La Justicia Vista Por Una Aspirante A Picapleitos

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Si bien este periodo de prácticas me ha sido de gran utilidad para aprender en términos de rutina y de día a día, también lo es que, sobre todo, por suerte o por desgracia y siendo políticamente incorrecta, me ha enseñado a desaprender. Aunque mi sensación general es de grata satisfacción en lo que respecta al desarrollo de las horas obligatorias, no puedo evitar escribir estas líneas con cierta sensación de pesimismo o pesadumbre por los motivos que a continuación intentaré desgranar, anticipando desde ya un gran esfuerzo para rescatar de la memoria los incontables momentos de frustración y congoja que me han supuesto los pasillos del Juzgado. Si la Justicia a la que quiero dedicarle toda mi vida profesional es la que he conocido en estos meses, apaga y vámonos.

Cuando una persona dedica 4, 5, 6 años –o los que sean– al estudio del Derecho, lo último que puede imaginarse es que una Jueza sea capaz de dictar sentencia sin ni siquiera mirar a quien va a condenar a pena de prisión, imperándole de vez en cuando, además, con la mala educación a la que se cree tener derecho por la autoridad y el poder que le otorgan sus puñetas: “Sí, su señoría”. La decepción va a más cuando descubres que el Secretario Técnico de determinados Colegios Profesionales asume que las faltas de respeto y de educación son y deben ser normales entre los Jueces y los Letrados, en una evidente dirección unilateral. Llegan a decirme en su día que el ejercicio de la abogacía iba a ir aparejada de un continuo alarde de superioridad sin medida o disimulo y, sinceramente, me replanteo la historia.

No te imaginas tampoco que los Fiscales y los Jueces puedan intercambiar risas y prisas entre acto y acto, menos cuando en éstos se comprometen derechos fundamentales de tan importante calado como pueda serlo el de la libertad –antes de que recaiga una sentencia condenatoria, se sobreentiende–. Asumir que esas personas han convertido su profesión en algo sistemático, desmereciendo el valor social que su función detenta para las personas y para la sociedad en su conjunto, es sentir una gran decepción hacia el sistema por el que vas a hipotecar tu futuro. Supongo que son muchos los factores que contribuyen a esta realidad, pero, lejos de querer justificarla, lo cierto es que me hace sentir compasión por las personas que día a día tienen que enfrentarse al sistema judicial, con la infinita infelicidad que ello me supone.

El ordenamiento jurídico puede tener mayores o menores lagunas en su vertiente positivista, tal y como se estudia en el marco universitario de la carrera, pero es evidente que muchas de las personas dedicadas a este ámbito lo hacen casi por rutina o inercia sin vocación ni ganas, desprotegiendo así a quienes más atención necesitan. Hablo de abogados, de fiscales y de jueces. Hablo del cuerpo de personas que llena de contenido lo estudiado en el ámbito teórico, sin que tal plantilla haya sido objeto de discusión en las aulas. A día de hoy lo hubiera agradecido, pues no me hubiera dado el susto que me he llevado al ver en primera persona la carencia de valores éticos y profesionales –a veces, hasta de educación y respeto– con que operan un sinfín de personas en su día a día jurídico. ¿Cómo es posible que la laguna ética y de valores sea tal en un ámbito profesional tan comprometido y relevante como lo es el del Derecho? Se supone que nadie lleva la toga por obligación, ¿no? Son preguntas retóricas para las que no espero obtener respuestas, claro, pero anticipo que el malestar que tal realidad me produce será uno de los fantasmas constantes de la profesión, junto a tantos otros que me temo tendrá. Igual con el tiempo acabo convirtiéndome en una de esas figuras que ahora detesto, pero tener conciencia de su existencia ya es un primer paso para poder evitar la metamorfosis en el futuro. Anticipaba al principio que éstas no iban a ser unas valoraciones políticamente correctas y, a decir verdad, agradezco la libertad con que ahora puedo opinar; pues no podría estar compartiendo estas mismas impresiones – totalmente subjetivas y con infinitas posibilidades de error– si de mí dependiera ahora mismo la defensa de determinada persona.

Tener la suerte de dar con un despacho profesional de personas comprometidas con su profesión ha puesto de relieve el desinterés y la despreocupación con la que muchas otras trabajan en este ámbito. “Yo de mayor quiero ser como ellos”, me decía felizmente a mí misma cuando veía a los compañeros valorando unos y otros asuntos en colectividad. Lo hacían con la inquietud y responsabilidad que todo caso merece, por mayor o menor trascendencia que parezca tener. La realidad es que todos y cada uno de los expedientes responden a los nombres y apellidos de un individuo en concreto, que vive y que sufre el procedimiento con gran intensidad, por lo que, considerando la relevancia que todos los asuntos tienen para quienes lo protagonizan, no puedo más que admirar la forma en que los compañeros tratan y trabajan sus casos: con su máxima dedicación y responsabilidad; dándoles las vueltas que sean necesarias para dar con la clave que favorezca al derecho e interés de su defendido. Supongo que la vocación y la ilusión del ejercicio es otro de los factores imprescindibles para no caer en la lobotomía jurídica, pues no es difícil acabar sistematizando tareas que imperativamente deben hacerse todos los días. En ese sentido, espero poder crecer profesionalmente siguiendo la estela de quienes han sido mis compañeros, pues, pese al tiempo de ejercicio activo que ya han vivido, siguen siendo críticos con un sistema que, a veces –en demasiadas ocasiones–, no responde como sería de esperar.

También he desaprendido que la Justicia sea por y para el conjunto de la sociedad. ¿Cómo iba a serlo si ni siquiera yo, que he recibido una formación técnica y jurídica específica durante años, puedo entender muchas de las resoluciones que se dictan sin antes leerlas dos o tres veces? ¿Qué sentido tiene que la población en general no pueda entender por sí misma el contenido de las resoluciones que tanto les afectan? Si bien es ésta una realidad de la que ya era consciente antes de las prácticas –habiéndome reservado opiniones muy críticas desde siempre en este sentido–, también lo es que he consolidado mis argumentos al ver cómo los abogados tienen que lidiar con un vocabulario técnico que impide a las personas entender qué está pasando con sus asuntos. Es ridículo. Las audiencias son públicas y nunca nadie hay de público –más allá de los redactores periodísticos que acechan los Juzgados en busca de carnaza–, atreviéndome a aventurar que se debe a lo incomprensible de las sesiones. Agüita si hay cuestiones previas, que entonces no hay quién entienda nada de lo que se va sucediendo en la Sala. “Menos mal que estudié Derecho”, pensaba cada vez que acudía a cualquier tipo de actuación o vista. Hablo desde una perspectiva social que impide a los ciudadanos ser parte en su propio sistema de Justicia, reservándose éste para una élite minoritaria que ha tenido el tiempo, la motivación –con excepciones–, la oportunidad y los recursos materiales suficientes como para formarse y capacitarse. El Derecho debería de ser un mecanismo de defensa para todos los ciudadanos; tendría que ser una herramienta accesible a todas las personas que componen la sociedad, y no un jeroglífico de imposible descifrado. Si la ciudadanía participa, en cierto modo, en los poderes legislativo y ejecutivo mediante el derecho de sufragio, ¡qué menos que poder entender lo que sucede en el judicial!

Idéntica opinión me merece la indumentaria que emplea la gran mayoría de la plantilla jurídica, pues, si bien ésta debe de adecuarse a la dignidad de la función por mandato del EGAE –mandato que aborrezco hasta el absurdo por no haber descubierto aún qué indumentaria, dentro de los usos y costumbres habituales, contribuiría a la indignidad del abogado o qué otras profesiones carecen de ella–, es evidente que acentúa con creces la brecha habida entre la sociedad y el abogado. Hablo del abogado que defiende al ratero y no del que defiende a Rato, evidentemente. Por suerte para mí, ya hay quienes se han atrevido a llevar la cuestión de la vestimenta a los Tribunales – ¡menuda paradoja!–, habiendo resultado que no hace falta ser un pincel para ejercer la profesión. Supongo que al final, por poder o tradición, el de la abogacía sigue siendo un gremio en el que imperan los prejuicios y la imagen, por desgracia para muchos particulares que a menudo se sienten atraídos por una apariencia de engañabobos. No queda más que esperar que la profesión vaya adaptándose de forma progresiva a los usos y principios de los tiempos que corren. ¡Veremos si lo consigue!

Siguiendo con mi línea políticamente incorrecta, tengo que admitir que las prácticas también me han servido para consolidar mis impresiones sobre la inutilidad de los Procuradores de los Tribunales. ¿Qué sentido tiene la figura del Procurador en nuestros días? “Representar”, me decía alguno de ellos en estos meses. A mi entender es una figura totalmente prescindible e innecesaria, mantenida en la actualidad por cuestiones de nostalgia y tradición, pero no porque su utilidad lo justifique. Los Procuradores son como el Senado en el Parlamento: o se revisan sus funciones o no sirven más que para mantener costosas e insostenibles estructuras. Los ciudadanos no están en condiciones de asumir los desmesurados costes que en ocasiones supone la Justicia y, por ello, con independencia de que exista un sistema de acceso gratuito a los Tribunales –que también podría dar mucho de sí entre estas páginas–, es preciso que el sistema se optimice en favor de quienes más lo necesitan, esto es, de los usuarios y consumidores que se sirven de las estructuras jurídicas invirtiendo cantidades ingentes de recursos temporales, materiales y emocionales.

Siendo la especialidad penal la que más cercana me ha resultado a lo largo de estos meses, quiero centrarme ahora en ésta para analizar específicamente determinados aspectos de la jurisdicción punitiva –que por definición debería de ser también la más garantista, sin que en la práctica haya podido llegar a esa conclusión–. Puede que sea preciso dejar constancia de la empatía que siempre he sentido por quienes viven en la piel del delincuente por el origen social que achaco a todo crimen, pero ello no obsta para caer en la cuenta de que, a día de hoy –salvo despiste, siglo XXI– buena parte de las estructuras que visita una persona antes de que contra ella recaiga una sentencia condenatoria estarían a la altura de muchos de los films de Hollywood. Hablo de los calabozos soterrados, de las dependencias sin ventanas, de la sensación de traspasar a una nueva, incómoda y hostil dimensión cuando se accede a los espacios de custodia policial/judicial. ¿Qué le aportará a la Justicia que los detenidos no puedan ver la luz del sol? Todos hemos estudiado a Beccaria en algún momento de la carrera; hemos oído hablar una y otra vez de la humanización del sistema, del sentido de las penas, de la dignidad inherente a la persona; en fin, de todas esas cosas en las que ya no sé si creo. ¿Qué sentido tiene hacerlo si el propio procedimiento penal se vale de espacios que vacían de contenido las premisas de humanización? ¿Se vulneraría la ley de procedimiento si las declaraciones se tomaran en salas con ventanas? ¿Es preciso que toda custodia se realice bajo tierra? A mi entender, un eventual riesgo de fuga no justifica per se muchos de los escenarios que en la actualidad dan cabida al proceso penal, pues los medios con que se cuenta son más que suficientes para garantizar la permanencia de la personas en las debidas dependencias sin que sea necesario añadir tensiones y sufrimientos evitables y prescindibles. Si hay quien considera que la custodia y vigilancia ininterrumpidas por parte de la Policía Nacional pueda no ser suficiente a los efectos de mantener bajo control a los detenidos, entonces debemos valorar que el problema pueda no ser tanto de éstos como de la propia formación o preparación de aquéllos. Si un cuerpo constantemente armado no es capaz de custodiar y velar por la seguridad de los detenidos sin que éstos deban de verse privados de la luz del día, me bajo del Estado social, democrático y de Derecho. Dimito como ciudadana; me destierro; me declaro apátrida.

En general, la experiencia en los calabozos me ha producido un continuo escalofrío, más aún después de comprobar que los mismos no suelen contar con videocámaras de seguridad que, en un momento dado, pudieran ser un aliciente para el trato digno de las personas o, al menos, para evitar que se produjeran las situaciones innecesarias y evitables que se han denunciado en innumerables ocasiones. Es como si a veces se nos olvidara que el trato digno, la igualdad y la humanidad están y deben estar por encima de muchas otras premisas.

Siguiendo con la valoración de los espacios en que se desarrolla el juicio penal, considero que todos ellos contribuyen a acentuar la insignificancia de las personas ante la magnificencia de un sistema que, lejos de ser infalible, peca de riguroso, de sistemático y de indiferente. La mera disposición de los elementos que componen las Salas de juicio delatan con anticipación el ritmo de un proceso que, lejos de conectar con las premisas del ius puniendi estatal, no tienen en consideración las necesidades y sufrimientos emocionales de las personas que allí van a condenarse. Nunca he escuchado que un Juez le ofreciera al acusado un vaso de agua, pese a las patentes dificultades que éste pudiera tener para hablar por la sequedad debida a los nervios. Tampoco he oído que pudieran concederle unos minutos para relajarse o respirar, siendo evidente su alterado estado anímico. Sí me he hecho eco de la facilidad con que afloran las malas formas hacia éste, algo que desde mi punto de vista debería de ser totalmente inadmisible. Que un Juez permita en Sala que se le falte el respeto a una madre cuyo hijo ha muerto en las dependencias de la Guardia Civil sin apercibimiento ninguno, siendo ésta última la que protagoniza actitudes grotescas en el acto del Juicio, denota una patente carencia de valores. Cuando luego descubres que hay Jueces de lo Penal condecorados por la Policía Nacional, la historia adquiere otro sentido.

Toda persona partícipe en el acto de juicio debería de ser consciente de la importancia y relevancia que ése momento tiene para el interesado. ¿Cómo es posible que eso pueda pasarse por alto? ¿Cómo pueden los profesionales de la Justicia sistematizar prácticas que en ningún caso deberían ser sistemáticas? No deja de abrumarme. La elevación del estrado con respecto al banquillo de los acusados, que pone de relieve la insignificancia de las personas ante la maquinaria estatal; las imponentes togas de los presentes, que vienen a confirmar la irrelevancia de quien ante ellos comparece; el micrófono en el centro de la Sala, que expone a la persona a todo tipo de miradas; la disposición de las bancadas del público, que asiste al espectáculo por la espalda y de manera inquisitiva; la inaccesible puerta de salida, que siempre va a encontrarse por detrás; en fin, pareciera que todos los elementos del proceso estuvieran destinados a recordarle al detenido, investigado o acusado que, desde ese mismo momento, se sucede una suerte de muerte civil. El Estado olvida en repetidas ocasiones que a ese individuo le acompaña su inseparable dignidad, así como su libre personalidad: el Estado y, por desgracia, buena parte de las personas que ejercen en representación de éste.

Poca novedad puede añadirse a estas impresiones si constatamos el excesivo uso de los grilletes en los Juzgados. Me genera cierta descomposición ver cómo las personas detenidas firman sus respectivos autos de libertad con las esposas puestas y no logro acertar los motivos a que responde tal realidad. Supongo que forma parte de la trama punitiva por la que reducir al máximo la personalidad de los individuos, pero tratar de compatibilizar tales verdades con las premisas de dignidad de la jurisdicción penal es del todo un sinsentido. Me reservo la opinión que me merece el hecho de que, tras firmar la puesta en libertad, deban de seguir portando los grilletes a los meros efectos de recoger el cinturón y los cordones que hubieran podido quitárseles al entrar en las dependencias del Estado, así como la que me supone que, con el cinturón y los cordones ya en su sitio, e incluso sin grilletes, los mismos tengan impedido salir por la misma puerta por la que entrarían y saldrían el resto de ciudadanos, debiendo de hacerlo por la “puerta de atrás”, como si fueran la mayor vergüenza de esta sociedad.

No entiendo que el sistema justifique el trato que se les confiere, cuando un mismo trámite procedimental en Comisaría o en los Juzgados podría llevarse a cabo sin poner en entredicho su libre personalidad. Es ridículo creer que la falta de ventanas, de luz e incluso de aire, contribuye en algo al cumplimiento de la ley. Es ridículo que sea una mera firma lo que justifique que, momento antes, estuviera esposado quien ahora no lo está, en idéntico espacio y con idéntica compañía. ¿Cómo se mide la peligrosidad de las personas en nuestro sistema?

Si bien es cierto que éste es un relato pesimista y de catástrofe, no quisiera dar a entender que he dejado de creer en la Justicia, pues de lo contrario empezaría a buscar alternativas profesionales con las que poder ocupar mi futuro próximo. Concluir en tales desgracias me supone un añadido motivacional para aproximarme a las realidades de quienes las sufren. Darle un trato humano a aquellas personas cuya dignidad se ha visto cuestionada por el mero funcionar del sistema penal y penitenciario, me parece contribuir en mucho a la mejora de la Justicia. Con independencia de que más adelante pueda recaer sentencia condenatoria, e incluso tras la misma –sobre todo tras la misma, atendiendo a los fines constitucionales de la pena–, la dignidad es un derecho cuyo reconocimiento es de imperativa Justicia. Conocer profesionales magníficos con afinidad de ideas, comprometidos con una concepción mayúscula de lo que debe ser la Justicia, la construcción de una mejor sociedad y el infinito respeto hacia los sacralizados derechos humanos, es un aliciente que no tiene precio para iniciarme en la práctica de la profesión. La crítica y el disgusto serán fundamentales para no olvidar por qué elegí el Derecho y, por supuesto, para ahuyentar todo amago de falta ética y deontológica que pueda asomar en mi espíritu: el peso de la responsabilidad que asumimos al ejercitar el Derecho es suficiente como para no dejar de hacer autocrítica profesional, interesando una formación continua a la altura de las expectativas de la sociedad.

Por otra parte, debo de reconocer mi malestar para con la UNED en lo que respecta a las posibilidades de entrada en prisión. La inexistencia de un Convenio para la entrada de los alumnos del Máster –existiendo el oportuno para los estudios de Grado, según informaciones dadas por el Director de mi CA– no sirve más que para dar fe de la indiferencia con que se viven los derechos de estas personas en la sociedad. Haberme encontrado con compañeros de la Comunidad de Madrid que no tenían ningún problema para acceder a prisión en compañía de su abogado tutor, cuando los impedimentos a mi persona han sido constantes y variados sin que nadie pudiera darme una solución para salvar las trabas burocráticas, me ha dejado un muy mal sabor de boca. Me fascina que los aspirantes de la abogacía tengan vetado el acceso a una institución en la que prácticamente sólo los abogados pueden entrar. Mucho ha sido el tiempo invertido en tratar de lidiar con la EPJ, el CA de Pontevedra, el departamento de la UNED encargado de los CCPP, el Colegio de Abogados pertinente, e incluso el CGAE, habiendo obtenido por respuesta en múltiples ocasiones que nunca nadie se había interesado por ir a la cárcel y que, por ello, nadie sabía nada. A modo de sugerencia, creo que sería interesante protocolizar tales accesos para que los Colegios no tuvieran que soportar la cruzada que en este caso se ha librado, pues finalmente –y al final del periodo de prácticas, todo hay que decirlo– el Colegio de Abogados cedió en la elaboración de las autorizaciones pertinentes, dando a entender que me estaban haciendo un favor, toda vez que la misma incurría en una irregularidad que asumían debido a la pesadez, cabezonería y tozudez con que se había requerido el permiso. La constancia que todo lo premia, supongo.

Sea como sea, valoro este periodo de prácticas con gratificación y una gran sonrisa, pues, además de servirme para conocer personas de incalculable compromiso y valía profesional, me ha ayudado a tomar conciencia de las ganas con las que quiero ejercer. Considerando que nunca quise ser abogada por las frustraciones constantes a que me iba a abocar la profesión –y que cambié de idea tras familiarizarme con el entorno penitenciario por mis labores de voluntariado–, el hecho de impacientarme ahora por poder empezar mi carrera profesional supone una sorpresa con la que ni yo misma contaba. Sin duda y si no fuera una amante incondicional de las causas perdidas, sería éste un motivo de orgullo para mi padre. Me basto con eso acabando como empecé, pero con la grata sensación de no haberme dejado ninguna idea en el tintero. Al fin y al cabo, sigo creyendo que ésta es una de esas profesiones-reto con las que se puede contribuir a la construcción de una mejor sociedad y, por ende, a la consecución de un mundo utópico plagado a rebosar de valores. Aun así, salvando la sonrisa que se me escapa al finalizar con tan esperanzadora e ingenua afirmación –cosas de la juventud o, en su defecto, de la no deformación profesional–, decía que acabo tal y como empecé. Si la Justicia a la que quiero dedicarle toda mi vida profesional es la que he conocido en estos meses, apaga y vámonos.

Laura Delgado Carrillo

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