Publicamos ahora esta entrevista que le hizo Vicent Almela a Iñaki Rivera Beiras, profesor y estudioso crítico del derecho penal, de larga trayectoria en la defensa de los derechos de las personas presas y en la lucha contra la tortura, que viene sufriendo desde hace unos dos años fuertes ataques criminalizadores por parte de los sindicatos de carceleros por haber dicho públicamente que en las cárceles se tortura, cosa que las personas presas, sus familiares y amistades sabemos que es totalmente cierta. Para apoyarle frente a esos desleales intentos de criminalización y desprestigio algunas personas y grupos han promovido su candidatura al premio de derechos humanos de la Asociación Pro Derechos Humanos de España, candidatrura que los carceleros están intentando boicotear votando en masa por otro candidato. Sin ser nada partidarios de este tipo de cosas, animamos a votar por Iñaki como gesto de apoyo que el compañero se tiene sobradamente merecido. Se le puede votar en este enlace: apdhe.org/votacion-premios-derechos-humanos-2020-categoria-nacional
En noviembre de 2018, Iñaki Rivera, profesor de derecho penal y director del Observatorio del Sistema Penal y los Derechos Humanos de la Universidad de Barcelona (OSPDH), visitaba el plató del programa Todo se mueve de TV3 para hablar sobre las cárceles catalanas. En su intervención señalaba que las muertes en extrañas circunstancias, las torturas, los malos tratos y las vejaciones en los centros penitenciarios «no son casos aislados». Lo confirma desde hace años gracias a sus visitas semanales a los centros penitenciarios catalanes y por el hecho de estar en contacto directo con personas presas y sus familias. La afirmación le costó tres denuncias por parte de tres sindicatos de funcionarios de prisiones (CCOO, CSIF y ACAIP). Aunque la Audiencia de Barcelona dictaba en el mes de julio un auto de sobreseimiento de la causa contra Rivera, uno de los sindicatos denunciantes (ACAIP) presentaba este verano un recurso de casación al Tribunal Supremo.
¿Con qué dificultades se encuentra una persona presa la hora de denunciar malos tratos o cualquier otra vulneración de derechos fundamentales?
Muchísimas dificultades que prácticamente imposibilitan la tramitación de las denuncias. Hay que ser conscientes de que la persona presa está sola, en todo el sentido de la palabra. Incluso con una familia en el exterior, con suerte, la verá una o dos veces a la semana. El resto de horas y días está sola y, por tanto, los funcionarios tienen constantemente la oportunidad de acercarse y darle mensajes directos o indirectos para que retire la denuncia si no quiere sufrir represalias. Y las represalias en el mundo de la prisión se pueden dar de muchas maneras. Las directas, evidentemente, se traducen en más sufrimiento, palizas físicas, desprecio de la integridad física y psíquica, ataques contra la dignidad de una persona; pero también en la negación de beneficios penitenciarios, la no progresión de grado cuando toca, la involución o regresión de grado, la denegación sistemática de beneficios penitenciarios … La prisión es un laberinto punitivo-premial, una telaraña de premios y castigos. Por lo tanto, un preso se tiene que pensar mucho y mucho si denuncia o no. Difícilmente tendrá pruebas, siempre será su palabra contra la de un grupo de funcionarios que aportan el mismo relato. Aparte, los médicos penitenciarios raramente especifican bien las lesiones que la persona presa presenta y, sin un informe médico cuidadoso sobre lo que ha pasado, no tenemos nada. Por lo tanto, si el preso no tiene una prueba médica clara, no tiene testigos, se queda solo y sabe que el podrán putear, ¿cómo se le puede pedir que presente denuncia?
¿Cuál es su tarea a la hora de dar a conocer estos casos?
Hace cuatro años, creamos el Sistema de Registro y Comunicación para la protección de víctimas de Violencia Institucional (Sirecovi) con el objetivo de registrar precisamente estas vulneraciones de derechos. Hasta hoy hemos recogido más de 500 casos en el sistema penitenciario catalán; personas presas que se ponen en contacto con nosotros para denunciar cualquier tipo de vulneración. No todo es tortura, evidentemente. La persona presa nos da su consentimiento para registrar su testimonio y luego abrimos una vía de comunicación con el Síndic de Greuges y la Dirección General de Servicios Penitenciarios. No es un sistema que busque el castigo del culpable, sino que pone el foco en la persona desprotegida. En algunos casos, conseguimos una visita a la personapresa por parte del Síndic o del Departamento de Justicia. Durante la pandemia, se ha estado haciendo de manera virtual, pero no es lo mismo. Hay casos que han supuesto la apertura de una investigación reservada por parte de Servicios Penitenciarios. El problema es que después no tenemos acceso a los resultados de esta investigación y muchas veces termina archivada. Hay una opacidad absoluta en todo el proceso.
¿Con la situación derivada de la Covidien-19, qué restricciones se están imponiendo a las cárceles y cómo afectan a la población penitenciaria?
Desde que a principios de marzo se inició el estado de alarma, rápidamente se aplicaron medidas para cerrar aún más las cárceles y centralizar las competencias penitenciarias. Enseguida se prohibieron las visitas de familiares de carácter ordinario, a través de cristales, y también los vis a vis íntimos. Esto, para una persona presa, supone que le cierren la única comunicación que le queda con el exterior. También conlleva que aumente su miedo en relación con la pandemia y la posibilidad de que el virus entre en prisión. Las personas presas no pueden ver a sus familiares, pero cada día ven cómo entran y salen del centro los funcionarios, enfermeros, operadores, voluntarios… y, por tanto, piensan que pueden ser ellos los que entran el virus. La familia queda igual de aislada, sin poder ir a la cárcel a ver a su familiar y, por tanto, sin mucha información de cuál es su estado. Esto conlleva inquietud, tensión y estrés en ambos lados.
¿Qué medidas recomendáis desde el Observatorio del Sistema Penal y los Derechos Humanos?
La relatora de derechos humanos de las Naciones Unidas Michelle Bachelet hizo unas recomendaciones muy claras para proceder a una excarcelación colectiva de la población penitenciaria el pasado mes de mayo. Como consecuencia de estas recomendaciones, movimientos sociales y organizaciones de derechos humanos de todo el Estado emitimos toda una serie de reivindicaciones y campañas dirigidas a las autoridades penitenciarias españolas. Simplemente reclamábamos que se respetaran las recomendaciones internacionales y, por tanto, exigíamos la libertad o la aplicación de beneficios penitenciarios a las personas presas de más de setenta años, gente con enfermedades crónicas, progreso a tercer grado de todas las personas que estaban en segundo grado de tratamiento y que habían disfrutado de permisos de salida satisfactorios, la excarcelación de mujeres con hijos a su cargo… No tuvimos respuesta. La penalidad en tiempos de coronavirus abre posibilidades para transformar una serie de aspectos, como el hecho de autorizar las videollamadas vía WhatsApp. No se puede continuar con la prohibición de internet en prisión, y ahora se ha puesto más de manifiesto que nunca. La pandemia está transformando la realidad carcelaria.
¿Reciben un trato diferenciado los y las presas políticas en relación con el resto de población penitenciaria?
Evidentemente que hay diferencias sobre cómo viven la cárcel unos y otros. Pero no diría que es por una cuestión de favor por parte de la administración penitenciaria, sino por una reproducción de las diferencias a nivel social que hay entre ellos. Es cierto que cada día los presos políticos reciben visitas del exterior, que llaman mucho la atención porque son infinitamente superiores a las de los presos comunes. ¿Esto es un beneficio o trato de favor? En realidad se hacen dentro de un marco legal. Los presos políticos catalanes tienen la suerte de que mucha gente del exterior les llama para comunicarse con ellos. En cambio, al preso social no lo visita nadie más que no sean los familiares. Al final, el mundo de la prisión conlleva una reproducción amplificada de la vida del exterior. Y en este caso también. El preso político, como ya sucedía en los años setenta, tiene organizaciones detrás, campañas de solidaridad en el exterior, platós de televisión donde se habla de ellos, prensa afín… y el preso social, normalmente, sólo tiene a su madre y su pareja. Por tanto, está claro que hay una diferencia entre preso político y social, ya que los primeros cuentan con unos recursos que nunca tendrá el preso social.
¿Cuál es el principal estigma social que sentís sobre las personas presas?
Muchas veces nos preguntan que qué haríamos con los violadores y los asesinos, pero esta es claramente una pregunta injusta porque no refleja en absoluto la realidad de la población penitenciaria. Los delitos contra la vida o la integridad o la libertad sexual no comportan más de un 5-10% de la población encarcelada. La clientela de la cárcel siempre proviene mayoritariamente de dos tipos de perfiles: los delitos contra la propiedad y el orden socioeconómico, y el delito contra la salud pública, es decir, robos y pequeños trapicheos de drogas, consumo, adicciones… Estas son las dos grandes categorías que suman el 80% de la población penitenciaria. Por lo tanto, si pensamos en un retrato robot de un preso, estaríamos hablando de una persona joven, que en la mitad de los casos es extranjera, de perfil socioeconómico muy bajo, usuaria de drogas –legales o ilegales– y con un nivel de analfabetismo muy alto. También es un perfil de persona con algún tipo de enfermedad, hasta un 48% según la Sociedad Española de Sanidad Penitenciaria. El perfil de esta persona se ubica claramente en el sector más pobre y marginal de la sociedad.
Actualmente hay 513 mujeres en las cárceles catalanas, una cifra muy inferior a los 7.360 hombres. ¿Qué conlleva que haya menos mujeres y a qué perfil responden?
Si hablamos de mujeres presas, estamos hablando de un altísimo índice de mujeres extranjeras con un perfil de delitos vinculados al tráfico de drogas, con una biografía personal de mujer extranjera pobre que ha hecho de mula para llevar cocaína o heroína en países del Primer Mundo y con dos rasgos diferenciales que las atraviesan en la mayoría de los casos: la violencia machista y el ejercicio de la prostitución. Normalmente no responden a un perfil tan joven como los hombres; son mujeres de más de treinta años, con familia e hijos. Y con una diferencia importante respecto a los hombres: el hombre, cuando entra en prisión, casi siempre cuenta con la compañía de una mujer; en cambio, cuando una mujer entra en prisión, es casi sistemáticamente abandonada por su pareja hombre, que prácticame nunca cumple con su tarea de asistencia y acompañamiento. Por el contrario, la mujer que queda fuera, cuando es encarcelada su pareja, normalmente siempre se hace cargo tanto de de la asistencia a la persona presa como del cuidado de la casa y los hijos. Realmente la prisión está más preparada para recibir hombres, y la sociedad está mucho más preparada para enviar hombres a ella. La mujer entra en un mundo que no está pensado para ella, ni tampoco cuenta en la mayoría de casos con una red de apoyo en el exterior. Queda totalmente estigmatizada, sola, y defrauda todos los roles sociales que se esperan de ella.
Si analizamos el historial de los últimos diez años en las cárceles catalanas, vemos que la cifra de población penitenciaria se ha ido reduciendo. ¿A qué se debe?
Son muchos los factores para explicar estas cifras. Si nos fijamos en el índice de delitos de la década pasada en España y en Cataluña, vemos una línea horizontal, es decir, ni aumentaban ni disminuían. En cambio, la línea de población penitenciaria dibujaba una curva muy ascendente. Entre 2000 y 2010 pasábamos de 45.000 a 75.000 personas presas. Por eso hay que desmontar la creencia de que cuanto más delitos, más población penitenciaria. Hay que buscar otros factores que no tienen relación con la producción delictiva. También hay que remarcar que no es que ahora haya pocos presos, sino que en España y en Cataluña habíamos alcanzado unos niveles de población penitenciaria altísimos. Éramos, de largo, el primer país en encarcelamientos en la Unión Europea. Este hecho tiene que ver con la producción del derecho, los procesos de criminalización y la aplicación de diferentes códigos penales. El Código Penal de 1995 endureció de una manera muy significativa las penas contra los dos delitos de que antes hablábamos, contra la propiedad y la salud pública, y esto supuso un gran aumento de la población penitenciaria. Y luego vino la reforma de 2015, que redujo mucho la penalidad por estos tipos delictivos. Esto tampoco quiere decir que nuestro Código Penal actual sea precisamente benigno, sino que esta reforma vino acompañada de una nueva normativa sancionadora, el inicio de la llamada burorepresión: leyes administrativas, la ley de seguridad ciudadana o ley mordaza, el endurecimiento de la ley de extranjería en procesos de deportación … Esto conllevó que mucha gente fuera sancionada con penas diferentes a la privación de libertad y que otros fueran sancionadas directamente con expulsiones. Después hay una explicación de carácter económico: en periodo de retracción, paradójicamente, también se reduce la población penitenciaria. Hay una necesidad económica de vaciar las cárceles en época de crisis y, en cambio, en épocas de expansión de la economía nos podemos permitir el lujo de tener más gente encarcelada.
Las principales causas de muerte en las cárceles siguen siendo la sobredosis y el suicidio. ¿Por qué?
Te lo podría argumentar muchísimo, pero también te lo podría decir de una forma muy sencilla: lo que mata es la cárcel. Quiero decir que en la inmensa mayoría de muertes por suicidio y sobredosis lo que hay detrás es un gran deterioro de la salud psíquica de la persona. No es que se suiciden porque están locas, sino que en la mayoría de casos existe una biografía y un perfil familiar muy complejo, un uso problemático de las drogas, situaciones de maltrato, prostitución, adicciones muy fuertes… personas que en el exterior se sostenían mínimamente pero que cuando entran en prisión caen al fondo del agujero. La prisión no está preparada ni tiene los recursos suficientes para acoger estos perfiles. Y aquí empiezan los problemas con las peleas con los funcionarios y otros internos, la acumulación de faltas, sanciones, episodios de largo aislamiento, regresiones de grado… toda una maquinaria penitenciaria de destrucción y obscenidad. Si no eres muy fuerte para sobrevivir en este mundo, es probable que acabes pensando en quitarte la vida. La clave para mí sería que pensáramos en si estas mismas personas se suicidarían estando en libertad. ¿Se habrían suicidado o no? Seguramente no. Por tanto, lo que las ha matado es la cárcel.
¿Se investigan estas muertes?
Muy poco. Evidentemente, hay un trámite legal de levantamiento de cadáver, va a venir el forense y va a seguir un protocolo. Justo después de este proceso de levantamiento del cadáver, los cuerpos sin vida van al depósito forense, donde las familias van a hacer el reconocimiento de la persona. Una vez ya se ha hecho una primera autopsia sobre las causas de la muerte, inmediatamente piden que se entierre el cuerpo. En este momento, la familia aún está en estado de shock y raramente tiene ganas ni fuerzas para denunciar nada. En caso de que la familia quiera investigar la muerte después de unos días, resulta prácticamente imposible porque el cuerpo ya está enterrado. A veces la familia quiere detener el entierro y pedir una segunda autopsia, pero normalmente, cuando reaccionan, el cadáver ya está en fase de descomposición y muy deteriorado para hacer esta segunda prueba.
¿Crees que la cárcel es una solución a los problemas sociales?
Radicalmente no. Como decía uno de nuestros profesores, Alessandro Baratta, nunca podremos hablar de reinserción a través de la prisión, sino de la reintegración en la sociedad a pesar de la prisión. Por tanto, lo que deberíamos pensar es cómo crear una clínica de reducción de daños para paliar los efectos de la prisión. Así como en el uso de drogas se habla de los programas de reducción de daños, por entender que la droga puede ser una sustancia dañina, nosotros pensamos que la prisión en sí es una institución dañina, y por tanto también le tendríamos aplicar un programa de reducción de daños.
¿Cuando hablamos de medidas antipunitivistas, al que nos referimos?
Para nosotros, alternativa a la privación de libertad sólo hay una: la libertad. Mantener la persona en libertad; ahorrarle la experiencia de la prisión, que es una experiencia que te marca y te condiciona para siempre. Y es muy importante ser conscientes de que mantener a una persona en libertad no es sinónimo de impunidad. Hay muchos tipos de libertad: libertad vigilada, libertad controlada, arresto domiciliario, hacer que una persona pase a firmar por el juzgado o la comisaría, que se le retire el pasaporte o carné de identidad, que se le retire el carnet de conducir… el derecho no debería ser sinónimo de derecho penal. El derecho penal debería ser una pequeña rama, la última que debería aplicarse.
¿Compartes las tesis abolicionistas de la cárcel?
Yo no puedo llegar a una posición totalmente abolicionista de las cárceles posiblemente por mi biografía y procedencia. De hecho, no puedo descartar la aplicación del derecho penal contra dos categorías delictivas, los crímenes de estado y los delitos de mercado. Es decir, la delincuencia que se hace desde el poder, ya sea el poder político o el poder económico. Los que están saqueando un país son los que normalmente siempre están fuera de la prisión. Por ejemplo, con el juicio contra los responsables de la dictadura en Argentina no podíamos caer en la ingenuidad de no recurrir al derecho penal y dejar que triunfara la impunidad. Hay que tener cuidado con la creencia de que la respuesta comunitaria siempre tendrá la solución a los problemas sociales, porque los sistemas de mediación entre víctima y agresor suelen discriminar mucho a una de las dos partes. Por lo tanto, mi posición al respecto es otra. Sin grandes discursos vacíos sobre la abolición, nosotros decimos: «Venga, tenemos trabajo, tenemos que vacíar las cárceles». Por lo tanto, será necesario que empezamos a diseñar programas de descarcelación desde ya. Si más del 80% de la población penitenciaria no ha matado ni ha agredido sexualmente a nadie, tal vez podamos crear programas para trabajar con estas personas en ámbitos de libertad y ahorrarles la experiencia deshumanizadora que supone la cárcel.
