El Defensor del Pueblo está investigando los cupos impuestos por el Ministerio del Interior para acceder a la triple terapia contra la hepatitis C, un tratamiento que duplica las opciones de curación para la forma más habitual del virus que afecta a casi el 25% de la población reclusa. Fuentes de la oficina que dirige Soledad Becerril han confirmado que se ha abierto la investigación de oficio por las restricciones implantadas por Interior.
En las últimas semanas, Prisiones ha aceptado inscribir a varios reclusos en lista de espera de este fármaco pero con la condición de que se trasladen a una prisión de Madrid para ser tratados en el hospital Gregorio Marañón, donde ha centralizado el tratamiento. “Es una traba más que solo persigue demorar los tratamientos”, denuncia el presidente de la Sociedad Española de Medicina Penitenciaria. “Saben que los presos no quieren trasladarse y no hay razón que lo justifique porque es un fármaco que el paciente toma en su casa o, en el caso de presos, en la cárcel”, explica le médico.
Una juez de Vigilancia Penitenciaria de Alicante ha instado dos veces a Interior a que administre la triple terapia a un recluso que, además de hepatitis C, es portador del VIH y la Asociación Proderechos Humanos de Andalucía (APDHA) va a pedir la excarcelación de un enfermo al que Interior le niega el fármaco prescrito por su médico. “Su salud se está deteriorando por días y Prisiones ha dejado claro que no le va a tratar. Nos quedan dos opciones: o le excarcelan por enfermedad grave para que se le trate fuera o nos arriesgamos todos a que entre en un problema de salud mucho mayor”, advierte la coordinadora de la asociación, Maribel Mora.
