La huelga se inició el 1 de julio en la prisión estatal de máxima seguridad de Pelican Bay, localizada en los límites con el estado de Oregon. Internos de otras once prisiones estatales se han sumado a ese acto de rebeldía. Los reclusos han manifestado, a través de cartas a sus familiares, que el motivo de la huelga de hambre es la condición infrahumana en la que se encuentran al ser enviados al «pozo» o en las áreas conocidas como Security Housing Unit (SHU). «Estamos protestando por las condiciones inhumanas que hay en todas las prisiones de California, porque muchos prisioneros no pueden salir ni media hora para hacer ejercicio, los tienen encerrados casi todo el día, son celdas muy pequeñas, lo cual consideramos un acto de tortura», ha declarado una portavoz de los familiares y solidarios que se manifestaon ayer en la puerta de de la Men’s Central Jail en el centro de Los Ángeles.
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Según se ha podido saber, la mañana del sábado un chico de 18 años apareció muerto en el interior del centro de menores Teresa de Calcuta. Se pretende incinerar el cadáver de inmediato, lo que borraría cualquier resto de maltrato, ingesta forzosa de fármacos inadecuados, etc.
La familia del joven de 18 años fallecido en un centro de menores pide una segunda autopsia
Me gusta sentarme delante de la máquina de escribir justo cuando me despierto y ni siquiera sé quien soy, de donde vengo y hacia donde voy… cuando la mente se encuentra en una nebulosa caótica y confusa, más allá del Espacio-Tiempo y cualquier Dialéctica…
Poco a poco y mientras escribo voy “retornando” a mi yoedad (sea lo que esto sea.. ) …Abro la ventana de “mi” celda: inspiro profundamente el frío aire matutino y siento mis pulmones ensancharse… Preparo un café; su aroma me relaja; me recuerda “otro tiempo”… mi niñez y también a mi madre…
Es indignante lo que lleva sufriendo el compañero Daniel Ramírez Córdoba, Lleva aquí (Puerto 3) en régimen especial 15 meses en el aislamiento de este C. P. Trece meses en 1ª fase y dos en 2ª. Durante todo este tiempo que lleva en primer grado no ha tenido ni una sola sanción, se ha comportado correctamente con todos: carceleros, personal y compañeros. Su conducta es ejemplar, intachable.
El magistrado pasa a ser el miembro español de este organismo dependiente del Consejo de Europa. ¿Qué pensarán quienes han pasado por sus manos siendo magistrado de la Audiencia Nacional?
Según El País, «El borrador de la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal mantiene, según la información adelantada ayer por la Cadena SER, el periodo de prisión incomunicada para delitos de terrorismo hasta un máximo de 13 días, en flagrante contradicción con las recomendaciones de todos los organismos internacionales en sus informes sobre España e incluso en contra de la jurisprudencia constitucional que en algún caso ha sentenciado que la incomunicación por 10 días es ya una «penalidad añadida». El informe del Relator Especial de Naciones Unidas para España en su visita de 2004 ya pidió la «supresión total» del régimen de incomunicación para «evitar las prácticas de tortura en el Estado español». En idéntico sentido, Human Rights Watch considera que la detención incomunicada es en sí misma «un trato cruel, inhumano y degradante» que favorece la práctica de la tortura.
La política de dispersión que impusieron a l@s pres@s polític@s allá por el 1989 ha traído graves consecuencias tanto a nosotr@s, como a nuestr@s familiares y amig@s pres@s. Pero esta política excepcional, sedienta de venganza, no sólo afecta a l@s mism@s pres@s o a sus familiares, sino que se ha convertido en un grave problema para la sociedad en general, puesto que somos miles las personas que para ir a visitar a nuestr@s allegad@s cada fin de semana ponemos en riesgo nuestra vida en cualquier curva de la carretera.
A las prisiones privadas también les ha ido muy bien en ese tiempo. Mientras la cantidad de prisioneros en general en Estados Unidos aumentó sólo en 49%, la población carcelaria en centros privados creció en 354%, según estadísticas federales.
Las autoridades de inmigración (ICE) están en estos momentos llevando a cabo un proceso de reforma del sistema en que se detiene a los inmigrantes. Parte de ese proceso consiste en mover a los inmigrantes de espacio contratado en cárceles locales a centros de detención especializados y esto incluye la creación de nuevos centros para inmigrantes no criminales.
Los servicios sanitarios de las prisiones vascas funcionarán como un centro de salud más de Osakidetza tras la asunción de la competencia en esta materia por parte de Euskadi y los presos se beneficiarán de las teleconsultas, con lo que se reducirán los traslados a los hospitales.
Maria Elvia Lopez Coll, presa en la cárcel de Brians I (Martorell) inició una huelga de hambre el 8 de Marzo de este año debido a las negativas ante la reclamación de permisos penitenciarios. Las razones que arguyen los responsables penitenciarios han sido en primer lugar trastornos psiquiátricos y consumo abusivo de alcohol y drogas. Con estos argumentos la Junta de tratamiento impone a María un chantaje: el cumplimiento de un programa de drogodependencias a cambio de los permisos penitenciarios. Cabe señalar que María afirma no ser consumidora de ninguna sustancia y nos recuerda que la política interior de la cárcel etiqueta de trastornadas o “locas” a quienes se rebelan. Así sobre ella pende el diagnóstico de trastornada, fundamentado además en el hecho de haber ejercido la prostitución, cuestión que la sitúa en una situación más vulnerable a la hora de ser calificada, ya que los diagnósticos de la Junta de tratamiento se basan en una moralidad que funciona como la inquisición actual para quienes se rebelan dentro de las prisiones.