Cuando la familia de M.A.G consiguió que se iniciaran los trámites para que la Junta de Tratamiento le diera la libertad condicional, ya era tarde. Falleció al día siguiente, a pesar de llevar varios meses con un grave estado de salud y habiendo aportado todo tipo de informes. Entró a la cárcel Cáceres II a pagar una condena de 6 meses por conducir con un carnet retirado. Nuestras condolencias a la familia, que una vez más carga con el sufrimiento que gratuitamente nos obliga a vivir la Administración Penitenciaria por su falta de humanidad ante determinadas situaciones. Cabe preguntarse si se hubiera actuado de una forma tan pasiva, lenta y nefasta de tratarse de un preso de importancia estratégica para la política nacional. Finalmente, esta persona ni si quiera tuvo el derecho a una muerte digna, rodeada de los suyos.
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Personas que apoyan a José Antonio en su lucha nos han mandado un correo con el texto siguiente:
El JVP de León dictó auto de 8 de julio dejando sin efecto la decisión de la Junta de Tratamiento del CP de Mansilla de las Mulas de mantener en 2º grado a José Antonio Vilasó Pardavila, acordando su progresión a 3º grado por enfermedad con régimen de vida restringido del art. 82.1 del Reglamento Penitenciario, «debiendo ser ingresado en una institución adecuada», aunque no hay pronunciamiento sobre la libertad condicional hasta que la Junta de Tratamiento tramite el correspondiente expediente.
Por otra parte, su salud empeora y, de hecho, los médicos acordaron su ingreso en el Hospital de León para iniciar un ciclo de quimioterapia más intensa, aunque debido a las condiciones de vida impuestas en el Hospital (aislamiento total con custodia policial, sin ningún tipo de lectura) pidió el alta voluntaria y será trasladado desde prisión para la atención médica.
Gracias a todos por vuestro apoyo.
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La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) denuncia la situación límite en la que se encuentran las personas presas por los recortes presupuestarios en medicamentos en los centros penitenciarios, donde se están estableciendo “cupos” para la dispensación de fármacos para enfermedades graves como enfermedad mental, la Hepatitis C o se niega la medicación más efectiva a los enfermos coinfectados de VIH y Hepatitis C.
Las prisiones concentran una población con factores de riesgo de todo tipo (sociales, económicos, sanitarios, etc.), constituyendo un grupo especialmente vulnerable sobre el que las acciones de salud pública tienen un impacto muy grande. Además estos recortes o supresiones de fármacos recaen en un entorno donde existe una sobrerrepresentación de personas enfermas en comparación con la población libre: el 8% de la población reclusa padece una enfermedad mental grave y el 40% tiene trastornos mentales y de personalidad. La prevalencia dentro de prisión es de 7 veces más que en la sociedad [1], El 80% es drogodependiente, el 10% padece VIH, entre el 25-33% Hepatitis C (en la población española la tasa es del 1-2%)[2] y hasta 12 veces más la proporción de tuberculosis[3]. A ello hay que sumarle que se están eliminando las guardias de 24 horas del servicio médico y desde el 1 de enero algunas prisiones prescinden de los facultativos por las tardes. Las pérdidas de citas médicas por falta de conducción policial se están agravando, llegando en algunos casos, como la prisión de Sevilla I, a superar el 50%.
«Me llamo Manuel (…), soy interno en el Centro Penitenciario de Sevilla y me encuentro infectado por dos enfermedades crónicas, VIH y VHC (más conocida como Hepatitis C)», explica este preso en una carta al Defensor del Pueblo Andaluz en julio de 2012. Ese mismo mes, presentó una denuncia contra la administración de Instituciones Penitenciarias, dependiente del Ministerio del Interior, por vulnerar su derecho a la Salud. Un año después Manuel sigue esperando.
Su reclamación no es otra que la de que se le administre un tratamiento novedoso y más eficiente contra su enfermedad que ya se utiliza en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla. Quiere evitar su deterioro y una previsible cirrosis hepática. Mientras, su madre, Trinidad Barrera, mueve cielo y tierra para mejorar la salud de su hijo: «Yo entiendo que está en prisión porque hay cosas que no ha hecho bien. Pero eso no es una razón para que lo dejen morir en la cárcel».
«Si estuviera fuera de prisión, con la Sanidad Pública, mi cliente estaría ya con el tratamiento», asegura Maribel Mora, la abogada que se ha hecho cargo de su caso. «Un caso de coinfección de Hepatitis C y VIH con características similares estaría siendo tratado con telaprevir (medicamento nuevo aprobado por la Sanidad Pública) en el SAS», confirma el doctor Manuel Leal de la unidad de infecciosos del Hospital Virgen del Rocío. Casi un año después, Instituciones Penitenciarias, responsable de la atención médica y el gasto farmacéutico en prisión, aún no se lo ha administrado por falta de recursos económicos.
Instituciones Penitenciarias ha contestado a eldiario.es/andalucia con una única declaración en la que asegura «que a los presos se les trata igual que a las demás personas». Sin embargo, no es lo que se desprende de la respuesta que en enero de 2013 el Ministerio del Interior remitió a la Oficina del Defensor Andaluz: «Se ha confeccionado un registro de este tipo de enfermos en todo el sistema penitenciario, entre los que está el paciente al que se refiere la queja». «Se irán tomando medidas para irles facilitando el tratamiento a todos los enfermos, con la periodicidad que permitan los recursos ante la imposibilidad presupuestaria de atender de forma inmediata y concurrente a todos los casos en los que se prescribe el tratamiento para la Hepatitis C».
«Estamos ante un problema económico para un tratamiento necesario», argumentan desde la Oficina del Defensor del Pueblo. El tratamiento con telaprevir (que está teniendo, a falta de más estudios, un 75% de eficacia en estos enfermos) suma unos 30.000 euros más al tratamiento habitual sólo con interferón y ribabirina. De hecho, el presupuesto para Instituciones Penitenciarias en 2013 para gastos farmacéuticos y sanitarios es de 70 millones de euros, un 6,90 por ciento menos que en el año 2012, según los datos que ofrece la web de la institución. Esto sucede el mismo año en el que el convenio entre la Consejería de Salud y Bienestar Social y el Ministerio del Interior para la atención sanitaria de los cerca de 16.000 reclusos que hay en Andalucía ha permanecido en el aire. Las razones, un desacuerdo por parte del Ministerio sobre el modo de pago. Exigía pagos justificados y detallados de la atención a cada recluso en vez de un pago único por servicios prestados como se venía haciendo.
Pese a que las puertas de la negociación entre el Ministerio y la Junta se han vuelto a abrir, el convenio aún no se ha firmado y Manuel sigue esperando a que le autoricen el tratamiento en prisión, una combinación de fármacos (entre ellos el telaprevir) que se puede «administrar de forma ambulatoria porque además los médicos penitenciarios son de primera línea y están plenamente capacitados», asegura el doctor Leal. Pero Manuel sigue esperando.
El tratamiento
Manuel tiene 43 años y lleva en la cárcel cinco por delitos de robo. Ha pasado por Málaga y ahora en el Centro Penitenciario de Sevilla I. Manuel empeora por días debido a la virulencia de su tipo de Hepatitis C, genotipo 1, que tiene desde 1988, en combinación con el VIH. Está al borde de desarrollar una cirrosis lo que sólo se solucionaría con un trasplante de hígado en el mejor de los casos, una solución más cara a largo plazo para las cuentas públicas.
Hasta ahora, enfermos como Manuel, cuya coinfección afecta a cerca de un 50% de la población penitenciaria, según fuentes médicas, recibían un tratamiento a base de interferón y ribabirina. A este tratamiento «que ya es caro», explica el doctor Manuel Leal, «responden 1 de cada 4 pacientes del genotipo 1», los casos más frecuentes. El caso de Manuel.
Pero la industria farmacéutica desarrolló hace dos años un nuevo medicamento «inhibidor de la proteasa y que desciende la carga viral de una manera hasta ahora desconocida», el telaprevir. Está probada su eficacia con pacientes infectados sólo con hepatitis C pero no hay suficientes estudios para los pacientes coinfectados, es decir, enfermos de VIH y hepatitis, con lo que prima la prudencia. El Servicio Andaluz de Salud ya lo está administrando a enfermos con las características de Manuel, «con los criterios que ha recomendado el Ministerio de forma razonable» y «está resultando eficaz en un 75% de los casos», asegura el doctor Leal.
A principios de junio, las autoridades de la prisión han dejado salir a Manuel para que pueda ser sometido a un nuevo examen médico. Y en breve, a la espera de un último informe, su abogada va a presentar ante el juzgado la solicitud de ingreso en el hospital, en cuyo caso Manuel sería tratado y los gastos correrían a cargo del Servicio Andaluz de Salud, como han confirmado fuentes de la Consejería. La historia de Manuel es, para la Oficina del Defensor, «motivo de alarma social, no sólo para la vida de este interno, sino para el extenso grupo de personas en prisión que presentan ambas patologías». Y mientras, las infecciones de Manuel siguen avanzando. Y Manuel sigue esperando.
Dos internos de un mismo módulo de la Prisión Provincial de Huelva han fallecido esta madrugada y otro se encuentra ingresado en el hospital Juan Ramón Jiménez de Huelva en estado grave, hechos que investiga Instituciones Penitenciarias.
Fuentes del centro penitenciario han confirmado esta información, al tiempo que han indicado que «todo apunta» a que la muerte a estos dos presos ha sido provocada por «una sobredosis» por un consumo excesivo de drogas.
El servicio de Inspección de Instituciones Penitenciarias ha abierto una información reservada (una investigación) para esclarecer si personal de laboratorios farmacéuticos privados han tenido acceso al historial clínico de presos enfermos de hepatitis, algo que prohíbe la ley.
La Inspección, que ya ha tomado declaración a ocho trabajadores de cárceles andaluzas, entre médicos, ATS y farmacéuticos, inició sus pesquisas a raíz de la denuncia de un médico de una prisión, a la que se sumó el sindicato ACAIP-USO.
J.A. Vilasó Pardavila, que continua en régimen de aislamiento encubierto en la cárcel de Mansilla de las Mulas a pesar de las numerosas protestas que provocó su situación, es víctima de numerosas represalias, entre ellas la supresión del translado en ambulancia en las salidas al hospital, lo cual repercute negativamente en su estado de salud, ya muy grave.
Vilasó Pardavila, que, después de ser recluido en la llamada Zona Cero de la enfermaria en represalia por haber dado un par de besos a una conocida con que topó en la cárcel, había emprendido una huelga de hambre a pesar de la grave enfermedad que padece (VIH y cáncer linfático) en defensa de sus derechos tuvo de abandonar la protesta y aceptar recibir medicación debido a los dolores insoportablis que sufre.
El Centro para el Estudio de los Prisioneros ha denunciado que 71 Ciudadanos de Palestina perdieron la vida en diversos centros de detención del régimen Israelí tras ser sometidos a torturas.
El reporte, emitido en el marco del Día Internacional en Apoyo de las Víctimas de la Tortura que se conmemora cada año el 26 de junio, también indica que el uso de la fuerza de los israelíes ha puesto en riesgo la vida de otros cinco mil palestinos encarcelados en los territorios ocupados.
El organismo ha recibido más de 900 denuncias por casos de torturas dirigidas contra exreclusos palestinos liberados.
Estos hechos que se han juzgado en la Audiencia Nacional se inician en el mes de diciembre de 2005. El preso tenía 26 años de edad. No estaba previsto que saliera de la cárcel hasta el año 2019.
La sentencia detalla que el día 14 de diciembre sufrió de pronto una crisis epiléptica. Tenía alterada su conciencia y orientación. Fue llevado a la consulta del servicio médico de la cárcel. El facultativo le prescribió un tratamiento y los síntomas mejoraron. El recluso le explicó al médico que una semana antes había tenido un episodio parecido. Ante esta situación se pidió una consulta a neurología, que se programó para el día 12 de enero de 2005.
Sin embargo, el día 20 de diciembre el interno volvió a sufrir una crisis convulsiva. Estaba desorientado y no respondía a las órdenes verbales. El médico sospechó que esta crisis estaba relacionada con el consumo de drogas. Se le prescribió un medicamento y mejoró.