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Las personas presas no se ven privadas tan solo de su libertad, sino también de derechos laborales básicos y de una cobertura sindical adecuada. Son los más explotados dentro de los trabajadores, acercándose en lo que se refiere en algunas de sus condiciones a países empobrecidos.A pesar de la legislación, en la actualidad el salario de los más de 12.000 trabajadores que existen dentro de prisión en España (el 40% de los que pueden trabajar) rara vez supera el 30% del SMI, llegando a cobrar menos de 1euro/hora. Además, se da la circunstancia con frecuencia de que una misma actividad, en algunos casos es retribuida y en otros no, algo para la asociación a todas luces “inadmisible”. La realización de horas extraordinarias no remuneradas, falta de descanso y vacaciones y la discriminación laboral ejercida contra las mujeres por parte de la administración, son otras cuestiones preocupantes.

La exposición de tal situación corre a cargo de Valentín Aguilar (abogado) y Fco. Javier Hervás (ex-preso y trabajador dentro de prisión).

Más información sobre la explotación en prisión

Explotación en prisión

La Delegación de Córdoba de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) ha venido acompañando en los últimos años a un sector de trabajadores peculiar: los privados de libertad. Ese acompañamiento se ha hecho imprescindible, ya que no se ven privados tan solo de su libertad, sino también de derechos laborales básicos y de una cobertura sindical adecuada. Son los más explotados dentro de los trabajadores, acercándose en lo que se refiere en algunas de sus condiciones -como la percepción del salario o falta de vacaciones- a países empobrecidos. Esta circunstancia debería ser sorprendente, teniendo en cuenta que la Constitución española establece contundentemente que el trabajo remunerado en prisión es un derecho de las personas presas y que además el empleador es una entidad pública dependiente del Ministerio del Interior.

Explotación en prisión

El trabajo que realizan en las cárceles alemanas miles de presos se paga entre 9 y 15 euros al día. Obligados a trabajar en muchos casos, esas condiciones no tienen nada que envidiar a la explotación laboral de los talleres de Bangladés o Paquistán, según dicen desde el Sindicato de Prisioneros-Organización Nacional (GG/BO), una novedosa iniciativa sindical surgida hace apenas año y medio en Berlín en favor de los derechos laborales de los presidiarios. Actualmente suma 800 afiliados en 70 cárceles de Alemania y Austria.

Explotación en prisión Internacional

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El título propuesto a esta entrada puede sonar cuanto menos polémico. Eso se pretendía. Pero cuando se escucha la noticia de que algún empresario ha sido detenido por tener trabajadores a tiempo completo, cotizando por ellos escasas horas y pagándoles 200 o 300 euros, nadie duda de la existencia de una explotación laboral. No obstante, si hablamos de privados de libertad, nos puede remover y generar dudas, pero sí, ante idénticas situaciones, mismos calificativos.

Debe partirse de que en la Constitución se instauró el derecho fundamental al trabajo y a la Seguridad Social de las personas privadas de libertad y, por tanto como tal retribuido, por lo que deben decaer posibles debates ideológicos sobre si deben retribuirse o no y por qué.

Si a la situación anteriormente descrita se adiciona que el acceso y salida del puesto de trabajo se hace sin seguir procedimiento o baremo alguno y de forma inmotivada, nadie puede dudar de la innegable diferencia con la forma de funcionar del resto de administraciones. Si esto lo hiciera cualquiera otra administración, los recursos contenciosos de sindicatos serían masivos y sin duda estimados.

Sin embargo, es en este peculiar espacio de centros de privación, aparentemente más necesitado de atención, donde nos encontramos con la presencia de sindicatos que defienden únicamente los intereses de los funcionarios o personal laboral de la Administración Penitenciaria, pero no de los trabajadores privados de libertad. La autorización para que los sindicatos lleguen a los presos no será fácil, pues ya manifestó el gerente de “Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo”, nombre de la entidad estatal de derecho público adscrita al Ministerio del Interior que gestiona el trabajo de los presos, que la vetarían alegando motivos de seguridad. Oposición que, lejos de razonable, no puede sino de algún modo confirmar sospechas de opacidad, pues por qué otro motivo no iba a permitir una administración el funcionamiento de unos interlocutores sociales tan importantes como son los sindicatos.

Sin lugar a dudas, y así se recoge en las Conclusiones de los XVI Encuentros Penitenciarios, el derecho a la libertad sindical de las personas privadas de libertad es indiscutible, pues éste solo puede ser privado por Ley Orgánica, lo que no sucede. Recuérdese que el propio TC ya señaló en su STC 236/07 que las personas en situación documental irregular que no trabajan pueden ejercer este derecho. ¿Cómo va a ser posible que quien si trabaje no pueda ejercitar estos derechos? ¿Es que la privación de libertad es otro estado?

A pesar de ello, las personas presas desean a toda costa acceder a un puesto de trabajo, pues es una ventana de esperanza, que aleja de la inactividad y permanencia en los patios,  acerca a los permisos y tercer grado y permite recibir unos pequeños ingresos que puedan aliviar las maltrechas economías familiares.

Dicha opción implica perder una serie de derechos como son el acceso a educación u otros programas de tratamiento, que se devienen incompatibles por el horario. Especialmente supondrá, a largo plazo, una merma económica y pérdida de colchón a la salida de prisión. Quien ha tenido la enorme “suerte” de haber trabajo, si ha cotizado el suficiente tiempo en prisión, perderá el derecho a la percepción del subsidio por excarcelación que tiene una duración de hasta 18 meses por un importe de 426 euros mensuales, para percibir entre unos 100 a 200 euros en atención a la escasa base de cotización declarada.

Quedarían por comentar algunos derechos como las vacaciones, que no se disponen en prisión, pues de disfrutarse no se abonan, contraviniendo así resoluciones de la Organización Internacional del Trabajo, o el derecho al percibo de un salario adecuado, que a veces se hace por número de productos elaborados o aprovechamiento de las horas realizadas. Algunos presos han denunciado que perciben alrededor de medio euro/hora. El precio oficial establecido está entre los 3 y 4 euros, con vacaciones y pagas extras incluidas, distando mucho del Salario Mínimo Interprofesional.

Por todo ello, se hacía preciso elaborar una guía para que los presos pudieran iniciar su defensa en la vía administrativa y facilitar materiales, resoluciones y textos a los letrados que son los que deberán asumir la defensa en el procedimiento judicial. En la actualidad el número de demandas es escaso por el desconocimiento generalizado de la especialidad de este campo, donde se entremezcla derecho administrativo con penitenciario y laboral.

Este documento ya ha sido elaborado por la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, con la inestimable colaboración del Consejo General de la Abogacía Española, la Fundación Agape y la Editorial Atrapasueños.

Valentín J. Aguilar

Coordinador de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía

Audio relacionado: Cárcel S.A.

Más información sobre la explotación de presos

Explotación en prisión

Queremos dejar constancia de la siguiente denuncia con respecto al mal funcionamiento o deficiente funcionamiento del servicio de demandadero.

Los productos demandados no se corresponden con los solicitados por los internos, o su calidad es inferior.

También se da el caso de productos que unas veces llegan y otras no porque no procede y no porque no haya existencias.

También resaltar la imposibilidad de devolución, ya que la gestión para tarda mucho y se pasan los plazos para ello.

Pero pese a todo ello la compañía que gestiona el demandadero, “El corte inglés”, no tiene ningún inconveniente en retirar el dinero de antemano, retirando del peculio un dinero muy superior a lo demandado y que, después tarda un tiempo en devolver.

Explotación en prisión

El mundo de las cárceles en España es un tema tabú, del que muy poca gente, salvo los que tienen familiares dentro, conoce su verdadera realidad. Como ocurre en nuestro mundo, del sufrimiento de los demás siempre hay alguien que obtiene provecho económico. Eso ocurre también intramuros. Los presos se han convertido en los nuevos esclavos del siglo XXI porque el Estado de Derecho se suele estrellar con los muros de las prisiones, como dice en una entrevista en este mismo número la abogada Charo González.

El negocio de las cárceles ha sido denunciado en numerosos foros de Internet, en publicaciones radicales o de apoyo a presos y en blogs de escasa repercusión. Los medios de masas casi nunca recogen noticias que pongan en duda a la institución penitenciaria. Sin embargo, lentamente, gracias sobre todo al testimonio de presos y organizaciones humanitarias o de apoyo a los reclusos, va emergiendo la información a la superficie.

El Organismo Autónomo de Trabajo y Prestaciones Penitenciarias (OATPP), dependiente de Instituciones Penitenciarias, funciona como una empresa de trabajo temporal (ETT) y tiene a más de 12.000 presos trabajando en unos 200 talleres. A ellos hay que sumar los que están bajo el control del CIRE (Centro para la Iniciativa de la Reinserción) de la Generalitat catalana, que va por libre. Los internos están cobrando sueldos ínfimos, no tienen derechos laborales y están generando una producción por valor de millones de euros con grandes beneficios para las empresas que los utilizan y que además tienen la ventaja de que se ahorran el pago de luz, agua, teléfono e incluso parte de las cuotas de la Seguridad Social, que corren a cuenta de la Administración; y todo ello gracias a los convenios con la OATPP.

Explotación en prisión

Conferencia sobre cómo está regulado el trabajo en prisión intentando responder a preguntas como estas: ¿Se aplica el estatuto de los trabajadores? ¿Quién se beneficia del trabajo de las personas presas? ¿Cuál es la realidad de los abusos sufridos por personas presas trabajadoras? ¿Sufren consecuencias por exigir sus derechos? ¿Interviene la inspección de trabajo? ¿Qué papel juega los sindicatos?

Valentín Aguilar, abogado experto en Derecho Laboral y coordinador andaluz del área de cárceles de la APDHA.

Más información:

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Explotación Laboral En Prisión 

Explotación en prisión

El Departamento de Justicia de la Generalitat catalana ha decidido rebajar los precios de los productos de los economatos de sus cárceles siguiendo la recomendación que le ha hecho el Síndic de Greuges después de una investigación abierta a raíz de la queja de 27 internos que consideraban excesivos los precios de los productos básicos. La aceptación ha sido acompañada de las primeras medidas por parte del Centro de Iniciativas para la Reinserción (CIRE) y desde enero han retirado 98 productos y han rebajado el precio a otros 97. Entre estos, la leche (un litro de leche semidesnatada ha pasado de 1,56 a 1 euro), el café soluble (se ha rebajado de 1,30 a 1,19 euros) o la crema dental (costaba 2 euros y ahora vale 1,89).

El CIRE también se ha comprometido a seguir trabajando en la línea recomendada por el Síndic y, desde un observatorio de productos y precios creado con este objetivo, está elaborando un estudio comparativo a partir de las datos del defensor del pueblo catalán. Éste ha recordado que «según la normativa, los productos ofrecidos a los economatos de los centros penitenciarios en ningún caso pueden ser superiores a los de los comercios externos situados en el entorno de los centros» y se ha mostrado satisfecho «con la buena disposición de Justicia para garantizar los derechos de los internos a disponer de productos básicos a precios razonables».

Antes de la rebaja, según el estudio comparado de precios elaborado por el Síndic, las tiendas de los centros penitenciarios gestionadas por el CIRE (Quatre Camins, Jóvenes de Quatre Camins, Brians 1, Brians 2, Lledoners y Mujeres de Barcelona) ofrecían productos un 35 % más caros que los comercios externos de referencia. El Síndic, ha recordado a la administración carcelera que «no puede dejar en manos de la empresa adjudicataria la fijación de precios» y que «es responsabilidad del CIRE controlar que los precios de los productos que se venden en las tiendas no sean superiores a los precios de los mismos productos en el exterior».

Fuente

Explotación en prisión

Dirigentes políticos y jueces estadounidenses tienen algo en claro: que la mano dura y la tolerancia cero son mucho más rentables que la prevención del delito. Gracias a eso, las empresas que operan las cárceles privadas del país del norte ganan cada año miles de millones de dólares por un negocio tan jugoso como perverso y en el que las principales víctimas son los inmigrantes pobres. La gran mayoría de ellos llega a los centros de detención privados por las duras leyes vigentes y por la complicidad que el Estado y el aparato judicial mantienen con las compañías del rubro. Su estadía en estas prisiones incluye abusos, vejaciones y condiciones de vida inhumanas.

El negocio comenzó en los años 80, bajo la presidencia del conservador Ronald Reagan. En 1983, Jack Massey creó la primera empresa de cárceles en Estados Unidos: Corrections Company of America (CCA). Al año siguiente surgiría Wackenhut Corrections Corporation, que más tarde sería comprada por el Geo Group, actualmente la segunda compañía más grande del negocio carcelario, por detrás de CCA.

Ambas empresas, que controlan el 80% de las prisiones privadas, fueron creciendo a la misma velocidad que aumentó la población carcelaria.

Explotación en prisión Internacional

12.000 presos trabajan en las prisiones de la Secretaria General de Instituciones Penitenciarias (el estado español, excepto Cataluña) según los últimos datos oficiales publicados[1] por el Organismo Autónomo de Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo, lo que supone alrededor del 40% de la población penitenciaria que puede trabajar.

Entre los años 2006 al 2011 el número de presos trabajadores subió de los 11.000 a los 12.442, respecto a un total de 57.000 personas. En el año 1997 eran 3.800 los presos trabajadores, época en la que la población reclusa apenas alcanzaba los 36.500 presos.

Estos presos trabajan en alguno de los 191 talleres productivos ubicados en 53 centros penitenciarios, dedicados a la carpintería metálica, la confección industrial o al cultivo en invernadero; o están ocupados en alguno de los servicios penitenciarios: cocinas y panaderías, mantenimiento, jardinería, lavandería… propios de cualquier prisión.

Explotación en prisión