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Ayer, 11 de junio La Coordinadora para la Prevención de la Tortura (CPT) hizo público el siguiente comunicado:

NOTA DE PRENSA

Ayer día 10 de junio sobre las 3:00 de la madrugada la Guardia Civil irrumpió en el domicilio de Galdakao (Bizkaia) Tomás Madina Etxebarria tirando la puerta abajo. En ese momento fue detenido e incomunicado y seguidamente procedieron al registro de la vivienda dejando a su familia en la calle mientras duró el mismo. Posteriormente le trasladaron a su lugar de trabajo donde el registro se prolongó hasta las 15:30 horas.

A partir de entonces tanto la familia como los abogados de confianza desconocen dónde y en qué situación se encuentra Tomás a manos de la Guardia Civil y el juzgado se niega a dar ningún tipo de información. Por parte de la familia se solicitó el Habeas Corpus y la aplicación de las medidas preventivas contenidas en el denominado Protocolo de Garzón. El  Habeas Corpus ha sido denegado por parte del juez de guardia Eloy Velasco argumentando en su Auto que el detenido está siendo visitado por el médico forense de la Audiencia Nacional y que no existen indicios de malos tratos. La solicitud de las medidas de prevención no ha obtenido respuesta.

Ante esta situación, la Coordinadora para la Prevención y Denuncia de la Tortura quiere manifestar lo siguiente:

Sin tener aún ninguna noticia sobre el estado de Tomás Madina Etxebarria detenido e incomunicado ayer por la Guardia Civil, debemos mostrar nuestra preocupación por el trato que pueda estar padeciendo.

En este sentido, exigimos que se tomen medidas con carácter urgente en aras a poder evitar una nueva situación de tortura, siendo la primera de ellas el fin de la incomunicación. Sin embargo, y mientras ésta perdure, solicitamos que se apliquen las siguientes medidas urgentemente:

1. Que el detenido sea llevado inmediatamente ante el juez.
2. Que se grabe mediante cámaras todo el período de incomunicación.
3. Que el detenido pueda ser visitado por sus médicos de confianza y que éstas visitas sean privadas y confidenciales.
4. Que el detenido pueda ser asistido por un abogado de su confianza.
5. Que se informe a los familiares sobre el estado y lugar donde se encuentra el detenido.

11 de junio de 2014

Acaba de presentarse públicamente la Red de Entidades Sociales del Ámbito Penitenciario (Esen), integrada en la Red Estatal de Organizaciones Sociales del Entorno Penitenciario (Rosep). No es la primera vez durante los últimos 35 años que se han llevado a cabo iniciativas de este tipo en Euskadi y en el conjunto del Estado. Durante muchos años funcionó la Coordinadora Estatal de Solidaridad con las Personas Presas y, más recientemente, el Foro Vasco sobre Políticas Sociales y Ejecución Penal, además de diversas plataformas a favor del derecho a la salud en prisiones o en contra de la construcción de macrocárceles. Evidentemente, tanto la composición de estas redes como su forma de interpretar la situación de las personas presas y de concebir «lo penitenciario» era diversa, pero lo que sí tuvieron y tienen en común, entre otras cuestiones, es que la asociación Salhaketa ha participado activamente en las mismas y con una vocación de buscar mínimos comunes que unificaran y unifiquen esfuerzos, buscando consensos para hacer prevalecer lo que nos une más que lo que nos diferencia.

Por décimo año consecutivo desde la Coordinadora para la Prevención y Denuncia de la Tortura (CPDT) presentamos nuestro informe sobre la situación de la tortura en el Estado español. Y lo hacemos manteniendo los criterios de los informes anteriores, para facilitar la mejor comprensión de la evolución de esta problemática, que definimos, siguiendo el artículo 1° de la Convención de la ONU contra las Tortura y otras penas y/o tratos inhumanos o degradantes, como sigue:

«Se entenderá por tortura todo acto por el cual se inflija intencionadamente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o una confesión, de castigarla por un acto que haya cometido o se sospeche que ha cometido, o de intimidar o coaccionar a esa persona o a otras, por cualquier razón basada en cualquier tipo de discriminación, cuando dichos dolores sean infligidos por un funcionario público u otra persona en el ejercicio de funciones públicas, a instancia suya o con su consentimiento»

En este informe se recogen 252 situaciones en las que se produjeron agresiones y/o malos tratos que afectaron a 527 personas que, a nuestro entender, entrarían dentro de esta definición:

Abdelhafid Salmi, preso entonce en la cárcel de Ponent, inició el 12 de marzo pasado una huelga de hambre para enfrentarse a una situación de acoso por parte de los carceleros, con acusaciones falsas, cacheos injustificados, discriminación en la aplicación de «beneficios penitenciarios», restricción de comunicaciones y otros abusos. Con el apoyo de algunos grupos solidarios de Lleida, como el Grup de Suport a Presos i Preses en Lluita de Ponent y  la plataforma  Som i serem, formada por inmigrantes, que convocaron una concentración en la plaza de Paeira, en Lleida, el 22 de abril, mantuvo la huelga durante más de mes y medio. Y eso a pesar de las presiones que sufrió por parte de los carceleros de Ponent, especialmente las vejaciones de un jefe de módulo denunciado otras veces por malos tratos a  presos, y de un intento totalmente ilegal de alimentación forzosa por parte de los mossos d´esquadra cuando había sido trasladado al hospital a consecuencia de la huelga.

Finalmente, como nos comunican en suportpresxsenlluitaponent.wordpress.com: Abdel da las gracias a todas las personas que le han apoyado durante la lucha de la Huelga de Hambre. Valora positivamente la acción, porque al menos le han trasladado de prisión, principal petición y origen de la acción desesperada. Ya que no aguantaba la presión a que estaba sotmetido. A la espera de que la denuncia que interpuso contra el carcelero de Lleida tire adelante.

III Jornadas De Formación En La Denuncia De La Tortura Y Malos Tratos

www.prevenciontortura.org

En la página anarquista La rebelión de las palabras comentan de la siguiente manera una noticia reproducida por nosotros tal cual apareció en algunos medios serviles:

Según la información aparecida en Abordaxe y Boletín Tokata al respecto, la SGIP ha vuelto a denunciar a uno de los “funcionarios” del Centro Penitenciario de Brieva (Ávila) por presuntos abusos sexuales contra una presa. Además, un segundo carcelero estaría siendo investigado por la misma causa. La situación se ha puesto en conocimiento de la “justicia” por parte de la DGIP y se habría abierto una información reservada para determinar lo sucedido.

La noticia apunta que el denunciado habría sido suspendido de empleo y sueldo, mientras que al funcionario al que están investigando se le ha prohibido la entrada a esta prisión.

Sin embargo, y como bien señalan lxs compas de Abordaxe, miente descaradamente la información (que procede de medios burgueses) cuando señalan que en esta prision no había pasado nada parecido desde su inauguración en 1989. Nuestra compañera y presa en lucha Noelia Cotelo ya denunció un intento de violación en 2012, archivándose la causa y siendo abierta de nuevo más adelante, a pesar de que Noe recibió, y continúa recibiendo, duras represalias por atreverse a levantar la voz y no ceder al chantaje terrorista de los carceleros.