Categoría: <span>La cárcel mata</span>

Encuentro_cartel

DOCUMENTO DE TRABAJO PARA EL 1er ENCUENTRO DE PLATAFORMAS DE AFECTADOS POR LA HEPATITIS C: 

LA SITUACION DE LOS AFECTADOS POR VHC EN LAS PRISIONES ESPAÑOLAS

INTRODUCCIÓN:

Desde que las plataformas de afectados comenzamos a indagar sobre la situación de los reclusosafectados por el VHC y sobre el acceso a los tratamientos de nueva generación para estos enfermos, nuestra preocupación ha ido progresivamente en aumento en la misma medida que íbamos obteniendo, con gran dificultad debido al hermetismo de los centros y los organismos penitenciarios, alguna información.

A la vista de la gravísima dejación de la que el colectivo de personas presas afectadas por el VHC está siendo objeto por parte de la Administración General del Estado con la complicidad de las Administraciones Autonómicas, la mayoría de las Plataformas de afectados decidió asumir como una reivindicación preferente la lucha por conseguir que este colectivo sea tratado como establece la “CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA¨, es decir en igualdad de condiciones que el resto de ciudadanos.

Actividad en la calle La cárcel mata VHC

Copiamos la noticia aparecida en el Diario de Jaén sobre la muerte de un preso denunciando lo injusto de su condena:

Miguel era un interno del centro penitenciario. Cuentan que nació en Úbeda y que tenía 53 años. Ayer apareció muerto en la enfermería de la prisión. Cuando, a las 7:55 horas, los funcionarios comenzaron el recuento, se lo encontraron muerto en la cama.

Llevaba en huelga de hambre desde mayo, que fue cuando entró en la cárcel. Había sido condenado por el Juzgado de loPenal número 3 por un delito de resistencia a la autoridad. Si todo marchaba bien, su estancia en la prisión debía de ser fugaz, ya que tenía que pasar 10 meses para cumplir su condena. A tenor de lo que tienen por delante muchos de sus compañeros, nada grave.

Sin embargo, Miguel siempre pensó que era un castigo injusto. Unos meses antes, ya estuvo interno en prisión preventiva, aunque el juzgado decretó su puesta en libertad hasta que se celebrara el juicio. Durante ese tiempo, ni comía, ni hablaba. Si necesitaba algo urgente de un funcionario, lo escribía. Además, su huelga de hambre era tan singular que no la comunicaba al centro. Fue el personal médico de la prisión el que detectó lo que le ocurría en uno de los controles. En mayo, volvió a la prisión y, otra vez, dejó de comer y de hablar. Ya lo conocían de la otra vez, por lo que estuvieron atentos y constataron que repetía las pautas de comportamiento anteriores. Estuvo ingresado en junio en el hospital al agravarse su estado de salud. Todos los protocolos se encontraban activados para que el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria autorizara su alimentación —en contra de su voluntad—. En cambio, cuando pasó unos días en la planta del Complejo Hospitalario, sí que volvió a comer. Se recuperó en el hospital y volvió a la prisión, pero, cuando se vio allí, otra vez, dejó de ingerir alimentos. Tampoco lo dijo, por lo que sus controles médicos y visitas al Complejo Hospitalario de Jaén se hicieron frecuentes. De hecho, volvió al hospital.

El martes por la mañana, fue dado de alta. Ingresó en el centro penitenciario, aunque, durante la noche, volvió al Complejo Hospitalario porque los médicos de la prisión vieron que su salud era muy débil. A las dos de la madrugada, una ambulancia lo trajo de regreso a la cárcel. Ayer, a las 7:55 horas, los funcionarios lo encontraron muerto en una de las camas de la enfermería mientras hacían el recuento.

La cárcel mata

En la cárcel de Picassent “se mueren de sed”

Según diversas fuentes provenientes de personas presas recluidas en el  penal de Picassent en Valencia, ayer se produjeros situaciones de  emergencia humanitaria que atentan contra el derecho a la salud y al  trato digno de las personas encarceladas, derechos que la institución  carcelaria tiene la obligación de garantizar a quienes dependen  totalmente de ella por su condición de penados y que incomprensiblemente y por falta de previsión se violaron.

Este lunes, día 13 de julio en éste penal, los funcionarios, sin  previo aviso, han dado instrucciones de no usar el agua para consumo,  ni  por motivos de higiene (lavarse, ducharse, etcétera) debido a que la depuradora de agua en situación de limpieza y mantenimiento. El  agua tenía una hipercloración que hacía peligroso su contacto por lo  que no podía lavarse las manos, los dientes o ducharse y mucho menos beber agua del grifo.

Desde la dirección, para afrontar esta situación de emergencia se ha  recurrido a racionarles el agua potable, dándoles una botella de agua  de litro y medio para todo poder beber y lavarse durante todo el día  (de 8 de la mañana a 8 de la tarde), lo cual resulta totalmente  inaceptable y vejatorio si tenemos además en cuenta las condiciones de  extremo calor que hicieron alcalzar, según los termómetros, temperaturas de 35 grados durante el día. Esto además de limitar las  actividades diarias, ha provocado conatos frecuentes de deshidratación  entre las personas presas que claramente podían ser evitadas si se hubieran previsto las consecuencias de cortar el uso del agua. Además,  pueden existir efectos no visibles a corto plazo en los casos de  quienes ante su situación de desesperación por la sed y el calor hayan  ingerido o utilizado el agua contaminada.

Para que jamás se vuelva a producir esta situación que, al parecer no  es la primera vez que ocurre, queremos que los medios de comunicación  se hagan eco mediante este comunicado informativo para que se exijan  responsabilidades a la dirección del penal y con el fin de que  intervenga la autoridad judicial competente enviamos este comunicado  al Juzgado de Vigilancia Penitenciaria con el fin de que intervenga.

Salhaketa

La cárcel mata

La medicación para la hepatitis C de los pacientes que se encuentren recluidos en centros penitenciarios debe ser abonado por Instituciones Penitenciarias y no por los servicios autonómicos de salud. Así lo ha establecido el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León en una sentencia que zanja un litigio entre el Servicio de Salud de Castilla y León (Sacyl) e Instituciones Penitenciarias y contra la que no cabe recurso.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJCyL estima que «la consideración del triple tratamiento de la Hepatitis C como de diagnóstico hospitalario», calificado así por la Agencia Española de Medicamentos (Aemps), es un hecho suficiente para considerar que estos tratamientos deben ser «a cargo de la propia Administración Penitenciaria». Cabe recordar que la administración penitenciaria debe afrontar los gastos de los medicamentos ambulatorios, mientras que los de aquéllos de Uso Hospitalario se afrontan por las comunidades autónomas. En este caso, la disputa venía por la consideración de medicamento de diagnóstico hospitalario y dispensación hospitalaria, así como por la ausencia de cupón precinto.

La cárcel mata VHC

En el juzgado número 1 de instrucción de Lugo se acumulan ya más de una docena de casos que salpican a funcionarios, médicos e incluso al director de la cárcel lucense de Bonxe. Algunos, referidos a presuntas desatenciones sanitarias que derivaron en la muerte de varios reclusos; otros, a supuestos favores ilícitos y beneficios para presos VIP; alguno más, a posibles malos tratos entre rejas.

El  caso abierto investiga la historia de Santos Lage, un enfermo que agoniza después de consumir 22 de los 53 años de su vida en celdas, y que asegura que la cárcel de Bonxe le ha “robado cuatro años” de libertad. El ex-preso enfermo de VIH, hepatitis crónica, atrofia muscular, desnutrición extrema y varias dolencias más, declaró en el juzgado y en la misma mañana fue examinado por un forense para determinar qué parte del deterioro físico de este extoxicómano se pudo deber a la mala atención de unos servicios médicos carcelarios que la juez vigila con lupa desde hace unos años.

La cárcel mata

Juan Carlos Rico Rodríguez, desde la cárcel de Madrid VII-Estremera, nos comunica cuál es su nueva situación penitenciaria tras hacer una denuncia al defensor del pueblo de otra muerte en esa cárcel de Estremera:

“(…) Referente a mi situación regimental-carcelaria, esta ha dado un giro de 360º. Te cuento. De momento no les ha gustado nada a II.PP. los comentarios que suelo mandar, y como ya te dije, cuando vine de permiso, me prepararon una encerrona y total, me suspendieron los permisos, que al final la sección 5ª ha ratificado: ya no hay permisos, o sea que del bloque último (de 9 días) tan solo he disfrutado de 3 y del anterior (de 9 días también) de otros 3, o sea dos permisos y se acabó el espejismo “reinsertador”; ya contaba con ello.

No contentos con eso, el día 14 de mayo a las 16:30 h. tarde, me vinieron a la celda y me notificaron el Art. 75.1 del R.P. “por los hechos ocurridos el día 13 y ese mismo día 14” (así consta en la resolución de la Dirección de la cárcel, o sea ni tan siquiera me informaron de cuáles son los «hechos» mencionados en la resolución, lo que produce indefensión, pues difícilmente te puedes defender a nivel jurídico, si ni tan siquiera sabes de qué se te acusa) y bueno, A…, aquí me tienen en el módulo de aislamiento desde el día 13. Ni tan siquiera he recurrido a la amparadora de torturadores, la juez de Vigilancia Penitenciaria nº 5 de Madrid MARÍA DEL PRADO TORRECILLA COLLADO, ya que ella, es la máxima responsable de los varios asesinatos que se han producido en esta prisión.

EL MOTIVO REAL, por el cual me han aislado, ha sido porque el día 6 de mayo del año en curso, presenté escrito ante el Defensor del Pueblo, por la muerte, debido a una negligencia médica, de un compañero: JORGE BENITO RICO, el día 15 de abril 2015, el cual ocurrió en la enfermería, tras salir por su propio pie a las 17:00 horas tarde del módulo 2; ya que se encontraba mal, enterándonos de que fallecía a las 19:00 horas tarde en la enfermería… ese ha sido el motivo, pero claro, no me lo van a poner en la resolución del Art. 75.1 y como no tienen ningún motivo pues ponen lo que ponen, hechos que ni sé cuáles son y que ni tan siquiera existen. Es lo que hay. (…)»

Juan Carlos Rico Rodríguez, 30- 05-2015, desde el CP de Madrid VII

Desde dentro La cárcel mata

La cárcel mata VHC

El sábado pasado, por la mañana temprano, los boqueras de la cárcel de Villabona «encontraron» ahorcado a un preso en la enfermería del «establecimiento», de la que mucha gente dice que parece un psiquiátrico, porque está llena de enfermos mentales de los muchos que vagan perdidos y abandonados en los módulos carcelarios españoles. La prensa servil no dice el nombre del muerto, aunque sí que tenía 64 años y que estaba incluido en el «protocolo antisuicidios», uno de tantos paripés talegueros mediante los que la siniestra institución penitenciaria intenta disfrazar su inhumanidad. La cárcel mata –como la de Villabona, que ha escupido su cuarto cadáver en seis meses–, no cura ni reinserta. Su función es almacenar, como si fueran residuos radiactivos, a pobres, disidentes y gente imprevisible para neutralizarlos, explotando al mismo tiempo las operaciones e infraestructuras necesarias, como un conjunto más de «servicios» en el mercado, y creando además puestos de trabajo para los conformistas con las suficientes tragaderas como para aceptarlos. ¿Y qué importa si mueren los presos? Así prospera el sector funerario. Los carroñeros de la izquierda del régimen borbónico heredero de Franco, como Llamazares, intentan aprovecharse igualmente de la desgracia ajena para promocionar sus intereses. ¡Pandilla de hipócritas! Hacen buen conjunto con Soledad Becerril, la defensora de la «doctrina Parot» y cómplice por omisión de la tortura a presos y detenidos. Y dicen que se han unido para defender la UTE, el buque insignia de la torpe demagogia regeneracionista promovida por el PSOE del GAL y de los FIES para disfrazar, imponiendo a los presos un retorcido y degradante tratamiento conductista, su verdadera opción por el derecho penal del enemigo. ¡Malditos sean todos esos buitres! Y que dejen en paz a nuestro compañero, una víctima más de su rapacidad y cobardía

La cárcel mata

11201170_877923898947277_1038540952962605790_n

Como Belén Vázquez Campillo sigue presa, en peligro de muerte a causa de la hepatitis C y la cirrosis, sin tratamiento y sin que ninguna autoridad sanitaria, judicial o carcelera haya dado ninguna garantía fiable de que se le vaya a proporcionar o de que se le vaya a excarcelar para poder recibirlo, ya que es su condición de presa y la negativa de la administración carcelera a sufragarlo lo que le coloca en tal situación de abandono médico-sanitario, proponemos se envíe el siguiente escrito o el que cualquiera quiera redactar por su cuenta a las «autoridades» que se proponen al final o a las que a cada quien se le ocurran:

A QUIEN CORRESPONDA

Belén Vázquez Campillo está presa en la Unidad Terapeútica Educativa (UTE) de la cárcel de Villabona, aunque ingresada en este momento, provisionalmente, en la unidad penitenciaria del Hospital Universitario Central de Asturias, en Oviedo. Ex toxicómana y portadora de anticuerpos de VIH, con las defensas extremadamente bajas, sufre un papiloma que pesa quilo y medio, está enferma de hepatitis C y de cirrosis muy avanzada. Todo esto nos consta, a pesar de que, por impedimentos burocráticos, ni ella ni su familia han podido aún tener acceso a su historia clínica. Y nos consta igualmente que, habiendo sido trasladada dos veces en coma hepático al citado HUCA y después del correspondiente diagnóstico, los médicos de la seguridad social decidieron empezar a prepararla para recibir el nuevo tratamiento contra la hepatitis C, el llamado “sovaldi”, único medicamento que podría salvarle la vida. Pero, cuando llegó el momento de aplicárselo, parece que la administración autonómica asturiana se negó a sufragarlo, por corresponder legalmente el gasto a la administración penitenciaria, que no ha dado ninguna muestra de haberse planteado siquiera el asunto. De manera que Belén fue devuelta a la cárcel, con cirrosis avanzada, en peligro de muerte, sin tratamiento y sin posibilidades en perspectiva de que se lo proporcionaran a corto plazo. La autoridad carcelaria no se pronunció en ningún momento al respecto, negándose el subdirector médico de la cárcel de Villabona, con quien se puso en contacto la familia, a facilitar la menor información sobre el tema, remitiendo a unas personas angustiadas por la salud y la vida de su hija a que se quejaran al Juez de Vigilancia Penitenciaria, si no estaban satisfechas. A los pocos días, Belén fue devuelta al hospital, pero esta vez enviada a psiquiatría y sometida a un tratamiento que podría afectarle el hígado, sin ninguna coordinación entre los dos departamentos médicos y sin que el de psiquiatría fuera informado ni se informara por sí mismo del estado global de salud de su paciente. En este momento, sigue Belén en el hospital, sometida a tratamiento psiquiátrico, sin información sobre si va a recibir o no el tratamiento hepático que necesita. Cuando los familiares se dirigieron al juzgado de vigilancia penitenciaria, para instar a quien corresponde a que velara por el respeto a los derechos de su hija, les dieron cita para agosto y a la abogada de Belén para junio. Presentada la correspondiente solicitud por escrito, todavía no se sabe nada sobre la respuesta de ese juzgado, encargado legalmente de la “tutela judicial efectiva” de los derechos de las personas presas.

La cárcel mata VHC

El de Belén Vázquez Campillo es un caso extremo dentro de la situación de abandono sanitario en que se encuentran al menos 14.000 personas enfermas de hepatitis C presas en las cárceles españolas. Ella está cumpliendo condena precisamente en la UTE de Villabona, llamada “la cárcel de la esperanza” en la demagogia correccionalista esgrimida en tiempos de Zapatero por la “izquierda” de la partitocracia española, quizá para distinguirse superficialmente de la fracción derecha, con la que se ha alternado en el gobierno durante tantos años, compartiendo, además del negocio del poder, una política criminal y penitenciaria basada en el “populismo punitivo”, en el desarrollo de una “industria del control del delito” y en la exclusión material y formal de la condición de persona y neutralización física de pobres, migrantes, rebeldes y “enemigos”. Sin abandonar nunca esa estrategia de dominación, el partido del GAL y del FIES fomentó durante su anterior mandato “experiencias” como las “unidades terapeúticas y educativas” y los “módulos de respeto” donde se pretende implementar y justificar para el Estado y sus carceleros un “poder terapeútico” que atenta contra la dignidad de las personas sometidas a la “relación de sujección especial” penitenciaria en tanta o mayor medida que otras «experiencias», como el Régimen Especial de castigo o los FIES, de las que no es más que la otra cara de una misma moneda. Belén es ex toxicómana, portadora de anticuerpos del VIH, con las defensas extremadamente bajas; sufre un papiloma de kilo medio; está enferma de hepatitis C y de cirrosis muy avanzada. Después de salir dos veces en coma hepático al hospital de la calle y cuando estaba siendo preparada para la administración del “sovaldi”, único tratamiento que podría salvarle la vida, prescrito por los médicos de la seguridad social, se encuentra con que la administración autonómica asturiana se niega a sufragarlo, por corresponder legalmente el gasto a la administración carcelera, que no dice “esta boca es mía”, quedando Belén en peligro de muerte, sin tratamiento y sin ninguna perspectiva de poderlo recibir.

La cárcel mata Mujeres presas VHC