La Tortura En El Estado Español En 2013, X Informe Anual De La CPDT

Por décimo año consecutivo desde la Coordinadora para la Prevención y Denuncia de la Tortura (CPDT) presentamos nuestro informe sobre la situación de la tortura en el Estado español. Y lo hacemos manteniendo los criterios de los informes anteriores, para facilitar la mejor comprensión de la evolución de esta problemática, que definimos, siguiendo el artículo 1° de la Convención de la ONU contra las Tortura y otras penas y/o tratos inhumanos o degradantes, como sigue:

«Se entenderá por tortura todo acto por el cual se inflija intencionadamente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o una confesión, de castigarla por un acto que haya cometido o se sospeche que ha cometido, o de intimidar o coaccionar a esa persona o a otras, por cualquier razón basada en cualquier tipo de discriminación, cuando dichos dolores sean infligidos por un funcionario público u otra persona en el ejercicio de funciones públicas, a instancia suya o con su consentimiento»

En este informe se recogen 252 situaciones en las que se produjeron agresiones y/o malos tratos que afectaron a 527 personas que, a nuestro entender, entrarían dentro de esta definición:

Denuncias recogidas durante el año 2013

Estas cifras no coincidirán con el número de causas penales abiertas por tortura y/o malos tratos, dado que un mismo caso o situación puede dar lugar a una o a varias causas judiciales. Como en años anteriores, no se han tenido en cuenta todas las denuncias de torturas y/o malos tratos de las que se tuvo conocimiento durante el año 2013, algunas han sido excluidas del informe por petición expresa de las personas afectadas, otras porque la información recibida era insuficiente o no estaba totalmente contrastada. También hay que tener en cuenta que un importante número de casos de tortura y/o agresiones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FCSE) o Funcionarios de Instituciones Penitenciarias (FIIPP), no se denuncian nunca, ni ante los tribunales de justicia ni ante ninguna otra instancia, pública o privada, especialmente por parte de colectivos como el de las personas migrantes y/o presas.

Evolución del n° de situaciones y personas afectadas años 2004-2013

Como observamos en la gráfica, en este informe se han reducido tanto el número de personas afectadas como de casos respecto al informe del año anterior, pero de estos datos no podemos deducir que haya habido una reducción del fenómeno de la tortura, sino sólo que la CPDT ha recibido menos denuncias, de hecho, el miedo a sufrir represalias, la desconfianza en los Tribunales de Justicia e instituciones, junto a la agudización de la crisis económica han influido en la disminución en el número de denuncias presentadas por tortura y/o malos tratos, pero mucho nos tenemos que la reducción del número de denuncias no conlleva una reducción del número de situaciones. Además, también se mantiene la tendencia observada en años anteriores en cuanto a no denunciar las agresiones sufridas por las personas que participan en distintas movilizaciones sociales. Ello se debe, según muchos de los testimonios recibidos, al temor a verse envueltos en contradenuncias por parte de los agentes de policía y por desconfianza hacia los órganos encargados de investigar las agresiones. Por todo ello, hay que insistir en que este informe no recoge la totalidad de las denuncias por tortura y/o malos tratos, sino sólo aquellas que, cumpliendo los requisitos antes indicados, han sido conocidas por colectivos miembros de la CPDT. Con total seguridad, como ya ha ocurrido con los informes anteriores, las cifras que aquí se ofrecen, aumentarán con el paso del tiempo.

A la hora de interpretar las tablas y gráficos del presente informe debe tenerse siempre en cuenta que se refieren únicamente a los datos en poder de los colectivos que forman parte de la CPDT, es decir, una parte de la realidad que creemos que significativa, pero que nos es imposible cuantificar que proporción del total significa. En dichas tablas explicaremos la práctica de la tortura en el Estado español atendiendo a diferentes criterios:

1. En qué Comunidades Autónomas o Naciones se práctica la tortura.

2. Las características de las personas que han sido víctimas de la tortura.

3. Los Cuerpos de Seguridad del Estado que han practicado la tortura.

Sin embargo, los totales que aparecerán al final de dichos cuadros no siempre coincidirán, por cuestiones técnicas y estadísticas que se irán indicando en cada circunstancia concreta.

Nación y/o comunidad autónoma donde se produjo la agresión

Al analizar este cuadro vemos que los casos y denunciantes totales no coinciden con los ofrecidos en la tabla inicial. Esto es así porque en 2 situaciones (que afectaron a 20 personas), las agresiones denunciadas se han producido en diferentes localizaciones al detenerse a las personas en Euskal Herria y Madrid, en régimen de incomunicación, y ser trasladadas a Madrid para ser interrogados y puestos a disposición de la Audiencia Nacional.

De esta tabla concluimos que la tortura se practica por toda la geografía del estado español, aunque de forma desigual. Pero estos datos, por si solos, pueden resultar poco esclarecedores al no tener en cuenta el número de habitantes de cada nación y, por lo tanto, la incidencia real de esta práctica. Si introducimos la variable poblacional a la hora de analizar las denuncias los resultados varían sensiblemente y nos presentan una realidad distinta a la anterior:

Distribución de las denuncias atendiendo a la población

Cifras del Instituto Nacional de Estadística a 1 de julio de 2013.

Un análisis que podemos extraer de la distribución geográfica según la tasa por millón de habitantes es que la mayoría de las comunidades que superan la media del Estado tienen presencia de asociaciones de la CPDT, mientras que la mayoría de las que quedan por debajo no. Este dato, observado también en años anteriores, muestra lo que parece una clara relación entre la existencia de organizaciones de defensa de los Derechos Humanos activas en sociedades con mayor nivel de lucha social y alternativas políticas, con la existencia de un mayor número de denuncias por tortura y malos tratos. Al contrario, la falta de denuncias o el escaso número de ellas en comunidades en las que no hay presencia de la CPDT no implica que allí no se produzcan torturas, sino que falta el tejido social que nos permita acceder a las personas afectadas y conocer sus denuncias.

Distribución según circunstancias del agredido

Son muy diversas los motivos por los que las FCSE pueden detener y agredir a una persona. Para
trabajar con todas estas circunstancias, hemos agrupado los casos denunciados en categorías:

1. Personas torturadas estando detenidas en régimen de incomunicación

2. Personas torturadas y/o agredidas por participar en movilizaciones sociales.

3. Migrantes

4. Personas presas

5. Menores internados en centros de menores

6. Otras.

Al igual que en la tabla anterior, algunas de las personas agredidas pueden encontrarse en dos o más de estas categorías (p. ej., una persona migrante agredida en un evento deportivo). También hay que tener en cuenta que el apartado 3 incluye aquellas agresiones denunciadas por migrantes, si bien no todas las agresiones en él incluidas han tenido motivación racista clara y directa. El apartado 6 viene a ser una especie de «cajón de sastre» donde se incluyen las denuncias de personas agredidas en muy diferentes situaciones. Si bien no se recogen datos concretos sobre las edades de la persona agredida, sí se consignan las agresiones a menores de edad por parte de agentes de las FCSE, tanto en los centros de internamiento de menores como fuera de ellos.

En el informe de 2013 (como ya pasó en los de 2011 y 2012), observamos una importante reducción de las denuncias recibidas de personas detenidas en régimen de incomunicación (lo que no obvia para que dese la CPDT sigamos exigiendo la desaparición de este régimen de detención así como de cualquier forma de aislamiento policial y/o penitenciario). También constatamos que se mantiene el elevado número de denuncias que afectan a personas migrantes (un 21,2% del total). Y en el 2013, un año más, la mayoría de las personas denunciantes (casi un 46,6%) lo hicieron tras ser agredidas al participar de distintas movilizaciones sociales.

La evolución del número de personas agredidas durante los últimos años nos presenta la siguiente evolución:

Vemos que el número de personas agredidas por participar de las distintas movilizaciones que había aumentado mucho en los años anteriores, ha disminuido en el último año por las razones anteriormente mencionadas. Este año, además, 17 personas fueron agredidas al intentar documentar las actuaciones policiales (algunas eran periodistas, otras particulares).

Los funcionarios denunciados por tortura y/o malos tratos:

Como en anteriores informes, los cuerpos denunciados se han distribuido en categorías, lo que nos da el siguiente cuadro de distribución de las denuncias:

Lo más destacado de esta tabla es el incremento de las denuncias contra la policía local experimentada este año (una subida del 62% respecto al año pasado), así como la disminución de denuncias experimentadas por la Policía Nacional, la Ertzaintza, los Mossos d’Esquadra y los Funcionarios de prisiones.

Muertes bajo custodia en el año 2013:

En el informe de 2013 volvemos a presentar datos sobre las muertes bajo custodia. Este año tuvimos conocimiento de la muerte de 47 personas cuando se encontraban bajo la custodia de miembros de las FCSE, funcionarios de prisiones o personal de centros de menores. A modo de contextualización, queremos resaltar que las muertes bajo custodia son un mal endémico en el Estado español. Según los datos que nos constan en la Coordinadora para la Prevención y Denuncia de la Tortura (CPDT), desde el 1 de enero de 2001 hasta el 31 de diciembre de 2013, hemos tenido constancia directa de 538 fallecimientos en estas circunstancias. Los datos presentados son:

En el informe de este año se incluye, además, un APÉNDICE sobre «La situación de la Frontera Sur», en referencia a las situaciones ocurridas en Ceuta y Melilla y en el que se recogen las denuncias sobre situaciones de violaciones de Derechos Humanos en torno a los saltos de las vallas por partes de personas migrantes. El informe termina recordando las «Recomendaciones de Sevilla: Hay que seguir previniendo y denunciando la tortura», hechas por las CPDT en 2010 y que seguimos considerando de total actualidad y necesidad.

Hasta aquí un breve resumen de los datos que, en extenso, pueden consultarse en el informe
completo que puede consultarse en:

http: //www.prevenciontortura.org/
Madrid, 30 de mayo de 2014.-

La Coordinadora para la Prevención y
Denuncia de la Tortura la componen:

ACAT (Acció dels Cristians per l’Abolició de la Tortura) || Alerta Solidaria || APDH-Andalucía ||
ASAPA (Asociación de Seguimiento y Apoyo a Presos en Aragón) || Asociación para la Defensa de
los Derechos de la Infancia || Asociación Apoyo || Asociación Concepción Arenal || Asociación
Contra la Tortura || Asociación Libre de Abogados || Asociación Libre de Abogados de Zaragoza ||
Associacao Contra a Exclusao pelo Desenvolvimento || Associació Memoria contra la Tortura ||
Associació Catalana per a la Defensa dels Drets Humans || Behatokia (Observatorio Vasco de
Derechos Humanos – Euskal Herriko Giza / Eskubideen) || CAES (Centro de Asesoría y Estudios
Sociales) || Campaña por el cierre de los CIE’s || Centro de Documentación Contra la Tortura ||
Colectivo Trampa || Comissió de Defensa del Il.lustre Col.legi d’Abocats Barcelona || Comissió de
Defensa del il.lustre Collegi d’Advocats de Girona || Comisión de Derechos Humanos del Ilustre
Colegio de Abogados de Balears || Comisión Legal Sol || Comité Anti-Sida de Lugo|| Coordinadora
Contra la Marginación de Cornellá || Coordinadora de Barrios de Madrid || Coordinadora Estatal de
Solidaridad con las Personas Presas || Esculca (Observatorio para a Defensa dos Direitos e
Liberdades) || Eskubieak (Eskubideak Euskal Abokatuen Elkartea) || Etxerat! (Euskal Errepresaliatu
Politikoen Elkartea) || Exil || Federación de Asociacions de Loita contra a Droga || Federación
Enlace || Grupo 17 de Marzo (Sociedad Andaluza de Juristas para la Defensa de los Derechos
Humanos) || Grupo de Acción Comunitaria (GAC) || Gurasoak || Independientes || Jaiki-Hadi ||
Justicia y Pau || Movemento polos Dereitos Civis || observatori del Sistema Penal i els Drests
Humans de la UB (OSPDH) || Oteando (Observatorio para la defensa de los derechos y las
libertades) || PreSOS Galiza || Rescat || Salhaketa Bizkaia || Salhaketa Araba || Santurtziko
Torturaren Kontra Taldea || SOS Racisme Catalunya || Subcomisión Penitenciaria del CGAE ||
Torturaren Aurkako Taldea || Xustiza e Sociedade de Galicia