[Argentina] Marcha Por Luciano Arruga En El 8º Aniversario De Su “Desaparición”

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“El 31 de enero se cumplirán 8 años de la muerte y desaparición de mi hermano. El 28 de enero lo estaremos recordando como cada día, luchando y exigiendo nuestro derecho a saber toda la verdad”. Así, Vanesa Orieta –hermana de Luciano Arruga–, nos convoca a esta jornada contra la masacre que perpetran las políticas represivas del estado, sin pausa, contra los pibes pobres y rebeldes. Las gestiones constitucionales se fueron superando a medida que asumían sus mandatos. Así, la cantidad de chicos asesinados en las calles o que sucumbieron bajo la tortura en comisarías y cárceles superan la espeluznante cifra de 5000 desde 1983 a la fecha. Al presentar el Archivo de Casos 2016, en noviembre pasado, la titular de Correpi María del Carmen Verdú, afirmó que “en casi un año de gestión, el gobierno de Cambiemos superó a sus antecesores. Nunca hubo una brecha tan corta como esta, de un muerto cada 25 horas”. Por otra parte, esta plutocracia al mando del despojo popular, impulsa con el presidente Macri y la ministra de Seguridad Patricia Bullrich Pueyrredón a la cabeza, la baja de la imputabilidad de lxs jóvenes y la llamada “Ley Sepultura” que arrasa los derechos de lxs privados de libertad. Se trata, contundentemente, de una política de aniquilamiento de los más vulnerables e impunidad para sus matadores. Sobran las razones para estar junto a Familiares y Amigos de Luciano Arruga, el próximo 28, en la lucha y en la calle. Que así sea.

Oscar Castelnovo

Agencia Para La Libertad

CRONOLOGÍA ALREDEDOR DEL ASESINATO DE LUCIANO ARRUGA

El 31 de enero de 2009 a la noche, Luciano Nahuel Arruga salió de su casa en el Barrio 12 de Octubre, en el partido bonaerense de Lomas del Mirador con tan sólo $1,50 para ir a un cyber cercano. El adolescente de 16 años nunca regresó.

Pasaron cinco años y ocho meses hasta que se encontró el cuerpo del joven, enterrado en el cementerio de la Chacarita como NN (cadáver sin identificar). Según documentos oficiales, murió en la madrugada del 1 de febrero, en un accidente de tránsito.

Durante todos estos años, la familia de Arruga acudió a todos los canales formales para descubrir qué fue lo que ocurrió con el adolescente, seguros de que habría sido víctima de la violencia institucional por parte de policías de la Bonaerense.

Los antecedentes. El 22 de septiembre de 2008, según relató el mismo Luciano a sus familiares poco tiempo después, agentes de la Bonaerense le habían ofrecido ser “pibe chorro” en zonas liberadas de La Matanza. Sin embargo, ante reiteradas negativas del joven, fue detenido en el destacamento de la calle Indart, donde funcionaba una comisaría que no estaba habilitada para recluir detenidos. Estuvo nueve horas demorado en una cocina, según contó. Su hermana, Vanesa Orieta, lo había escuchado gritar cuando fue a buscarlo.

La noche de su desaparición, dos testigos aseguraron ver que un chico de campera blanca era golpeado y metido a la fuerza en un vehículo policial del destacamento. Allí, otro testigo lo vio golpeado y ensangrentado. Diversos peritajes certificaron que Arruga había estado en la comisaría 8ª de Lomas de Mirador y en uno de los patrulleros, que esa noche no había cumplido con su recorrido programado y según el registro electrónico de su desplazamiento circuló por descampados.

Al año de la desaparición del joven, el destacamento fue cerrado y, dos años mas tarde, se convirtió en el Espacio para la memoria social y cultural Luciano Arruga.

La causa. La investigación empezó mal: la denuncia recayó en la fiscal Nº7 de La Matanza, Roxana Castelli, quien le otorgó la investigación a la misma Policía. Castelli fue acusada de entorpecer la pesquisa durante 35 días. La fiscal fue recusada y reemplazada por Cecilia Cejas.

En manos de Cejas, un rastrillaje con perros halló pruebas de que Luciano había estado en un auto abandonado en el patio trasero del destacamento y en un patrullero. A eso se le sumó la prueba de que dos móviles policiales del destacamento, que debían patrullar por separado, aquella madrugada estuvieron detenidos en el Monte Dorrego, un predio municipal arbolado donde otro peritaje indicó que allí había estado el joven. Esa prueba, que se sumó en abril de 2009, aún es la más fuerte de la causa.

Por otro lado, los testimonios de dos testigos que reconocieron a Luciano como un adolescente detenido y torturado en la comisaría 8ª aquella madrugada, no fueron confiables para la fiscal.

En julio de 2009, se determinó que los libros de detenidos que llevaba la dependencia estaban adulterados. Había nombres tachados y borrados de la noche de la desaparición de Luciano y otras anteriores. Sin embargo, el Ministerio de Seguridad provincial no sancionó a ningún policía.

Los familiares solicitaron en febrero de 2010 que el caso fuera investigado como “desaparición forzada”. Un mes después, Cejas le solicitó al titular del juzgado de Garantías 5, Gustavo Banco, que revise si la causa no debería pasar al fuero federal pero el juez consideró que no había prueba suficiente, mantuvo la carátula de averiguación de paradero y se declaró incompetente.

Emblema. El caso ha sido presentado en Argentina como un ejemplo emblemático de desaparición forzada durante democracia por organizaciones de Derechos Humanos y el Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas, que en su informe del 2010 exige “concluir una investigación exhaustiva e imparcial” e incluirlo en “conformidad con la Convención sobre los Derechos de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas”.

Recién en agosto de 2012, el gobernador Daniel Scioli recibió a la familia, acompañada por la APDH La Matanza y la Comisión Provincial por la Memoria. Prometió donar el Destacamento a familiares y amigos para que levanten un centro cultural y un sitio de memoria, condenar públicamente la desaparición de Luciano y exonerar a los ocho policías del destacamento de Lomas del Mirador sospechados de su tortura y secuestro. Cumplió parcialmente, mucho tiempo después.

En enero de 2013, a pocos días de cumplirse el cuarto aniversario, Blanco declinó su competencia y la causa pasó al fuero Federal, donde la recibe el juez federal de Morón Juan Pablo Salas. La causa finalmente se recaratuló de “averiguación de paradero” a “desaparición forzada”.

Involucrados. Un mes más tarde, ocho policías de la Bonaerense fueron apartados y pasados a disponibilidad preventivamente de sus cargos por el ministro de Justicia y Seguridad, Ricardo Casal: el subteniente Oscar Fecter (Lomas de Zamora), los subcomisario Néstor Díaz (Esteban Echeverría) y Ariel Herrera (Morón), el subteniente Daniel Vázquez (Lomas de Zamora) y los oficiales Martín Monte (Pompeya) y Damián Sotelo, José Márquez y Hernán Zeliz (Morón). El fiscal Carlos Stornelli, los había pasado en abril de 2010 -cuando era ministro de Seguridad de la provincia- pero en julio de ese año los reincorporó en otras jurisdicciones.

En octubre de 2013 se demostró que la fiscal Cejas había intervenido el teléfono fijo, y los celulares de Vanesa Orieta, Mónica Alegre y sus abuelos, sospechando que sabían dónde estaba. “Los intervino desde que tomó la causa y durante un año y medio. Ahí cerró el círculo de impunidad: entendimos por qué no está Luciano”, denuncia el abogado querellante.

En abril de 2014, los familiares de Arruga presentaron un recurso de hábeas corpus que la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal hizo lugar en julio.

El 15 de octubre de 2014, el Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires aumentó a un millón de pesos la recompensa para quienes aporten información fehaciente que contribuyera a dar con el paradero o esclarecer la desaparición de Luciano por nuevos datos. El 17 de octubre de 2014 su cuerpo fue encontrado como NN (sin identificar) en el cementerio de la Chacarita cotejando las huellas dactilares del expediente con las de los NN sepultados allí los últimos cinco añso. El juzgado determinó que el joven habría muerto atropellado el mismo día de su desaparición, cerca de su casa por un vehículo cuyo conductor habría sido sobreseído. El cadáver iba vestido con unas ropas que no eran suyas y sus zapatos aparecieron bastante lejos, en la vía contraria.

En mayo de 2015, el policía Diego Torales fue condenado a diez años de prisión por torturas contra Luciano Arruga. La Justicia consideró que el relato que dio en el momento a su hermana y su mamá, más la constatación médica, daban cuenta de las torturas no sólo físicas, también psicológicas.

Adaptado de www.perfil.com

Comunicado de la familia en enero de 2016

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