Más de 280 personas de la provincia de Córdoba, con un equipo de profesionales del derecho, de trabajadores sociales, psicólogos, educadores y expresos junto a sus familias, han constituido la Asociación de Ayuda en Defensa de las Condiciones Penitenciarias como consecuencia de «los últimos recortes del Gobierno y ante la imposibilidad de dar cobertura los diversos colegios de abogados de España a la asistencia jurídica dentro de las prisiones».
Así lo ha manifestado el presidente de la entidad, Manuel Castillo, quien ha explicado que el objetivo de la misma es expandirse más allá de la provincia cordobesa, después de contar ya con «numerosos» asociados en un mes de creación, dado que fue inscrita en el Registro Nacional de Asociaciones el 23 de junio de 2012.
En concreto, la asociación nace «con el propósito de ayudar al cumplimiento del régimen penitenciario, velando por los derechos de los presos, promocionando el desarrollo y la promoción de todos los seres humanos y trabajando, sin ánimo de lucro para la reinserción efectiva de los penados».
Para conseguir estos fines se llevarán a cabo conferencias, actividades culturales, informativas y jurídicas, además de establecer convenios con empresas públicas y privadas para la consecución de un puesto de trabajo.
Además, desde su comienzo se han mantenido reuniones con la dirección del Centro de Inserción Social de Córdoba, así como con el Obispado y Cáritas diocesanas de diversas localidades como con muchas familias de reclusos.
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