Reproducimos varias noticias sobre este tema de la Ley Sepultura y las movilizaciones contra ella del blog anticarcelario argentinoAgencia Para La Libertad. Picando sobre el título de cada una se llega a la fuente. Podéis encontrar también algo más de información sobre el tema en tokata.
La reforma a la Ley de Ejecución Penal que, de aprobacrse en Senadores, arrasará con los derechos de los privados de libertad motivó masivas protestas, huelgas de hambre y/o actividades en decenas de cárceles del país. Como se sabe, este engendro que impulsan Cambiemos y el Frente Renovador ya tiene media sanción en Diputados y el oportunismo de los senadores, quienes manipulan el calvario sufrido por la joven Micaela García, violada y asesinada días atrás, va en dirección de pulverizar la rarg de la pena, eliminar las salidas transitorias y la libertad condicional, al tiempo que dificultará el acceso al trabajo y al estudio de la mayoría de los detenidxs. Desde este lunes y hasta el miércoles, el Frente Sin Reversa, organizaciones de familiares y militantes solidarios, realizan una Radio Abierta con mesa de difusión en el Parlamento y alertan sobre las consecuencias que traerá la aprobación de esta reforma. Cómo se sabe, a instancias del diputado Luis Petri, la misma funciona en Mendoza y solo sirvió para aumentar el delito, el encierro, el dolor y el escarnio, al igual que lo hicieron las llamadas leyes Blumberg promulgadas en 2004. Mañana, miércoles 19, desde las 15, habrá una concentración frente al Congreso, convocada por los presos en Devoto, a la cual se sumaron organizaciones y detenidos de una multitud de cárceles de mala muerte del país. ¡No a la Reforma de la Ley 24660!
Desde la Red de Cooperativas de Liberadxs y organizaciones sociales en contextos de encierro queremos manifestar nuestro repudio al proyecto en debate que pretende modificar parcialmente la Ley 24.660, por ser contrario a principios constitucionales, normativa internacional, y por violentar el fin de la ley de ejecución penal que como dice su artículo 1° es la reinserción social. El proyecto se discute sin contar con un diagnóstico adecuado y sin la participación pertinente en el debate de la sociedad civil, en particular las propias personas privadas de su libertad, de organismos estatales, la comunidad académica y otras organizaciones sociales y asociaciones civiles afines. En adición, propone una reforma parcial de la Ley de Ejecución Penal desconociendo obligaciones internacionales asumidas por el Estado argentino, cuyo incumplimiento puede acarrear la responsabilidad internacional. Por su tratamiento, impide un debate integral y profundo de la aplicación y ejecución de penas e, incluso, contraría principios receptados en la discusión en torno a la reforma del Servicio Penitenciario Federal que no pueden ser eludidos. (Ver argumtos detallados más abajo).
Luego de obtener media sanción en Diputados, el senado deberá debatir la reforma a la Ley de Ejecución Penal 24660 que, de ser aprobada, agravará la situación de los seres humanos privados de libertad en los campos de concentración Siglo XXI de la Argentina, incrementará la llamada inseguridad, aunque probablemente garantice votos al PRO y al Frente Renovador, impulsores de la medida. En ningún país del mundo la mano dura y la represión, legal o ilícita, bajaron los “delitos”. Por caso, Estados Unidos es el país con mayor índice de prisioneros del planeta y también el que ostenta el mayor número de delitos. Como puede apreciarse, sin esfuerzos, la represión a los pobres y a los retobados es el resultado más evidente de estas leyes regresivas. Los países que disminuyeron el índice de delitos y demuelen cárceles lo realizaron con mayor equidad social y penas alternativas al encierro.
La llamamos Ley Sepultura porque – de hecho- extenderá la permanencia de los privados de libertad, en las cárceles de mala muerte del país, haciendo cumplir las condenas “de punta a punta” arrasando sus derechos Desde la Procuración Penitenciara de la Nación, organismo de contralor del Servicio Penitenciario Federal, Ariel Cejas Meliare indicó a esta Agencia: “Se trata de un proyecto que propone aumentar la prisión preventiva y elimina el régimen de progresividad de la ejecución penal para la mayor parte de los condenados, pues impide el acceso a salidas transitorias, semilibertad, libertad condicional y libertad asistida. Esto conllevará el cumplimiento íntegro de las penas para los condenados por la mayoría de los delitos que actualmente son alojados en las cárceles federales, incluyendo los penados por delitos no violentos como el tráfico de drogas a pequeña escala. Además, implica avanzar sobre la autonomía provincial, pues pretende extender este criterio restrictivo a las legislaciones locales”.
Una multitud de familiares de privados de la libertad, liberados y organizaciones sociales y humanitarias se agolparon, ayer, en las puertas del Congreso para clamar que no se apruebe la “Ley Sepultura” que debía debatirse en el Senado y ya cuenta con media sanción en Diputados. Se trata de la reforma a la Ley de Ejecución Penal 24660 que propone aumentar la prisión preventiva y eliminar el régimen de progresividad para la mayor parte de los condenados, ya que impide el acceso a salidas transitorias, semilibertad, libertad condicional y libertad asistida. Ayer se frenó del debate pero estarían dispuestos a realizarlo el próximo 30. Acompañando la lucha, desde numerosos penales del país hubo huelga de hambre y batucadas. Distintos servicios penitenciarios “buzonearon” (enviaron a celdas de castigos) a quienes protestaban, otros apalearon a discreción, algunos quitaron todos los efectos personales de los prisioneros y otros, todo eso junto. La movilización debe continuar evitando la aprobación de este engendro que multiplicaría la cantidad de prexs, las muertes y las torturas en los campos de concentración Siglo XXI de la Argentina.
Entre los presentes se hallaban miembros de la Procuración Penitenciaria de la Nación, como Ariel Cejas Meliare, numerosos militantes de la Red de Cooperativas y Organizaciones Sociales en Contexto de Encierro, Eva Aspreslla del Centro de Estudios Legales y Sociales, Graciela Rosenblum de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, Elvira Meza de familiares bonaerenses, Andrea Casamento de Familiares de Detenidos en Cárceles Federales, Claudia Cesaroni del Centro de Estudios en Política Criminal y Derechos Humanos (Cepoc), Carlos Casal de la Campaña Nacional contra la Violencia Institucional y Luis Tagliapietra, abogado (recibido en el CUD) que trajo una misiva de los compañeros del Centro Universitario Devoto. Las intervenciones de familiares y organismos se extendieron a lo largo de toda la jornada a través de un megáfono. Roberto Cipriano García, de la Comisión Provincial por la Memoria, expresó que: “es la primera vez que espontáneamente este colectivo de familiares, organismos de derechos humanos y exdetenidos se convoca en función de una aberración jurídica que se está llevando a cabo en el Senado de la Nación. Todo este paquete de reformas es regresivo e inconstitucional, va contra los principios básicos de nuestro sistema jurídico como es la presunción de inocencia, el principio de que una persona no puede ser juzgada dos veces por el mismo delito. Las reglas ahora cambian, la libertad mientras dura el proceso será la excepción y la prisión preventiva será regla. Esto produce que las personas que están detenidas cumplan toda la pena y no importará si estudia o trabaja, total va a ser todo lo mismo. Lo que va a provocar es un colapso en el sistema penitenciario junto a la ley de flagrancias. Vamos a ver la cárcel explotando de gente sin condena”.
Huelga de hambre en Devoto y el Complejo Femenino de José León Suárez contra la «ley sepultura»
1700 presos de la Cárcel de Villa Devoto y decenas de mujeres del Complejo Femenino de José León Suárez iniciaron ayer una huelga de hambre contra la “ley sepultura” que reforma la Ley de Ejecución Penal quitando derechos como las libertades transitoria, asistida y condicional, entre otros. La medida se extenderá por distintos penales del país. El proyecto tiene media sanción en diputados y mañana se debatirá en el Senado. Las cárceles argentinas, verdaderos campos de concentración siglo XXI, por los asesinatos, torturas, enfermedades, superpoblación y verdugueo a los familiares que en ellos se perpetran, multiplicarán la devastación humana si se aprueba este engendro que impulsa el gobierno de los monopolios de Macri y sus aliados. El proyecto es del radical Luis Petri quien fue cuestionado hasta por militantes de la Unión Cívica Radical por su iniciativa fascista que busca el marketing y nada tiene que ver con la “seguridad”. Por el contrario, tal como pasó con las leyes del ex ingeniero Juan Carlos Blumberg, en 2004, solo aumentaron el escarnio, los crímenes de estado y también los delitos. La distribución equitativa de los bienes materiales y culturales es el principal mecanismo para bajar el delito. Las penas alternativas al encierro son beneficiosas para la sociedad toda. Que la Universidad vaya a la cárcel y que lxs detenidxs concurran a los centros de estudios dio resultados positivos en nuestro país. Por caso, quienes están en el espacio Centro Universitario Devoto (CUD) solo tienen un 7 por ciento de reincidencia. Y quienes no acceden a esa educación superan el 50 por ciento. Solo una casta política que piensa en los votos y sus fortunas off shore forjadas sobre el dolor y la sangre de los más vulnerables aprobaría este mamarracho legislativo. Hubo en la historia del radicalismo hombres que se preocuparon realmente por las libertades públicas y el derecho. Sin embargo, Luis Petri será recordado por su oportunismo y su fascismo contra los más humildes. A Petri, y todos los que la voten, la historia no los absolverá.
“El sistema de castigo del delito, selectivo y hoy más represivo aún con los que pueblan las cárceles, sumado a la impunidad de los poderosos y de los irresponsables, auguran un escenario más violento aún. Es responsabilidad de todos y cada uno de nosotros, concientizar, alertar, denunciar y actuar en consecuencia, para evitarlo”, nos dice la licenciada Elsa Saénz Sartor. Y junto a ella se expresan Voluntarios Talleristas de la Red Corrientes de Derechos Humanos e integrantes del Colectivo Cultural Yahá Porá , Hilda Presman, un condenado del Penal 1 del Taraguí y Mariana Méndez. Cada quién, desde su óptica, argumenta el rechazo a la reforma de la Ley 24660 y repudia “la ley sepultura”, al tiempo que anuncian el grave desastre que arrasará a los seres humanos privados de libertad de aprobarse este engendro. Estos compañerxs correntinos se caracterizan por una militancia sostenida y consecuente con quienes se hallan tras las rejas. Vale, y mucho, leer sus opiniones.
Hablamos con un miembro de Títeres Desde Abajo y con otro de La Insurgencia sobre la represión de la libertad de expresión en la partitocracia capitalista española. Dialogamos con ellos sobre el tema, cada uno nos cuenta su caso y nos informan de próximas actividades de autodefensa colectiva de la libertad de expresión que se están convocando. Hablamos también, en el contexto de las movilizaciones en populares en Argentina contra la «ley sepultura» y la rebaja de la edad penal a 14 años, de la convocatoria para el 8º aniversario de la muerte de Luciano Arruga, asesinado en 2009 por la policía mafiosa de Buenos Aires y cuya familia ha luchado todo este tiempo para encontrar su cadáver desaparecido e intentar quebrar la impunidad de torturadores y asesinos de Estado en la supuesta «democracia» argentina.
“El 31 de enero se cumplirán 8 años de la muerte y desaparición de mi hermano. El 28 de enero lo estaremos recordando como cada día, luchando y exigiendo nuestro derecho a saber toda la verdad”. Así, Vanesa Orieta –hermana de Luciano Arruga–, nos convoca a esta jornada contra la masacre que perpetran las políticas represivas del estado, sin pausa, contra los pibes pobres y rebeldes. Las gestiones constitucionales se fueron superando a medida que asumían sus mandatos. Así, la cantidad de chicos asesinados en las calles o que sucumbieron bajo la tortura en comisarías y cárceles superan la espeluznante cifra de 5000 desde 1983 a la fecha. Al presentar el Archivo de Casos 2016, en noviembre pasado, la titular de Correpi María del Carmen Verdú, afirmó que “en casi un año de gestión, el gobierno de Cambiemos superó a sus antecesores. Nunca hubo una brecha tan corta como esta, de un muerto cada 25 horas”. Por otra parte, esta plutocracia al mando del despojo popular, impulsa con el presidente Macri y la ministra de Seguridad Patricia Bullrich Pueyrredón a la cabeza, la baja de la imputabilidad de lxs jóvenes y la llamada “Ley Sepultura” que arrasa los derechos de lxs privados de libertad. Se trata, contundentemente, de una política de aniquilamiento de los más vulnerables e impunidad para sus matadores. Sobran las razones para estar junto a Familiares y Amigos de Luciano Arruga, el próximo 28, en la lucha y en la calle. Que así sea.
CRONOLOGÍA ALREDEDOR DEL ASESINATO DE LUCIANO ARRUGA
El 31 de enero de 2009 a la noche, Luciano Nahuel Arruga salió de su casa en el Barrio 12 de Octubre, en el partido bonaerense de Lomas del Mirador con tan sólo $1,50 para ir a un cyber cercano. El adolescente de 16 años nunca regresó.
Pasaron cinco años y ocho meses hasta que se encontró el cuerpo del joven, enterrado en el cementerio de la Chacarita como NN (cadáver sin identificar). Según documentos oficiales, murió en la madrugada del 1 de febrero, en un accidente de tránsito.
Durante todos estos años, la familia de Arruga acudió a todos los canales formales para descubrir qué fue lo que ocurrió con el adolescente, seguros de que habría sido víctima de la violencia institucional por parte de policías de la Bonaerense.
