Categoría: <span>La cárcel mata</span>
Nos ha llegado con mucho retraso esta carta en homenaje al compañero muerto en aislamiento, después de 18 años en esa situación inhumana y más de 20 de cárcel. El día 13 de octubre, un día antes del verdadero primer aniversario de su muerte, que fue el 14 de octubre de 2016, porque el 14 caía este año en sábado y ese día no salen los escritos, unos cuantos compañeros presos en la cárcel de Puerto I cursaron escritos al congreso de los diputados, defensor de nadie y otras autoridades, recordando la muerte de su compañero de lucha, denunciando las mismos tratos crueles, inhumanos y degradantes que él sufrió y reivindicando lo mismo que él reivindicaba.
Tus compañerxs ni olvidamos ni perdonamos, José Ángel Serrano Benítez
Es raro el día en que unx levanta el boli sin mecanismo, sin ser un autómata, sin dirigirme a estxs que nos oprimen tan cruelmente. Por aquí no olvidamos ni perdonamos tu muerte (tu asesinato), levantaremos la voz y el boli en tu memoria, el 14-X-2017, Francisco (Rubi), Toni, y Patricio (Gofio). Exgimos el esclarecimiento y delimitación de responsabilidades por ti, compañero, amigo. Me consta que Adrián y Peke en Castellón II también lo harán, Adrián me dijo de organizar algo, pero llegó su carta tarde y haremos individualmente lo que podamos. Solo desde esta celda, un grito desgarrado, una pena inmensa al recordarte. Me trae las estrofas de Miguel Hernández a la memoria mía que es la tuya. Desde Puerto I te las mando allá donde estés, espero que sea más leve que las celdas por las que pasaste. Diecisiete años, primer grado, primera fase. Estxs asesinxs nos tendrán que escuchar, mal que les joda. Te dejo con Miguel Hernández muerto por tuberculosis en la cárcel. Abandonado como tantxs presxs.
“A las aladas almas de las rosas
del almendro de nata te requiero,
que tenemos que hablar de muchas cosas,
compañero del alma, compañero”
En Puerto I no olvidamos, no perdonamos.
Es difícil levantar el boli sin mecanismo, sin rutina la contrainstitucional que acostumbro; difícil decir algo cuando el silencio te acuna, compañero. No olvido, no perdono, no comprendo, no admito. No somos pocxs lxs que te recordamos. Así que aquellxs que permitieron tu muerte tendrán que escucharnos otra y mil veces mas, lo haremos por tu memoria y por la necesidad de saber, y por la necesidad de que no ocurra más, lo hacemos con el corazón pero también con la rabia. Jose, allá donde estés, amistad y rebeldía contigo y con Silvia, que nadie dude que lo seguiremos haciendo, seguiremos luchando. Ánimo, fuerzas, Silvia.
Salud, rebeldía y amistad a lxs que fuera y dentro lucháis por una sociedad sin jaulas.
¡Fuego a las prisiones!
Toni
José Ángel Serrano apareció muerto en una celda de aislamiento en la prisión de Zuera, Zaragoza, el 14 de octubre de 2016. Su compañera lo había visitado 24 horas antes. El preso social, natural de Bilbo, cumplía aquel día 40 años. Seguía un tratamiento siquiátrico de antiguo. En ese momento padecía una severa infección bucal. Al día siguiente, funcionarios de la prisión le encontraron muerto, desnudo junto a la puerta de su celda.
Los hechos fueron denunciados públicamente por Salhaketa y la compañera sentimental del preso y letrada Silvia Encina el pasado enero. Expuso ya entonces que había circunstancias que rodeaban la muerte que necesitaban ser aclaradas. Ayer compareció de nuevo ante los medios en Gasteiz, acompañada también de representantes de Salhaketa para denunciar que el juez ha decidido archivar el caso «sin practicar toda la prueba admitida» en un procedimiento plagado de «incumplimientos».
En ese contexto recordó que la primera autopsia solo tomó muestras de analíticas de consumo de tóxicos. Arrojó como resultado parada cardiopulmonar por edema agudo de pulmón, y se realizó «sin consultar el expediente médico». Ya entonces se les negó el derecho a ver el cuerpo si no firmaban el enterramiento, lo cual impedía una segunda autopsia. «Tuvimos que insistir para personarnos como acusación en el procedimiento, el juzgado siguió negando sistemáticamente todas las pruebas solicitadas», según rememoró Encina.
La Audiencia de Zaragoza autorizó la práctica de una autopsia tres meses después de la muerte y solicitó las declaraciones de funcionarios y médico de guardia que estaban la noche de la muerte con la coletilla «por el momento», una «triquiñuela procesal» que se ha utilizado, según denunció, para señalar que no se recurrió a tiempo. La familia había pedido ya entonces que declararan las personas presas que estaban en la galería esa noche.
Una «extraña sustancia»
Explicó la letrada que declararon cuatro funcionarios, no todos, y el médico, pero no el que estaba de guardia durante la noche sino el que se incorporó por la mañana. Agregó que las declaraciones no dejan claro por qué el funcionario de guardia no acudió al timbre de auxilio, ya que negaba que hubiera sido pulsado. La familia volvió a solicitar las declaraciones de los presos, la respuesta fue que debieran haber recurrido. Su testimonio es fundamental, porque son las únicas personas que no trabajan para la prisión, según aclaró, y hay cuestiones como el que esa noche no hubiera el preceptivo recuento o el hecho de que el preso estuviese junto a la puerta de la celda, fuera del campo de visión, que arrojan dudas sobre qué pasó y cómo se produjo la petición de auxilio.
Además, la segunda autopsia, seis meses después, realizada según las pautas establecidas en casos de muerte súbita o bajo custodia, reveló que José Ángel murió atragantado por una sustancia extraña que ocupaba el tramo desde la garganta hasta un tercio de la traquea y descartaba el edema agudo de pulmón. Al no haberse ordenado conservar el cuerpo debidamente, el estado que presentaba el cadáver seis meses después condicionó muchos aspectos, entre ellos la verificación de malos tratos. «José Ángel tenía muchísimas cicatrices», reveló Encina.
Con esta información, la familia volvió al juzgado un viernes y el lunes el juez dictó el sobreseimiento y archivo de diligencias «sin haber practicado toda la prueba», denunció. Según agregó, «toda la prueba se nos ha denegado por providencia en lugar de un auto razonado».
Al dolor incomparable que ocasiona la pérdida de un ser querido los allegados de José Ángel Serrano tuvieron que sumar la zozobra y pesadumbre que rodearon las circunstancias de su fallecimiento, el 14 de octubre de 2016. Preso en Zuera, con 18 años de aislamiento y enfermo, su muerte dejó abiertas muchas interrogantes, algunas de ellas expuestas por su compañera Silvia Encina, que le había visitado 24 horas antes. Se preguntaba entonces por qué, precisamente aquella noche, el interfono de auxilio no funcionó; explicaba que le habían obligado a tomar conjuntamente la medicación de su tratamiento siquiátrico y la de la infección bucal que padecía; y denunciaba que les habían instado a consentir su enterramiento sin el informe preceptivo si querían darle un último adiós.
Demasiadas irregularidades y preguntas sobre las que no se ha arrojado ninguna luz en el año largo transcurrido. Es más, el archivo de la causa sin practicar toda la prueba requerida no hace más que convertir la duda en sospecha y activar las alarmas. Las contradicciones existentes entre las dos autopsias realizadas y la decisión, arbitraria, de no tomar declaración a los presos, únicos testigos sin vinculación profesional con la prisión, son motivo para ello.
Cuando una persona fallece estando bajo custodia de funcionarios públicos debería ser la administración la primera interesada en esclarecer lo ocurrido. Así debería ser si tuviera limpia la conciencia y la certidumbre de haber actuado correctamente. Pero, desgraciadamente, el caso de este vecino de Bilbo no es el único, ni el deceso de José Ángel fue un hecho aislado en su vivencia carcelaria. Al contrario, como dijo entonces su compañera, «lo natural es morir en la situación en la que vivía». Quizá es esa la cruda realidad que algunos no quieren que se conozca. Al año 230 personas mueren en las cárceles españolas, un dato escalofriante que no cambiará mientras se mantenga esa vergonzante omertà sobre lo que ocurre en su interior.
Hablamos con gente del Grup de Suport a Presxs de Lleida sobre su actividad y planteamientos y sobre la marcha de antorchas contra la cárcel de Ponent convocada para este mismo sábado. Enseguida, hablamos con Emilia sobre la muerte de su hijo, Emilio Francisco García Rivera, en la cárcel de Picassent, en marzo de 2017 y sobre cómo se ha visto su familia golpeada por la cárcel. Nos hacemos también eco de las últimas sesiones del juicio contra seis personas acusadas de desórdenes públicos, atentado a la autoridad y daños, por las movilizaciones de 2014 en el barrio De Gamonal de Burgos contra la construcción de un bulevar sin tener en cuenta más que los intereses de los caciques y nunca los del vecindario, ni siquiera su opinión al respecto.
Entrevistamos a Noe y Toñi, hermana y madre de Luis Acedo, muerto el año pasado después de haber sido abandonado, sin diagnóstico ni tratamiento, con un cáncer que terminó matándole, sufriendo terribles dolores, tirado en el patio de la cárcel de Picassent. Los médicos carceleros responsables declararon el lunes en la querella que la familia ha interpuesto contra ellos por lo sucedido. Leemos después algunos comunicados de compañeros presos en lucha. Y conversamos también con un compañero de Burgos que nos cuenta lo que ha ido pasando en las sesiones del último juicio contra habitantes del barrio de Gamonal, por oponerse en 2014 a los planes caciquiles de construir un bulevar desatendiendo los intereses y la voluntad del vecindario.
Luis Manuel Acedo Sáenz llevaba dos años cumpliendo condena en la cárcel de Picassent. Trabajaba en talleres para mantener a su hijo y hacía deporte, intentando llevar una vida activa y positiva que le permitiera salir de la cárcel con la mayor integridad posible. Pero un mal día empezó a sentirse demasiado cansado para mantener el ritmo de vida que había decidido adoptar. Poco después, le salieron unos bultos de los que en la enfermería de la cárcel no supieron decirle qué eran ni darle ningún remedio eficaz. Enseguida empezaron los dolores en el abdomen; “me duele por dentro”, decía. Iba a la enfermería todas la semanas, pero el médico carcelero ni sabía lo que tenía ni se dignó enviarle al hospital de la calle para que le hicieran ningún tipo de prueba. Se limitó a dar palos de ciego con diversos analgésicos y antiinflamatorios, que no paliaron ni poco ni mucho ni nada los terribles dolores que estaba sufriendo Luis.
En poco tiempo, debido al dolor y al cansancio, fue bajando el ritmo en el gimnasio hasta que tuvo que dejarlo definitivamente. Pronto tuvo que dejar también el trabajo. Le dieron una baja de cuatro días y, después, sin más, lo echaron al patio definitivamente. Iba perdiendo peso, mientras el dolor se hacía cada día más fuerte y continuo. Y así pasó dos meses, tirado en el patio, bajo la mirada indiferente o despectiva de los responsables, sin diagnóstico ni tratamiento adecuados para el cáncer de páncreas con metástasis en el hígado que padecía. Seguía visitando la enfermería y pidiendo inútilmente ayuda a quienes estaban legalmente obligados a cuidarle. Mandó dos cartas a los responsables rogando por su vida, a las que ellos no hicieron ningún caso.
Cuando, bajo la presión de la madre de Luis, alarmada por el estado en que veía a su hijo, decidieron sacarle al hospital para hacerle las pruebas correspondientes, ya era demasiado tarde. Aún tuvo que aguantar algún tiempo en la situación miserable que hemos descrito, hasta que, una vez fue seguro que no tenía salvación, siguiendo la inhumana política al respecto de la SGIP, decidieron excarcelarle para que muriera fuera. Eso sucedió a mediados de agosto de 2016, después de un corto tratamiento que solamente alcanzó a paliar un poco los terribles dolores, pues ya no se podía hacer nada más. No le habían dejado ninguna otra opción que el abandono, el dolor y la muerte.
El día 6 de noviembre en los juzgados de Picassent (Valencia) va a declarar el subdirector médico de la cárcel de Picassent responsable, por su negligencia, incompetencia e inhumanidad, del sufrimiento de Luis, de su agonía en condiciones miserables y de su pérdida de la oportunidad de intentar por lo menos curarse. También declara un compañero, que, estando preso en el mismo módulo, fue testigo de todo ello. La familia de Luis puso una querella denunciando lo ocurrido que fue admitida a trámite. Ahora hay que verle la cara a ese “médico” carcelero apto para la tortura, pero no para la curación o el cuidado de nadie. Piden a las personas que puedan acercarse a hacerles compañía en la puerta del juzgado, que lo hagan, ya que, después de lo ocurrido, cuesta creer en un mundo humano en lugar de en un mundo donde los torturadores campan a sus anchas, porque es el suyo.
Hablamos con la familia de Manuel Fernández Giménez, muerto en la cárcel de Albocàsser, cuyo cadáver, enviado a su familia sin ninguna explicación satisfactoria, presentaba signos evidentes de violencia. Participa también Silvia con quien comentamos la impunidad, negligencia y oscurantismo en medio de los cuales suceden estas cosas en las cárceles del Estado español. Hablamos también del caso de su compañero, José Serrano Benítez, muerto el año pasado en la cárcel de Zuera, y de la plataforma Familias frente a la crueldad carcelaria que está impulsando un grupo de familiares de personas muertas en prisión.
Manuel Fernández Giménez, estaba cumpliendo condena en primer grado en la cárcel de Villena (Alicante II). Tuvo un problema con otro preso al que había prestado una tele y no se la quería devolver, y se pelearon. La madre de Manuel habló con el director de la cárcel y le pidió que trasladaran su hijo a otro módulo para evitar más enfrentamientos. El director le dijo que no podía hacer nada, que se arreglaran entre ellos. Se volvieron a pelear y, como castigo, trasladaron a Manuel a la cárcel de Albocàsser (Castellón II), en aislamiento. Él había estado ya en esa cárcel, quejándose a su familia de que le pegaban los carceleros.
A los diez o doce días, llamaron por teléfono a su madre, diciéndole que Manuel había fallecido el domingo, 22 de octubre, a la una de la madrugada, que el chaval había faltado al recuento y que habían ido a la celda que ocupaba y lo habían encontrado muerto. No le dieron ninguna otra información más que el teléfono de la funeraria. La madre habló con algún empleado de la misma que le preguntó si quería que trasladaran el cuerpo de Manuel a Murcia y ella le dijo que sí. Al principio, le dijeron que no sabían cuándo iba a llegar, pero a última hora avisaron de que ya estaba en camino y llegó a Murcia por la tarde, a las 18:30.
Cuando llegó el cuerpo, los empleados de la funeraria no les querían dejar verlo. Después de insistir, consintieron en que lo vieran los padres, pero sólo ellos. Estaba tapado hasta el cuello, de manera que sólo se le veía la cara. Pero pudieron ver que tenía heridas en ella y marcas de dientes en la frente. Exigieron que lo destaparan y pudieron ver que tenía lesiones y cardenales por todo el cuerpo: marcas en la barbilla que alguien cercano identificó como muy parecidas a las que deja un “taser” (aparato para aplicar descargas eléctricas); marcas de esposas y ataduras en muñecas y brazos, y también en los tobillos; tenia los dedos amoratados y algunas uñas rotas, como si hubiera estado forcejeando para defenderse; el pecho lleno de heridas y cardenales; marcas en el cuello… Hicieron fotos de todo y llamaron a la policía nacional para que vieran aquello. Vinieron cuatro agentes, pero se negaron a mirar siquiera el cuerpo, diciendo que no era cosa suya al haberse producido la muerte en Castellón.
Los empleados de la funeraria no trajeron ningún papel, ni certificado de defunción, ni informe de la autopsia, ni nada. Les tuvieron que exigir algún documento que certificara la situación, a través de una abogada, ya que se negaban a entregarlo, y les dieron un acta de enterramiento. Fueron con la abogada al juzgado de guardia con ese papel, allí lo denunciaron todo y pidieron una segunda autopsia. Nombraron una procuradora para pedir los documentos en el juzgado de instrucción nº 4 de Castellón, que lleva el caso. Llegó un papel que solamente decía que autorizaban a enterrar el cuerpo y que había muerto en Albocàsser de “muerte súbita a estudio”. Tuvieron que oponerse a la orden del juzgado de Castellón para evitar que enterraran el cuerpo sin tener en cuenta los signos evidentes de violencia que presentaba.
La familia se encuentra consternada e indignada por todo lo sucedido. No sólo les han entregado muerto a un muchacho de 28 años recién cumplidos que unos días antes rebosaba salud; les han comunicado la muerte con verdadera brutalidad; se han resistido en todo momento a facilitarles la menor información sobre lo sucedido: llamaran a quien llamaran, todos les daban largas, con burocrática prepotencia y sin ningún respeto por su dolor y ansiedad; cuando ven el cuerpo lo encuentran lleno de huellas de haber sufrido malos tratos; aún no saben nada de los resultados de la primera autopsia… Creen que ha muerto violentamente, a manos de los carceleros, ya que él estaba en aislamiento y no tenía contacto con nadie más. Piensan ir hasta el fondo del asunto y ya han presentado denuncia en el juzgado de guardia de Murcia, aportando las fotos de las lesiones que presentaba el cuerpo y exigiendo una segunda autopsia. Su abogada les ha comunicado que esta petición ha sido denegada, en espera de que se conozcan los resultados de la primera autopsia realizada supuestamente en Castellón. Temen que al demorarse tanto la intervención médica, ya no se pueda averiguar lo que ha pasado a través de ella, e incluso que el juzgado ordene antes que el cadáver sea incinerado.