Resumen de algunas sentencias dictadas por el Tribunal europeo de derechos Humanos de Estrasburgo sobre las condiciones del encarcelamiento y el trato dado a los presos.
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Estimado doctor:
No deseo morir, pero estoy preparado para correr el riesgo con que pueda llegar a hacerlo, porque estoy protestando por el hecho de que he sido encerrado durante más de una década, sin juicio, sometido a tratos inhumanos y degradantes y se me ha negado el acceso negado a la justicia. No tengo ninguna otra manera de comunicar mi mensaje. Usted sabe que las autoridades me han quitado todo.
Por esta razón, respetuosamente solicito que se permita a profesionales médicos independientes entrar a Guantánamo a tratarme, y que se les dé total acceso a mi historia médica, a fin de determinar el mejor tratamiento para mí.
La bilbaina María Atxabal recurrió a esta instancia tras no ser atendida por los tribunales españoles ni el de Estrasburgo. La incomunicación en manos de la Guardia Civil le provocó estrés post-traumático hasta hoy
IMPUNIDAD: SIN AVANCES EN LA LUCHA CONTRA LA TORTURA (Diagonal)
El Comité Europeo para la Prevención de la Tortura (CPT) del Consejo de Europa, publicó el 30 de abril un informe en el que denuncia casos de malos tratos, torturas y vejaciones a personas detenidas e internas por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FCSE). Diez miembros del Comité visitaron el Estado español entre el 31 de mayo y el 15 de junio de 2011. Durante su visita, recorrieron una decena de cárceles, dos CIE, seis comisarías de la Policía Nacional, tres de la Guardia Civil y cinco de los Mossos d’Esquadra.
En el informe se recogen casos de malos tratos y torturas en centros de detención, así como el mal estado de algunos de dichos centros. También se mencionan irregularidades en investigaciones de torturas y se remarca la falta de voluntad por parte de las autoridades para corregir errores ya detectados en visitas anteriores. Asimismo, se destaca la falta de cooperación de oficiales de la Guardia Civil en lo que se refiere al acceso a la Unidad de Detención del Servicio de Información en la Dirección General de Madrid, donde los oficiales negaron la entrada de la delegación durante más de una hora. Durante su visita a diferentes comisarías, la delegación recibió “alegatos creíbles y consistentes de malos tratos” de diez de las 11 personas entrevistadas que habían estado incomunicadas en operaciones llevadas a cabo por la Guardia Civil, según el informe. Diferentes técnicas de intimidación y tortura fueron aplicadas a los detenidos, “patadas y golpes con porras en la cabeza y en el cuerpo” o la práctica conocida como “la bolsa” (colocar una bolsa de plástico en la cabeza provocando sensación de asfixia) fueron también reportadas por algunos de los entrevistados. Hubo casos en los que “se vendó los ojos y se encapuchó a las personas detenidas” con la finalidad, según el informe, de evitar que los detenidos pudieran identificar a los agentes responsables. Asimismo, el Comité Europeo recoge que Beatriz Etxebarria fue violada con un palo en los calabozos de la Guardia Civil tras una redada en Bizkaia en 2011. Esta situación no coge por sorpresa al CPT, que durante dos décadas ha llamado la atención a las autoridades españolas sobre los malos tratos llevados a cabo en dependencias de la Guardia Civil.
Represión, desatención y dispersión de género. El sistema carcelario español, como un juego de matrioskas, mantiene en la mujer su nivel más alto de violencia estructural. Sólo existen tres cárceles específicas para mujeres en todo el Estado lo que supone que el 82,2% de ellas estén reclusas en módulos de Centros Penitenciarios mixtos en los que se convierten en una minoría desatendida. Los escasos módulos de mujeres también hace más propicia la dispersión. El 54,09% de las internas se encuentran en centros penitenciarios fuera de su comunidad autónoma. La situación se agrava cuando las mujeres privadas de libertad son madres y quieren ejercer como tales, el cierre sistemático de los centros que permiten que tengan a sus hijos con ellas obligó a la dispersión a un centenar de mujeres en 2011 y actualmente sólo existen tres Unidades de Madres en todo el Estado. La violencia estructural del régimen penitenciario se liga a otra, dictada como tortura blanda por organismos como la Convención contra la Tortura de la ONU, que sufren las presas F.I.E.S. Es el caso de Noelia Cotelo, F.I.E.S 1, en régimen de Control Directo y el de Maria Osório, presa bajo el régimen F.I.E.S. 3, dedicado a acusadas de banda armada, sin previo juicio. Los centros penitenciarios dirigidos por el Estado español concentran a más de 5.300 mujeres, cifra que siquiera llega a representar más del 8% del total de la población reclusa.
El objetivo del MNP es prevenir situaciones que puedan derivar en malos tratos o tortura. Su actividad no está directamente relacionada con situaciones personales, sino con la necesidad de mantener el conjunto del sistema de privación de libertad adecuadamente monitorizado. La Defensora del Pueblo considera que las autoridades deben percibir el MNP como un mecanismo con el que cooperar para mejorar sus prácticas y la calidad de la privación de la libertad, y lograr un fin que debe ser común: la prevención de la tortura y los malos tratos.
A lo largo de sus tres años de actividad, el MNP ha realizado 363 visitas a lugares de privación de libertad. De las ellas: 91 a dependencias del Cuerpo Nacional de Policía, 73 a lugares custodiados por la Guardia Civil, 26 a instalaciones de las Policías Autonómicas, 24 a depósitos municipales de detenidos, 39 a centros penitenciarios, 7 a establecimientos disciplinarios militares, 22 a centros para menores infractores, 14 a centros de internamiento de extranjeros, 1 a un hospital psiquiátrico penitenciario, 1 a una unidad penitenciaria de madres, 1 a una residencia sociosanitaria y 1 a un centro de primera asistencia y detención de extranjeros.
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El titular del juzgado de Instancia e Instrucción número 3 de Maó ha ordenado la suspensión del proceso judicial abierto tras la denuncia presentada por los familiares de Carlos Silva Cortés, el preso que supuestamente intentó suicidarse en el centro penitenciario de Menorca y que falleció una semana después de este hecho.
La razón principal es que el juez se ha inhibido en el caso, pues “mantiene una relación de amistad íntima con el director del centro penitenciario, así como de la subdirectora, al ser personas que integran mi círculo de relaciones sociales en la isla”. Afirma que “mantengo una estrecha amistad lo que supone que esta persona [el director] acuda frecuentemente a mi domicilio a comer; vamos juntos a cenar en compañía de otros funcionarios del centro; organizamos excursiones para ir a la playa, etc”. La familia solicitó la declaración del director en su escrito de diligencias previas para investigar el caso.
El 21 de mayo, el preso de Donostia Kandido Sagarzazu se encontraba en el polideportivo de la cárcel de Murcia II, cuando se le acercó un funcionario en actitud muy agresiva e inexplicable por lo que Kandido Sagarzazu prefirió no hacerle caso, momento en el que el funcionario le agredió dándole un fuerte golpe en el brazo que le produjo un hematoma de consideración.
Se cumplieron más de 100 días desde el comienzo de la huelga de hambre en la Bahía de Guantánamo que ha vuelto a capturar la atención internacional respecto a la prisión en el extranjero que el presidente Obama prometió cerrar hace cinco años cuando era candidato.
Los funcionarios militares dicen que de los 166 detenidos 102 estaban participando en la huelga. Los abogados dicen que la cantidad es más cercana a 130.
Desde que la huelga de hambre comenzó hace más de 100 días, grupos internacionales que incluyen el Parlamento Europeo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y varias naciones con detenidos en Guantánamo [ver], han aumentado la presión sobre el gobierno de Obama para que libere a los detenidos o cierre por completo la prisión.