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En los últimos años, series televisivas como ‘Prison Break’ o, más recientemente, ‘Orange is the New Black’ han convertido el sistema penitenciario estadounidense en materia de interés para el gran público. Sin embargo, estas series no suponen ninguna novedad para quienes ya estaban familiarizados con la situación en las cárceles de este país. Los Estados Unidos de América se encuentran a la cabeza del mundo en lo que se refiere a encarcelamientos. En la actualidad, 2,2 millones de personas se hallan cumpliendo condena en las penitenciarías del país, bien sean estatales o federales, lo que refleja un incremento del 500% en el número de reclusos en las últimas tres décadas. Pese a que los datos indican que los encarcelamientos a larga escala no son el medio más eficaz de disminuir el índice de criminalidad y de garantizar la seguridad pública, la política penitenciaria del país sigue regida por el principio de cuantos más arrestos, mejor.

Las detenciones, sin embargo, no afectan a la población de la misma manera. Varios colectivos, entre ellos Sentencing Project (Proyecto Sentencia, organización que desde 1986 trabaja en favor de un sistema de justicia criminal más justo y efectivo impulsando reformas en las políticas de condena, denunciando la disparidad racial y abogando por alternativas al encarcelamiento), han denunciado el acoso policial al que se ven sometidas las minorías étnicas y raciales, a las cuales pertenecen más del 60% de los reclusos. Para ser más exactos, uno de cada diez hombres negros rondando la treintena se encuentra en la cárcel en este momento. Esta práctica, conocida como «profiling» o evaluación por perfil (cuando un sujeto se convierte en sospechoso por su pertenencia a un grupo, bien sea étnico o racial), se ha ido intensificando en las últimas décadas debido al impacto de la denominada «guerra contra las drogas». A nivel federal, los reclusos con cargos relacionados con el consumo y/o distribución de drogas suponen la mitad de la población encarcelada, mientras que en las cárceles estatales el número de convictos ha crecido un 13% desde 1980. Dos tercios de las personas sentenciadas por asuntos relacionados con las drogas son de color. La mayoría de estos presos no son actores importantes en el tráfico de drogas, y muchos de ellos carecen de un historial previo de criminalidad.

Internacional

“Rehabilitación para Daniel”

Daniel Delgadillo, lleva dos meses y medio internado en el Hospital Santoyanni, y el “juzgado Nacional en lo Criminal Nº 20 le niega la posibilidad de una debida rehabilitación por ser un delincuente”. Así lo aseguró a la Agencia Para La Libertad una trabajadora del hospital. Daniel, de 27 años, tiene seis balazos en el cuerpo, con ambos pulmones perforados, fractura de fémur, diez clavos en el brazo derecho, rotura de un nervio… se halla completamente inmovilizado, y un gendarme que lo “cuida” le pegó tres sopapos cuando el joven le pidió que por favor no roncara toda la noche. Lo amenazan que irá al penal de Ezeiza, una de las prisiones con mayor mortalidad, por desatención médica y muertes violentas, “suicidios” y “ahorcamientos”, cuando necesita con urgencia un tratamiento de rehabilitación en un centro adecuado. Como dice la compañera, «no sobrevivirá en Ezeiza».

Carta de Javier Bonomo que lleva 125 días en huelga de hambre: «Me encuentro con mucho temor por mi vida»

Natalia Medina quien se halla en el acampe frente a los tribunales de Dolores, exigiendo la libertad de su esposo, Javier Bonomo, acudió hoy nuevamente a la Agencia Para La Libertad: “Los penitenciarios quisieron darle mil pesos y una “púa” a un interno para que lo lastimara a Javier. El pibe se les dio vuelta y pidió asistencia médica para mi marido. Y ahora está todo mal con el pibe, lo golpearon, está vomitando sangre, tiene las costillas rotas y hace materia fecal con sangre”. Javier, que lleva 125 días en huelga de hambre en un «buzón» de la U-6, reclamando la libertad que le corresponde según sus cuentas, ignoradas por los jueces, ha detallado en una carta las represalias que están tomando contra él los carceleros.

Internacional

La Cámara Federal de La Plata hizo lugar al habeas corpus colectivo presentado por Alejandro Gutiérrez, preso en Villa Devoto, en el que solicitó se deje sin efecto la resolución del Servicio Penitenciario Federal que trasladó a criminales de lesa humanidad, detenidos en Marcos Paz a la cárcel de Mujeres Madres. Recordemos que el pasado 23 de Mayo unas 30 cautivas en la U-31 fueron sacadas violentamente, para dejar sus lugares a 100 genocidas. Así su encierro se agravó copiosamente con la nefasta presencia. Desde ese día hasta entonces, una incesante movilización popular exigió la vuelta atrás de la medida: marchas al Servicio Penitenciario Federal, Petitorio impulsado por organizaciones populares, batucada de presos y cautivas, la denuncia incansable de las chicas y de los medios alternativos. Por su parte, desde el penal de Devoto, Alejandro “Mancu” Gutiérrez indicó a la APL que “me gratifica enormemente este fallo de la Cámara. Esperemos que lo cumplan con la misma rapidez que exigen los jueces, que respeten los derechos vulnerados de las compañeras, tanto de las que están como las que se fueron, y que no se vuelvan a meter con la población más vulnerable del ámbito federal que son las mujeres y madres de la unidad 31. Allí, existen todo tipo reclamos, como la asistencia médica de los chicos absolutamente deficitaria. Destaco la importancia de la participación de todos en esta lucha, los militantes de adentro y de afuera”.  El Tribunal resolvió que “en el plazo de 20 días se proceda a desalojar a los internos hombres y se reintegre a sus antiguos alojamientos a las internas desplazadas”. Para arribar a dicha resolución los magistrados han tenido en cuenta que “esa disposición agravo “las condiciones de detención de las internas”. Asimismo hicieron hincapié en que “los establecimientos de detención deben ser organizados separadamente para hombres y para mujeres”. Además, sostienen que “los talleres de la Unidad fueron destinados al alojamiento de los varones instalados en mayo de este año, razón por la cual, se han visto afectadas las actividades que en ellos se desarrollaban, menoscabando así el derecho a trabajar y educarse dentro del lugar de detención de sus antiguas ocupantes”.

Agencia Para La Libertad

Internacional Mujeres presas

Dirigentes políticos y jueces estadounidenses tienen algo en claro: que la mano dura y la tolerancia cero son mucho más rentables que la prevención del delito. Gracias a eso, las empresas que operan las cárceles privadas del país del norte ganan cada año miles de millones de dólares por un negocio tan jugoso como perverso y en el que las principales víctimas son los inmigrantes pobres. La gran mayoría de ellos llega a los centros de detención privados por las duras leyes vigentes y por la complicidad que el Estado y el aparato judicial mantienen con las compañías del rubro. Su estadía en estas prisiones incluye abusos, vejaciones y condiciones de vida inhumanas.

El negocio comenzó en los años 80, bajo la presidencia del conservador Ronald Reagan. En 1983, Jack Massey creó la primera empresa de cárceles en Estados Unidos: Corrections Company of America (CCA). Al año siguiente surgiría Wackenhut Corrections Corporation, que más tarde sería comprada por el Geo Group, actualmente la segunda compañía más grande del negocio carcelario, por detrás de CCA.

Ambas empresas, que controlan el 80% de las prisiones privadas, fueron creciendo a la misma velocidad que aumentó la población carcelaria.

Explotación en prisión Internacional

Según PIA (Periodismo Internacional Alternativo),  el Centro por los Derechos Humanos de Bahréin (BCHR, en inglés) informó el viernes de que al menos 600 prisioneros de este país están en huelga de hambre desde hace 11 días. El BCHR se mostró preocupado por los informes sobre los presos en huelga de hambre en la cárcel Dry Dock, ubicada en la isla de Muharraq, al noreste de la capital, Manama, que protestan contra las torturas que reciben.

Los prisioneros sufren “diferentes tipos de malos tratos que incluyen palizas, insultos, privación del uso de servicios sanitarios, encierros permanentes en sus celdas, injurias contra sus sectas, torturas, confinamiento solitario y la obligación de estar de pie durante muchas horas”.

No es la primera vez que los activistas prodemocráticos detenidos llevan a cabo tal medida. Desde 2010, decenas de huelgas de esta índole se han venido realizando en las cárceles de Dry Dock y Juw, declara el BCHR, lamentando que, actualmente, casi 3000 activistas estén bajo detención en este país árabe.

Internacional

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Atento llamado la opinión pública y al gobierno de Venezuela

A principios de julio de 2014, Bernhard Heidbreder fue detenido por las fuerzas armadas de Venezuela en Mérida. Desde entonces, este ciudadano alemán se encuentra en arresto policial en la central de Interpol Caracas en el Parque Carabobo de la capital venezolana. Las autoridades alemanas han solicitado su extradición puesto que en Alemania se llevan a cabo averiguaciones previas en su contra. Junto con otras dos personas, se acusa a Bernhard de haber sido hace veinte años miembro activo del grupo militante de izquierda K.O.M.I.T.E.E. En 1994, este grupo llevó a cabo un atentado de incendio contra un edificio del ejército alemán. Además, en 1995, planeó un atentado contra una prisión de deportación que se encontraba en obras de remodelación, pero, en último minuto, esta operación fue abortada. De acuerdo a estas acusaciones, y si Bernhard es extraditado a Alemania, le espera una severa condena de prisión.

Internacional

Reclaman que no están recibiendo educación, que la comida está en malas condiciones, que pasan frío, no hay calefacción, y que a sus familiares les cuesta un triunfo llegar hasta allí. Mientras las autoridades vienen vendiendo desde tiempo las características “europeas” y “lujosas” de la nueva prisión en Senillosa, inaugurada el pasado 1 de julio, la realidad es que las condiciones son pésimas. Uno de los reclamos está basado en que no pueden continuar con sus estudios, ya que se interrumpió el dictado de clases para el ciclo superior y los talleres no funcionan. El impedimento de contacto con sus familias es también un método de tortura, sea por el motivo que fuere. La medida tomada casi por la mitad de los presos encerrados en el nuevo edificio carcelario comenzó el lunes pasado y continuará hasta que reciban una respuesta a sus necesidades.

Agencia Para La Libertad

Internacional

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Cien genocidas fueron traslados desde Marcos Paz a la U-31, cárcel de mujeres y niños, recientemente, para beneficio de los criminales de lesa humanidad y perjuicio de las detenidas y sus niños, quienes vieron agravadas sus condiciones de encierro. Como se sabe, el rasgo distintivo del genocidio argentino fue la apropiación de bebés, lo que torna más repugnante aún esta medida. Así, tres decenas de chicas fueron “revoleadas” a otros penales y las que quedaron, cerca de 90, se ven obligadas a coexistir con los mayoristas de la muerte. Según fue denunciado a esta Agencia la idea del Servicio Penitenciario Federal es llenar todas las plazas de la U-31 con ex uniformados y de ese modo las las mujeres cautivas allí y sus hijos se verán gravemente afectados en algún sitio aún ignoto. ¡No lo permitamos! ¡Ningún genocida junto a mujeres y niños en la U-31!

Agencia Para la libertad

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Internacional

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MANIFIESTO

Analizando la situación  política y social de Marruecos uno no tarda mucho en descubrir que el país que iba a ser “la excepción” dista mucho de serlo. Ha llovido poco desde que se aprobó la nueva Carta Magna en el país, y ya ha quedado patente que el eslogan “Marruecos es una Excepción” que tanto se defendió y se difundió en occidente, no dejaba de ser eso: un eslogan, vacío, sin sentido y que respondía a intereses del momento, yendo contra de los deseos legítimos del pueblo marroquí.

Tres años después de una nueva Carta Otorgada, las violaciones de derechos humanos, la impunidad de los verdugos y la falta de transparencia en esta materia, siguen siendo una práctica habitual. Hoy por hoy, la libertad de expresión y de opinión en Marruecos ha devenido una profesión peligrosa. A día de hoy, el empeoramiento de los Derechos Humanos en el país ha quedado manifiesto.

Internacional

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El 13 de agosto murió en la cárcel de Fez, después de 72 días en huelga de hambre, Mustafa Meziani, estudiante de 31 años, militante del partido Annahj Addimocrati (Vía Democrática). Protestaba por su detención, la cual consideraba como un «castigo por sus actividades políticas», y denunciaba la negativa de las autoridades marroquíes a permitirle la inscripción en la universidad. El compañero marroquí que nos ha enviado la noticia, nos informa de que ha entrado en erupción un verdadero «volcán en las cárceles marroquíes: huelgas de hambre y actos de protesta de los diferentes grupos de presos políticos para condenar el asesinato».

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