Una clara demostración del carácter político con el que se toman las decisiones judiciales dentro del Estado español, en este caso en torno al cumplimiento de las condenas, es la aplicación de la llamada «Doctrina Parot», en el caso de las personas presas por colaboración o pertenencia a ETA.
La pregunta que podemos hacernos es por qué, cuando ya se ha producido una decisión por parte del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, desautorizando la actual aplicación de la citada doctrina, el actual Gobierno español se empeña en recurrirla y en no dar marcha atrás a una visión del Derecho como arma de guerra, frente a lo que debiera de ser: el instrumento principal para garantizar una convivencia social pa-cífica. Máxime cuando su obsesión, que responde a intereses ajenos a la justicia y contraria al respeto a los derechos humanos, a estas alturas le es contraproducente políticamente salvo para contentar a los sectores más recalcitrantes de su clientela interna y a quienes teniendo poder de influencia sobre las decisiones gubernamentales, aún claman venganza ante su impotencia e inca-pacidad de hacer frente al resentimiento por sus propias víctimas.