que la gente –sobre todo su gente- es capaz de aprehender y disculpar el doble sentido del lenguaje. Para Rajoy en este momento esta iniciativa, aunque denostada por un sector cualificado de la opinión, es un mero ejercicio de cálculo en términos de rentabilidad política, a sabiendas de que su resonante simbolismo político y cultural opera en el umbral de las reacciones más primarias, las que se alimentan de los peores instintos de venganza y violencia punitiva contra los criminales más infames.

Evidentemente, el castigo penal no es una mera formalidad legal, va más allá, se adentra en lo que llamamos “cultura punitiva”. Por eso, en la práctica, “prisión permanente revisable” no significa otra cosa que “cadena perpetua”. El PP es consciente de que su eventual clientela electoral así lo ha percibido: ¡Por fin el PP se ha atrevido a reinstaurar la cadena perpetua en España! Ojo porque lo que suele ocurrir con las pulsiones autoritarias –como la que lleva a reclamar mano dura contra la delincuencia– es que difícilmente se agota en sí misma, normalmente va a más, y acabarán pidiendo la pena de muerte.

¿Se han dado situaciones parecidas a lo largo de la historia?

Artículo 25. 2 de la Constitución: Las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad estarán orientadas hacia la reeducación y reinserción social y no podrán consistir en trabajos forzados. El condenado a pena de prisión que estuviere cumpliendo la misma gozará de los derechos fundamentales de este Capítulo, a excepción de los que se vean expresamente limitados por el contenido del fallo condenatorio, el sentido de la pena y la ley penitenciaria.

Esto, lamentablemente, no es nuevo. Llueve sobre mojado. Indica muchas cosas y nada halagüeñas para quienes desde el penalismo siempre han creído en el mensaje civilizador que arranca con la Ilustración: la pena privativa de libertad iba a sustituir a las penas atroces, porque eran incivilizadas y el Estado no podía caer al bajo nivel de los crímenes atroces y salvajes. Entre las penas crueles que el penalismo liberal ha ido rechazando desde finales del siglo XVIII estaban las penas corporales y después la pena de muerte y las cadenas perpetuas. La pena de cadena perpetua fue abolida por un dictador –Primo de Rivera en 1928–, pero la posibilidad de sufrir una condena de larga duración persistió y tomó forma durante el franquismo como pena de 30 años. La Constitución del 78, con la oposición de la derecha menos centrada, introduce el principio resocializador, lo que en la práctica hace inviable cualquier idea de perpetuidad. En cambio, todo el mundo sabe que en España es legalmente posible que un preso permanezca en prisión más de 30 años, hasta 40, lo que para cualquier experto en Penitenciarismo significa “hasta la frontera de la muerte”. Desde hace tiempo hablamos de que en España, por la puerta de atrás y a veces con alevosía –caso de la finiquitada “doctrina Parot”- existe de facto la cadena perpetua, más aún desde que en noviembre de 2003 un gobierno de José Mª Aznar con mayoría absoluta consiguió aprobar la llamada “Ley de medidas de reforma para el cumplimiento íntegro de las penas”.

lEl principio resocializador del mandato constitucional fue dilapidado por Aznar en 2003 y nadie del PSOE quiso reinstaurarlo. De aquellos polvos, estos lodos. Rajoy culmina la obra, agravándola: con esta medida se pulveriza el principio de seguridad jurídica (art. 9.3 de la CE) y se entra de lleno en el terrible campo de las penas inhumanas, crueles y degradantes (art. 10 de la CE). Es inconstitucional de todas todas.

¿Puede salir una norma de estas características en España, teniendo en cuenta el artículo 25.2 de la Constitución y la garantía de la reinserción?

Acabo de decirlo. Son naturalezas incompatibles, la aludida ley de Aznar sobre el cumplimiento íntegro de las penas de 30 y 40 años ya choca frontalmente con el art. 25.2 como han dejado claro los catedráticos de DP que han firmado el manifiesto en que califican la prisión permanente revisable de “injustificable cadena perpetua”. (Manifiesto firmado por 47 catedráticos de Derecho Penal de 33 Universidades Públicas españolas).

En su opinión, ¿a qué se debe que se recupere una medida tan restrictiva como la prisión permanente revisable en estos momentos?

La pena de cadena perpetua fue abolida por un dictador –Primo de Rivera en 1928–, pero la posibilidad de sufrir una condena de larga duración persistió

El PP consiguió a lo largo del año 2011 un inmenso poder cuando la crisis arreciaba y se ponía en marcha un ciclo de protestas de gran envergadura. Se sintió tentado a dar un giro autoritario al marco normativo en materia de orden público y represión. Aunque ha titubeado al final, por criterios tal vez cortoplacistas –los retos electorales y la convulsión que en ese sentido ha provocado la irrupción de Podemos y posiblemente también Ciudadanos– le ha hecho decidirse por una renovación y un endurecimiento del arsenal normativo en materia de control y castigo con la Ley de Seguridad Privada, la Ley de Seguridad Ciudadana y el nuevo Código Penal, sin perder de vista otros cambios en la codificación penal militar.

¿Desde hace años no se había abordado una reforma del Código Penal con una revisión tan dura de penas? ¿Es la ley más restrictiva desde el franquismo?

Ahora pasa algo parecido: el PP no es más punitivista que Franco, pero esta idea que acaba de llevar al Código Penal significa un grave y peligroso retroceso

No es del todo válido hacer comparaciones con el franquismo, las respeto pero no me parecen acertadas (quizás porque soy historiador). Aquello era una dictadura que nació de un golpe de estado y terminó su andadura dictando sentencias de muerte. Simplemente hay que constatar que la democracia es, lamentablemente, compatible con visiones retrógradas y peligrosas con respecto al curso de lo que Norbert Elias llamó proceso de civilización. Un ejemplo entre muchos: recuerdo que, aunque la pena de muerte había quedado abolida en la Constitución del 78, como se mantenía en el ámbito de la jurisdicción militar, en 1985 el PSOE de Narcís Serra aprobó un Código Penal Militar que contemplaba la pena de muerte en más supuestos aún que lo que había contemplado el franquismo. ¿Era el PSOE de 1985 franquista? No. Era peligrosamente incoherente, porque –cuidado– las incoherencias de los gobernantes democráticos pueden ser muy peligrosas para sus representados. Ahora pasa algo parecido: el PP no es más punitivista que Franco, pero esta idea que acaba de llevar al Código Penal significa un grave y peligroso retroceso, en algunos términos el Código Penal del PP podría ser tildado de pre-Ilustración, y junto con otras iniciativas que ha adoptado –como la Ley de Seguridad Ciudadana- abraza una concepción penológica –la del “derecho penal del enemigo”- que chirría con el garantismo penal y nos trae muy malos recuerdos a los europeos. Espero que, además de los organismos internacionales que ya lo han hecho, la propia Unión Europea plante cara a esta deriva autoritaria del PP, pero no podemos ser muy optimistas tal y como van las cosas allende los Pirineos.

En Francia se pensaba tras los atentados de Charlie Hebdo en aplicar la pena de muerte y en España se aprueba a las pocas semanas esta prisión permanente. ¿Estamos viviendo una época de represión carcelaria o de amenazas? ¿Es efectivo aumentar las penas para reducir los delitos desd eun punto de vista histórico?

Acabo de introducir la respuesta. Estamos en una época de regresión en materia de políticas penales porque en los partidos conservadores y de izquierda socialdemócrata se impone la pulsión autoritaria y la tentación del populismo punitivo. No es menester ser ni radicalmente garantista ni un experto penalista para saber que tanta petición de mano dura no tiene sentido objetivo cuando la criminalidad no aumenta. ¿Por qué este endurecimiento? Más que a los expertos en Derecho Penal –y eso que los hay muy conservadores– la pregunta habría que dirigirla a todo ese entramado politológico de asesores demoscópicos y fundaciones o think tank ligados a las grandes formaciones políticas y a no pocos medios de comunicación con gran poder de influencia sociocultural. Ahí, en esa difusa red de poderes, está el epicentro virtual de todo este terremoto punitivista que estamos sufriendo desde que comenzó el siglo XXI.

Pedro Oliver Olmo es doctor en historia y profesor titular de Historia Contemporánea en la UCLM es una de las personas que mejor conoce la historia de las prisiones. Es el coordinador del Grupo de Estudios sobre la Historia de la Prisión y las Instituciones Punitivas.

Fuente: www.elcrisoldeciudadreal.es

Sin olvidar a las que faltan, la excarcelación de compañeras presas es siempre una buena noticia y un motivo de celebración. Pero esta alegría no debería diluir el grave significado político de esta última operación represiva, intuido desde un principio y ahora confirmado a partir del levantamiento del secreto de sumario. Operación que nunca ha tenido como objetivo principal averiguar quién ha realizado x acción, sino utilizar algunos hechos como pretexto para construir una organización terrorista inexistente que posibilitara perseguir a todo un entorno y su actividad política. Libros, actas de asambleas, escritos, reuniones, anotaciones en agendas… estos son los indicios centrales del proceso, adobados con algún cartucho de cámping-gas oportunamente descontextualizado.

Los dos partidos (todavía) principales de la partitocracia española han firmado un «Pacto de Estado antiterrorista», el cuarto desde la muerte de Franco, que supone un importante avance en la imparable fascistización de la democracia que se viene produciendo desde la democratización del franquismo y en progresiva aceleración de un tiempo a esta parte. Situación que desenmascara una vez más la hipocresía del partido creador del GAL, que un día dice estar en contra de la cadena perpetua y del endurecimiento punitivo impuesto por el partido en el gobierno y al día siguiente acepta «en defensa de la libertad» su aspecto «antiterrorista». Según este pacto, una proposición de Ley Orgánica promovida por PP y PSOE «contemplará las conductas propias de las nuevas formas de terrorismo» asegurando su tipificación penal “con independencia de que se realicen o no en el seno de un grupo u organización terrorista, atendiendo a la finalidad con que se cometen, y cuyo elemento común es la provocación de un estado de terror en la población”. Se considerará terrorismo “el desplazamiento al extranjero para incorporarse a una organización terrorista o colaborar con ella” y también «la captación y el adiestramiento, incluido el adiestramiento pasivo, el uso de las redes de comunicación y tecnologías de la información a estos efectos, la financiación de organizaciones terroristas y las distintas formas de colaboración activa con ellas”. Ya que este pacto recoge las autoenmiendas antiterroristas del PP a su propio proyecto de reforma del código penal, es de esperar que se agraven también considerablemente las penas, incluso por «enaltecimiento del terrorismo» o que se añada a todas las condenas relacionadas la de «inhabilitación especial», por ejemplo, para la docencia. Los dos partidos, además, se comprometen a impulsar «las reformas legislativas necesarias para actualizar y reforzar el marco jurídico que permita a jueces, fiscales y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad ser más eficaces en la investigación criminal de los delitos de terrorismo. En este sentido, las modificaciones a incorporar en la futura reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal han de permitir fortalecer las garantías de los derechos y libertades de la ciudadanía y la eficacia probatoria de las investigaciones frente al terrorismo». Modificaciones que ya sabemos que, entre otros atentados a esas «garantías», «derechos» y «libertades» dan manos libres a la policía para intervenir todo tipo de comunicaciones, incluso sin orden judicial, o manejar datos personales. Además, se aumentará la presencia policial en las calles, en la vigilancia de infraestructuras críticas y se tomarán medidas como la creación de nuevos ficheros especiales de presos o de viajeros. Transcibimos la siguiente entrevista donde se trata críticamente todo esto situándolo en el contexto político-criminal español e internacional:

Entrevista a Endika Zulueta: “El estado español va a contar con el Código Penal más duro de la llamada cultura occidental”

El “derecho penal del enemigo”, término establecido por el jurista alemán Günther Jakobs en 1985, se aplicó en Estados Unidos a raíz de los atentados del 11-S de 2001, especialmente contra migrantes “irregulares” y sospechosos de terrorismo. ¿En qué consiste esta doctrina? ¿Desde cuándo se aplica en el estado español? ¿Puede observarse en la “Ley Mordaza” y en la reforma del Código Penal?

España es pionero en el tratamiento del “derecho Penal del enemigo”. La legislación antiterrorista ha sido siempre ejemplo de ello. Ciertamente, los atentados del 11-S aceleraron su práctica en EEUU y en toda la Unión Europea. Del “derecho penal del enemigo” podemos resaltar cinco características: 1) Los tipos penales anticipan la punibilidad a actos que sólo tienen el carácter de preparatorios de hechos futuros y que en muchas ocasiones serían impunes, por ejemplo, el propósito de criminalizar la visita de las páginas Web que el Gobierno considere “yihadistas”; 2) una desproporción en la aplicación de las penas: por un lado se penaliza igual el supuesto acto preparatorio que la comisión del delito ; por otra parte, se penaliza la pertenencia a la organización con altísimas penas (como si fuera un homicidio) y se suma la pena a imponer por el acto realizado; 3) la legislación se fundamenta en un lenguaje bélico, no se enjuicia a ciudadanos sino a enemigos en guerra, y por tanto no merecedores de garantía alguna. 4) Se restringen derechos fundamentales; así, la versión policial es la incuestionable versión oficial sin presunción de inocencia, sin derecho a la intimidad; se “normaliza” también el secreto de las actuaciones procesales, se incomunica como norma a los detenidos, se amplían sus plazos de detención, etcétera; 5) Se endurecen las condiciones en prisión (FIES), se dificultan los beneficios penitenciarios y se hacen más difíciles las salidas; 6) Se trata de un derecho penal de autor, pues no se juzgan hechos (como en un sistema democrático) sino supuestas personalidades (sistemas autoritarios), llegándose a criminalizar el pensamiento, aunque no se materialice en actos, al estilo orwelliano.

El juez de la Audiencia Nacional Gómez Bermúdez ordenó la detención de 11 personas de ideología anarquista el 16 de diciembre en Barcelona (siete de ellas entraron después en prisión), por supuesta pertenencia a organización terrorista. Fue la llamada “operación Pandora”. ¿A qué responden estas detenciones selectivas de militantes anarquistas?

Desde hace más de un siglo el Estado siempre ha criminalizado el anarquismo identificándolo con actividades delictivas de la forma tan vaga y ambigua como parece que ha sucedido en este asunto. Poner seriamente en cuestionamiento el orden socio-económico establecido, aún sin el uso de la violencia, supone ganarse la enemistad del Estado y, en ese contexto, es lógico que éste criminalice, y de la forma más rotunda posible (vinculándolo con el terrorismo) a quien más le inquieta, realizando redadas indiscriminadas, haciendo registros en Centros Sociales, y abriendo procesos judiciales con dudoso fundamento fáctico y jurídico.El 12 de enero, en la llamada “operación mate” fueron detenidas 16 personas (12 de ellas abogados) en el País Vasco, acusadas de fraude fiscal y señaladas como parte del entramado de apoyo a ETA. ¿Cómo interpretas estas detenciones, en un momento en que han finalizado los atentados?Las actuaciones policiales y judiciales llevadas a cabo con la detención de doce abogados y abogadas el día que comenzaba un juicio en el que actuaban como defensores ha resultado preocupante a muchos agentes sociales y jurídicos, incluido el Consejo General de la Abogacía Española. Cuando se limita la actividad profesional de un defensor, se está vulnerando el derecho de defensa de sus clientes, y quien está abocado a realizar dicha limitación debe tener contundentes pruebas de cargo para ello, y, al menos por lo que se ha filtrado hasta este momento, existen serias dudas de que ello suceda así en el presente caso. Además, en el auto de libertad el juzgado indica a los defensores la forma y el contenido de las entrevistas que deben tener con sus clientes, bajo amenaza de ser ingresados en prisión, lo que resulta una intromisión inadmisible por parte de un juez en el derecho de defensa. No recuerdo haber visto nada parecido anteriormente. La Comisión de Defensa de la Asociación Libre de Abogados (ALA) va a formular la correspondiente protesta por ello.

¿Crees que el atentado contra el seminario satírico “Charlie Hebdo”, que se saldó con 12 muertos, puede marcar un punto de cambio en la criminalización de la disidencia y en una deriva autoritaria? De entrada, Hollande (presidente de la República francesa por el partido socialista) ha disparado sus indicadores de popularidad por la gestión de la crisis…

El atentado de París, rotundamente condenable desde cualquier perspectiva desde la que se quiera analizar, y las posiciones que al respecto van adoptando los diferentes agentes sociales abre paso a múltiples reflexiones. Es una paradoja que los mandatarios de un gran número de países en los que cotidianamente se vulneran los derechos fundamentales, entre ellos la libertad de expresión, encabezasen una manifestación en defensa del derecho que ellos reprimen. Se nos dice que ha sido un ataque a nuestra civilización y ya se preparan actuaciones y legislaciones contra el terrorismo, y en defensa de nuestra seguridad. Se manipula nuestro miedo y parece que podemos echarnos a temblar; no olvidemos que con la excusa de la defensa de nuestra seguridad y en el contexto de la llamada guerra al terrorismo, nuestra civilización ha protagonizado aberrantes actos de terror: se han bombardeado países, se ha matado a cientos de miles de personas, se han destruido culturas milenarias, se han construido cárceles secretas, se ha legitimado la tortura, se han creado “Guantánamos” y, en múltiples países, se han potenciado legislaciones penales regidas por un “derecho penal de enemigo”, en los que la ciudadanía está sometida a un férreo control social…. Todo ello por la seguridad, sí, pero por la seguridad económica de las empresas petrolíferas y de armamento que son las que sacan rédito económico de tanto sufrimiento.

En el Anteproyecto de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, el gobierno del PP ha llegado a proponer la ampliación de los supuestos en que la policía puede intervenir las comunicaciones sin autorización judicial. ¿Qué supondría esta medida, y qué subyace a la misma?

Ese tipo de medidas, y el repetitivo y constante control de las nuevas comunicaciones, entra dentro del contexto en el que analizamos todo lo demás. Es un intento de formalizar el Estado policial, evitar en la medida de lo posible el control judicial que debe regular las garantías de la ciudadanía en el sistema penal de un estado democrático, y dejar al más puro arbitrio policial la limitación de derechos fundamentales, como el de la libertad de expresión, la intimidad o el secreto de las comunicaciones.

¿Y en cuanto a la “prisión permanente revisable”? ¿Qué se esconde tras este eufemismo?

España es uno de los países con menor índice de criminalidad de la Unión Europea y, sin embargo, el que tiene las prisiones más saturadas. El índice de “prisionización” (el tiempo medio que el preso está privado de libertad) también es el mayor de la Unión Europea. Sin dud,a tenemos uno de los Códigos Penales más duros y, sin embargo, y poco antes de finalizar la legislatura, el PP se ha empeñado en aprobar un Código Penal que endurece el anterior, una nueva vuelta de tuerca. Teníamos un límite temporal de 40 años de privación de libertad y cumplimiento íntegro (en el franquismo el límite eran los 30 años y con beneficios penitenciario mucho menores) y ahora se aprueba la cadena perpetua que, eufemísticamente se denomina “prisión permanente revisable”. Vamos a tener el privilegio de contar con el Código Penal más duro de lo que han venido a llamar cultura occidental. No está de más recordar que el fin declarado de la pena es la reinserción social, no la venganza y el castigo. Además de que está ya comprobado que la elevación de las penas en modo alguno influye en la disminución de los delitos, ni siquiera la pena de muerte. En los Estados de EEUU donde hay pena de muerte no se cometen menos delitos que en los que no existe tal pena, y así ha sido denunciado también por Amnistía Internacional.

¿Cómo interpretas que el PP y el PSOE alcancen un “acuerdo” contra el yihadismo? Se basa en una proposición de ley orgánica específica (al margen de la reforma del Código Penal) con medidas como la elevación de penas o la ampliación del concepto de pertenencia a banda terrorista para combatir el “terrorismo islámico”. Además, en la reforma del Código Penal, el gobierno ha propuesto introducir penas de entre uno y ocho años de cárcel por la consulta “habitual” de webs yihadistas.

Es todo un símbolo que los partidos mayoritarios hayan tratado este tema como asunto de estado. Una nueva paradoja, que en la situación socioeconómica en la que nos encontramos, con los derechos sociales en crisis, con el índice de paro más alto de los últimos años, con la exclusión de amplias capas de la población del derecho a la vivienda, a la sanidad, a la educación, con el crecimiento progresivo de las capas sociales más desfavorecidas, con tres de cada diez niños bajo el umbral de la pobreza… lo único que se convierte en asunto de Estado sea la urgente aprobación de una legislación que recorta o limita derechos fundamentales e instaura ya de forma evidente el “derecho penal de enemigo” en nuestra legislación.

¿Cómo se explica?

Entiendo que es una cuestión de psicología política: ya que el Estado no es capaz de crear los mecanismos adecuados para facilitar a la ciudadanía aquello que realmente le confiere seguridad: los derechos sociales (trabajo, vivienda, educación, sanidad), cuya carencia atemoriza cotidianamente a la población (incluso quien actualmente tiene acceso a estos derechos, tiene miedo a perderlos); lo que hace el estado es hiperpotenciar un miedo a una amenaza exterior, que nada menos que ataca nuestra civilización, y se compromete a crear, de forma urgente, la cobertura necesaria para aminorar el peligro de sus ataques, a través de una legislación de guerra que requiere ceder espacios de libertad, en pro de una seguridad inexistente.Por último, ¿qué implican los pactos de estas características?Han conseguido ponerse de acuerdo en aprobar la tan criticada, desde los más diversos ámbitos, cadena perpetua, siendo de una supina hipocresía que un partido –el PSOE– apoye hoy la aprobación de una norma, para comprometerse mañana a cambiarla si gana las elecciones. Se realiza una definición de “terrorismo” estudiadamente ambigua, con la consiguiente inseguridad jurídica; establecen la cadena perpetua para delitos de terrorismo sabiendo perfectamente que el endurecimiento de las penas en modo alguno disminuye la comisión de delitos; se llegan a tipificar como actos de terrorismo, actividades realizadas por Internet como “difusión de mensajes o consignas”, o el equívoco “adoctrinamiento y adiestramiento pasivo”, incluso el delito informático puede considerarse delito terrorista.

Estamos nuevamente en el o conmigo o contra mi, cualquier persona que pueda poner en cuestionamiento la nueva legislación antiterrorista puede ser objeto de sospecha. El problema es que, como parece ser dirigida la nueva legislación a atacar el denominado yihadismo, siendo un fenómeno que suena especialmente ajeno a nuestras vidas, parece que tal conculcación de derechos no nos debe afectar a nosotros. Pero no olvidemos el poema atribuido indistintamente a Berltolt Brecht o Martin Niemöller, “… y ahora vienen a por mí, pero ya es demasiado tarde”.

defenderaquiendefiende.org

Como primer grupo de apoyo a los presos del 4F queremos posicionarnos frente a la línea argumental de Ciutat Morta, así como ante las afirmaciones que se han hecho en nombre del 4F después de su emisión en TV3, el día 17 de enero de 2015.

Para quien no estuvo ahí aclaramos que, como asamblea de apoyo a los 3 presos, funcionamos desde el mismo día de los hechos hasta después del juicio en 2008 y algunxs de nosotrxs seguimos implicadxs hasta la libertad total de Álex y Juan en 2011. Hacemos pública nuestra visión con conocimiento de causa.

Este grupo de apoyo a presos sostuvo la lucha bajo la premisa anticarcelaria, entendida ésta como una denuncia permanente al Sistema -basado en la desigualdad- y a su aparato represivo; dentro del cual la cárcel es una de sus herramientas punitivas tendientes a mantener y reproducir el orden social-económico y político actual.

El producto audiovisual no documenta hechos, sino que se posiciona ante ellos. Son lxs autorxs quienes hablan a través de los testimonios, quienes articulan el mensaje a través del guión y el montaje. No hay respuestas a las que no preceda un cuestionario -aún cuando no sea explícito. Es su punto de vista el que crea el objeto y no al revés. Y son sus premisas ideológicas las que analizaremos a continuación.

Ciutat Morta presenta como una lucha individual frente a un error del sistema judicial lo que fue, en realidad, un caso político enmarcado en la lucha anticarcelaria. La opción narrativa escogida, la explotación mediático-sentimental, no sólo es amarillista sino que además invisibiliza el contexto de criminalización en el que tuvieron lugar las detenciones, y a los colectivos libertarios y antirrepresivos que se solidarizaron con el caso. Al reducir el 4F a unxs individuxs que luchaban por su inocencia se crea la figura de la víctima. Esta deformación de la realidad desmerece todo lo conseguido gracias a la solidaridad, hecho insultante para quienes nos implicamos directamente y para toda la red internacional que apoyó la lucha.

En el 2006, lxs 6 imputadxs que obtuvieron la libertad con cargos después de pasar a disposición judicial asumieron el camino marcado por la jueza: no vincularse con los 3 presos, ni con el grupo de apoyo y optar por una defensa en solitario. Durante años de criminalización al movimiento okupa y lxs antisistema fuimos señaladxs, una y otra vez, como culpables, y no nos referimos sólo a los presos, sino a todxs lxs que exigíamos su libertad. Estas 6 personas, siguiendo el consejo de sus abogadxs, se desentendieron de cualquier acción colectiva, como si ésta no fuera con ellxs o pudiera perjudicarles. A nivel representativo, esta desvinculación a la pertenencia al movimiento okupa y/o a la ideología antisistema, usada como argumento para probar la inocencia, también se hace patente en el film, hasta el punto de hacer desaparecer la lucha anticarcelaria que sustentó el 4F.

Además, desde su propia visión eurocentrista, valida los discursos racistas y xenófobos que pretende denunciar. Presenta el racismo institucional de los cuerpos de seguridad como una anécdota paradójica y, otra vez, personal. Siempre según Ciutat Morta lxs europexs serían por definición blancos. Nos choca profundamente que al hablar de un policía negro, se centre la atención en el adjetivo (negro) y no en el sustantivo (policía). Esto se evidencia cuando justo después de hacer hincapié en su color de piel se le muestra, durante un eterno minuto, golpeando un saco, con toda la carga de contenido que conlleva esta sintaxis fílmica. Aquí, el abuso de poder no se basa en cuestiones raciales; la relación de fuerzas se da entre la policía y personas. Insistiendo en la paradoja de que un mulato insulte a un sudamericano, trasmite la idea de que toda persona negra es por definición extranjera, y como tal, según la cinta, estaría menos legitimada que un policía blanco a insultar y/o torturar.

En ambas versiones de Ciutat Morta, la tesis final es la Verdad; que no es otra que presentar un testigo que confirmaría la existencia de un Verdadero Culpable. Esto se reiteró en la rueda de prensa del 20-01-15, y en posteriores entrevistas a los medios (ver entre otras https://www.youtube.com/watch?v=POZzut6nj0o).

Asimismo, el fragmento del famoso testigo encapuchado – que fue eliminado en la segunda versión de la cinta por las numerosas críticas que recibió después del estreno – terminó siendo usado como bomba mediática, por los directores de la película presentándolo en exclusiva en el programa PuntCat de TV3. Alimentando un poco más el circo mediático.

Desde la perspectiva anticarcelaria y de la red de solidaridad de la que formamos parte activa, la Delación, como una acción y un valor legítimo en pos de la Justicia y la Verdad, es inadmisible.

Ciutat Morta y lxs que hoy luchan por la reapertura del caso en base a este testigo-delator chocan frontalmente con los principios que sustentan la lucha por la libertad de los presos. ¿Hasta dónde son capaces de llegar para demostrar inocencias, limpiar honores y memorias? Creemos que la respuesta está en el mismo film, cuando informa que los datos del testigo ya han sido presentados a la Fiscalía. Nos encontramos de nuevo ante la situación de que, quien tiene voz, se cree con derecho a representar a lxs demás y, peor aún, a iniciar acciones legales en su nombre. Sin ir más lejos, a Juan Pintos no se le mostró el resultado final de “Ciutat Morta” antes de empezar a distribuirla. Pero más grave es que nadie le informó de que se estaban tomando decisiones que le influían directamente y con las que no está de acuerdo. “Creo que es necesario dejar bien claro que no me representa en lo más mínimo el camino que se ha recorrido este último tiempo, como mínimo desde la emisión de Ciutat Morta en Tv3”- Juan Pintos.
Ningún éxito de taquilla nos hará ver con buenos ojos este tipo de políticas de hechos consumados.

A pesar de que en días posteriores algunxs corrigieran este discurso delator, el mensaje de “Ciutat Morta” sigue siendo el mismo, y esto ha promovido que se abran campañas ciudadanas que exigen la reapertura del caso, renovando así su confianza en la Justicia, que supuestamente cometió un error excepcional hace 9 años. Esto desdibuja y termina por invalidar el discurso de que la responsabilidad es del sistema, de sus instituciones y de su aparato represivo.

Creemos que Ciutat Morta encaja muy bien en el contexto actual de descontento social en ascenso y de desconfianza en las instituciones. Se erige como una bandera más en las luchas contra las injusticias, en boca de todxs. Asimismo políticos y periodistas, los mismos que sustentaron el montaje y la criminalización, ahora se apresuran a sumarse a la indignación ciudadana con la creación de comités de crisis post-emisión y terminan exigiendo la reapertura del caso. Todo esto apropiándose del caso 4F, con la mezquina intención de no perder audiencias, votos y consumidores.

Dicho todo esto, querríamos que este texto, lejos de crear polémicas, contribuya a profundizar los debates y sacar a la palestra los temas mencionados. El 4F no es un caso aislado, puede que emblemático pero no extraordinario, es la norma. Que nuestro esfuerzo crítico no se centre en este caso en concreto, sino en la lógica que los genera todos.

grupo de apoyo 4 F