Categoría: <span>La lucha contra el FIES</span>

La imposición de unas medidas excepcionales de control a unos internos determinados para su inocuización supuso la culminación de un camino regresivo que traicionó el espirítu reinsertador que inspiró la legislación penitenciaria en sus orígenes. Los Ficheros de Internos de Especial Seguimiento (FIES) fueron creados en los 90 por medio de normativa interna penitenciaria con la intención declarada de recopilar de manera pormenorizada datos específicos sobre internos que, por su conducta, tipología delictiva u otras “características especiales”, representaran un riesgo elevado para la seguridad de los centros penitenciarios. Sin embargo, la mera inclusión en dichos ficheros supone la aplicación de medidas de control exhaustivas y restrictivas de derechos, como el propio Tribunal Supremo reconoció en 2009, obligando a la administración penitenciaria a modificar la regulación sobre los FIES. En 2011, se reformó el Reglamento Penitenciario para avalar la existencia de estas medidas de seguridad más intensas. Lo que había empezado siendo una excepción acabó convirtiéndose en norma, el círculo se había cerrado.

Que el Reglamento Penitenciario haya tenido que ser modificado para incluir mayores medidas de control “frente a las amenazas y los riesgos” de determinados grupos de internos es la constatación de que el modelo de cárcel que se pretendió construir con la Ley Orgánica General Penitenciaria de 1979 ha sido abandonado y, en su lugar, la cárcel se consolida como un lugar de almacenamiento y neutralización del “enemigo”. En efecto, la lucha de la sociedad civil organizada –presos incluidos– durante los años previos a la Transición consiguió que la Constitución recogiera, entre los derechos con mayor nivel de protección, el famoso artículo 25.2, que, lleno de confianza y buenismo, glosa que las penas “estarán orientadas hacia la reeducación y reinserción social”. Esta pretensión –quizás ingenua, pero bienintencionada– de que las prisiones pudieran ser instituciones donde las personas condenadas mejoraran sus carencias y salieran mejor de lo que entraron ha sido deconstruida y vaciada de contenido a lo largo de la vigencia de esta ajada Constitución. Como ha sucedido con otros muchos derechos con reconocimiento constitucional, las herramientas usadas para vaciar de contenido el derecho a la reinserción han sido, en mi opinión, tres.

Desde la muerte de Franco y a lo largo de la transición política en las cárceles españolas se vivieron unos años marcados por la conflictividad y la violencia y ello, sumado al hecho de que continuaban habiendo muchas personas condenadas por terrorismo, entre finales de la década de 1980 y los primeros años de la década de 1990, sirvió de excusa al entonces Director General de Instituciones Penitenciarias para la creación de los ficheros de internos de especial seguimiento, que son una manifestación clara de la penetración en el ámbito penitenciario de la cultura de la emergencia y la excepcionalidad. Se socavan así los principios garantistas propios de un Estado de Derecho y ello significa, además, apartarse del mandato del artículo 25.2 de la Constitución española que obliga a orientar las penas privativas de libertad a la reeducación y la reinserción social, con lo cual se da un paso atrás y se vuelven a legitimar las prisiones inocuizadoras, que se creían ya abandonadas. Mi propósito en esta comunicación es analizar la normativa reguladora de los ficheros de internos de especial seguimiento, los fundamentos de su ilegalidad y exclusión del ordenamiento jurídico.

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